La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del estudiante de 18 años, quien protagonizó el ataque en el Instituto Obispo Silva de Calama el pasado 27 de marzo, el que resultó con una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas, tres de ellos estudiantes. Esto, luego de que la defensa del estudiante H.C.M.L., imputado como autor del delito consumado de homicidio calificado y cuatro homicidios frustrados, presentara una acción judicial ante la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que pretendía la suspensión del procedimiento por la eventual inimputabilidad del sujeto, por enajenación mental. En este escenario, es que en fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó un error en la sentencia, por lo que finalmente fue rechazado el recurso interpuesto. No se advierte la existencia de unaafectación que le impida conocer al amparado el carácter de ilícito de sus actos,puesto que, los informes acompañados dan cuenta más bien de rasgos depersonalidad no constitutivos de enajenación mental, iniciaron. A lo anterior, el tribunal advierte además se debe considerar que los hechos que se le imputan al estudiante, consideran la planificación del ilícito. Dan cuenta de la existencia de una planificación previa y detallada del delito, así como la ponderación de las circunstancias favorables o adversas para el amparado. No obstante, pese a confirmar loa sentencia, se ordenó el desarrollo de un informe realizado por el Servicio Médico Legal, que de cuenta de las condiciones mentales del atacante. “Sin perjuicio de lo resuelto, se ordena que el Juzgado de Garantía disponga la realización de un informe pericial por el Servicio Médico Legal respecto de las facultades mentales del imputado”, sostiene.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de H.C.M.L., responsable del ataque perpetrado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, imputado por el Ministerio Público como autor de homicidio calificado y cuatro homicidios frustrados. La Segunda Sala del tribunal de alzada, en fallo unánime, no dio lugar a la acción constitucional, puesto que los ministros consideraron que el sujeto se encuentra privado de libertad por resolución adoptada por tribunal competente y con apego a la ley. “La acción constitucional deducida a favor del amparado carece de la idoneidad propia de una acción de esta naturaleza, tanto porque las infracciones que se denuncian no se vinculan con los presupuestos fácticos que la hacen procedente, cuanto porque el amparado no se encuentra arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes ni sufre ilegalmente otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual”, remarca el fallo. En tanto, el fallo también confirmó la resolución que desestimó la petición de decretar la suspensión del procedimiento por enajenación mental del sujeto; pues la defensa solicitaba que mientras no se reciba el informe psiquiátrico del acusado, fuera el proceso se mantuviera en pausa. La norma no exige certeza de inimputabilidad para suspender el procedimiento, sino antecedentes ‘calificados’ que permitan presumirla fundadamente, por lo que corresponde que el juez resuelva con los antecedentes introducidos en la audiencia respectiva, en términos de imparcialidad y racionalidad decisoria, siendo la propia suspensión un instrumento para obtener el informe psiquiátrico que despeje el punto controvertido”, explica el fallo. Y luego agrega que: “En consecuencia y como ya fuera anunciado, el control de legalidad de esta Corte consiste en verificar si la jueza recurrida aplicó el estándar normativo pertinente y si la conclusión negativa se apoya en razones objetivas y comprensibles, descartando arbitrariedad”. En este escenario, el imputado se mantiene con la medida cautelar de prisión preventiva, durante los 180 días en los que se extiende la investigación.
Tras el ataque que resultó con el fallecimiento de una inspectora del establecimiento, el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama prepara su retorno a las actividades, que está progr amado para iniciar el próximo lunes 20 de abril. Pese a que en una primera instancia el retorno iniciaría este jueves, desde el establecimiento confirmaron su postergación a través de un comunicado, confirmando que se realizará en tres etapas; el lunes 20 de abril ingresarán de 1º a 5º básico, el miércoles 22 corresponde a los cursos de 6º a 8º básico y finalmente, el viernes 24 será el turno de III a IV medio. Para el retorno, se realizó una nueva distribución del establecimiento, con una división de sectores entre enseñanza media y básica, los que harán su ingreso y salida por distintos portones del establecimiento, donde algunos niveles deberán ser acompañados por sus apoderados. Mientras que también se crearon credenciales para apoderados que retiran a los estudiantes de 1º a 3º básico. Además, desarrollaron una reorganización de inspectores, asistentes de la educación y otros profesionales, aumentando la dotación de inspectores de patio. Por otra parte, al menos durante el primer semestre, el recinto anunció que se suspenderán las actividades del “ Jeans Day ” y el “ Apadrinamiento ”. Incluso, fue creada la figura de Delegado de Buena Convivencia Escolar, figura que actuará como puente, ejerciendo mediación entre estudiantes y las autoridades educativas. En este escenario, el establecimiento educacional espera retomar sus actividades educativas, con una primera semana que tendrá un horario excepcional de 09:00 a 12:00 horas.
