Exgenerales de Carabineros quedan bajo arraigo nacional tras desestimarse prisión preventiva
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago impone medidas cautelares a los exuniformados investigados por su rol durante el estallido social de octubre de 2019, optando por arraigo nacional y firma quincenal.
En una decisión clave, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dictó este jueves medidas cautelares para Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, generales en retiro de Carabineros. Los tres exmandatarios de la institución están siendo investigados por delitos omisivos relacionados con la represión y apremios ilegítimos durante el estallido social de octubre de 2019.
Ante esto, la magistrada a cargo del caso determinó que, a pesar de la gravedad de los cargos, no era necesaria la prisión preventiva. En su lugar, los imputados deberán cumplir con un arraigo nacional y presentar firma quincenal ante la autoridad. Esta decisión ha generado reacciones mixtas en la opinión pública, dado el contexto de las acusaciones y la importancia de los hechos ocurridos durante las protestas.
La investigación continúa en curso, mientras la sociedad observa con atención el desarrollo de este caso que refleja las tensiones entre la justicia y las fuerzas del orden en un periodo marcado por la demanda de derechos humanos.



8 de enero de 2026
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Las patentes del vehículo eran falsificadas y tras revisar el registro en los vidrios, se verificó el encargo por robo. Los ocupantes mantenían antecedentes policiales.
El Concejo municipal aprobó de manera unánime el contrato para la primera parte del proyecto, que contempla cierre perimetral, instalación de nuevas oficinas y vigilancia las 24 horas.
La administración comunal descartó que la formulación de cargos signifique alguna sanción, mientras remarcaron que la situación es una de sus preocupaciones principales.
El diputado independiente lanzó la frase mientras hacía gestos con la mano en dirección a la diputada Gloria Naveillán, luego de un cruce de palabras con Johannes Kaiser.
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Gendarmería distribuyó a 93 reclusos por grave sobrepoblación penal en Atacama, mientras que 16 de ellos fueron trasladados hasta la Región de Antofagasta.
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