Por quinta ocasión se ha postergado la audiencia de preparación del juicio oral en lo penal contra nueve excadetes del club Cobreloa, imputados por la presunta violación grupal de una joven de 18 años, hecho ocurrido en septiembre de 2021 durante Fiestas Patrias. La nueva fecha para la audiencia quedó establecida para el lunes 17 de noviembre. El aplazamiento se produjo a solicitud de las defensas de los acusados, quienes argumentaron que solo el viernes 10 de octubre fueron notificados de la suspensión que originalmente estaba programada para el lunes 13. Ante esto, la Fiscalía Nacional precisó que la demora no recae en el Ministerio Público, sino en el tribunal, que no habría entregado a las partes un cardex fotográfico que estaba a su disposición desde el 5 de septiembre. “El material requerido estuvo oportunamente en poder del tribunal y su no entrega a las partes no es responsabilidad del Ministerio Público. No obstante, el fiscal decidió entregarlo en aras de la transparencia”, señalaron desde la institución. Finalmente, los nueve excadetes, cuya detención formal se realizó el 2 de mayo del año pasado, cumplen actualmente medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante. Inicialmente, seis de los implicados habían permanecido en prisión preventiva.
La preparación del juicio oral contra los excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal en 2021 sufrió un nuevo revés. La abogada Patricia Muñoz, representante de la joven víctima, acusó un nuevo y grave error por parte del Ministerio Público de Antofagasta, lo que llevó al juez a anular toda la audiencia de preparación de juicio que se desarrollaba en el Juzgado de Garantía de Calama. Ante esto, Muñoz denunció a través de redes sociales que, nuevamente, la defensa de la víctima no recibió un antecedente clave de la carpeta investigativa. Seguimos con la desidia e incompetencia en el caso Cobreloa, afirmó la abogada, apuntando que el juez anuló el procesoporque los fiscales, nuevamente, no habían entregado un antecedente a la defensa. Horas más tarde, la Fiscalía de Antofagasta emitió un comunicado intentando aclarar la situación. Si bien confirmaron la anulación y reprogramación de la audiencia para el 13 de octubre, negaron responsabilidad directa en el error. Según el Ministerio Público, el motivo de la anulación fue la no entrega a los intervinientes de un cardex fotográfico que la Fiscalía de Calama puso a disposición del tribunal el 5 de septiembre. El organismo aseguró que el materialestuvo oportunamente en poder del tribunal y su no entrega a las partes no es responsabilidad del Ministerio Público. Además, señalaron que no estaban obligados a entregar ese material, sino que lo hicieron en aras de la transparencia y objetividad. Sin embargo, este no es el primer tropiezo en el proceso. El 26 de agosto pasado, una situación similar llevó al juez Sergio Rojas a constatar que la Fiscalía, por medio del fiscal Eduardo Peña, no había entregado todos los antecedentes, vulnerando los derechos de los acusados. Producto de esa primera falla, a comienzos de septiembre, los seis excadetes que se encontraban en prisión preventiva fueron liberados y quedaron con arresto domiciliario total, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Finalmente, la abogada Patricia Muñoz finalizó su denuncia con un fuerte llamado al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuestionando su silencio ante lo que califica como una persistente revictimización por parte de la Fiscalía de Antofagasta.
En medio de las investigaciones por la presunta violación grupal en la que están involucrados nueve excadetes de Cobreloa (el conocido como Caso Manada), el padre de la víctima ha alzado la voz para denunciar una serie de graves irregularidades y amenazas por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2021 y salieron a la luz a inicios de 2024. Tras la formalización en mayo de ese año, los excadetes quedaron en prisión preventiva, aunque recientemente, el pasado 3 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta disminuyó la medida cautelar de seis de ellos a arresto domiciliario total. En una entrevista con Teletrece, el padre de la denunciante relató que un detective de la PDI intentó desacreditar a su hija con duros epítetos. Tu hija, weón (sic), es una weona (sic) drogadicta de mierda, weón, habría dicho el policía, según el progenitor, negando la veracidad de la denuncia y asegurando que la joven consume tussi, marihuana, cocaína, weón (sic), es más curada que la cresta. Así que el caso está cerrado. No tenemos nada más que hacer”. Asimismo, el padre también sostuvo que este mismo policía informó a la Fiscalía que la víctimano se veía tan afectada, a pesar de que los peritajes médicos indicaban lo contrario, calificando esto comopalabras de mala fe que no tienen ningún asidero al no provenir de un médico. A estas graves denuncias se suma la confirmación en octubre de 2024 de la pérdida de evidencia clave, específicamente, el vestido que usaba la víctima al momento de la agresión. Este hecho motivó un sumario interno de la PDI y un segundo sumario de Contraloría. Así también, el progenitor de la víctima también reveló que la joven ha recibido amenazas de muerte de parte de terceros, las cuales también se extendieron hacia él. Por su parte, la abogada querellante del caso, Patricia Muñoz, criticó duramente la actuación de las instituciones. Aseguró que la Fiscalía no le ha entregado información sobre sanciones a fiscales o funcionarios policiales involucrados, a pesar de haberla solicitadoa lo menos desde septiembre del 2024. Muñoz lamentó que las instituciones encargadas de brindar protecciónhan hecho todo lo contrario en un caso que ya ha visto a la víctima ser presionada por un policía para desistir de la denuncia, llegando incluso a firmar un documento cuyo contenido desconocía. Finalmente, el estado de la joven ha requerido su traslado desde Calama a Santiago en ambulancia recientemente para recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico y de desintoxicación, dada la gravedad del impacto en su salud mental.