Durante este domingo, la asistente de la educación que resultó herida en el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, recibió el alta médica luego de 17 días de hospitalización. La información fue confirmada por el concejal de la comuna e hijo de la funcionaria, Inti Alavia, quien publicó un comunicado través de sus redes sociales. Como familia queremos comunicar, con profunda emoción, que nuestra madre, Haydée Moya Moya, ha sido dada de alta y hoy se encuentra en casa junto a nosotros, inició. Y luego agregó que: Hoy comienza una nueva etapa, con su proceso de recuperación y rehabilitación debido a la complejidad de las múltiples heridas físicas y psicológicas ocasionadas por lo vivido. Tras ello, además de agradecer las preocupaciones y muestras de cariño, el círculo de la funcionaria extendió sus agradecimientos al personal del Hospital del Cobre, donde se mantuvo hospitalizada desde el 27 de marzo. Finalmente, en el comunicado remarcaron el inicio de acciones legales por lo ocurrido. Inicia también nuestro camino para buscar justicia y trabajar para que en Chile nunca más vuelva a ocurrir una tragedia similar contra ningún trabajador o trabajadora de la educación, cerraron. En tanto, el atacante se mantiene en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que busca fortalecer la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar al interior de los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los sostenedores de colegios podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u objetos peligrosos en el ingreso de los recintos educacionales. Dentro de estas herramientas se encuentran los detectores de metales u otros dispositivos que permitan identificar elementos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. La medida cobra especial relevancia en el actual contexto, luego del grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años protagonizó un violento hecho con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, generando conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional. Tras ese hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para resguardar la seguridad en los establecimientos. En esa línea, señaló que será necesario avanzar en mecanismos de mayor control en el acceso a los colegios. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo el mandatario, agregando que algunas iniciativas se incorporarán en reglamentos y otras serán discutidas como proyectos de ley en el Congreso. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el ministerio ya trabaja en los reglamentos y orientaciones que acompañarán la implementación de la nueva ley, con el objetivo de que los establecimientos puedan avanzar en la aplicación de estas medidas de prevención. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la normativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos peligrosos, siempre que exista acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa. No obstante, la ley establece que estas medidas deberán aplicarse solo cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una acción proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos dentro del recinto educacional. La normativa también contempla otras medidas estructurales para mejorar la convivencia escolar. Entre ellas destaca la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con una vigencia de ocho años, que coordinará acciones junto a distintos ministerios, entre ellos Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género. Asimismo, se establece que todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con un coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y el acompañamiento a las comunidades educativas. La ley también incorpora la creación de un programa de bienestar socioemocional, orientado a apoyar a estudiantes y equipos educativos en materias de salud mental y convivencia. Esta iniciativa ya comenzó a implementarse de manera piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en una política integral que permita prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos más seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.
La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del estudiante de 18 años, quien protagonizó el ataque en el Instituto Obispo Silva de Calama el pasado 27 de marzo, el que resultó con una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas, tres de ellos estudiantes. Esto, luego de que la defensa del estudiante H.C.M.L., imputado como autor del delito consumado de homicidio calificado y cuatro homicidios frustrados, presentara una acción judicial ante la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que pretendía la suspensión del procedimiento por la eventual inimputabilidad del sujeto, por enajenación mental. En este escenario, es que en fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó un error en la sentencia, por lo que finalmente fue rechazado el recurso interpuesto. No se advierte la existencia de unaafectación que le impida conocer al amparado el carácter de ilícito de sus actos,puesto que, los informes acompañados dan cuenta más bien de rasgos depersonalidad no constitutivos de enajenación mental, iniciaron. A lo anterior, el tribunal advierte además se debe considerar que los hechos que se le imputan al estudiante, consideran la planificación del ilícito. Dan cuenta de la existencia de una planificación previa y detallada del delito, así como la ponderación de las circunstancias favorables o adversas para el amparado. No obstante, pese a confirmar loa sentencia, se ordenó el desarrollo de un informe realizado por el Servicio Médico Legal, que de cuenta de las condiciones mentales del atacante. “Sin perjuicio de lo resuelto, se ordena que el Juzgado de Garantía disponga la realización de un informe pericial por el Servicio Médico Legal respecto de las facultades mentales del imputado”, sostiene.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de H.C.M.L., responsable del ataque perpetrado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, imputado por el Ministerio Público como autor de homicidio calificado y cuatro homicidios frustrados. La Segunda Sala del tribunal de alzada, en fallo unánime, no dio lugar a la acción constitucional, puesto que los ministros consideraron que el sujeto se encuentra privado de libertad por resolución adoptada por tribunal competente y con apego a la ley. “La acción constitucional deducida a favor del amparado carece de la idoneidad propia de una acción de esta naturaleza, tanto porque las infracciones que se denuncian no se vinculan con los presupuestos fácticos que la hacen procedente, cuanto porque el amparado no se encuentra arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes ni sufre ilegalmente otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual”, remarca el fallo. En tanto, el fallo también confirmó la resolución que desestimó la petición de decretar la suspensión del procedimiento por enajenación mental del sujeto; pues la defensa solicitaba que mientras no se reciba el informe psiquiátrico del acusado, fuera el proceso se mantuviera en pausa. La norma no exige certeza de inimputabilidad para suspender el procedimiento, sino antecedentes ‘calificados’ que permitan presumirla fundadamente, por lo que corresponde que el juez resuelva con los antecedentes introducidos en la audiencia respectiva, en términos de imparcialidad y racionalidad decisoria, siendo la propia suspensión un instrumento para obtener el informe psiquiátrico que despeje el punto controvertido”, explica el fallo. Y luego agrega que: “En consecuencia y como ya fuera anunciado, el control de legalidad de esta Corte consiste en verificar si la jueza recurrida aplicó el estándar normativo pertinente y si la conclusión negativa se apoya en razones objetivas y comprensibles, descartando arbitrariedad”. En este escenario, el imputado se mantiene con la medida cautelar de prisión preventiva, durante los 180 días en los que se extiende la investigación.
