Este viernes, la ministra Carolina Tohá comunicó la revocación de pensiones de gracia para 27 individuos debido a antecedentes penales. El anuncio tuvo lugar durante una visita a Quilpué, región de Valparaíso, donde se reunió con afectados por recientes incendios forestales. La decisión, basada en evaluaciones técnicas, se fundamenta en la ausencia de daños graves y permanentes acreditados en los expedientes de los beneficiarios. Son casos en que hay antecedentes penales serios y no está acreditado un daño que sea grave y permanente, explicó Tohá. La Contraloría ha tomado conocimiento de los 27 casos, aseguró la ministra, y se prevé que los trámites estén completamente resueltos para la tarde del mismo día del anuncio. Además, se anticipa que en los próximos días se notificará personalmente a los afectados sobre la revocación de sus pensiones de gracia. La revelación se da después de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informara el martes pasado sobre la revocación de 25 pensiones de gracia, negando retrasos en la emisión de decretos. Sin embargo, la cifra se ha actualizado con las 27 revocaciones anunciadas por la ministra Tohá durante su visita a Quilpué.
El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos. Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final. En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos. En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas. El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
Durante las últimas horas, el equipo SEBV de Carabineros logró la detención de Juan Francisco Villalobos (37), prófugo de la justicia que recibía una pensión de gracia vinculada al estallido social que sacudió al país. Su captura tuvo lugar en La Florida, tras una orden de detención emitida en 2022 por el delito de estafa. El historial delictivo de Villalobos no es nuevo, ya que cuenta con antecedentes por hurto, desórdenes públicos, lesiones leves y menos graves. La pensión de gracia que recibía se originó luego de ser detenido durante una manifestación durante el estallido social en la misma comuna de La Florida. Sin embargo, el caso toma un giro inesperado al conocerse una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que alega que el detenido fue víctima de abuso sexual al interior de la Subcomisaría Los Quillayes. Las denuncias incluyen la aplicación de corriente eléctrica en sus dedos, lo que llevó a la concesión de la pensión de gracia. Según registros oficiales, entre el 18 de abril y el 15 de diciembre de 2023, Villalobos recibió un total de 9 pagos, sumando $5.698.168 en concepto de pensión de gracia financiada por el Estado. La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación ante estos hechos y anunció que el Gobierno presentó una indicación ante el Congreso para que se implementen medidas que permitan verificar los antecedentes penales de quienes solicitan pensiones de gracia. Esto busca evitar que personas con historiales delictivos obtengan beneficios de este tipo. Juan Francisco Villalobos fue aprehendido mediante una orden del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago y será puesto a disposición de la justicia durante el día de hoy.
Este viernes, la ministra Carolina Tohá comunicó la revocación de pensiones de gracia para 27 individuos debido a antecedentes penales. El anuncio tuvo lugar durante una visita a Quilpué, región de Valparaíso, donde se reunió con afectados por recientes incendios forestales. La decisión, basada en evaluaciones técnicas, se fundamenta en la ausencia de daños graves y permanentes acreditados en los expedientes de los beneficiarios. Son casos en que hay antecedentes penales serios y no está acreditado un daño que sea grave y permanente, explicó Tohá. La Contraloría ha tomado conocimiento de los 27 casos, aseguró la ministra, y se prevé que los trámites estén completamente resueltos para la tarde del mismo día del anuncio. Además, se anticipa que en los próximos días se notificará personalmente a los afectados sobre la revocación de sus pensiones de gracia. La revelación se da después de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informara el martes pasado sobre la revocación de 25 pensiones de gracia, negando retrasos en la emisión de decretos. Sin embargo, la cifra se ha actualizado con las 27 revocaciones anunciadas por la ministra Tohá durante su visita a Quilpué.
El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos. Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final. En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos. En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas. El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
Durante las últimas horas, el equipo SEBV de Carabineros logró la detención de Juan Francisco Villalobos (37), prófugo de la justicia que recibía una pensión de gracia vinculada al estallido social que sacudió al país. Su captura tuvo lugar en La Florida, tras una orden de detención emitida en 2022 por el delito de estafa. El historial delictivo de Villalobos no es nuevo, ya que cuenta con antecedentes por hurto, desórdenes públicos, lesiones leves y menos graves. La pensión de gracia que recibía se originó luego de ser detenido durante una manifestación durante el estallido social en la misma comuna de La Florida. Sin embargo, el caso toma un giro inesperado al conocerse una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que alega que el detenido fue víctima de abuso sexual al interior de la Subcomisaría Los Quillayes. Las denuncias incluyen la aplicación de corriente eléctrica en sus dedos, lo que llevó a la concesión de la pensión de gracia. Según registros oficiales, entre el 18 de abril y el 15 de diciembre de 2023, Villalobos recibió un total de 9 pagos, sumando $5.698.168 en concepto de pensión de gracia financiada por el Estado. La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación ante estos hechos y anunció que el Gobierno presentó una indicación ante el Congreso para que se implementen medidas que permitan verificar los antecedentes penales de quienes solicitan pensiones de gracia. Esto busca evitar que personas con historiales delictivos obtengan beneficios de este tipo. Juan Francisco Villalobos fue aprehendido mediante una orden del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago y será puesto a disposición de la justicia durante el día de hoy.
