En una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, participó este martes en la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad y la entrega de la Política Nacional de Ciberseguridad, evento liderado por el Presidente Gabriel Boric. Yáñez, quien será formalizado el próximo 7 de mayo, se enfrenta a acusaciones relacionadas con su desempeño durante el llamado estallido social, cuando ocupaba el cargo de director de Orden y Seguridad de Carabineros. Se le imputan cargos deomisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las protestas. Ante la consulta sobre la presencia del General Director en el evento, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reafirmó que “el general Ricardo Yáñez sigue trabajando como general director de Carabineros, con la confianza del Gobierno y está abocado a uno de los temas principales del país, que es la presencia policial para prevenir y para combatir el delito”. Desde el Ejecutivo se estableció que las formalizaciones representan unpunto de inflexión, postura que Monsalve reiteró. “Creo que la señal es muy clara , acabamos de estar en una ceremonia con el Presidente de la República, con el gabinete, con las Fuerzas Armadas, y Ricardo Yáñez estaba en su calidad de general director de Carabineros. Creo que, por lo tanto, las imágenes y los hechos son más expresivos que las palabras , él está cumpliendo el rol de general director de Carabineros, y es lo que le corresponde hacer porque el cargo que ocupa por confianza del Presidente de la República”. Asimismo, señaló que “el Presidente de la República ya la ha expresado, nosotros también, las personas cumplen su labor mientras ocupen el cargo y en el caso de las personas que están siendo investigadas, este es un criterio general, no tiene que ver con una persona en particular , ya hemos dicho que las formalizaciones son puntos de inflexión, fundamentalmente porque implica cuidar las instituciones”. Por su parte, Yáñez expresó su determinación de seguir trabajando hasta el último minuto , haciendo alusión a su participación en un acto conmemorativo en Quilpué, en honor a la carabinero mártir Rita Olivares. A pesar de las próximas formalizaciones, el General Director de Carabineros señaló, creemos que es muy importante recordar y homenajear a las personas que han entregado su vida sirviendo a la patria. Yo Voy a trabajar hasta el último minuto, como lo he dicho siempre y esperemos que las cosas se den como tienen que darse.
En el marco del Plan Nacional de Mejoramiento Carcelario, las autoridades llevaron a cabo el segundo operativo interinstitucional del año, dirigido a diversos recintos penitenciarios en todo el país. Coordinado por Carabineros, la subsecretaría del Interior, la Delegación Presidencial Metropolitana, y la Municipalidad de Santiago, este operativo se enfocó en la ex Penitenciaria de Santiago, marcando la tercera acción de este tipo en lo que va del año 2024. El operativo abarcó un total de 28 penales en todo el territorio nacional, excluyendo la Región de Arica y Parinacota, según lo indicado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Durante la intervención, se logró la incautación de 491 armas blancas, 121 teléfonos celulares, 201 litros de licor artesanal y diversas sustancias ilícitas. Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, destacó la importancia de estas acciones, mencionando: En lo que va del año, es decir, estos 25 días, hemos realizado tres procedimientos de allanamiento masivo a lo largo de todo el país. Este en particular es el tercero, en el cual hemos intervenido en 28 unidades penales a lo largo de todo el país, y logramos retirar una gran cantidad de elementos prohibidos. En el acumulado de las tres intervenciones, se contabilizaron un total de 1.381 armas blancas, 464 celulares, 481 litros de alcohol artesanal y 2,187 kilos de sustancias ilícitas retiradas de los recintos penitenciarios. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró la posición del Gobierno, destacando que el Gobierno y el Ministerio de Justicia tienen control de las cárceles en Chile.
El gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, formalizó un acuerdo de colaboración con Venezuela. El pacto, firmado por el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, y el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal venezolano, José Ramírez, tiene como objetivo abordar diversas aristas del crimen organizado transnacional que afectan a ambas naciones. El acuerdo establece un marco de cooperación mutua, facilitando el intercambio de información dentro de las respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y funciones de cada país. La colaboración se centrará en la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos, delitos financieros y otras expresiones del crimen organizado. Entre las principales acciones acordadas, se destacan: Capacitaciones Específicas: Se llevarán a cabo capacitaciones adaptadas a las realidades criminógenas de cada país. Intercambio de Buenas Prácticas Investigativas: Se compartirán experiencias y enfoques exitosos en la investigación de delitos. Intercambio Biométrico y Dactilar: Se compartirá información biométrica para lograr una identificación eficiente de personas vinculadas con hechos delictivos en ambos países. Alertas Tempranas: Se generarán alertas ante nuevos modus operandi, la germinación de bandas u organizaciones criminales emergentes, y la identificación de nuevos nichos criminales. Mantenimiento de Listados de Prófugos: Se actualizarán y mantendrán listados de prófugos de la justicia, implementando alertas fronterizas activas. Intercambio de Información sobre Internos: Se compartirá información sobre personas condenadas que se encuentren en centros de detención penitenciaria. Antecedentes Penales de Investigativos Vinculados a Delitos Graves: Se intercambiarán antecedentes penales de individuos relacionados con delitos violentos, crimen organizado transnacional, crimen cibernético y otros delitos. El subsecretario Manuel Monsalve destacó la importancia del acuerdo, calificándolo como un hecho inédito que permitirá reafirmar los vínculos de colaboración para proteger a nuestros pueblos de una amenaza común, que afecta a nuestros países, afecta a la seguridad de los ciudadanos de nuestros países y para la cual estamos estableciendo vínculos y procedimientos para protegerlos. El embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, compartió la misma opinión y sugirió la posibilidad de extender esta colaboración a nivel de todas las policías de Sudamérica, dada la creciente naturaleza transnacional del crimen organizado.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó en una entrevista con el Canal 24 Horas que un avión destinado a expulsar migrantes venezolanos de Chile no pudo despegar debido a la negativa de las autoridades aeronáuticas venezolana s para autorizar el aterrizaje en su territorio. Según Monsalve, las autoridades venezolanas no dieron el visto bueno para la salida del vuelo, destacando la importancia de la disposición venezolana en este tipo de situaciones. En sus declaraciones, subrayó que la solución a la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular no recae únicamente en Chile, sino también en la disposición de Venezuela, ya que el avión debe ingresar al espacio aéreo venezolano, y sin su autorización, esto no es posible. El subsecretario detalló que a pesar de haber identificado a las personas, detenido por la PDI (Policía de Investigaciones) y haber contratado el avión, la única decisión de la autoridad aeronáutica venezolana fue suficiente para cancelar todo el proceso. Monsalve explicó que, según la ley vigente, si los ciudadanos no son expulsados en un plazo de cinco días, deben ser liberados, ya que la PDI solo tiene la facultad de mantenerlos detenidos durante este período. Ante esta situación, el representante del Gobierno destacó que se están realizando todos los esfuerzos para restablecer diálogos diplomáticos, mantener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y programar reuniones presenciales con las autoridades venezolanas. Monsalve anunció que espera realizar un viaje a Venezuela antes del 15 de diciembre con el objetivo de avanzar en las negociaciones y resolver este impasse.
En respuesta a la creciente crisis de seguridad desencadenada por recientes casos de secuestros extorsivos y ataques violentos, el Gobierno anunció un plan para deportar a más de 2.000 migrantes en un periodo un poco mayor a un año. La medida busca abordar la preocupante situación de orden público que ha afectado al país en las últimas semanas, incluyendo el lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros. Según información recogida por La Tercera, el Ejecutivo planea implementar un programa que permitiría la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Sin embargo, se ha destacado la importancia de no criminalizar a toda la población migrante, por lo que se ha determinado diseñar unperfil de riesgo para focalizar las deportaciones en aquellos con antecedentes y en aquellos que se niegan a participar en el proceso de empadronamiento biométrico, especialmente en el grupo de hombres de entre 18 y 40 años. Las decisiones tomadas durante dos reuniones en el Palacio de La Moneda subrayan la intención de concretar las expulsiones de manera selectiva, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales. Desde la oposición, se ha insistido en la expulsión de 12.000 migrantes que ya han recibido órdenes de abandonar el país, aunque el Gobierno considera esta cifra poco realista. Hasta la fecha, se han expulsado 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial. Se espera que al menos 262 personas abandonen el territorio nacional en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar las 1.000 expulsiones antes de que finalice el año. Para financiar estas acciones, se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos para el próximo año, destinado al Servicio de Migraciones. Esto permitiría la expulsión de alrededor de 2.400 migrantes adicionales, sumando un total estimado de 2.600 deportaciones en 14 meses, según indican desde el Ejecutivo. En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está preparando un viaje a Caracas, Venezuela, con el propósito de sostener encuentros con funcionarios venezolanos. Se busca llegar a un acuerdo para que la Fuerza Aérea de Chile pueda realizar viajes al territorio venezolano con el fin de concretar expulsiones, además de explorar fórmulas para agilizar el proceso de identificación de personas. Asimismo, Monsalve ha asistido a diferentes reuniones en la previa con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.
