La petición de 392 años de presidio se suma a la reciente solicitud de 527 años para otra facción de la misma banda que operaba en Antofagasta, demostrando un contundente accionar del Ministerio Público contra esta organización criminal. La investigación, llevada a cabo en conjunto con Carabineros y la PDI, reveló el modus operandi de “Los Piratas”, quienes se especializaban en secuestros extorsivos. La banda retenía a sus víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros, en inmuebles que denominaban “neveras”, ubicados dentro y fuera de Calama. Para presionar a los familiares, los delincuentes enviaban fotografías y realizaban videollamadas, amenazando con dañar o incluso asesinar a los secuestrados si no se pagaba el rescate. Según la Fiscalía, al menos cuatro de estos secuestros se registraron en diciembre de 2023. Además, los secuestradores solían obligar a las víctimas a unirse a la organización o a pagar “vacunas” o mensualidades indefinidas a cambio de una supuesta protección. La investigación también desveló que la agrupación estaba involucrada en el tráfico de drogas y en el robo de vehículos. Para el líder de la banda se piden 66 años de cárcel, mientras que para los demás integrantes las penas van desde los 54 a 56 años. Finalmente, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, resaltó la importancia de este operativo para desarticular la estructura criminal que se había establecido en la zona.Estamos dando un golpe muy importante a una estructura criminal que se había establecido en nuestra región, cometiendo todo tipo de atroces crímenes, afirmó. En las próximas semanas se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, donde se presentarán las pruebas que la Fiscalía usará para llevar a los delincuentes a la justicia.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado un total de 527 años de cárcel para siete ciudadanos venezolanos, presuntos miembros de una facción de la banda criminal conocida como Tren de Aragua. Esta solicitud marca un hito en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región debido a la gravedad de los delitos imputados, que incluyen un doble secuestro con homicidio en La Rinconada y un homicidio frustrado en playa El Lenguado. La organización, identificada como “Los Piratas”, fue desarticulada en mayo de 2024 tras un operativo liderado por la Fiscalía y Carabineros en el campamento Cerro Bonito, su centro de operaciones. Según la investigación, los acusados operaban bajo una estructura jerárquica con roles específicos, dedicándose a actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de drogas y robos violentos conocidos como mexicanas. Entre los crímenes más graves que se les atribuyen destaca el secuestro y posterior asesinato de dos víctimas bolivianas, quienes fueron torturadas y luego ejecutadas a sangre fría. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, enfatizó elalto nivel de violencia que la banda ejercía sobre sus víctimas y rivales, así como elalto poder de fuego que poseían, incluyendo armamento, municiones, una granada y explosivos. Finalmente, la acusación formal del Ministerio Público imputa a los siete detenidos una serie de delitos, entre ellos asociación criminal, homicidio consumado, doble secuestro con homicidio y tráfico de drogas. Las penas individuales solicitadas oscilan entre 66 y 86 años, totalizando los 527 años de prisión para el grupo. La preparación del juicio oral ya ha comenzado y se espera que el proceso inicie en los próximos meses.
Un funcionario público, quien se desempeñaba como Jefe de Turno Rescatista de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto El Loa, fue puesto en prisión preventiva tras ser vinculado con el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de origen venezolano. En su poder se encontró armamento y sustancias ilícitas, además de hallarse más armas en una vivienda fiscal donde residía, lo que encendió alertas sobre la infiltración del crimen organizado en organismos del Estado. El diputado por la región de Antofagasta, Sebastián Videla, calificó el hecho como grave y solicitó una investigación a fondo, incluso con la creación de una comisión investigadora. Además, exigió el traslado inmediato de todos los funcionarios que trabajaban junto al imputado y pidió una reunión urgente con el Director Nacional de la DGAC para esclarecer responsabilidades. “Esto demuestra que el Tren de Aragua está inserto en el Estado y debemos erradicarlo de raíz. Calama no merece vivir bajo la delincuencia, caiga quien caiga”, declaró. Videla también pidió un listado completo del personal relacionado al funcionario investigado para revisar sus antecedentes y descartar eventuales nexos con redes criminales. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad loína, dado que involucra directamente a un servicio estratégico para la seguridad aeroportuaria del país. Desde el Congreso, el parlamentario adelantó que seguirá fiscalizando y presionando por medidas concretas para frenar el avance del crimen organizado en la región.
