Sujeto es condenado a presidio perpetuo por delitos contra menores en Calama
El imputado fue condenado por los delitos de violación impropia reiterada, almacenamiento, distribución y producción de material pornográfico infantil.
Los delitos cometidos por el individuo fueron realizados en la ciudad de Calama, entre diciembre de 2021 y abril de 2023.
Ante esto, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Calama junto con la Brigada Investigadora del Ciber Crimen Metropolitana de la PDI en el denominado "Operación Orión II".
Asimismo, el sujeto de nacionalidad chilena, de 27 años fue condenado a presidio perpetuo simple como autor de los delitos de violación impropia reiterada a tres víctimas menores de 14 años y los delitos de almacenamiento, distribución y producción de material pornográfico infantil.
Así también, en el 2023 el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados recolectó una serie de información de servicios digitales que indicaban a un usuario específico que almacenó y distribuyó en distintas plataformas, material con contenido sexual infantil.
De esta manera, la Fiscalía de Calama logró dar con las direcciones IP utilizadas y llegar al domicilio del imputado, donde incautaron diversos dispositivos electrónicos con un total de 4.694 archivos de imágenes y 352 archivos de video con contenido sexual infantil. Dichos registros establecieron que las víctimas eran menores de edad que ocasionalmente quedaban al cuidado de la madre del imputado.
Ahora bien, el fiscal Marcelo Bravo Valenzuela quien dirigió la investigación señaló que "se pudieron recuperar miles de imágenes y videos que acreditaban los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, como también un video producido por el imputado, lo que configura producción de material pornográfico infantil. A partir de esta evidencia, la investigación también acreditó que el imputado cometió delitos reiterados de violación impropia en contra de víctimas menores de edad".
Finalmente, junto a la pena de presidio perpetuo simple, el tribunal impuso al condenado inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes a cumplir la pena.
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