La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha ofrecido declaraciones sobre las coordinaciones con Venezuela después de que el país aceptara un vuelo para el proceso de expulsión de personas. Tohá resaltó la necesidad de tener vuelos dedicados exclusivamente a este fin, argumentando que los vuelos comerciales, utilizados hasta ahora, son muy limitados en capacidad y alcance. Tohá explicó que este tipo de vuelos comerciales, que pueden llevar a máximo dos personas en condición de expulsados acompañadas por dos funcionarios policiales cada una, resultan en un avance muy lento en el proceso de expulsión. Con ese mecanismo, se avanza muy poco , afirmó la ministra. La titular de Interior recordó que en enero pasado se logró concretar un vuelo de este tipo programado exclusivamente para trasladar personas expulsadas, pero la situación se complicó debido a eventos como el secuestro y homicidio del exteniente Ojeda. Ahora, se busca retomar esa planificación para establecer una programación permanente de vuelos, evitando discutir vuelo por vuelo. Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, informó que este viernes se llevó a cabo un vuelo con 53 personas expulsadas del territorio nacional hacia Colombia, Bolivia y Ecuador. Thayer destacó que el éxito de este operativo se debió en gran medida a la reserva en el momento y la forma en que se llevó a cabo. Además, informó que, en lo que va del año, se ha concretado la expulsión de 313 personas.
En respuesta a la creciente crisis de seguridad desencadenada por recientes casos de secuestros extorsivos y ataques violentos, el Gobierno anunció un plan para deportar a más de 2.000 migrantes en un periodo un poco mayor a un año. La medida busca abordar la preocupante situación de orden público que ha afectado al país en las últimas semanas, incluyendo el lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros. Según información recogida por La Tercera, el Ejecutivo planea implementar un programa que permitiría la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Sin embargo, se ha destacado la importancia de no criminalizar a toda la población migrante, por lo que se ha determinado diseñar unperfil de riesgo para focalizar las deportaciones en aquellos con antecedentes y en aquellos que se niegan a participar en el proceso de empadronamiento biométrico, especialmente en el grupo de hombres de entre 18 y 40 años. Las decisiones tomadas durante dos reuniones en el Palacio de La Moneda subrayan la intención de concretar las expulsiones de manera selectiva, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales. Desde la oposición, se ha insistido en la expulsión de 12.000 migrantes que ya han recibido órdenes de abandonar el país, aunque el Gobierno considera esta cifra poco realista. Hasta la fecha, se han expulsado 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial. Se espera que al menos 262 personas abandonen el territorio nacional en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar las 1.000 expulsiones antes de que finalice el año. Para financiar estas acciones, se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos para el próximo año, destinado al Servicio de Migraciones. Esto permitiría la expulsión de alrededor de 2.400 migrantes adicionales, sumando un total estimado de 2.600 deportaciones en 14 meses, según indican desde el Ejecutivo. En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está preparando un viaje a Caracas, Venezuela, con el propósito de sostener encuentros con funcionarios venezolanos. Se busca llegar a un acuerdo para que la Fuerza Aérea de Chile pueda realizar viajes al territorio venezolano con el fin de concretar expulsiones, además de explorar fórmulas para agilizar el proceso de identificación de personas. Asimismo, Monsalve ha asistido a diferentes reuniones en la previa con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha ofrecido declaraciones sobre las coordinaciones con Venezuela después de que el país aceptara un vuelo para el proceso de expulsión de personas. Tohá resaltó la necesidad de tener vuelos dedicados exclusivamente a este fin, argumentando que los vuelos comerciales, utilizados hasta ahora, son muy limitados en capacidad y alcance. Tohá explicó que este tipo de vuelos comerciales, que pueden llevar a máximo dos personas en condición de expulsados acompañadas por dos funcionarios policiales cada una, resultan en un avance muy lento en el proceso de expulsión. Con ese mecanismo, se avanza muy poco , afirmó la ministra. La titular de Interior recordó que en enero pasado se logró concretar un vuelo de este tipo programado exclusivamente para trasladar personas expulsadas, pero la situación se complicó debido a eventos como el secuestro y homicidio del exteniente Ojeda. Ahora, se busca retomar esa planificación para establecer una programación permanente de vuelos, evitando discutir vuelo por vuelo. Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, informó que este viernes se llevó a cabo un vuelo con 53 personas expulsadas del territorio nacional hacia Colombia, Bolivia y Ecuador. Thayer destacó que el éxito de este operativo se debió en gran medida a la reserva en el momento y la forma en que se llevó a cabo. Además, informó que, en lo que va del año, se ha concretado la expulsión de 313 personas.
En respuesta a la creciente crisis de seguridad desencadenada por recientes casos de secuestros extorsivos y ataques violentos, el Gobierno anunció un plan para deportar a más de 2.000 migrantes en un periodo un poco mayor a un año. La medida busca abordar la preocupante situación de orden público que ha afectado al país en las últimas semanas, incluyendo el lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros. Según información recogida por La Tercera, el Ejecutivo planea implementar un programa que permitiría la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Sin embargo, se ha destacado la importancia de no criminalizar a toda la población migrante, por lo que se ha determinado diseñar unperfil de riesgo para focalizar las deportaciones en aquellos con antecedentes y en aquellos que se niegan a participar en el proceso de empadronamiento biométrico, especialmente en el grupo de hombres de entre 18 y 40 años. Las decisiones tomadas durante dos reuniones en el Palacio de La Moneda subrayan la intención de concretar las expulsiones de manera selectiva, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales. Desde la oposición, se ha insistido en la expulsión de 12.000 migrantes que ya han recibido órdenes de abandonar el país, aunque el Gobierno considera esta cifra poco realista. Hasta la fecha, se han expulsado 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial. Se espera que al menos 262 personas abandonen el territorio nacional en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar las 1.000 expulsiones antes de que finalice el año. Para financiar estas acciones, se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos para el próximo año, destinado al Servicio de Migraciones. Esto permitiría la expulsión de alrededor de 2.400 migrantes adicionales, sumando un total estimado de 2.600 deportaciones en 14 meses, según indican desde el Ejecutivo. En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está preparando un viaje a Caracas, Venezuela, con el propósito de sostener encuentros con funcionarios venezolanos. Se busca llegar a un acuerdo para que la Fuerza Aérea de Chile pueda realizar viajes al territorio venezolano con el fin de concretar expulsiones, además de explorar fórmulas para agilizar el proceso de identificación de personas. Asimismo, Monsalve ha asistido a diferentes reuniones en la previa con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.