La decisión de la justicia colombiana fue valorada por el Ministerio Público de Chile, que ha liderado la investigación contra esta peligrosa banda criminal transnacional. Álvarez Núñez es acusado de haber dirigido desde el extranjero las operaciones de una de las células del Tren de Aragua en Chile, dando instrucciones para el envío de drogas y coordinando la logística y las finanzas de la organización. Ante esto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la importancia de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.La persecución penal del crimen organizado requiere coordinación efectiva entre los Estados, señaló Valencia, y añadió que la decisión de Colombia es unaseñal clara de que no hay impunidad para quienes amenazan la seguridad pública. Finalmente,Larry Changa será extraditado para enfrentar la justicia chilena, en un proceso que ha sido calificado como un paso crucial en la lucha contra la expansión del Tren de Aragua en la región. La Fiscalía Regional de Tarapacá, a cargo del caso, ha recabado antecedentes que lo sitúan como una figura clave en la jerarquía de la banda, que ha sembrado el terror en varios países de Sudamérica.
La Policía de Investigaciones (PDI) ha revelado la verdadera identidad del sicario venezolano que fue liberado por error la semana pasada, confirmando que su nombre no es Osmar Ferrer, sino Alberto Carlos Mejía Hernández, nacido el 8 de septiembre de 2006. Mejía Hernández, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia, está vinculado a la temida organización criminal internacionalTren de Aragua y era el principal imputado por el homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como 'El Rey de Meiggs'. Ante esto, Carabineros explicó que, al momento de su detención, el sujeto se había identificado en todas las instancias como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, incluyendo registros en la conserjería del edificio donde residía y ante personas que lo conocían. Sin embargo, el análisis de sus huellas dactilares enviadas a Interpol por la PDI permitió establecer su identidad real. Asimismo, la liberación del sicario el pasado 10 de julio, menos de 24 horas después de su formalización y de haber quedado en prisión preventiva, generó controversia. El Ministerio Público informó que se debió a una orden judicial. El Poder Judicial, por su parte, detalló que el 8° Juzgado de Garantía emitió una primera orden de ingreso a prisión preventiva, la cual fue dejada sin efecto minutos después para corregir problemas con la identificación del imputado, emitiendo una nueva orden con los datos correctos. Finalmente, se enviaron dos correos electrónicos a Gendarmería informando estas resoluciones, aunque la liberación se concretó. Las autoridades han descartado inicialmente una vulneración a la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial. Carlos Mejía Hernández, quien tiene un tatuaje del dios Zeus en el dorso de su mano derecha, es activamente buscado por la policía.
La petición de 392 años de presidio se suma a la reciente solicitud de 527 años para otra facción de la misma banda que operaba en Antofagasta, demostrando un contundente accionar del Ministerio Público contra esta organización criminal. La investigación, llevada a cabo en conjunto con Carabineros y la PDI, reveló el modus operandi de “Los Piratas”, quienes se especializaban en secuestros extorsivos. La banda retenía a sus víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros, en inmuebles que denominaban “neveras”, ubicados dentro y fuera de Calama. Para presionar a los familiares, los delincuentes enviaban fotografías y realizaban videollamadas, amenazando con dañar o incluso asesinar a los secuestrados si no se pagaba el rescate. Según la Fiscalía, al menos cuatro de estos secuestros se registraron en diciembre de 2023. Además, los secuestradores solían obligar a las víctimas a unirse a la organización o a pagar “vacunas” o mensualidades indefinidas a cambio de una supuesta protección. La investigación también desveló que la agrupación estaba involucrada en el tráfico de drogas y en el robo de vehículos. Para el líder de la banda se piden 66 años de cárcel, mientras que para los demás integrantes las penas van desde los 54 a 56 años. Finalmente, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, resaltó la importancia de este operativo para desarticular la estructura criminal que se había establecido en la zona.Estamos dando un golpe muy importante a una estructura criminal que se había establecido en nuestra región, cometiendo todo tipo de atroces crímenes, afirmó. En las próximas semanas se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, donde se presentarán las pruebas que la Fiscalía usará para llevar a los delincuentes a la justicia.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado un total de 527 años de cárcel para siete ciudadanos venezolanos, presuntos miembros de una facción de la banda criminal conocida como Tren de Aragua. Esta solicitud marca un hito en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región debido a la gravedad de los delitos imputados, que incluyen un doble secuestro con homicidio en La Rinconada y un homicidio frustrado en playa El Lenguado. La organización, identificada como “Los Piratas”, fue desarticulada en mayo de 2024 tras un operativo liderado por la Fiscalía y Carabineros en el campamento Cerro Bonito, su centro de operaciones. Según la investigación, los acusados operaban bajo una estructura jerárquica con roles específicos, dedicándose a actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de drogas y robos violentos conocidos como mexicanas. Entre los crímenes más graves que se les atribuyen destaca el secuestro y posterior asesinato de dos víctimas bolivianas, quienes fueron torturadas y luego ejecutadas a sangre fría. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, enfatizó elalto nivel de violencia que la banda ejercía sobre sus víctimas y rivales, así como elalto poder de fuego que poseían, incluyendo armamento, municiones, una granada y explosivos. Finalmente, la acusación formal del Ministerio Público imputa a los siete detenidos una serie de delitos, entre ellos asociación criminal, homicidio consumado, doble secuestro con homicidio y tráfico de drogas. Las penas individuales solicitadas oscilan entre 66 y 86 años, totalizando los 527 años de prisión para el grupo. La preparación del juicio oral ya ha comenzado y se espera que el proceso inicie en los próximos meses.
