Fuga masiva en Haití: Más del 97% de los reclusos escapan de cárcel
En los alrededores de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, donde ocurrió el asalto, se encontraron los cuerpos de 10 reclusos, según fuentes locales.
En una escalada de violencia que azota a Haití, bandas armadas llevaron a cabo un ataque contra la mayor prisión civil del país el pasado sábado por la noche, permitiendo la fuga de más del 97% de los reclusos. Según informes de colectivos de derechos humanos y medios de prensa, de los 3.696 prisioneros, 3.597 lograron escapar, mientras que al menos una quincena de ellos perdieron la vida, reveló la agencia de noticias EFE.
En los alrededores de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, donde ocurrió el asalto, se encontraron los cuerpos de 10 reclusos, según fuentes locales. Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), describió la escena como una tragedia, destacando la presencia de numerosos cadáveres.
El gobierno haitiano, en un comunicado, indicó que el asalto dejó varios heridos entre los reclusos y el personal penitenciario. Se denunció el "desenfreno de criminales fuertemente armados" con el objetivo de liberar a detenidos, principalmente por delitos graves como secuestro y asesinato. La situación se ha vuelto aún más compleja con la violencia que se desató en Puerto Príncipe desde el jueves, con ataques coordinados de pandillas que buscan la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
La cifra de muertos tras los disturbios asciende a al menos una decena, con varios cuerpos presentando impactos de bala o proyectiles, según testigos y reporteros que han visitado la escena. La Penitenciaría Nacional, que antes del ataque albergaba cerca de 3.800 reclusos, ahora cuenta con apenas un centenar de presos.
Entre los que decidieron permanecer tras las rejas se encuentran los presuntos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moise, quienes enviaron mensajes relatando la angustiosa situación vivida durante el asalto. "No me volé porque no debo nada", declaró uno de los internos identificado como Francisco Eladio Uribe, exsoldado colombiano acusado de participar en el asesinato presidencial.
El gobierno de Colombia solicitó protección especial para los 17 ciudadanos suyos y planteó la posibilidad de trasladarlos a otra cárcel que ofrezca mayor seguridad. Mientras tanto, la capital haitiana sigue sumida en la violencia, con bandas bajo el lema "Vivir juntos" realizando ataques coordinados contra lugares estratégicos como la cárcel, el aeropuerto internacional y edificios policiales, provocando una crisis política, de seguridad y humanitaria.
31 de marzo de 2026
El imputado fue formalizado por los delitos de homicidio calificado consumado, homicidio calificado frustrado y una serie de incumplimientos a Ley de Control de Armas.



5 de noviembre de 2025
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21 de octubre de 2025
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Un estudiante de 15 años permanece en estado crítico en el Hospital Regional de Antofagasta, mientras una funcionaria evoluciona favorablemente en Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Lezaeta.
El recinto extendió su reconocimiento a las distintas unidades que operan en el establecimiento, destacando la eficacia de la Unidad de Urgencias y personal de salud mental.
PDI reúne pruebas para formalizar a estudiante de 18 años por homicidio calificado y tres frustrados tras el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que dejó una inspectora fallecida.
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La reducción de la jornada laboral continuará su aplicación gradual desde el 26 de abril. Sin embargo, la normativa contempla excepciones que dejarán fuera a algunos trabajadores.
Haydée Moya permanece internada en estado crítico en el Hospital del Cobre de Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, mientras la ciudad vive jornadas de duelo.
La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación, mientras tanto será trasladado a Antofagasta.
La decisión se adoptó tras solicitudes de parlamentarios, empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas, quienes pidieron aplazar el cobro ante el complejo escenario económico que enfrentan los hogares.
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Un estudiante de 18 años atacó a dos inspectoras y a tres compañeros de curso. Una de las funcionarias falleció y los cuatro se mantienen fuera de riesgo vital.


































































































