Más de 87 mil deudores salen del Registro de Pensiones Alimenticias tras regularizar sus pagos
El Poder Judicial informó que, hasta mayo de este año, se han dictado órdenes de pago por más de $830 mil millones y se han recaudado más de $310 mil millones bajo la Ley para Pago Efectivo.
La nueva institucionalidad para asegurar el pago de pensiones alimenticias continúa dando resultados. Según el Poder Judicial, hasta mayo de 2024 se han emitido órdenes de pago por un total de más de 830 mil millones de pesos, mientras que se han recaudado más de 310 mil millones a través de los mecanismos extraordinarios que establece la Ley para Pago Efectivo, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
A esta cifra se suma el dato de que más de 87.700 deudores han logrado salir del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. Esto se ha logrado gracias al pago de sus deudas o a acuerdos alcanzados ante los tribunales, según informó el Registro Civil e Identificación al 4 de septiembre.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el impacto de la ley en la cultura de responsabilidad parental. "La nueva institucionalidad ha generado un cambio de conciencia respecto a un problema histórico que ha afectado a miles de mujeres, niños y niñas en nuestro país: el no pago y el abandono parental", señaló la autoridad. Además, Orellana advirtió la importancia de continuar con el pago sistemático, ya que de lo contrario, los deudores reincidirían en el registro.
Actualmente, según los datos del Registro Civil, existen 238.724 deudores vigentes, de los cuales el 96% son hombres. De estos, 24 mil tienen más de una causa pendiente, afectando a más de 329 mil niños, niñas y adolescentes con derecho a recibir pensión alimenticia.
A la fecha, 2.121 instituciones están inscritas en el sistema electrónico que permite consultar el Registro de Pensiones Alimenticias. Este sistema, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, es de acceso remoto, gratuito y está disponible para organismos con obligación legal de consultarlo, como tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otros.
31 de agosto de 2026
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