Según el diario La Tercera, el presunto error más reciente, y el que detonó el cambio de medida cautelar, fue la omisión del fiscal a cargo, Eduardo Peña, de entregar la carpeta investigativa completa a las defensas de los acusados, lo cual es un requisito fundamental para garantizar el derecho a la defensa. Esta conducta, calificada por el juez como “poco diligente”, ya había sido advertida por la misma Corte de Apelaciones en meses anteriores, que había instruido la entrega de todos los documentos, sin que la orden fuera acatada completamente. Estos nuevos antecedentes se suman a una serie de irregularidades que han empañado la causa, que se remonta a 2021, cuando una joven de 18 años denunció haber sido víctima de violación. Entre las anomalías detectadas anteriormente se encuentran la pérdida de evidencia clave, como el vestido que usaba la denunciante, y la supuesta entrega de condiciones privilegiadas en la prisión preventiva para algunos de los imputados. Ante esto, el juez Sergio Rojas del Juzgado de Garantía de Calama, al argumentar el cambio de medida cautelar, destacó la dilación excesiva del proceso, apuntando directamente a la responsabilidad del fiscal en el retraso.El motivo de esta dilación ha sido justamente la conducta del persecutor, afirmó Rojas. Los seis excadetes, además de cumplir arresto domiciliario, tienen prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. Finalmente, la audiencia de preparación del juicio oral, que debió comenzar el 26 de agosto, fue suspendida y reprogramada para el 29 de septiembre. La Fiscalía y la parte querellante apelaron verbalmente, pero la Corte de Apelaciones ratificó la decisión del tribunal. Algunas de las partes intervinientes evalúan ahora nuevas acciones legales contra el Ministerio Público.
Por quinta ocasión se ha postergado la audiencia de preparación del juicio oral en lo penal contra nueve excadetes del club Cobreloa, imputados por la presunta violación grupal de una joven de 18 años, hecho ocurrido en septiembre de 2021 durante Fiestas Patrias. La nueva fecha para la audiencia quedó establecida para el lunes 17 de noviembre. El aplazamiento se produjo a solicitud de las defensas de los acusados, quienes argumentaron que solo el viernes 10 de octubre fueron notificados de la suspensión que originalmente estaba programada para el lunes 13. Ante esto, la Fiscalía Nacional precisó que la demora no recae en el Ministerio Público, sino en el tribunal, que no habría entregado a las partes un cardex fotográfico que estaba a su disposición desde el 5 de septiembre. “El material requerido estuvo oportunamente en poder del tribunal y su no entrega a las partes no es responsabilidad del Ministerio Público. No obstante, el fiscal decidió entregarlo en aras de la transparencia”, señalaron desde la institución. Finalmente, los nueve excadetes, cuya detención formal se realizó el 2 de mayo del año pasado, cumplen actualmente medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante. Inicialmente, seis de los implicados habían permanecido en prisión preventiva.
La preparación del juicio oral contra los excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal en 2021 sufrió un nuevo revés. La abogada Patricia Muñoz, representante de la joven víctima, acusó un nuevo y grave error por parte del Ministerio Público de Antofagasta, lo que llevó al juez a anular toda la audiencia de preparación de juicio que se desarrollaba en el Juzgado de Garantía de Calama. Ante esto, Muñoz denunció a través de redes sociales que, nuevamente, la defensa de la víctima no recibió un antecedente clave de la carpeta investigativa. Seguimos con la desidia e incompetencia en el caso Cobreloa, afirmó la abogada, apuntando que el juez anuló el procesoporque los fiscales, nuevamente, no habían entregado un antecedente a la defensa. Horas más tarde, la Fiscalía de Antofagasta emitió un comunicado intentando aclarar la situación. Si bien confirmaron la anulación y reprogramación de la audiencia para el 13 de octubre, negaron responsabilidad directa en el error. Según el Ministerio Público, el motivo de la anulación fue la no entrega a los intervinientes de un cardex fotográfico que la Fiscalía de Calama puso a disposición del tribunal el 5 de septiembre. El organismo aseguró que el materialestuvo oportunamente en poder del tribunal y su no entrega a las partes no es responsabilidad del Ministerio Público. Además, señalaron que no estaban obligados a entregar ese material, sino que lo hicieron en aras de la transparencia y objetividad. Sin embargo, este no es el primer tropiezo en el proceso. El 26 de agosto pasado, una situación similar llevó al juez Sergio Rojas a constatar que la Fiscalía, por medio del fiscal Eduardo Peña, no había entregado todos los antecedentes, vulnerando los derechos de los acusados. Producto de esa primera falla, a comienzos de septiembre, los seis excadetes que se encontraban en prisión preventiva fueron liberados y quedaron con arresto domiciliario total, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Finalmente, la abogada Patricia Muñoz finalizó su denuncia con un fuerte llamado al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuestionando su silencio ante lo que califica como una persistente revictimización por parte de la Fiscalía de Antofagasta.
