Detienen a 36 deudores de pensión de alimentos en Antofagasta
35 hombres y una mujer, juntos adeudan más de $217 millones de pesos. Cada uno figura por montos que van de los $36 millones a los $10 mil pesos.
La PDI informó que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales en conjunto con otras unidades, y en coordinación con el Juzgado de Familia, procedieron a la ubicar y detener a 30 deudores de pensiones alimenticias en Antofagasta.
35 hombres y una mujer, quienes adeudaban en conjunto un total de $217 millones 611 mil 986 pesos, por lo que fueron puestos a disposición de Gendarmería, dando cumplimiento a los decretos judiciales emanados del Juzgado de Familia de Antofagasta.
El jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, subprefecto Raúl Ulloa indicó que conforme a los requerimientos del Juzgado de Familia de esta ciudad, se ha dado cumplimiento a lo solicitado por el tribunal, a través de una serie operativos que han permitido la ubicación y detención de estas personas.
El oficial agregó que entre las deudas figuran montos que van desde los $37 millones hasta los $10 mil pesos por concepto de pensiones de alimentos y adelantó que este tipo de operativos continuarán en la medida que así lo establezca la autoridad judicial
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12 de agosto de 2026
El escrito denuncia que el trabajador incluso sufrió acoso de connotación sexual por parte del Secretario Ejecutivo, Jonathan Vergara; luego de actividades vinculadas a corporación y a Evópoli, partido donde ambos son militantes.
El Alcalde Sacha Razmilic aseguró que el conductor acosó a una mujer que caminaba con un bebé en coche, acompañada de un niño, quienes transitaban por la ciclovía.
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Además del aviso por vientos para distintos sectores, se pronostica el desarrollo de precipitaciones normales a moderadas, las que se esperan hasta miércoles 12 de agosto.
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El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa, donde buscaban debatir la forma de cumplimiento de pena de la ex alcaldesa.
La Seremi de Salud detectó que en 9 de 11 fiscalizaciones a locales de venta de juguetes se incumplía la normativa vigente en materia de seguridad y etiquetado.
La justicia rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa, al no existir aún un informe favorable de Gendarmería, requisito clave para evaluar la libertad vigilada intensiva.
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Se constataron una serie de deficiencias como falta de operadores con certificación; fugas y corrosión en tuberías; y filtraciones activas en líneas de agua.
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