Prófugo de la justicia que recibe pensión de gracia es detenido por autoridades
Juan Francisco Villalobos, beneficiario de pensión por el estallido social, fue detenido por Carabineros tras estar prófugo desde 2022 por delito de estafa.
Durante las últimas horas, el equipo SEBV de Carabineros logró la detención de Juan Francisco Villalobos (37), prófugo de la justicia que recibía una pensión de gracia vinculada al estallido social que sacudió al país. Su captura tuvo lugar en La Florida, tras una orden de detención emitida en 2022 por el delito de estafa.
El historial delictivo de Villalobos no es nuevo, ya que cuenta con antecedentes por hurto, desórdenes públicos, lesiones leves y menos graves. La pensión de gracia que recibía se originó luego de ser detenido durante una manifestación durante el estallido social en la misma comuna de La Florida.
Sin embargo, el caso toma un giro inesperado al conocerse una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que alega que el detenido fue víctima de abuso sexual al interior de la Subcomisaría Los Quillayes. Las denuncias incluyen la aplicación de corriente eléctrica en sus dedos, lo que llevó a la concesión de la pensión de gracia.
Según registros oficiales, entre el 18 de abril y el 15 de diciembre de 2023, Villalobos recibió un total de 9 pagos, sumando $5.698.168 en concepto de pensión de gracia financiada por el Estado.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación ante estos hechos y anunció que el Gobierno presentó una indicación ante el Congreso para que se implementen medidas que permitan verificar los antecedentes penales de quienes solicitan pensiones de gracia. Esto busca evitar que personas con historiales delictivos obtengan beneficios de este tipo.
Juan Francisco Villalobos fue aprehendido mediante una orden del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago y será puesto a disposición de la justicia durante el día de hoy.
6 de agosto de 2026
La justicia rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa, al no existir aún un informe favorable de Gendarmería, requisito clave para evaluar la libertad vigilada intensiva.
El ente contralor revisó las consideraciones contrato del servicio de recolección, el que fue adjudicado vía licitación a la empresa COSEMAR, terminando con el servicio que mantenía DEMARCO.
El servicio contemplaba la transmisión de las las respuestas del examen teórico de conducción en tiempo real, a través de equipos electrónicos ocultos en un chaleco.
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Los procedimientos terminaron con la incautación de más de 1,2 kilos de drogas, correspondientes a pasta base de cocaína, marihuana y clorhidrato de cocaína.
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