En una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, participó este martes en la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad y la entrega de la Política Nacional de Ciberseguridad, evento liderado por el Presidente Gabriel Boric. Yáñez, quien será formalizado el próximo 7 de mayo, se enfrenta a acusaciones relacionadas con su desempeño durante el llamado estallido social, cuando ocupaba el cargo de director de Orden y Seguridad de Carabineros. Se le imputan cargos deomisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las protestas. Ante la consulta sobre la presencia del General Director en el evento, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reafirmó que “el general Ricardo Yáñez sigue trabajando como general director de Carabineros, con la confianza del Gobierno y está abocado a uno de los temas principales del país, que es la presencia policial para prevenir y para combatir el delito”. Desde el Ejecutivo se estableció que las formalizaciones representan unpunto de inflexión, postura que Monsalve reiteró. “Creo que la señal es muy clara , acabamos de estar en una ceremonia con el Presidente de la República, con el gabinete, con las Fuerzas Armadas, y Ricardo Yáñez estaba en su calidad de general director de Carabineros. Creo que, por lo tanto, las imágenes y los hechos son más expresivos que las palabras , él está cumpliendo el rol de general director de Carabineros, y es lo que le corresponde hacer porque el cargo que ocupa por confianza del Presidente de la República”. Asimismo, señaló que “el Presidente de la República ya la ha expresado, nosotros también, las personas cumplen su labor mientras ocupen el cargo y en el caso de las personas que están siendo investigadas, este es un criterio general, no tiene que ver con una persona en particular , ya hemos dicho que las formalizaciones son puntos de inflexión, fundamentalmente porque implica cuidar las instituciones”. Por su parte, Yáñez expresó su determinación de seguir trabajando hasta el último minuto , haciendo alusión a su participación en un acto conmemorativo en Quilpué, en honor a la carabinero mártir Rita Olivares. A pesar de las próximas formalizaciones, el General Director de Carabineros señaló, creemos que es muy importante recordar y homenajear a las personas que han entregado su vida sirviendo a la patria. Yo Voy a trabajar hasta el último minuto, como lo he dicho siempre y esperemos que las cosas se den como tienen que darse.
En el marco del Plan Nacional de Mejoramiento Carcelario, las autoridades llevaron a cabo el segundo operativo interinstitucional del año, dirigido a diversos recintos penitenciarios en todo el país. Coordinado por Carabineros, la subsecretaría del Interior, la Delegación Presidencial Metropolitana, y la Municipalidad de Santiago, este operativo se enfocó en la ex Penitenciaria de Santiago, marcando la tercera acción de este tipo en lo que va del año 2024. El operativo abarcó un total de 28 penales en todo el territorio nacional, excluyendo la Región de Arica y Parinacota, según lo indicado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Durante la intervención, se logró la incautación de 491 armas blancas, 121 teléfonos celulares, 201 litros de licor artesanal y diversas sustancias ilícitas. Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, destacó la importancia de estas acciones, mencionando: En lo que va del año, es decir, estos 25 días, hemos realizado tres procedimientos de allanamiento masivo a lo largo de todo el país. Este en particular es el tercero, en el cual hemos intervenido en 28 unidades penales a lo largo de todo el país, y logramos retirar una gran cantidad de elementos prohibidos. En el acumulado de las tres intervenciones, se contabilizaron un total de 1.381 armas blancas, 464 celulares, 481 litros de alcohol artesanal y 2,187 kilos de sustancias ilícitas retiradas de los recintos penitenciarios. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró la posición del Gobierno, destacando que el Gobierno y el Ministerio de Justicia tienen control de las cárceles en Chile.
El gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, formalizó un acuerdo de colaboración con Venezuela. El pacto, firmado por el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, y el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal venezolano, José Ramírez, tiene como objetivo abordar diversas aristas del crimen organizado transnacional que afectan a ambas naciones. El acuerdo establece un marco de cooperación mutua, facilitando el intercambio de información dentro de las respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y funciones de cada país. La colaboración se centrará en la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos, delitos financieros y otras expresiones del crimen organizado. Entre las principales acciones acordadas, se destacan: Capacitaciones Específicas: Se llevarán a cabo capacitaciones adaptadas a las realidades criminógenas de cada país. Intercambio de Buenas Prácticas Investigativas: Se compartirán experiencias y enfoques exitosos en la investigación de delitos. Intercambio Biométrico y Dactilar: Se compartirá información biométrica para lograr una identificación eficiente de personas vinculadas con hechos delictivos en ambos países. Alertas Tempranas: Se generarán alertas ante nuevos modus operandi, la germinación de bandas u organizaciones criminales emergentes, y la identificación de nuevos nichos criminales. Mantenimiento de Listados de Prófugos: Se actualizarán y mantendrán listados de prófugos de la justicia, implementando alertas fronterizas activas. Intercambio de Información sobre Internos: Se compartirá información sobre personas condenadas que se encuentren en centros de detención penitenciaria. Antecedentes Penales de Investigativos Vinculados a Delitos Graves: Se intercambiarán antecedentes penales de individuos relacionados con delitos violentos, crimen organizado transnacional, crimen cibernético y otros delitos. El subsecretario Manuel Monsalve destacó la importancia del acuerdo, calificándolo como un hecho inédito que permitirá reafirmar los vínculos de colaboración para proteger a nuestros pueblos de una amenaza común, que afecta a nuestros países, afecta a la seguridad de los ciudadanos de nuestros países y para la cual estamos estableciendo vínculos y procedimientos para protegerlos. El embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, compartió la misma opinión y sugirió la posibilidad de extender esta colaboración a nivel de todas las policías de Sudamérica, dada la creciente naturaleza transnacional del crimen organizado.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó en una entrevista con el Canal 24 Horas que un avión destinado a expulsar migrantes venezolanos de Chile no pudo despegar debido a la negativa de las autoridades aeronáuticas venezolana s para autorizar el aterrizaje en su territorio. Según Monsalve, las autoridades venezolanas no dieron el visto bueno para la salida del vuelo, destacando la importancia de la disposición venezolana en este tipo de situaciones. En sus declaraciones, subrayó que la solución a la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular no recae únicamente en Chile, sino también en la disposición de Venezuela, ya que el avión debe ingresar al espacio aéreo venezolano, y sin su autorización, esto no es posible. El subsecretario detalló que a pesar de haber identificado a las personas, detenido por la PDI (Policía de Investigaciones) y haber contratado el avión, la única decisión de la autoridad aeronáutica venezolana fue suficiente para cancelar todo el proceso. Monsalve explicó que, según la ley vigente, si los ciudadanos no son expulsados en un plazo de cinco días, deben ser liberados, ya que la PDI solo tiene la facultad de mantenerlos detenidos durante este período. Ante esta situación, el representante del Gobierno destacó que se están realizando todos los esfuerzos para restablecer diálogos diplomáticos, mantener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y programar reuniones presenciales con las autoridades venezolanas. Monsalve anunció que espera realizar un viaje a Venezuela antes del 15 de diciembre con el objetivo de avanzar en las negociaciones y resolver este impasse.
En respuesta a la creciente crisis de seguridad desencadenada por recientes casos de secuestros extorsivos y ataques violentos, el Gobierno anunció un plan para deportar a más de 2.000 migrantes en un periodo un poco mayor a un año. La medida busca abordar la preocupante situación de orden público que ha afectado al país en las últimas semanas, incluyendo el lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros. Según información recogida por La Tercera, el Ejecutivo planea implementar un programa que permitiría la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Sin embargo, se ha destacado la importancia de no criminalizar a toda la población migrante, por lo que se ha determinado diseñar unperfil de riesgo para focalizar las deportaciones en aquellos con antecedentes y en aquellos que se niegan a participar en el proceso de empadronamiento biométrico, especialmente en el grupo de hombres de entre 18 y 40 años. Las decisiones tomadas durante dos reuniones en el Palacio de La Moneda subrayan la intención de concretar las expulsiones de manera selectiva, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales. Desde la oposición, se ha insistido en la expulsión de 12.000 migrantes que ya han recibido órdenes de abandonar el país, aunque el Gobierno considera esta cifra poco realista. Hasta la fecha, se han expulsado 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial. Se espera que al menos 262 personas abandonen el territorio nacional en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar las 1.000 expulsiones antes de que finalice el año. Para financiar estas acciones, se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos para el próximo año, destinado al Servicio de Migraciones. Esto permitiría la expulsión de alrededor de 2.400 migrantes adicionales, sumando un total estimado de 2.600 deportaciones en 14 meses, según indican desde el Ejecutivo. En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está preparando un viaje a Caracas, Venezuela, con el propósito de sostener encuentros con funcionarios venezolanos. Se busca llegar a un acuerdo para que la Fuerza Aérea de Chile pueda realizar viajes al territorio venezolano con el fin de concretar expulsiones, además de explorar fórmulas para agilizar el proceso de identificación de personas. Asimismo, Monsalve ha asistido a diferentes reuniones en la previa con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.
