Royalty Minero: Más de 93 mil millones de pesos beneficiarán a 307 comunas del país
Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones.
La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible.
Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país.
La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones.
De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras.
Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso.
Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.
el jueves pasado a las 18:33
el jueves pasado a las 18:33
1 de abril de 2026
Norma publicada en el Diario Oficial permitirá a colegios usar detectores de metales y otras medidas preventivas para reforzar la seguridad y la convivencia en las comunidades educativas.
5 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025
21 de octubre de 2025
5 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025
La Delegada Presidencial de Antofagasta, Katherine López, sería una de las seis autoridades de gobierno que registran deudas por el Fondo Solidario del Crédito Universitario.
Pese a que el local se encontraba cerrado, las autoridades levantaron un acta con las medidas y además, decretaron prohibición de funcionamiento de otro restaurante en el sector.
La universidad debía financiar los servicios básicos del edificio donde actualmente funciona el Hospital Clínico, pero el Servicio de Salud sigue pagando los gastos desde 2018.
La manifestación convocó a distintos profesionales de la educación y fue convocada en respuesta al homicidio de la inspectora María Victoria Reyes, ocurrido en Calama.
El altercado se registró en las afueras de un local nocturno ubicado en la esquina de las calles Esmeralda con José Antonio Moreno de la comuna.
Un estudiante de 15 años permanece en estado crítico en el Hospital Regional de Antofagasta, mientras una funcionaria evoluciona favorablemente en Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Lezaeta.
El recinto extendió su reconocimiento a las distintas unidades que operan en el establecimiento, destacando la eficacia de la Unidad de Urgencias y personal de salud mental.
PDI reúne pruebas para formalizar a estudiante de 18 años por homicidio calificado y tres frustrados tras el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que dejó una inspectora fallecida.
La reducción de la jornada laboral continuará su aplicación gradual desde el 26 de abril. Sin embargo, la normativa contempla excepciones que dejarán fuera a algunos trabajadores.
Haydée Moya permanece internada en estado crítico en el Hospital del Cobre de Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, mientras la ciudad vive jornadas de duelo.
