El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
Así lo decidió la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tras una audiencia de revisión de la medida cautelar, realizada durante este lunes.
La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, confirmó las fechas en que informó al titular de la cartera, Carlos Montes, de las irregularidades que se registraban en la región de Antofagasta, poniendo en entredicho la versión oficial, junto a la del asesor Miguel Crispi. Así quedó plasmado en la declaración oficial que la exautoridad realizó ante el Ministerio Público, a propósito del escándalo por Democracia Viva. Al respecto, Rojas señaló que efectivamente ella recibió el 2 de mayo un correo electrónico por parte de los funcionarios de La Serena en la Región de Antofagasta, en que se exponían una serie de situaciones que podrían haber tenido algún tipo de irregularidad, lo cual ella pidió que de inmediato se investigara. A lo consultado, además quiero agregar que antes del 2 de mayo de 2023 en una reunión presencial con otras jefaturas, en el Gabinete del Ministro Montes, que se realizaba de forma semanal, para ver varios temas, el mismo Ministro Montes me pide indagar sobre la posible contratación de profesionales de Revolución Democrática en la Seremi de Antofagasta , esto alguna persona se lo habría dicho que no fui yo, detalló Rojas. En su declaración a Fiscalía agrega la consulta realizada el exseremi Carlos Contreras, sobre la posible contratación de personas de Revolución Democrática en Antofagasta, luego de que le solicitaran investigar el caso. Con esta petición consulté con el Seremi Contreras, quien me señaló que en algún minuto de necesidad había sumado personas para labores específicas, pero que ya en ese minuto quedaban solo tres en la Seremia trabajando (...) No me agregó bajo que item o de qué forma tenía contratada a esas personas, pero sí me r econoció que era efectivo . Esa información me la entregó por whatsapp. Todo esto fue antes del 2 de mayo del 2023. Esta respuesta se la comuniqué vía verbal al Ministro, indicándole lo que antes señalé, no dándome ninguna instrucción”, agregó. La exsubsecretaria Rojas también reconoció que conversó telefónicamente con Miguel Crispi el 7 de junio, desestimando la versión oficialista que aseguraba se habrían enterado por “rumores”. A ello se suma las declaraciones del Ministro Montes quien ha asegurado públicamente y en las comisiones del Congreso, que él se enteró del escándalo el 16 de junio. No obstante, Rojas asegura que el 8 de junio entregó toda la información respecto a Democracia Viva y otras fundaciones en una carpeta, donde adjuntó copias de las minutas entregadas al ministro Montes, aunque desconoce si éste leyó o no los documentos. “Lo que quiero dejar claro es que yo comuniqué todo lo que tenía que comunicar en el momento que correspondía, a mi superior jerárquico, o sea, al Ministro Montes”, cierra Tatiana Rojas, confirmando la serie de cuestionamientos sobre los dichos y el proceder oficialista ante la grave denuncia y las fechas claves en que La Moneda se habría enterado de este y otros casos.
El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios . El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación. En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo. La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”. Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta. Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
Este lunes la Fiscalía de Antofagasta formalizó por el delito de fraude al fisco reiterado al exseremi del Minvu, Carlos Contreras, debido a la suscripción de cuatro convenios con fundación Tomarte el año 2022, para obras de habitabilidad primaria en campamentos con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. La audiencia será retomada este martes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, con la petición de medidas cautelares por parte del Ministerio Público y el debate respectivo, además de discutir el plazo de investigación. El fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la investigación del Caso Convenios, expuso ante el tribunal que los cuatro convenios celebrados por parte de Contreras implicarían una grave contravención a sus deberes y facultades. Sin que dicha fundación reuniera los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, todo lo cual habría provocado al fisco un perjuicio de $526 millones de pesos. Según Aguilar, el exseremi intervino de manera indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, instruyendo que se invitara a Tomarte y consiguiendo que se le incorporara a la nómina de fundaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos el año 2022. La fundación fue constituida el 16 de noviembre del año 2021. Por lo que a la fecha de la invitación a suscribir los convenios, contaba con menos de un año de funcionamiento y no tenía la experiencia necesaria para convertirse en receptora de tales fondos. Por otra parte, el exseremi no habría garantizado el cumplimiento de los cuatro convenios suscritos, sea mediante la entrega de vale vista, póliza de seguro, boleta de garantía u otro documento, para asegurar que los fondos -que fueron entregados en un solo pago- fueren utilizados para los fines que se establecieron, lo que dejó en indefensión al Estado, una vez que el Minvu dejó sin efecto tales convenios por incumplimientos graves. Con su actuar, el imputado Carlos Contreras abusó de su cargo de Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y en consecuencia de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su cargo y con infracción grave de los deberes del mismo en la suscripción de convenios de traspaso de fondos a la Fundación Cultural Tomarte, referentes al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, sin que ésta cumpliera con los requisitos mínimos para ello, lo que derivó en la falta de cumplimiento de la ejecución de las obras convenidas, generando un perjuicio fiscal ascendente a $456 millones de pesos, sostuvo Aguilar en la audiencia. Cabe recordar, que Contreras se encuentra además formalizado por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios, donde cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, al igual que los coimputados Daniel Andrade, exrepresentante legal de dicha fundación y la concejala Paz Fuica. AHORA I Formalizan a exseremi del Minvu, Carlos Contreras, por fraude al fisco en arista Tomarte del Caso Convenios en #Antofagasta. Realizan audiencia en el Juzgado de Garantía con el imputado, actualmente con arresto domiciliario por investigación de la arista Democracia Viva. pic.twitter.com/LtripNZgmD — Antofagasta TV (@AntofagastaTV) April 1, 2024
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
Así lo decidió la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tras una audiencia de revisión de la medida cautelar, realizada durante este lunes.
