Contraloría investigará uso de recursos de la Municipalidad por Festival de Antofagasta
Eventuales irregularidades en el uso de dineros traspasados a la Corporación Cultural para la versión 2023 del festival serán investigadas por el ente contralor.
Un documento firmado por la contralora regional, Claudia Neira, fue enviado este martes 27 de febrero al alcalde y presidente del directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, Jonathan Velásquez. En el cual señalan que la Contraloría decidió iniciar una investigación especial tanto en la Municipalidad como en la Corporación, sobre eventuales irregularidades en el uso de los recursos transferidos para la ejecución de actividades del "Festival de Antofagasta 2023".
Para llevar a cabo estas diligencias fueron designadas una fiscalizadora y supervisora, para quienes la Contraloría solicita habilitar una oficina junto con proporcionarles la información necesaria para el desempeño de sus labores.
Asimismo, piden al municipio designar un funcionario como contraparte para canalizar los requerimientos, los cuales deberán ser informados por medio de correo electrónico.
Ante el inicio de esta investigación, el concejal Luis Aguilera, manifestó "me siento satisfecho con que la entidad fiscalizadora se instale al interior del municipio para investigar porqué el alcalde y presidente de la Corporación Cultural de Antofagasta, rebajó de más de $500 millones de pesos a $100 millones en multa a una empresa que cometió muchas irregularidades en el desarrollo del evento y que posteriormente cambió esos $100 millones de multa, en cuatro actividades de las cuales sólo una se realizó el año pasado".
"Sigo pensando que este perdonazo que hizo el alcalde a la empresa productora del Festival de Antofagasta 2023, constituye delito y hoy será la Contraloría quien ratificará si este hecho corresponde a una falta administrativa o penal", sostuvo Aguilera.
El edil quien había realizado la denuncia de este hecho a Contraloría, además señaló que los antecedentes se encuentran en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público.
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1 de junio de 2026
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