12 años de cárcel para sujeto por violaciones en Calama y San Antonio
Cometió los delitos los años 2017 y 2020, ocasiones en que el imputado extranjero de 48 años amenazó a la víctima para que guardara silencio.
La Fiscalía Local de Calama logró una condena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para A.A. de nacionalidad colombiana (48 años), como autor de violación contra una persona mayor de 14 años de edad.
El imputado suma una segunda condena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de violación de una persona menor de 14 años. Ambos delitos fueron perpetrados durante los años 2017 y 2020.
También le impusieron las medidas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para postular a cargos y oficios públicos, ejercer derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras transcurra la condena.
En ambos delitos fue condenado a la pena de interdicción del derecho de ejercer la guarda, ser oído como pariente en los casos que la ley designa. Junto con la sujeción de vigilancia de la autoridad por un período de diez años, después del cumplimiento de la pena principal.
La investigación realizada por un equipo multidisciplinario, estuvo liderada en las etapas investigativas y judiciales por el fiscal adjunto de Calama, Gabriel Zepeda. Además de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Local de Calama y San Antonio.
Zepeda, sostuvo que "el relato de la víctima fue fundamental para la acreditación de los hechos, asimismo los informes periciales, tanto el informe sexológico elaborado por el Servicio Médico Legal de Valparaíso como los informes psicológicos".
"La PDI a través de la Brigada de Delitos Sexuales, también realizó diligencias pertinentes de este caso que permitieron acreditar la existencia de estos delitos", explicó el fiscal.
El caso
El primer hecho sucedió el 2017 en el inmueble que la víctima, quien habitaba junto a su familia al interior de una toma en Calama, domicilio al que concurrió en compañía del acusado. Al ingresar al inmueble el imputado la tomó por la fuerza y cometió el delito, con posterioridad le manifestó que si decía algo de lo ocurrido le haría daño a su mamá, razón por la cual la víctima guardó silencio.
El segundo hecho ocurrió en el 2020 en San Antonio, cuando la misma víctima fue al domicilio del acusado ubicado en una toma. Oportunidad en que el acusado aprovechándose de las circunstancias tomó a la víctima por la fuerza y cometió el delito.
La víctima logró zafarse del acusado indicándole que lo acusaría. Sin embargo, éste le señaló que nadie le creería, por lo que la víctima guardó silencio.
Fue en junio del 2021 en San Antonio, que la víctima logró comentar esta situación a su madre y a una tía materna.
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Una fiscalización constató que masas y hallullas en preparación que eran tapadas con naylon y lonas sucias; además de la presencia de mosquitos, polillas y telarañas.
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Mientras se revisaba un proceso de licitación por cerca de $680 millones, el concejo fue interrumpido por la ausencia de algunos ediles quienes fueron vistos en una de las actividades del Presidente José Antonio Kast.
La detenida, mujer de nacionalidad chilena, pasará a control de detención durante esta jornada por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses.
La máxima autoridad del país se reunió con el presidente de Escondida | BHP, Alejandro Tapia, en el marco del ingreso del permiso ambiental del proyecto, que considera una inversión superior a US$5.000 millones.
El encuentro se realizó en el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), institución impulsada por Escondida que forma cada año a más de 33 mil personas en oficios críticos para la minería.
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