La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, confirmó las fechas en que informó al titular de la cartera, Carlos Montes, de las irregularidades que se registraban en la región de Antofagasta, poniendo en entredicho la versión oficial, junto a la del asesor Miguel Crispi. Así quedó plasmado en la declaración oficial que la exautoridad realizó ante el Ministerio Público, a propósito del escándalo por Democracia Viva. Al respecto, Rojas señaló que efectivamente ella recibió el 2 de mayo un correo electrónico por parte de los funcionarios de La Serena en la Región de Antofagasta, en que se exponían una serie de situaciones que podrían haber tenido algún tipo de irregularidad, lo cual ella pidió que de inmediato se investigara. A lo consultado, además quiero agregar que antes del 2 de mayo de 2023 en una reunión presencial con otras jefaturas, en el Gabinete del Ministro Montes, que se realizaba de forma semanal, para ver varios temas, el mismo Ministro Montes me pide indagar sobre la posible contratación de profesionales de Revolución Democrática en la Seremi de Antofagasta , esto alguna persona se lo habría dicho que no fui yo, detalló Rojas. En su declaración a Fiscalía agrega la consulta realizada el exseremi Carlos Contreras, sobre la posible contratación de personas de Revolución Democrática en Antofagasta, luego de que le solicitaran investigar el caso. Con esta petición consulté con el Seremi Contreras, quien me señaló que en algún minuto de necesidad había sumado personas para labores específicas, pero que ya en ese minuto quedaban solo tres en la Seremia trabajando (...) No me agregó bajo que item o de qué forma tenía contratada a esas personas, pero sí me r econoció que era efectivo . Esa información me la entregó por whatsapp. Todo esto fue antes del 2 de mayo del 2023. Esta respuesta se la comuniqué vía verbal al Ministro, indicándole lo que antes señalé, no dándome ninguna instrucción”, agregó. La exsubsecretaria Rojas también reconoció que conversó telefónicamente con Miguel Crispi el 7 de junio, desestimando la versión oficialista que aseguraba se habrían enterado por “rumores”. A ello se suma las declaraciones del Ministro Montes quien ha asegurado públicamente y en las comisiones del Congreso, que él se enteró del escándalo el 16 de junio. No obstante, Rojas asegura que el 8 de junio entregó toda la información respecto a Democracia Viva y otras fundaciones en una carpeta, donde adjuntó copias de las minutas entregadas al ministro Montes, aunque desconoce si éste leyó o no los documentos. “Lo que quiero dejar claro es que yo comuniqué todo lo que tenía que comunicar en el momento que correspondía, a mi superior jerárquico, o sea, al Ministro Montes”, cierra Tatiana Rojas, confirmando la serie de cuestionamientos sobre los dichos y el proceder oficialista ante la grave denuncia y las fechas claves en que La Moneda se habría enterado de este y otros casos.
El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios . El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación. En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo. La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”. Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta. Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
Este lunes la Fiscalía de Antofagasta formalizó por el delito de fraude al fisco reiterado al exseremi del Minvu, Carlos Contreras, debido a la suscripción de cuatro convenios con fundación Tomarte el año 2022, para obras de habitabilidad primaria en campamentos con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. La audiencia será retomada este martes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, con la petición de medidas cautelares por parte del Ministerio Público y el debate respectivo, además de discutir el plazo de investigación. El fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la investigación del Caso Convenios, expuso ante el tribunal que los cuatro convenios celebrados por parte de Contreras implicarían una grave contravención a sus deberes y facultades. Sin que dicha fundación reuniera los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, todo lo cual habría provocado al fisco un perjuicio de $526 millones de pesos. Según Aguilar, el exseremi intervino de manera indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, instruyendo que se invitara a Tomarte y consiguiendo que se le incorporara a la nómina de fundaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos el año 2022. La fundación fue constituida el 16 de noviembre del año 2021. Por lo que a la fecha de la invitación a suscribir los convenios, contaba con menos de un año de funcionamiento y no tenía la experiencia necesaria para convertirse en receptora de tales fondos. Por otra parte, el exseremi no habría garantizado el cumplimiento de los cuatro convenios suscritos, sea mediante la entrega de vale vista, póliza de seguro, boleta de garantía u otro documento, para asegurar que los fondos -que fueron entregados en un solo pago- fueren utilizados para los fines que se establecieron, lo que dejó en indefensión al Estado, una vez que el Minvu dejó sin efecto tales convenios por incumplimientos graves. Con su actuar, el imputado Carlos Contreras abusó de su cargo de Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y en consecuencia de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su cargo y con infracción grave de los deberes del mismo en la suscripción de convenios de traspaso de fondos a la Fundación Cultural Tomarte, referentes al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, sin que ésta cumpliera con los requisitos mínimos para ello, lo que derivó en la falta de cumplimiento de la ejecución de las obras convenidas, generando un perjuicio fiscal ascendente a $456 millones de pesos, sostuvo Aguilar en la audiencia. Cabe recordar, que Contreras se encuentra además formalizado por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios, donde cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, al igual que los coimputados Daniel Andrade, exrepresentante legal de dicha fundación y la concejala Paz Fuica. AHORA I Formalizan a exseremi del Minvu, Carlos Contreras, por fraude al fisco en arista Tomarte del Caso Convenios en #Antofagasta. Realizan audiencia en el Juzgado de Garantía con el imputado, actualmente con arresto domiciliario por investigación de la arista Democracia Viva. pic.twitter.com/LtripNZgmD — Antofagasta TV (@AntofagastaTV) April 1, 2024
