Fiscal investiga presunto tráfico de influencias en favor de Eduardo Macaya
"Esta es una más del sinnúmero de diligencias que hemos desarrollado en esta investigación", sostuvo el fiscal Javier Von Bischoffshausen.
El diputado Jorge Alessandri acudió este jueves a las dependencias del Ministerio Público en Rancagua para declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía de O’Higgins en la investigación por un presunto tráfico de influencias en favor de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y extimonel UDI Javier Macaya.
La indagatoria apunta a un supuesto trato diferenciado que habría beneficiado a Eduardo Macaya en un paso de tres días por el penal de la ciudad cuando fue condenado en primera instancia a seis años de cárcel efectiva por cuatro delitos de abuso sexual contra menores de edad.
Alessandri fue citado, según información de Ciper, para dar cuenta de las razones del envío al alcaide del recinto penitenciario de un correo electrónico en el que detallaba medicamentos que eran requeridos por Macaya Zentilli.
"Esta es una más del sinnúmero de diligencias que hemos desarrollado en esta investigación tomando gran cantidad de declaraciones, obtención de sumarios, distinta documentación que nos permita analizar si es que estamos o no ante el escenario de la presencia de un delito", indicó el fiscal jefe de Alta Complejidad O’Higgins, Javier Von Bischoffshausen.
El persecutor aseguró que “lo que se está investigando acá es si es que hubo influencias respecto a funcionarios públicos, en este caso Gendarmería de Chile, y como consecuencia hubo privilegios respecto a algún interno. Para que se configure el delito se requiere además algún tipo beneficio obtenido por los funcionarios públicos, eso es lo estamos investigando acá. No estamos investigando si una persona tiene derecho o no a medicamentos o visitas, sino si se hace correctamente y equitativamente", sostuvo.
Fuente: La Tercera Nacional
el viernes pasado a las 9:19
el miércoles pasado a las 18:59
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2 de junio de 2026
Trabajadoras del recinto fueron formalizadas por el delito de homicidio por omisión. De acuerdo a la investigación de PDI, el recinto no tenía patente ni certificación ministerial.



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