PDI realiza diligencias en oficinas de Serviu y Seremis de Vivienda en 8 regiones del país
Las indagaciones se centran en esclarecer los movimientos financieros y las posibles irregularidades en relación con los convenios suscritos entre el Minvu y fundaciones.
La Policía de Investigaciones llevó a cabo la mañana de este jueves una serie de diligencias simultáneas en diversas oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda en distintas capitales regionales del país. Este operativo se enmarca en el denominado "Caso Convenios", investigado por presuntos traspasos irregulares de recursos públicos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social.
La solicitud para llevar a cabo estas diligencias provino del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda, quien lidera la investigación en conjunto con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. Las indagaciones se centran en esclarecer los movimientos financieros y las posibles irregularidades en relación con los convenios suscritos entre el Minvu y las mencionadas fundaciones.
Alrededor de las 10:00 horas, equipos de funcionarios del Ministerio Público, en colaboración con personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, ingresaron a las dependencias gubernamentales en ciudades como Temuco, Valparaíso y La Serena, entre otras. Este despliegue abarcó ocho regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció sobre estas acciones, destacando que se trata de "visitas" para recabar información y no de allanamientos. Montes informó que se ha solicitado información específica, incluyendo un computador, relacionada con las actividades de las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social.
El secretario de Estado expresó que estas diligencias fueron iniciadas a raíz de inconsistencias detectadas durante investigaciones internas. Montes afirmó: "Descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y por eso hicimos la denuncia al Ministerio Público".
Además, Montes enfatizó el compromiso de su cartera con la transparencia y colaboración en la investigación: "Desde el primer momento, a todas las instituciones del Ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado".
El ministro concluyó señalando que entregó personalmente toda la información relevante poco después de que el caso se hiciera público en Antofagasta, subrayando la importancia de descubrir la verdad y sancionar a quienes hayan cometido delitos en este contexto.
8 de junio de 2026
El mandatorio entregó un discurso inaugural, donde destacó la importancia de la aprobación de la "Ley Miscelánea", para generar e impulsar inversiones como las que hay en el norte de Chile.
El recinto incorporó medidas para evitar el agua estancada, tras el hallazgo de diez focos del zancudo Aedes aegypti en el sector norte de Antofagasta.
Las cuatro grúas estaban avaluadas en más de $5.413 millones y su paradero estaba siendo investigado por el delito de apropiación indebida.
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Los recursos estarán destinados para el pago de remuneraciones, computación, reparaciones, perfeccionamiento y capacitación de los voluntarios de la institución.
El 48,2% de los trabajadores fiscalizados por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), resultaron con sus licencias médicas rechazadas por no cumplir con el reposo.
Ángel Valencia confirmó que el Ministerio Público apelará al sobreseimiento definitivo de Claudio Orrego y a la condena en costas que recibió el fiscal regional Juan Castro Bekios.
El ejercicio se realizará este jueves a las 11:00 horas en Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Taltal, incorporando nuevas evaluaciones en comercio, transporte y puertos.
La concesión contempla una ampliación hasta alcanzar 30.400 m², incorporación de 7 puentes de embarque, nuevas áreas de atención, sistemas automatizados de check-in, entre otros.
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La jefa comunal figura entre 15 alcaldes del país que no actualizaron su Declaración de Intereses y Patrimonio. Contraloría otorgó 10 días hábiles para regularizar la situación.
El contrato involucra una flota de 58 camiones, además de 8 de menor envergadura, más vehículos de apoyo y maquinaria pesada. Se extenderá por 5 años, con un costo mensual de $1.349.460.000