En medio de las investigaciones por la presunta violación grupal en la que están involucrados nueve excadetes de Cobreloa (el conocido como Caso Manada), el padre de la víctima ha alzado la voz para denunciar una serie de graves irregularidades y amenazas por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2021 y salieron a la luz a inicios de 2024. Tras la formalización en mayo de ese año, los excadetes quedaron en prisión preventiva, aunque recientemente, el pasado 3 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta disminuyó la medida cautelar de seis de ellos a arresto domiciliario total. En una entrevista con Teletrece, el padre de la denunciante relató que un detective de la PDI intentó desacreditar a su hija con duros epítetos. Tu hija, weón (sic), es una weona (sic) drogadicta de mierda, weón, habría dicho el policía, según el progenitor, negando la veracidad de la denuncia y asegurando que la joven consume tussi, marihuana, cocaína, weón (sic), es más curada que la cresta. Así que el caso está cerrado. No tenemos nada más que hacer”. Asimismo, el padre también sostuvo que este mismo policía informó a la Fiscalía que la víctimano se veía tan afectada, a pesar de que los peritajes médicos indicaban lo contrario, calificando esto comopalabras de mala fe que no tienen ningún asidero al no provenir de un médico. A estas graves denuncias se suma la confirmación en octubre de 2024 de la pérdida de evidencia clave, específicamente, el vestido que usaba la víctima al momento de la agresión. Este hecho motivó un sumario interno de la PDI y un segundo sumario de Contraloría. Así también, el progenitor de la víctima también reveló que la joven ha recibido amenazas de muerte de parte de terceros, las cuales también se extendieron hacia él. Por su parte, la abogada querellante del caso, Patricia Muñoz, criticó duramente la actuación de las instituciones. Aseguró que la Fiscalía no le ha entregado información sobre sanciones a fiscales o funcionarios policiales involucrados, a pesar de haberla solicitadoa lo menos desde septiembre del 2024. Muñoz lamentó que las instituciones encargadas de brindar protecciónhan hecho todo lo contrario en un caso que ya ha visto a la víctima ser presionada por un policía para desistir de la denuncia, llegando incluso a firmar un documento cuyo contenido desconocía. Finalmente, el estado de la joven ha requerido su traslado desde Calama a Santiago en ambulancia recientemente para recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico y de desintoxicación, dada la gravedad del impacto en su salud mental.
Según el diario La Tercera, el presunto error más reciente, y el que detonó el cambio de medida cautelar, fue la omisión del fiscal a cargo, Eduardo Peña, de entregar la carpeta investigativa completa a las defensas de los acusados, lo cual es un requisito fundamental para garantizar el derecho a la defensa. Esta conducta, calificada por el juez como “poco diligente”, ya había sido advertida por la misma Corte de Apelaciones en meses anteriores, que había instruido la entrega de todos los documentos, sin que la orden fuera acatada completamente. Estos nuevos antecedentes se suman a una serie de irregularidades que han empañado la causa, que se remonta a 2021, cuando una joven de 18 años denunció haber sido víctima de violación. Entre las anomalías detectadas anteriormente se encuentran la pérdida de evidencia clave, como el vestido que usaba la denunciante, y la supuesta entrega de condiciones privilegiadas en la prisión preventiva para algunos de los imputados. Ante esto, el juez Sergio Rojas del Juzgado de Garantía de Calama, al argumentar el cambio de medida cautelar, destacó la dilación excesiva del proceso, apuntando directamente a la responsabilidad del fiscal en el retraso.El motivo de esta dilación ha sido justamente la conducta del persecutor, afirmó Rojas. Los seis excadetes, además de cumplir arresto domiciliario, tienen prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. Finalmente, la audiencia de preparación del juicio oral, que debió comenzar el 26 de agosto, fue suspendida y reprogramada para el 29 de septiembre. La Fiscalía y la parte querellante apelaron verbalmente, pero la Corte de Apelaciones ratificó la decisión del tribunal. Algunas de las partes intervinientes evalúan ahora nuevas acciones legales contra el Ministerio Público.
