En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba revertir la decisión del juez de Garantía. El tribunal argumentó que, basándose en la calificación de los hechos, la medida de prisión preventiva resultaría evidentemente desproporcionada. Según la resolución, la responsabilidad de los imputados se centra más en la negligencia que en unincumplimiento de un deber específico. Los ministros señalaron que no se aprecia la existencia de dolo (intención de causar daño) por parte de los padres en el relato de lo ocurrido. Los hechos, según lo expuesto en la formalización de la investigación, ocurrieron el pasado 13 de agosto. La niña se encontraba en el domicilio familiar, donde su padre operaba un taller mecánico. Mientras movían un motor de vehículo con un tecle (herramienta de elevación), el equipo cedió y cayó sobre la menor, provocándole la muerte en el lugar. Finalmente, la justicia optó por no privar de libertad a los padres, ya que considera que la negligencia en este trágico accidente no justifica una medida cautelar tan severa como la prisión preventiva.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta acogió este lunes 20 de mayo de 2025 el requerimiento presentado por seis concejales de la Municipalidad de Antofagasta en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. La acción fue impulsada por los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y fue patrocinada por los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. En consecuencia, el tribunal resolvió inhabilitar a Jonathan Velásquez para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años, sanción que se hará efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Según el fallo, el TER acogió 10 de los 14 hechos presentados en el requerimiento, entre ellos se acreditó que el exalcalde modificó unilateralmente un contrato aprobado por el concejo municipal, acción que constituye una grave infracción a sus deberes como autoridad. El tribunal consideró probado además que Velásquez incurrió en diversas faltas a la probidad y en el incumplimiento de obligaciones legales propias del cargo. Con esta sentencia, se marca un precedente en el control de la gestión pública en la región, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejales y reafirmando la importancia de la probidad en la administración municipal.
Hasta el pasado martes, el Tribunal señaló que no había sido posible notificar a la diputada Catalina Pérez tras no ser encontrada en la dirección registrada en Antofagasta como confirmó el fiscal jefe Cristian Aguilera. Ante esta situación, el fiscal Aguilera solicitó al tribunal reiterar la diligencia, subrayando la proximidad de la audiencia de formalización programada para el 12 de mayo. La magistrada accedió a la petición y ordenó reintentar la notificación conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal, habilitando días y horas inhábiles, e incluyendo una citación bajo apercibimiento del artículo 33. Además, advirtió que, en caso de persistir la falta de comparecencia de Pérez, se podría emitir una orden de detención en su contra. Dado lo anterior, en la jornada de este miércoles el Centro Integrado de Notificaciones del Poder Judicial notificó a la diputada Pérez de la audiencia de formalización por la investigación en el Caso Convenios. Finalmente, la notificación se dio por realizada al presentarse un escrito por parte de la defensa de la diputada.
Un importante paso en la búsqueda de justicia se concretó este martes en Antofagasta, con la declaración de culpabilidad de tres individuos por el delito de robo con homicidio perpetrado a Alexis Pastenes en un servicentro de la ciudad. El veredicto condenatorio recayó sobre un ciudadano extranjero y dos ciudadanos chilenos, quienes fueron hallados responsables del crimen que generó profunda conmoción en la comunidad local. Ante esto, el Diputado Videla, quien se sumó a la querella presentada por la familia de la víctima, celebró el avance judicial y reiteró su firme demanda por la aplicación de la pena máxima: la cadena perpetua. Este crimen no puede quedar con sanciones menores. La brutalidad con la que actuaron estos sujetos exige todo el rigor de la ley, enfatizó el parlamentario. En tanto, la familia de la víctima expresó su profundo agradecimiento por la labor incansable de los abogados del Estudio Jurídico Balmaceda, cuyo trabajo coordinado con la familia y la Policía de Investigaciones (PDI) fue fundamental para construir un caso sólido que culminó con este veredicto.Hoy se ha hecho justicia en parte, pero no vamos a descansar hasta que los responsables reciban la condena que realmente merecen, manifestaron los familiares. Finalmente, este veredicto se erige como un avance significativo en la lucha contra la impunidad y subraya la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones, los abogados, la familia y las autoridades en la búsqueda de justicia frente a hechos de violencia.
