El dispositivo conocido comercialmente como “taser” corresponde a un arma de menor letalidad diseñada para inmovilizar temporalmente a una persona mediante la descarga eléctrica que transmiten los dardos que dispara. Su incorporación al equipamiento de Carabineros comienza finalmente a materializarse luego de que en agosto el Gobierno entregara la autorización oficial, tras meses de retrasos marcados por trámites administrativos y la reorganización institucional asociada a la creación del Ministerio de Seguridad. El modelo escogido corresponde a pistolas DATE, de última generación, con un costo cercano a los $5 millones cada una. El plan contempla además una etapa de capacitación previa para el personal, buscando garantizar un uso adecuado. El piloto tendría como foco principal la atención de casos de violencia intrafamiliar (VIF) y podría implementarse antes de fin de 2025. La cronología del proceso indica que el 18 de agosto Carabineros ingresó una solicitud formal a la Subsecretaría de Seguridad Pública para usar Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT). La respuesta positiva llegó al viernes siguiente, lo que dio paso a iniciar gestiones de compra y preparación operativa. Cabe recordar que la institución ya contaba con un protocolo desde febrero, firmado por el general inspector Enrique Monrás, que establece normas de porte, uso y mantenimiento. El tema también ha sido debatido en la Unidad Consultiva para la reforma de Carabineros, donde incluso se adelantó que su utilización no se restringirá solo a VIF, sino que podrá aplicarse en el plan cuadrante y otras tareas preventivas. Con esta autorización, el proceso de implementación avanza a su etapa decisiva.
Una grave crisis interna afecta a la Subsecretaría de Seguridad Pública, organismo técnico creado el 1 de abril de este año tras la entrada en vigencia de la Ley 21.730. La reciente divulgación de millonarios sueldos asignados a algunas jefaturas de la repartición en la Región Metropolitana encendió la indignación entre funcionarios de todo el país, quienes acusan severas condiciones de precariedad que impiden garantizar el funcionamiento básico del servicio. La Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría (AFUNSEG) envió una carta al subsecretario Rafael Collado el pasado 18 de julio, donde denuncian una serie de problemáticas, entre ellas la indefinición de funciones, duplicidad de tareas, escasez de recursos básicos, falta de oficinas, carencia de insumos y altos niveles de estrés laboral. “La situación es insostenible. Mientras se conocen sueldos millonarios en algunos cargos, en regiones trabajamos sin oficinas ni recursos mínimos para implementar planes de seguridad pública”, señalaron desde AFUNSEG. El contraste entre las remuneraciones de ciertas jefaturas y las deficientes condiciones de trabajo ha profundizado el malestar entre el personal. La falta de infraestructura y presupuesto ha impedido el traspaso efectivo de funciones desde el Ministerio del Interior, afectando gravemente la coordinación con los servicios territoriales y la ejecución de los planes de prevención del delito comprometidos por la nueva institucionalidad. Desde la Subsecretaría aseguran que no hubo período de marcha blanca tras la creación del organismo, y que actualmente se trabaja junto a las asociaciones de funcionarios para normalizar las operaciones. También indicaron que se espera habilitar las oficinas regionales durante el transcurso del año. Respecto a las remuneraciones, la entidad desmintió que existan sueldos superiores al del ministro, salvo el del propio subsecretario. Sin embargo, los funcionarios insisten en que la desigualdad interna y la falta de condiciones mínimas ponen en riesgo el cumplimiento de una de las políticas públicas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad.
El dispositivo conocido comercialmente como “taser” corresponde a un arma de menor letalidad diseñada para inmovilizar temporalmente a una persona mediante la descarga eléctrica que transmiten los dardos que dispara. Su incorporación al equipamiento de Carabineros comienza finalmente a materializarse luego de que en agosto el Gobierno entregara la autorización oficial, tras meses de retrasos marcados por trámites administrativos y la reorganización institucional asociada a la creación del Ministerio de Seguridad. El modelo escogido corresponde a pistolas DATE, de última generación, con un costo cercano a los $5 millones cada una. El plan contempla además una etapa de capacitación previa para el personal, buscando garantizar un uso adecuado. El piloto tendría como foco principal la atención de casos de violencia intrafamiliar (VIF) y podría implementarse antes de fin de 2025. La cronología del proceso indica que el 18 de agosto Carabineros ingresó una solicitud formal a la Subsecretaría de Seguridad Pública para usar Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT). La respuesta positiva llegó al viernes siguiente, lo que dio paso a iniciar gestiones de compra y preparación operativa. Cabe recordar que la institución ya contaba con un protocolo desde febrero, firmado por el general inspector Enrique Monrás, que establece normas de porte, uso y mantenimiento. El tema también ha sido debatido en la Unidad Consultiva para la reforma de Carabineros, donde incluso se adelantó que su utilización no se restringirá solo a VIF, sino que podrá aplicarse en el plan cuadrante y otras tareas preventivas. Con esta autorización, el proceso de implementación avanza a su etapa decisiva.
Una grave crisis interna afecta a la Subsecretaría de Seguridad Pública, organismo técnico creado el 1 de abril de este año tras la entrada en vigencia de la Ley 21.730. La reciente divulgación de millonarios sueldos asignados a algunas jefaturas de la repartición en la Región Metropolitana encendió la indignación entre funcionarios de todo el país, quienes acusan severas condiciones de precariedad que impiden garantizar el funcionamiento básico del servicio. La Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría (AFUNSEG) envió una carta al subsecretario Rafael Collado el pasado 18 de julio, donde denuncian una serie de problemáticas, entre ellas la indefinición de funciones, duplicidad de tareas, escasez de recursos básicos, falta de oficinas, carencia de insumos y altos niveles de estrés laboral. “La situación es insostenible. Mientras se conocen sueldos millonarios en algunos cargos, en regiones trabajamos sin oficinas ni recursos mínimos para implementar planes de seguridad pública”, señalaron desde AFUNSEG. El contraste entre las remuneraciones de ciertas jefaturas y las deficientes condiciones de trabajo ha profundizado el malestar entre el personal. La falta de infraestructura y presupuesto ha impedido el traspaso efectivo de funciones desde el Ministerio del Interior, afectando gravemente la coordinación con los servicios territoriales y la ejecución de los planes de prevención del delito comprometidos por la nueva institucionalidad. Desde la Subsecretaría aseguran que no hubo período de marcha blanca tras la creación del organismo, y que actualmente se trabaja junto a las asociaciones de funcionarios para normalizar las operaciones. También indicaron que se espera habilitar las oficinas regionales durante el transcurso del año. Respecto a las remuneraciones, la entidad desmintió que existan sueldos superiores al del ministro, salvo el del propio subsecretario. Sin embargo, los funcionarios insisten en que la desigualdad interna y la falta de condiciones mínimas ponen en riesgo el cumplimiento de una de las políticas públicas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad.
