Extranjero formalizado por secuestro y homicidio en Calama

La Fiscalía de Calama formalizó a un hombre venezolano por los delitos de secuestro con homicidio, secuestro calificado y receptación de vehículo motorizado, debido a su presunta responsabilidad en hechos registrados el 23 de febrero este año en el sector Limón Verde, ubicado cerca del aeropuerto de esa comuna. 

Según la investigación del Ministerio Público junto al Grupo de Investigación Especial de Homicidios Calama de la PDI, el imputado en compañía de otros sujetos hasta ahora no identificados, debido a rencillas anteriores vinculadas al robo de camionetas, agredió y retuvo contra su voluntad a dos víctimas de nacionalidad chilena, exigiendo por la liberación de cada uno de ellos la suma de $10 millones. 

Las víctimas fueron atadas al interior de una camioneta con encargo por robo que estaba en poder del grupo. Durante el cautiverio fueron grabadas y obligadas a tomar contacto con familiares, para solicitar el pago del dinero demando. 

Tras horas de espera sin conseguir su propósito, los captores bajaron a las víctimas de la camioneta y las amenazaron con armas de fuego y armas blancas que portaban, iniciando un forcejeo durante el cual ambos reciben heridas. 

Producto de las lesiones, una de las víctimas fallece en el lugar, mientras que el otro resulta con lesiones graves que de no mediar atención médica oportuna en el Hospital Carlos Cisternas, podrían haberle provocado la muerte. 

El personal policial que concurrió al sitio del suceso, levantó una vainilla de proyectil balístico y amarras plásticas, entre otros elementos, que habrían usado el imputado y sus acompañantes durante el hecho. 

El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, indicó que el imputado mantiene situación irregular en el país. Además es investigado por la Fiscalía, por el homicidio de un repartidor de gas perpetrado en enero de este año, caso por el cual está en prisión preventiva junto a otros dos detenidos. 

El Juzgado de Garantía de Calama dispuso un plazo de investigación de 120 días, periodo durante el cual el Ministerio Público realizará diligencias para aportar nuevos antecedentes dirigidos a acreditar la responsabilidad del detenido y dar con el paradero de otros participantes en el hecho.