Justicia levanta secreto bancario de gobernador del Biobío y su familia en investigación del Caso Convenios
El Juzgado de Garantía de Concepción ordenó el alzamiento del secreto bancario del gobernador Rodrigo Díaz y su familia, en medio de la investigación por fraude al fisco relacionada con la Fundación En Ti. El gobernador asegura que no tiene "nada que ocultar" y que entregará toda la información necesaria.
El Juzgado de Garantía de Concepción ha ordenado levantar el secreto bancario de las cuentas del gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), así como las de su esposa e hijos. Esta medida responde a una solicitud del Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco en el Caso Convenios, específicamente en la arista que involucra traspasos irregulares de fondos desde el Gobierno Regional a la Fundación En Ti. Una de las imputadas en este caso es Camila Polizzi.
Ante esto, la solicitud de alzamiento del secreto bancario fue presentada por la fiscal María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad del Biobío. La medida también afecta al administrador regional, Iván Valenzuela. En respuesta, el gobernador Díaz manifestó su disposición a colaborar con la justicia.
Asimismo, el gobernador Diaz señaló que "he tomado en conocimiento que la fiscal ha solicitado que las cuentas corrientes -cuenta de ahorro en el caso de mi hija pequeña- puedan ser conocidas y le hemos hecho llegar una autorización a la fiscal que instruye la causa para que conozca todos los antecedentes de mi señora y espero que en las próximas horas también lleguen de mis hijos debidamente firmados".
Así también, Rodrigo Díaz insistió en que no tiene "nada que ocultar" y expresó que, si se le hubiera solicitado voluntariamente, habría entregado la información sin problemas. "Cualquier antecedente que se quiera conocer, tanto mío o de mi familia, siempre, siempre va a estar disponible”, añadió el gobernador.
Finalmente, Díaz reiteró su compromiso con la transparencia durante todo el proceso de investigación. "He tenido esa conducta desde que partió este proceso, poniendo yo voluntariamente mis antecedentes bancarios a disposición y lo voy a seguir haciendo en cualquier cosa para contribuir a esclarecer la verdad sobre estos hechos", concluyó.
6 de marzo de 2026
Desde el establecimiento educacional, funcionarias denunciaron la presencia de ratones y fechas en el recinto, incluyendo el sector de comedores.



23 de febrero de 2026
5 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025
21 de octubre de 2025
5 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025
La normativa obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar cables en desuso del espacio público. Municipios, Subtel y compañías deberán coordinar su aplicación.
El sujeto, quien se encuentra en situación irregular en el país, fue detenido en un vehículo, donde transportaba cinco bolsos que contenían numerosos paquetes de marihuana.
Los locales no contaban con agua potable, los manipuladores de los alimentos no tenían acceso a servicios higiénicos y además, mantenían uñas largas y sucias.
Además, se registraron 30 denuncias por infracción a la Ley de Migraciones, mientras que el delito de robo de vehículos disminuyó en un 19%.
El siniestro consumió el tercer piso de una vivienda ubicada en Ignacio Carrera Pinto. Además de los damnificados, una adulta mayor resultó con quemaduras leves.
La situación se registró en el Centro de Detención Preventiva. Gendarmería instruyó una investigación interna y el sujeto involucrado fue trasladado a otra unidad penal.
El terminal aéreo Andrés Sabella fue entregado al MOP tras el fin de su concesión. La nueva administración ejecutará una ampliación que triplicará su superficie y sumará infraestructura.
La toma de razón del reglamento de los PROT permitirá a los gobiernos regionales planificar su territorio a largo plazo y definir zonas industriales, turísticas y de protección ambiental.
El proyecto que fue despachado al Senado, obliga a realizar test de alcohol y drogas a choferes del transporte de pasajeros, al inicio o término de sus jornadas.
El menor de edad fue condenado a 3 años y 1 día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, por ese robo y por otros tres donde tuvo participación.


























































































