En las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, los principales contendientes, Kamala Harris y Donald Trump, enfrentan una reñida competencia. La lucha por cada estado y cada voto se ha intensificado, y aunque cada candidato busca una victoria clara, existe la posibilidad de que el resultado final termine en un empate. Con 538 votos en el Colegio Electoral, se necesita una mayoría de 270 votos para ganar, pero el sistema permite la posibilidad de un empate técnico con 269 votos.
Si este empate ocurriera, la Enmienda 12 de la Constitución de EE.UU. define el mecanismo para elegir al presidente en estos casos: una "elección contingente" realizada por la recién elegida Cámara de Representantes. Este proceso tendría lugar el 6 de enero, durante la sesión conjunta del nuevo Congreso, que se elige en paralelo a la presidencia.
En esta votación, cada estado cuenta con un voto, sin importar su tamaño poblacional. Esto significa que estados de baja población como Wyoming tienen el mismo peso que los grandes estados como California, lo cual genera controversia. Para definir al presidente se requiere una mayoría simple de 26 estados. En paralelo, el Senado seleccionaría al vicepresidente en una votación aparte.
Este escenario, aunque improbable en tiempos modernos, ya ha ocurrido en la historia estadounidense en 1800 y 1824. En la actualidad, hay siete estados clave donde las encuestas aún no ofrecen una inclinación clara hacia ninguno de los candidatos: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Estos estados, que suman 93 votos electorales, podrían ser el factor decisivo.
Finalmente, diversos análisis, como el del sitio web 270toWin, han planteado posibles combinaciones de victorias estatales que podrían llevar a un empate en el Colegio Electoral. En algunos de estos escenarios, Trump necesitaría triunfos en estados como Pensilvania y Georgia, mientras Harris podría ganar en Arizona, Carolina del Norte y otros estados disputados. Aunque improbable, el empate sigue siendo una posibilidad que podría colocar la decisión final en manos del Congreso.
11 de julio de 2025
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