La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Antofagasta dictó una sentencia de 10 años y un día de presidio efectivo contra Francisco Javier Reyes Rodríguez, declarado autor del delito consumado de homicidio simple. El ilícito se registró en mayo del año pasado en un domicilio de la ciudad, en un caso que el fallo unánime del tribunal ha resuelto. Ante esto, los magistrados aplicaron la pena máxima contemplada para el delito, además de las accesorias legales que incluyen la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Según la acusación y lo que el tribunal dio por acreditadomás allá de toda duda razonable (causa rol 392-2025), el crimen ocurrió la madrugada del 2 de mayo de 2024. Reyes Rodríguez se encontraba al interior de una vivienda particular cuando, al encontrar a su pareja en un dormitorio con la víctima, identificada con las iniciales C.A.M.A., se ofuscó y procedió al ataque. Finalmente, el condenado tomó un arma cortopunzante y se abalanzó sobre la víctima, propinándole al menos seis estocadas en la espalda y región lumbar, además de otras lesiones en una pierna. Las heridas, descritas por el Servicio Médico Legal comomúltiples toracoabdominales complicadas, de carácter homicida, le causaron la muerte de forma inmediata. La sentencia subraya el carácter de las lesiones como las causas directas del deceso de C.A.M.A.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el gobierno se querellará por homicidio tras el ataque armado que resultó en la muerte de dos guardias forestales en Victoria, región de La Araucanía. Además, dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley Antiterrorista, dependiendo de los antecedentes. En una entrevista con ADN Hoy, Cordero expresó: “Este es un caso donde el gobierno se va a querellar por homicidio. ¿En qué momento vamos a ocupar la ley antiterrorista? Eso va a depender de la robustez de los antecedentes”. El ministro explicó que para invocar la Ley Antiterrorista se requiere “la identificación de un grupo que atribuye una determinada acción, que hasta ahora no ha sucedido desde el punto de vista público”. Destacó que en la zona donde ocurrieron los hechos existe una circulación de armas compleja y se encontró evidencia balística pública de un fusil. Cordero afirmó: “Todas las circunstancias sobre las cuales se está indagando nos van a permitir utilizar la Ley Antiterrorista. Si me pregunta, ¿quiere utilizarla? Sí, la quiero utilizar”. Finalmente, el ministro reiteró que para el Ejecutivo los actos violentos en la macrozona sur califican como terrorismo: “Hemos sido claros en que lo que ocurre en actos de violencia de estas características es terrorismo y hemos ejercido las acciones de la Ley Antiterrorista”. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Antofagasta dictó una sentencia de 10 años y un día de presidio efectivo contra Francisco Javier Reyes Rodríguez, declarado autor del delito consumado de homicidio simple. El ilícito se registró en mayo del año pasado en un domicilio de la ciudad, en un caso que el fallo unánime del tribunal ha resuelto. Ante esto, los magistrados aplicaron la pena máxima contemplada para el delito, además de las accesorias legales que incluyen la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Según la acusación y lo que el tribunal dio por acreditadomás allá de toda duda razonable (causa rol 392-2025), el crimen ocurrió la madrugada del 2 de mayo de 2024. Reyes Rodríguez se encontraba al interior de una vivienda particular cuando, al encontrar a su pareja en un dormitorio con la víctima, identificada con las iniciales C.A.M.A., se ofuscó y procedió al ataque. Finalmente, el condenado tomó un arma cortopunzante y se abalanzó sobre la víctima, propinándole al menos seis estocadas en la espalda y región lumbar, además de otras lesiones en una pierna. Las heridas, descritas por el Servicio Médico Legal comomúltiples toracoabdominales complicadas, de carácter homicida, le causaron la muerte de forma inmediata. La sentencia subraya el carácter de las lesiones como las causas directas del deceso de C.A.M.A.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el gobierno se querellará por homicidio tras el ataque armado que resultó en la muerte de dos guardias forestales en Victoria, región de La Araucanía. Además, dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley Antiterrorista, dependiendo de los antecedentes. En una entrevista con ADN Hoy, Cordero expresó: “Este es un caso donde el gobierno se va a querellar por homicidio. ¿En qué momento vamos a ocupar la ley antiterrorista? Eso va a depender de la robustez de los antecedentes”. El ministro explicó que para invocar la Ley Antiterrorista se requiere “la identificación de un grupo que atribuye una determinada acción, que hasta ahora no ha sucedido desde el punto de vista público”. Destacó que en la zona donde ocurrieron los hechos existe una circulación de armas compleja y se encontró evidencia balística pública de un fusil. Cordero afirmó: “Todas las circunstancias sobre las cuales se está indagando nos van a permitir utilizar la Ley Antiterrorista. Si me pregunta, ¿quiere utilizarla? Sí, la quiero utilizar”. Finalmente, el ministro reiteró que para el Ejecutivo los actos violentos en la macrozona sur califican como terrorismo: “Hemos sido claros en que lo que ocurre en actos de violencia de estas características es terrorismo y hemos ejercido las acciones de la Ley Antiterrorista”. Fuente: CNN Chile País
