Diputados debaten proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza y nuevo Ministerio de Seguridad
Uno de los puntos de controversia durante el debate ha sido la inclusión de una norma que otorga atribuciones a la justicia militar en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza.
En una sesión especial convocada este viernes por la tarde, la Sala de la Cámara de Diputados comenzó el debate sobre el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la iniciativa que establece la creación del nuevo Ministerio de Seguridad. Esta discusión surge tras un acuerdo alcanzado entre partidos de diferentes sectores políticos para desbloquear la agenda de seguridad del país.
El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, fue sometido a votación de indicaciones hasta su total despacho durante la jornada del jueves, a pesar de las objeciones iniciales del Frente Amplio.
Por otro lado, la oposición se comprometió a avanzar en la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, citando a las comisiones correspondientes este viernes. Sin embargo, la comisión de Hacienda puso en suspenso el envío del proyecto a la Sala, generando incertidumbre en su avance.
Uno de los puntos de controversia durante el debate ha sido la inclusión de una norma que otorga atribuciones a la justicia militar en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza. Esta indicación fue aprobada en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, generando opiniones encontradas entre los legisladores.
Desde el oficialismo, se argumentó a favor de esta medida, destacando la importancia de brindar garantías y protección al personal militar en situaciones de conflicto. En contraste, desde la oposición se cuestionó esta inclusión, señalando que desvirtúa el proyecto original y pone en riesgo los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, presente en la sesión, expresó la posición del Ejecutivo, enfatizando la necesidad de mantener el texto original del proyecto y rechazando la inclusión de normas relativas a la competencia de tribunales militares. Además, advirtió que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional si se aprueban modificaciones que no estén alineadas con las ideas matrices del proyecto.
30 de julio de 2026
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