La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha ordenado al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que traslade de forma inmediata y prioritaria a 13 adolescentes varones desde una residencia que no cumplía con las condiciones básicas de habitabilidad. El fallo unánime del tribunal acogió el recurso de protección presentado por el programa Mi Abogado, considerando que la situación actual de la residencia y la falta de acción del servicio constituían una discriminación. Ante esto, el fallo de la Primera Sala, integrada por los ministros Virginia Soublette, Juan Opazo y Jaime Rojas, sostiene que las condiciones en la residencia REMP PER Altair han afectado elestándar de vida digno de los adolescentes, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley. Además, el tribunal señaló que el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los jóvenes también se ve vulnerado, dado que las deficiencias del lugar se arrastran desde 2023 sin que se hayan tomado medidas definitivas. En su resolución, el tribunal ordenó al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que: Informe en un plazo de diez días hábiles la fecha de apertura de una nueva residencia de administración directa en la región. Presente un plan detallado de traslado para los adolescentes y un informe sobre el estado de la nueva residencia, con actualizaciones cada 30 días. Traslade de manera inmediata a los 13 jóvenes a una residencia o dispositivo alternativo que garantice condiciones de vida dignas, seguras y adecuadas. Adopte, en un plazo no mayor a diez días hábiles, medidas de apoyo psicosocial y terapéutico para los adolescentes, especialmente aquellos con consumo problemático de sustancias o conductas autolíticas. Asimismo, la Corte instó a la Fundación Talita Kum, encargada de la residencia, a realizar de inmediato las reparaciones urgentes, como el retiro de escombros, reparación de baños y mobiliario, y la regularización de las instalaciones eléctricas. La fundación debe acreditar el cumplimiento de estas órdenes en un plazo de diez días hábiles.
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba revertir la decisión del juez de Garantía. El tribunal argumentó que, basándose en la calificación de los hechos, la medida de prisión preventiva resultaría evidentemente desproporcionada. Según la resolución, la responsabilidad de los imputados se centra más en la negligencia que en unincumplimiento de un deber específico. Los ministros señalaron que no se aprecia la existencia de dolo (intención de causar daño) por parte de los padres en el relato de lo ocurrido. Los hechos, según lo expuesto en la formalización de la investigación, ocurrieron el pasado 13 de agosto. La niña se encontraba en el domicilio familiar, donde su padre operaba un taller mecánico. Mientras movían un motor de vehículo con un tecle (herramienta de elevación), el equipo cedió y cayó sobre la menor, provocándole la muerte en el lugar. Finalmente, la justicia optó por no privar de libertad a los padres, ya que considera que la negligencia en este trágico accidente no justifica una medida cautelar tan severa como la prisión preventiva.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta acogió este lunes 20 de mayo de 2025 el requerimiento presentado por seis concejales de la Municipalidad de Antofagasta en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. La acción fue impulsada por los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y fue patrocinada por los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. En consecuencia, el tribunal resolvió inhabilitar a Jonathan Velásquez para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años, sanción que se hará efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Según el fallo, el TER acogió 10 de los 14 hechos presentados en el requerimiento, entre ellos se acreditó que el exalcalde modificó unilateralmente un contrato aprobado por el concejo municipal, acción que constituye una grave infracción a sus deberes como autoridad. El tribunal consideró probado además que Velásquez incurrió en diversas faltas a la probidad y en el incumplimiento de obligaciones legales propias del cargo. Con esta sentencia, se marca un precedente en el control de la gestión pública en la región, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejales y reafirmando la importancia de la probidad en la administración municipal.
