Presentarán en 2024 proyecto para eliminar el CAE y condonar deudas
Según el subsecretario de Educación, Víctor Orellana, alrededor de un millón de individuos mantienen deudas vinculadas al CAE, con un total cercano a los dos millones que están inscritos en algún tipo de sistema crediticio.
En una reciente entrevista con radio ADN, el subsecretario de Educación, Víctor Orellana, dio a conocer detalles cruciales sobre un ambicioso proyecto de ley que pretende condonar parte de las deudas generadas por el Crédito con Aval del Estado (CAE). Además, el proyecto tiene como objetivo eliminar la deuda bancaria como instrumento de política pública.
Según Orellana, se estima que alrededor de un millón de personas tienen deudas relacionadas con el CAE, y en total, cerca de dos millones de individuos están involucrados en algún sistema de crédito, abarcando tanto a estudiantes como a aquellos que ya se encuentran en etapa de pago. El subsecretario anunció que el proyecto se presentará durante la primera parte del próximo año, coincidiendo con el ejercicio presupuestario, que también incluirá un plan integral de condonación.
Orellana destacó la urgencia de poner fin a la política de financiamiento en la Educación Superior, argumentando que no actuar en este sentido podría resultar en un desembolso significativo de recursos públicos debido a la ejecución de garantías estatales asociadas al crédito. En palabras del subsecretario, "actuar nos permitirá evitar ese desembolso, y cambiar el CAE, incluso con un plan de condonación, resulta en el medio y largo plazo más barato que no hacerlo".
El funcionario detalló que la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric busca poner fin a la deuda bancaria para los actuales beneficiarios y para las futuras generaciones. La medida, según Orellana, mejorará la situación de todos, pero lo hará de manera progresiva y justa, reconociendo la diversidad de situaciones. Afirmó que, aunque la deuda bancaria se eliminará para todos, la progresión beneficiará de manera diferenciada a las personas según sus necesidades.
Por último, Orellana reafirmó el compromiso del Gobierno de condonar la deuda del CAE, no solo como un cumplimiento de la promesa de campaña, sino como una necesidad imperante para el adecuado funcionamiento de la educación superior en el país.
11 de agosto de 2026
La víctima, una joven de 21 años, se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Antofagasta tras ser atropellada en la vía pública.



La Seremi de Salud detectó que en 9 de 11 fiscalizaciones a locales de venta de juguetes se incumplía la normativa vigente en materia de seguridad y etiquetado.
La justicia rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa, al no existir aún un informe favorable de Gendarmería, requisito clave para evaluar la libertad vigilada intensiva.
Los casos corresponden a la ballena jorobada que fue encontrada con una red de pesca en Hornitos, mientras que la otra corresponde a un lobo marino que apareció con heridas atribuibles a la acción humana.
Se dispondrán de horarios de dos funcionamiento; hasta las 4:00 de la madrugada para locales de sectores ubicados fuera de la ciudad y hasta la 01:00 horas en zonas residenciales.
Se constataron una serie de deficiencias como falta de operadores con certificación; fugas y corrosión en tuberías; y filtraciones activas en líneas de agua.
La imputada ofrecía obtener departamentos mediante gestiones especiales a cambio de dinero. Utilizaba documentos falsos y aseguraba tener apoyo de una supuesta funcionaria de Serviu.
Dirigente del TransAntofagasta acusa fallas en la validación de tarjetas, perjuicios a usuarios y conductores, y pide restablecer temporalmente el pago en efectivo.
El servicio ofició a la empresa tras recibir casi 40 reclamos por parte de los usuarios, quienes acusan cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones que no reconocen.
Los establecimientos quedaron entre los resultados más bajos en el ranking de gestión elaborado por el Ministerio de Salud, donde fueron evaluados 62 hospitales a nivel nacional.
La nueva infraestructura, diseñada bajo los estándares de la Ley de Accesibilidad Universal, incorpora una rampa de 160 metros, espacios de descanso y mobiliario urbano, promoviendo un acceso más inclusivo, seguro y equitativo para toda la comunidad universitaria.

















































































