Corte de Antofagasta confirmó prisión preventiva para exseremi del Minvu
El sábado la Corte de Apelaciones en un fallo dividido confirmó la medida cautelar durante la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios.
El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios. El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación.
En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
“(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo.
La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”.
Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta.
Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
31 de marzo de 2026
El imputado fue formalizado por los delitos de homicidio calificado consumado, homicidio calificado frustrado y una serie de incumplimientos a Ley de Control de Armas.
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Un estudiante de 15 años permanece en estado crítico en el Hospital Regional de Antofagasta, mientras una funcionaria evoluciona favorablemente en Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Lezaeta.
El recinto extendió su reconocimiento a las distintas unidades que operan en el establecimiento, destacando la eficacia de la Unidad de Urgencias y personal de salud mental.
PDI reúne pruebas para formalizar a estudiante de 18 años por homicidio calificado y tres frustrados tras el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que dejó una inspectora fallecida.
La educadora de párvulos, psicopedagoga y magister en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional, Paula Rodríguez Espinoza, conducirá la cartera.
La reducción de la jornada laboral continuará su aplicación gradual desde el 26 de abril. Sin embargo, la normativa contempla excepciones que dejarán fuera a algunos trabajadores.
Haydée Moya permanece internada en estado crítico en el Hospital del Cobre de Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, mientras la ciudad vive jornadas de duelo.
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La decisión se adoptó tras solicitudes de parlamentarios, empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas, quienes pidieron aplazar el cobro ante el complejo escenario económico que enfrentan los hogares.
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Un estudiante de 18 años atacó a dos inspectoras y a tres compañeros de curso. Una de las funcionarias falleció y los cuatro se mantienen fuera de riesgo vital.
