Gobierno busca expulsar a 2.600 migrantes en medio de crisis de seguridad
En lo que va del año, se han expulsado 738 personas, 239 de manera administrativa y 499 por vía judicial. Esperan alcanzar las 1.000 expulsiones antes de fin de año.
En respuesta a la creciente crisis de seguridad desencadenada por recientes casos de secuestros extorsivos y ataques violentos, el Gobierno anunció un plan para deportar a más de 2.000 migrantes en un periodo un poco mayor a un año. La medida busca abordar la preocupante situación de orden público que ha afectado al país en las últimas semanas, incluyendo el lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros.
Según información recogida por La Tercera, el Ejecutivo planea implementar un programa que permitiría la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Sin embargo, se ha destacado la importancia de no criminalizar a toda la población migrante, por lo que se ha determinado diseñar un "perfil de riesgo" para focalizar las deportaciones en aquellos con antecedentes y en aquellos que se niegan a participar en el proceso de empadronamiento biométrico, especialmente en el grupo de hombres de entre 18 y 40 años.
Las decisiones tomadas durante dos reuniones en el Palacio de La Moneda subrayan la intención de concretar las expulsiones de manera selectiva, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales. Desde la oposición, se ha insistido en la expulsión de 12.000 migrantes que ya han recibido órdenes de abandonar el país, aunque el Gobierno considera esta cifra poco realista.
Hasta la fecha, se han expulsado 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial. Se espera que al menos 262 personas abandonen el territorio nacional en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar las 1.000 expulsiones antes de que finalice el año.
Para financiar estas acciones, se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos para el próximo año, destinado al Servicio de Migraciones. Esto permitiría la expulsión de alrededor de 2.400 migrantes adicionales, sumando un total estimado de 2.600 deportaciones en 14 meses, según indican desde el Ejecutivo.
En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está preparando un viaje a Caracas, Venezuela, con el propósito de sostener encuentros con funcionarios venezolanos. Se busca llegar a un acuerdo para que la Fuerza Aérea de Chile pueda realizar viajes al territorio venezolano con el fin de concretar expulsiones, además de explorar fórmulas para agilizar el proceso de identificación de personas.
Asimismo, Monsalve ha asistido a diferentes reuniones en la previa con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.
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Trabajo remoto, menos vuelos y transporte público gratuito son parte del plan para enfrentar la crisis energética global que ya impacta los precios en Chile.
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Además se materializó la notificación de expulsión de un ciudadano colombiano; mientras que la detenida mantenía una orden de detención vigente por el delito de contrabando.
Una fiscalización constató que masas y hallullas en preparación que eran tapadas con naylon y lonas sucias; además de la presencia de mosquitos, polillas y telarañas.
La mujer fue detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses, quien llegó al CAN con lesiones y sin signos vitales.
Mientras se revisaba un proceso de licitación por cerca de $680 millones, el concejo fue interrumpido por la ausencia de algunos ediles quienes fueron vistos en una de las actividades del Presidente José Antonio Kast.
La detenida, mujer de nacionalidad chilena, pasará a control de detención durante esta jornada por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses.
La máxima autoridad del país se reunió con el presidente de Escondida | BHP, Alejandro Tapia, en el marco del ingreso del permiso ambiental del proyecto, que considera una inversión superior a US$5.000 millones.
El encuentro se realizó en el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), institución impulsada por Escondida que forma cada año a más de 33 mil personas en oficios críticos para la minería.
Asimismo, el mandatario aseguró que "la evaluación ambiental es parte
de la institucionalidad de Chile y el Gobierno la respeta y la hace respetar".
La menor habría ingresado sin signos vitales al Centro Asistencial Norte, donde pese a los intentos de reanimación, falleció en el recinto de salud.
Las clases fueron suspendidas este martes, pero apoderados aseguran que hasta este lunes, la instrucción de la CMDS era limpiar con cloro para continuar con las actividades.
El Gobernador Regional llamó al mandatorio a "escuchar sus propias palabras" tras su encuentro con la delegada presidencial Katherine López y el alcalde Sacha Razmilic.
