Según el diario La Tercera, el presunto error más reciente, y el que detonó el cambio de medida cautelar, fue la omisión del fiscal a cargo, Eduardo Peña, de entregar la carpeta investigativa completa a las defensas de los acusados, lo cual es un requisito fundamental para garantizar el derecho a la defensa. Esta conducta, calificada por el juez como “poco diligente”, ya había sido advertida por la misma Corte de Apelaciones en meses anteriores, que había instruido la entrega de todos los documentos, sin que la orden fuera acatada completamente. Estos nuevos antecedentes se suman a una serie de irregularidades que han empañado la causa, que se remonta a 2021, cuando una joven de 18 años denunció haber sido víctima de violación. Entre las anomalías detectadas anteriormente se encuentran la pérdida de evidencia clave, como el vestido que usaba la denunciante, y la supuesta entrega de condiciones privilegiadas en la prisión preventiva para algunos de los imputados. Ante esto, el juez Sergio Rojas del Juzgado de Garantía de Calama, al argumentar el cambio de medida cautelar, destacó la dilación excesiva del proceso, apuntando directamente a la responsabilidad del fiscal en el retraso.El motivo de esta dilación ha sido justamente la conducta del persecutor, afirmó Rojas. Los seis excadetes, además de cumplir arresto domiciliario, tienen prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. Finalmente, la audiencia de preparación del juicio oral, que debió comenzar el 26 de agosto, fue suspendida y reprogramada para el 29 de septiembre. La Fiscalía y la parte querellante apelaron verbalmente, pero la Corte de Apelaciones ratificó la decisión del tribunal. Algunas de las partes intervinientes evalúan ahora nuevas acciones legales contra el Ministerio Público.
Según el diario La Tercera, el presunto error más reciente, y el que detonó el cambio de medida cautelar, fue la omisión del fiscal a cargo, Eduardo Peña, de entregar la carpeta investigativa completa a las defensas de los acusados, lo cual es un requisito fundamental para garantizar el derecho a la defensa. Esta conducta, calificada por el juez como “poco diligente”, ya había sido advertida por la misma Corte de Apelaciones en meses anteriores, que había instruido la entrega de todos los documentos, sin que la orden fuera acatada completamente. Estos nuevos antecedentes se suman a una serie de irregularidades que han empañado la causa, que se remonta a 2021, cuando una joven de 18 años denunció haber sido víctima de violación. Entre las anomalías detectadas anteriormente se encuentran la pérdida de evidencia clave, como el vestido que usaba la denunciante, y la supuesta entrega de condiciones privilegiadas en la prisión preventiva para algunos de los imputados. Ante esto, el juez Sergio Rojas del Juzgado de Garantía de Calama, al argumentar el cambio de medida cautelar, destacó la dilación excesiva del proceso, apuntando directamente a la responsabilidad del fiscal en el retraso.El motivo de esta dilación ha sido justamente la conducta del persecutor, afirmó Rojas. Los seis excadetes, además de cumplir arresto domiciliario, tienen prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. Finalmente, la audiencia de preparación del juicio oral, que debió comenzar el 26 de agosto, fue suspendida y reprogramada para el 29 de septiembre. La Fiscalía y la parte querellante apelaron verbalmente, pero la Corte de Apelaciones ratificó la decisión del tribunal. Algunas de las partes intervinientes evalúan ahora nuevas acciones legales contra el Ministerio Público.