Un funcionario público, quien se desempeñaba como Jefe de Turno Rescatista de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto El Loa, fue puesto en prisión preventiva tras ser vinculado con el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de origen venezolano. En su poder se encontró armamento y sustancias ilícitas, además de hallarse más armas en una vivienda fiscal donde residía, lo que encendió alertas sobre la infiltración del crimen organizado en organismos del Estado. El diputado por la región de Antofagasta, Sebastián Videla, calificó el hecho como grave y solicitó una investigación a fondo, incluso con la creación de una comisión investigadora. Además, exigió el traslado inmediato de todos los funcionarios que trabajaban junto al imputado y pidió una reunión urgente con el Director Nacional de la DGAC para esclarecer responsabilidades. “Esto demuestra que el Tren de Aragua está inserto en el Estado y debemos erradicarlo de raíz. Calama no merece vivir bajo la delincuencia, caiga quien caiga”, declaró. Videla también pidió un listado completo del personal relacionado al funcionario investigado para revisar sus antecedentes y descartar eventuales nexos con redes criminales. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad loína, dado que involucra directamente a un servicio estratégico para la seguridad aeroportuaria del país. Desde el Congreso, el parlamentario adelantó que seguirá fiscalizando y presionando por medidas concretas para frenar el avance del crimen organizado en la región.
La decisión de la justicia colombiana fue valorada por el Ministerio Público de Chile, que ha liderado la investigación contra esta peligrosa banda criminal transnacional. Álvarez Núñez es acusado de haber dirigido desde el extranjero las operaciones de una de las células del Tren de Aragua en Chile, dando instrucciones para el envío de drogas y coordinando la logística y las finanzas de la organización. Ante esto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la importancia de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.La persecución penal del crimen organizado requiere coordinación efectiva entre los Estados, señaló Valencia, y añadió que la decisión de Colombia es unaseñal clara de que no hay impunidad para quienes amenazan la seguridad pública. Finalmente,Larry Changa será extraditado para enfrentar la justicia chilena, en un proceso que ha sido calificado como un paso crucial en la lucha contra la expansión del Tren de Aragua en la región. La Fiscalía Regional de Tarapacá, a cargo del caso, ha recabado antecedentes que lo sitúan como una figura clave en la jerarquía de la banda, que ha sembrado el terror en varios países de Sudamérica.
La Policía de Investigaciones (PDI) ha revelado la verdadera identidad del sicario venezolano que fue liberado por error la semana pasada, confirmando que su nombre no es Osmar Ferrer, sino Alberto Carlos Mejía Hernández, nacido el 8 de septiembre de 2006. Mejía Hernández, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia, está vinculado a la temida organización criminal internacionalTren de Aragua y era el principal imputado por el homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como 'El Rey de Meiggs'. Ante esto, Carabineros explicó que, al momento de su detención, el sujeto se había identificado en todas las instancias como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, incluyendo registros en la conserjería del edificio donde residía y ante personas que lo conocían. Sin embargo, el análisis de sus huellas dactilares enviadas a Interpol por la PDI permitió establecer su identidad real. Asimismo, la liberación del sicario el pasado 10 de julio, menos de 24 horas después de su formalización y de haber quedado en prisión preventiva, generó controversia. El Ministerio Público informó que se debió a una orden judicial. El Poder Judicial, por su parte, detalló que el 8° Juzgado de Garantía emitió una primera orden de ingreso a prisión preventiva, la cual fue dejada sin efecto minutos después para corregir problemas con la identificación del imputado, emitiendo una nueva orden con los datos correctos. Finalmente, se enviaron dos correos electrónicos a Gendarmería informando estas resoluciones, aunque la liberación se concretó. Las autoridades han descartado inicialmente una vulneración a la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial. Carlos Mejía Hernández, quien tiene un tatuaje del dios Zeus en el dorso de su mano derecha, es activamente buscado por la policía.
