Ratifican condena de seis años de cárcel para la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández
La pena, que también incluye las costas del proceso y accesorias legales, había sido dictada en primera instancia en 2022, y ahora fue confirmada por el tribunal superior.
Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación política perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta. La exmandataria fue considerada responsable de haber perjudicado a la administración pública durante su gobierno, específicamente en la adjudicación de obras viales entre 2007 y 2015.
La pena, que también incluye las costas del proceso y accesorias legales, había sido dictada en primera instancia en 2022, y ahora fue confirmada por el tribunal superior. No obstante, Cristina Fernández no cumplirá la condena hasta que la Corte Suprema resuelva de manera definitiva la apelación que, según se espera, presentarán sus abogados o la Fiscalía. Mientras tanto, podrá seguir ejerciendo cargos públicos.
El fallo no sorprendió a la exmandataria, quien había anticipado en una carta publicada el día anterior que este juicio "empezó como un show y terminará de la misma manera". En el escrito, también hizo referencia a su percepción de que el objetivo del proceso judicial es proscribirla de por vida.
Fernández, de 71 años, ocupó la presidencia de Argentina en dos periodos, de 2007 a 2015, y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023. La "Causa Vialidad" sigue siendo un tema controversial en el país, con fuertes reacciones tanto a favor como en contra de la sentencia.
8 de mayo de 2026
La denuncia solicita investigar la relación del seremi Pablo Pomareda con el "Café del Desierto", ante una eventual promoción comercial mediante el uso de su imagen pública.








Las jornadas se realizarán durante todo mayo en distintos puntos, entre las 09:00 y las 12:00 horas, donde los animales deben estar sanos y ser mayores de 3 meses.
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El tribunal constató el actuar ilegal y arbitrario del Hospital de Antofagasta y Fonasa, al denegar la adquisición del medicamento por no figurar en listados de prestaciones.
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