Milei anuncia fin del financiamiento estatal a sueldos de obispos católicos en Argentina
La asignación económica de 55.000 dólares al mes, basada en el artículo 2º de la Constitución argentina en apoyo al culto católico apostólico romano, fue eliminada a partir del 1º de enero en Argentina.
El Estado argentino dejó de pagar los sueldos mensuales de los obispos de la Iglesia católica, según anunció la jerarquía eclesiástica en un comunicado reciente. Esta decisión, que comenzó a gestarse en 2018 con la aprobación de la ley del aborto, fue confirmada por el portavoz presidencial Javier Milei, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa.
Adorni explicó que la Conferencia Episcopal argentina finalizó efectivamente la asignación mensual a través de la cual el Estado se hacía cargo de los salarios de algunos obispos y arzobispos. Según sus palabras, esta medida está alineada con los principios del actual Gobierno: austeridad en el gasto y defensa de la libertad religiosa. Adorni añadió que consideran que el Estado no debería otorgar un trato desigual entre diferentes religiones o cultos.
La asignación económica, valorada globalmente en unos 55.000 dólares al mes, dejó de aplicarse desde el pasado 1º de enero. Esta ayuda se basaba en lo establecido en el artículo 2º de la Constitución argentina, donde se menciona que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano".
Sin embargo, hace más de cinco años, durante el mandato del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), la Conferencia Episcopal Argentina mantuvo conversaciones con el gobierno para abordar este tema en medio del creciente reclamo político por una separación clara entre Iglesia y Estado. En ese momento acordaron que esta medida entraría en vigor al finalizar la Administración actual encabezada por Alberto Fernández (2019-2023).
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Trabajo remoto, menos vuelos y transporte público gratuito son parte del plan para enfrentar la crisis energética global que ya impacta los precios en Chile.
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Además se materializó la notificación de expulsión de un ciudadano colombiano; mientras que la detenida mantenía una orden de detención vigente por el delito de contrabando.
Una fiscalización constató que masas y hallullas en preparación que eran tapadas con naylon y lonas sucias; además de la presencia de mosquitos, polillas y telarañas.
La mujer fue detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses, quien llegó al CAN con lesiones y sin signos vitales.
Mientras se revisaba un proceso de licitación por cerca de $680 millones, el concejo fue interrumpido por la ausencia de algunos ediles quienes fueron vistos en una de las actividades del Presidente José Antonio Kast.
La detenida, mujer de nacionalidad chilena, pasará a control de detención durante esta jornada por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses.
La máxima autoridad del país se reunió con el presidente de Escondida | BHP, Alejandro Tapia, en el marco del ingreso del permiso ambiental del proyecto, que considera una inversión superior a US$5.000 millones.
El encuentro se realizó en el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), institución impulsada por Escondida que forma cada año a más de 33 mil personas en oficios críticos para la minería.
Asimismo, el mandatario aseguró que "la evaluación ambiental es parte
de la institucionalidad de Chile y el Gobierno la respeta y la hace respetar".
La menor habría ingresado sin signos vitales al Centro Asistencial Norte, donde pese a los intentos de reanimación, falleció en el recinto de salud.
Las clases fueron suspendidas este martes, pero apoderados aseguran que hasta este lunes, la instrucción de la CMDS era limpiar con cloro para continuar con las actividades.
El Gobernador Regional llamó al mandatorio a "escuchar sus propias palabras" tras su encuentro con la delegada presidencial Katherine López y el alcalde Sacha Razmilic.