Hasta el pasado martes, el Tribunal señaló que no había sido posible notificar a la diputada Catalina Pérez tras no ser encontrada en la dirección registrada en Antofagasta como confirmó el fiscal jefe Cristian Aguilera. Ante esta situación, el fiscal Aguilera solicitó al tribunal reiterar la diligencia, subrayando la proximidad de la audiencia de formalización programada para el 12 de mayo. La magistrada accedió a la petición y ordenó reintentar la notificación conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal, habilitando días y horas inhábiles, e incluyendo una citación bajo apercibimiento del artículo 33. Además, advirtió que, en caso de persistir la falta de comparecencia de Pérez, se podría emitir una orden de detención en su contra. Dado lo anterior, en la jornada de este miércoles el Centro Integrado de Notificaciones del Poder Judicial notificó a la diputada Pérez de la audiencia de formalización por la investigación en el Caso Convenios. Finalmente, la notificación se dio por realizada al presentarse un escrito por parte de la defensa de la diputada.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha ordenado al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que traslade de forma inmediata y prioritaria a 13 adolescentes varones desde una residencia que no cumplía con las condiciones básicas de habitabilidad. El fallo unánime del tribunal acogió el recurso de protección presentado por el programa Mi Abogado, considerando que la situación actual de la residencia y la falta de acción del servicio constituían una discriminación. Ante esto, el fallo de la Primera Sala, integrada por los ministros Virginia Soublette, Juan Opazo y Jaime Rojas, sostiene que las condiciones en la residencia REMP PER Altair han afectado elestándar de vida digno de los adolescentes, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley. Además, el tribunal señaló que el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los jóvenes también se ve vulnerado, dado que las deficiencias del lugar se arrastran desde 2023 sin que se hayan tomado medidas definitivas. En su resolución, el tribunal ordenó al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que: Informe en un plazo de diez días hábiles la fecha de apertura de una nueva residencia de administración directa en la región. Presente un plan detallado de traslado para los adolescentes y un informe sobre el estado de la nueva residencia, con actualizaciones cada 30 días. Traslade de manera inmediata a los 13 jóvenes a una residencia o dispositivo alternativo que garantice condiciones de vida dignas, seguras y adecuadas. Adopte, en un plazo no mayor a diez días hábiles, medidas de apoyo psicosocial y terapéutico para los adolescentes, especialmente aquellos con consumo problemático de sustancias o conductas autolíticas. Asimismo, la Corte instó a la Fundación Talita Kum, encargada de la residencia, a realizar de inmediato las reparaciones urgentes, como el retiro de escombros, reparación de baños y mobiliario, y la regularización de las instalaciones eléctricas. La fundación debe acreditar el cumplimiento de estas órdenes en un plazo de diez días hábiles.
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba revertir la decisión del juez de Garantía. El tribunal argumentó que, basándose en la calificación de los hechos, la medida de prisión preventiva resultaría evidentemente desproporcionada. Según la resolución, la responsabilidad de los imputados se centra más en la negligencia que en unincumplimiento de un deber específico. Los ministros señalaron que no se aprecia la existencia de dolo (intención de causar daño) por parte de los padres en el relato de lo ocurrido. Los hechos, según lo expuesto en la formalización de la investigación, ocurrieron el pasado 13 de agosto. La niña se encontraba en el domicilio familiar, donde su padre operaba un taller mecánico. Mientras movían un motor de vehículo con un tecle (herramienta de elevación), el equipo cedió y cayó sobre la menor, provocándole la muerte en el lugar. Finalmente, la justicia optó por no privar de libertad a los padres, ya que considera que la negligencia en este trágico accidente no justifica una medida cautelar tan severa como la prisión preventiva.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta acogió este lunes 20 de mayo de 2025 el requerimiento presentado por seis concejales de la Municipalidad de Antofagasta en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. La acción fue impulsada por los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y fue patrocinada por los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. En consecuencia, el tribunal resolvió inhabilitar a Jonathan Velásquez para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años, sanción que se hará efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Según el fallo, el TER acogió 10 de los 14 hechos presentados en el requerimiento, entre ellos se acreditó que el exalcalde modificó unilateralmente un contrato aprobado por el concejo municipal, acción que constituye una grave infracción a sus deberes como autoridad. El tribunal consideró probado además que Velásquez incurrió en diversas faltas a la probidad y en el incumplimiento de obligaciones legales propias del cargo. Con esta sentencia, se marca un precedente en el control de la gestión pública en la región, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejales y reafirmando la importancia de la probidad en la administración municipal.
Hasta el pasado martes, el Tribunal señaló que no había sido posible notificar a la diputada Catalina Pérez tras no ser encontrada en la dirección registrada en Antofagasta como confirmó el fiscal jefe Cristian Aguilera. Ante esta situación, el fiscal Aguilera solicitó al tribunal reiterar la diligencia, subrayando la proximidad de la audiencia de formalización programada para el 12 de mayo. La magistrada accedió a la petición y ordenó reintentar la notificación conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal, habilitando días y horas inhábiles, e incluyendo una citación bajo apercibimiento del artículo 33. Además, advirtió que, en caso de persistir la falta de comparecencia de Pérez, se podría emitir una orden de detención en su contra. Dado lo anterior, en la jornada de este miércoles el Centro Integrado de Notificaciones del Poder Judicial notificó a la diputada Pérez de la audiencia de formalización por la investigación en el Caso Convenios. Finalmente, la notificación se dio por realizada al presentarse un escrito por parte de la defensa de la diputada.