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba revertir la decisión del juez de Garantía. El tribunal argumentó que, basándose en la calificación de los hechos, la medida de prisión preventiva resultaría evidentemente desproporcionada. Según la resolución, la responsabilidad de los imputados se centra más en la negligencia que en unincumplimiento de un deber específico. Los ministros señalaron que no se aprecia la existencia de dolo (intención de causar daño) por parte de los padres en el relato de lo ocurrido. Los hechos, según lo expuesto en la formalización de la investigación, ocurrieron el pasado 13 de agosto. La niña se encontraba en el domicilio familiar, donde su padre operaba un taller mecánico. Mientras movían un motor de vehículo con un tecle (herramienta de elevación), el equipo cedió y cayó sobre la menor, provocándole la muerte en el lugar. Finalmente, la justicia optó por no privar de libertad a los padres, ya que considera que la negligencia en este trágico accidente no justifica una medida cautelar tan severa como la prisión preventiva.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta acogió este lunes 20 de mayo de 2025 el requerimiento presentado por seis concejales de la Municipalidad de Antofagasta en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. La acción fue impulsada por los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y fue patrocinada por los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. En consecuencia, el tribunal resolvió inhabilitar a Jonathan Velásquez para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años, sanción que se hará efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Según el fallo, el TER acogió 10 de los 14 hechos presentados en el requerimiento, entre ellos se acreditó que el exalcalde modificó unilateralmente un contrato aprobado por el concejo municipal, acción que constituye una grave infracción a sus deberes como autoridad. El tribunal consideró probado además que Velásquez incurrió en diversas faltas a la probidad y en el incumplimiento de obligaciones legales propias del cargo. Con esta sentencia, se marca un precedente en el control de la gestión pública en la región, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejales y reafirmando la importancia de la probidad en la administración municipal.
Hasta el pasado martes, el Tribunal señaló que no había sido posible notificar a la diputada Catalina Pérez tras no ser encontrada en la dirección registrada en Antofagasta como confirmó el fiscal jefe Cristian Aguilera. Ante esta situación, el fiscal Aguilera solicitó al tribunal reiterar la diligencia, subrayando la proximidad de la audiencia de formalización programada para el 12 de mayo. La magistrada accedió a la petición y ordenó reintentar la notificación conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal, habilitando días y horas inhábiles, e incluyendo una citación bajo apercibimiento del artículo 33. Además, advirtió que, en caso de persistir la falta de comparecencia de Pérez, se podría emitir una orden de detención en su contra. Dado lo anterior, en la jornada de este miércoles el Centro Integrado de Notificaciones del Poder Judicial notificó a la diputada Pérez de la audiencia de formalización por la investigación en el Caso Convenios. Finalmente, la notificación se dio por realizada al presentarse un escrito por parte de la defensa de la diputada.
Un importante paso en la búsqueda de justicia se concretó este martes en Antofagasta, con la declaración de culpabilidad de tres individuos por el delito de robo con homicidio perpetrado a Alexis Pastenes en un servicentro de la ciudad. El veredicto condenatorio recayó sobre un ciudadano extranjero y dos ciudadanos chilenos, quienes fueron hallados responsables del crimen que generó profunda conmoción en la comunidad local. Ante esto, el Diputado Videla, quien se sumó a la querella presentada por la familia de la víctima, celebró el avance judicial y reiteró su firme demanda por la aplicación de la pena máxima: la cadena perpetua. Este crimen no puede quedar con sanciones menores. La brutalidad con la que actuaron estos sujetos exige todo el rigor de la ley, enfatizó el parlamentario. En tanto, la familia de la víctima expresó su profundo agradecimiento por la labor incansable de los abogados del Estudio Jurídico Balmaceda, cuyo trabajo coordinado con la familia y la Policía de Investigaciones (PDI) fue fundamental para construir un caso sólido que culminó con este veredicto.Hoy se ha hecho justicia en parte, pero no vamos a descansar hasta que los responsables reciban la condena que realmente merecen, manifestaron los familiares. Finalmente, este veredicto se erige como un avance significativo en la lucha contra la impunidad y subraya la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones, los abogados, la familia y las autoridades en la búsqueda de justicia frente a hechos de violencia.