Tras el ataque que resultó con el fallecimiento de una inspectora del establecimiento, el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama prepara su retorno a las actividades, que está progr amado para iniciar el próximo lunes 20 de abril. Pese a que en una primera instancia el retorno iniciaría este jueves, desde el establecimiento confirmaron su postergación a través de un comunicado, confirmando que se realizará en tres etapas; el lunes 20 de abril ingresarán de 1º a 5º básico, el miércoles 22 corresponde a los cursos de 6º a 8º básico y finalmente, el viernes 24 será el turno de III a IV medio. Para el retorno, se realizó una nueva distribución del establecimiento, con una división de sectores entre enseñanza media y básica, los que harán su ingreso y salida por distintos portones del establecimiento, donde algunos niveles deberán ser acompañados por sus apoderados. Mientras que también se crearon credenciales para apoderados que retiran a los estudiantes de 1º a 3º básico. Además, desarrollaron una reorganización de inspectores, asistentes de la educación y otros profesionales, aumentando la dotación de inspectores de patio. Por otra parte, al menos durante el primer semestre, el recinto anunció que se suspenderán las actividades del “ Jeans Day ” y el “ Apadrinamiento ”. Incluso, fue creada la figura de Delegado de Buena Convivencia Escolar, figura que actuará como puente, ejerciendo mediación entre estudiantes y las autoridades educativas. En este escenario, el establecimiento educacional espera retomar sus actividades educativas, con una primera semana que tendrá un horario excepcional de 09:00 a 12:00 horas.
Durante este domingo, la asistente de la educación que resultó herida en el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, recibió el alta médica luego de 17 días de hospitalización. La información fue confirmada por el concejal de la comuna e hijo de la funcionaria, Inti Alavia, quien publicó un comunicado través de sus redes sociales. Como familia queremos comunicar, con profunda emoción, que nuestra madre, Haydée Moya Moya, ha sido dada de alta y hoy se encuentra en casa junto a nosotros, inició. Y luego agregó que: Hoy comienza una nueva etapa, con su proceso de recuperación y rehabilitación debido a la complejidad de las múltiples heridas físicas y psicológicas ocasionadas por lo vivido. Tras ello, además de agradecer las preocupaciones y muestras de cariño, el círculo de la funcionaria extendió sus agradecimientos al personal del Hospital del Cobre, donde se mantuvo hospitalizada desde el 27 de marzo. Finalmente, en el comunicado remarcaron el inicio de acciones legales por lo ocurrido. Inicia también nuestro camino para buscar justicia y trabajar para que en Chile nunca más vuelva a ocurrir una tragedia similar contra ningún trabajador o trabajadora de la educación, cerraron. En tanto, el atacante se mantiene en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que busca fortalecer la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar al interior de los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los sostenedores de colegios podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u objetos peligrosos en el ingreso de los recintos educacionales. Dentro de estas herramientas se encuentran los detectores de metales u otros dispositivos que permitan identificar elementos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. La medida cobra especial relevancia en el actual contexto, luego del grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años protagonizó un violento hecho con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, generando conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional. Tras ese hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para resguardar la seguridad en los establecimientos. En esa línea, señaló que será necesario avanzar en mecanismos de mayor control en el acceso a los colegios. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo el mandatario, agregando que algunas iniciativas se incorporarán en reglamentos y otras serán discutidas como proyectos de ley en el Congreso. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el ministerio ya trabaja en los reglamentos y orientaciones que acompañarán la implementación de la nueva ley, con el objetivo de que los establecimientos puedan avanzar en la aplicación de estas medidas de prevención. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la normativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos peligrosos, siempre que exista acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa. No obstante, la ley establece que estas medidas deberán aplicarse solo cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una acción proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos dentro del recinto educacional. La normativa también contempla otras medidas estructurales para mejorar la convivencia escolar. Entre ellas destaca la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con una vigencia de ocho años, que coordinará acciones junto a distintos ministerios, entre ellos Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género. Asimismo, se establece que todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con un coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y el acompañamiento a las comunidades educativas. La ley también incorpora la creación de un programa de bienestar socioemocional, orientado a apoyar a estudiantes y equipos educativos en materias de salud mental y convivencia. Esta iniciativa ya comenzó a implementarse de manera piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en una política integral que permita prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos más seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.
