Formalizan a Polizzi y a cuatro detenidos más en el Biobío
La fiscal a cargo, Marcela Cartagena, informó que los delitos que se imputarán incluyen "estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos".
En una audiencia programada para hoy a las 11:00 horas, el Juzgado de Garantía de Concepción llevará a cabo la formalización de los cinco detenidos en el marco del Caso Convenios en la Región del Biobío. Entre los implicados se encuentran destacadas figuras como Camila Polizzi, aspirante a la alcaldía de Concepción, los hermanos Diego y Sebastián Polanco, y dos funcionarios del Gobierno Regional.
La fiscal a cargo, Marcela Cartagena, informó que los delitos que se imputarán a los detenidos incluyen "estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos". El caso gira en torno al traspaso de 250 millones de pesos a la Fundación En Ti, dirigida por Camila Polizzi, en relación con un proyecto de capacitación ciudadana en el barrio norte de Concepción.
La investigación, que ha generado un expediente de 12 tomos con más de 6,000 páginas, revela cómo la Fundación En Ti fue arrendada para cumplir con el requisito de dos años de antigüedad y obtener el proyecto, el cual no se ejecutó según lo planeado y carece de evidencia de su completa realización.
Funcionarios públicos también enfrentarán cargos, ya que Simón Acuña y Rodrigo Martínez, exjefe de división de Desarrollo Social Humano y administrador regional, respectivamente, serán imputados por fraude al fisco debido a su presunta colaboración para facilitar la millonaria suma a la fundación.
Las reacciones ante la detención no se hicieron esperar. El consejero Piero Blas (independiente), destacó que la detención "pone un grado de seriedad a la investigación que estábamos extrañando, en comparación a como ha resultado la investigación de los Convenios en otras regiones".
Asimismo, Gabriel Torres (RN), cuestionó la facilidad con la que se entregan recursos públicos a personas sin experiencia. "No es normal que con tanta facilidad se entregue esta cantidad enorme de recursos públicos a personas que no tienen experiencia y que no tenían fundaciones, ¿Cuál es el motivo que hay detrás por el cual ejecutivos del GORE con tanta facilidad entregan estos recursos?", señaló.
Por otro lado, el consejero Javier Sandoval (PI, fue más allá, solicitando la renuncia del gobernador regional Rodrigo Díaz, argumentando la falta de garantías en su gestión. "No da garantía: de la gente que emplea, de las cosas que firma, de corregir errores y resguardar el patrimonio regional. Necesitamos urgente otro Gobierno Regional".
el martes pasado a las 17:39
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6 de marzo de 2026
Desde el establecimiento educacional, funcionarias denunciaron la presencia de ratones y fechas en el recinto, incluyendo el sector de comedores.



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La normativa obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar cables en desuso del espacio público. Municipios, Subtel y compañías deberán coordinar su aplicación.
El sujeto, quien se encuentra en situación irregular en el país, fue detenido en un vehículo, donde transportaba cinco bolsos que contenían numerosos paquetes de marihuana.
Los locales no contaban con agua potable, los manipuladores de los alimentos no tenían acceso a servicios higiénicos y además, mantenían uñas largas y sucias.
Además, se registraron 30 denuncias por infracción a la Ley de Migraciones, mientras que el delito de robo de vehículos disminuyó en un 19%.
El siniestro consumió el tercer piso de una vivienda ubicada en Ignacio Carrera Pinto. Además de los damnificados, una adulta mayor resultó con quemaduras leves.
La situación se registró en el Centro de Detención Preventiva. Gendarmería instruyó una investigación interna y el sujeto involucrado fue trasladado a otra unidad penal.
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La toma de razón del reglamento de los PROT permitirá a los gobiernos regionales planificar su territorio a largo plazo y definir zonas industriales, turísticas y de protección ambiental.
El proyecto que fue despachado al Senado, obliga a realizar test de alcohol y drogas a choferes del transporte de pasajeros, al inicio o término de sus jornadas.
El menor de edad fue condenado a 3 años y 1 día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, por ese robo y por otros tres donde tuvo participación.

























































































