Este lunes, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo su primera cuenta Pública en el Salón de Honor del Congreso Nacional, donde entregó sus directrices frente a la seguridad pública, migración y anunció una serie de medidas e iniciativas respecto a reformas estructurales y sociales. Una de las primeras medidas anunciadas fue que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para fusionar del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una única estructura orgánica. Además, se convocará a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva estructura ministerial que reduzca el número de carteras. Por otra parte, se acelerará la institucionalización de la auditoría interna, otorgándole mayores facultades y financiamiento para colaborar con la Contraloría General de la República en la protección de los recursos públicos. El mandatario también anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades, donde se incluirán a condenados por ataques a carabineros, daños a monumentos y algunas incivilidades como rayados, venta ilegal de alcohol, destrucción de mobiliario urbano, entre otros. A ello, se sumarán medidas de endurecimiento penal, como aumentar el plazo de la flagrancia de los delitos de 12 a 24 horas. Además, se pondrá en marcha el Plan de Infraestructura Penitenciaria, el que buscaría sumar más de 20 mil nuevas plazas en las cárceles. En el caso de migración, se presentará el Plan Retorno para migrantes irregulares, que tiene por objetivo incentivar la salida voluntaria de migrantes irregulares y acelerar la expulsión de extranjeros que ingresaron de forma clandestina al país. Sociales En el caso de beneficios sociales, el presidente anunció una ayuda económica de $30.000 por niño, destinado a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y que tengan hijos de entre 0 y 13 años. Por otro lado, Kast anunció que el 15 de junio se ingresará una indicación para el proyecto de Sala cuna universal, con implementación gradual y financiamiento sostenible. Para fomentar la natalidad en Chile, fue anunciado el Plan Chile Renace, que contempla la creación de una secretaría enfocada al problema de la natalidad y la elaboración de políticas que apoyen a la formación de familias. Por otra parte, también se implementará el plan Chile Crecer en Familia, que busca potenciar a las familias de acogida para los los menores de 3 años. Además, se anunció la implementación del programa Eriazo Cero, que busca impulsar a los municipios tque ransformen sitios abandonados en espacios comunitarios como plazas, canchas y sedes sociales.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
Este lunes, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo su primera cuenta Pública en el Salón de Honor del Congreso Nacional, donde entregó sus directrices frente a la seguridad pública, migración y anunció una serie de medidas e iniciativas respecto a reformas estructurales y sociales. Una de las primeras medidas anunciadas fue que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para fusionar del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una única estructura orgánica. Además, se convocará a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva estructura ministerial que reduzca el número de carteras. Por otra parte, se acelerará la institucionalización de la auditoría interna, otorgándole mayores facultades y financiamiento para colaborar con la Contraloría General de la República en la protección de los recursos públicos. El mandatario también anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades, donde se incluirán a condenados por ataques a carabineros, daños a monumentos y algunas incivilidades como rayados, venta ilegal de alcohol, destrucción de mobiliario urbano, entre otros. A ello, se sumarán medidas de endurecimiento penal, como aumentar el plazo de la flagrancia de los delitos de 12 a 24 horas. Además, se pondrá en marcha el Plan de Infraestructura Penitenciaria, el que buscaría sumar más de 20 mil nuevas plazas en las cárceles. En el caso de migración, se presentará el Plan Retorno para migrantes irregulares, que tiene por objetivo incentivar la salida voluntaria de migrantes irregulares y acelerar la expulsión de extranjeros que ingresaron de forma clandestina al país. Sociales En el caso de beneficios sociales, el presidente anunció una ayuda económica de $30.000 por niño, destinado a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y que tengan hijos de entre 0 y 13 años. Por otro lado, Kast anunció que el 15 de junio se ingresará una indicación para el proyecto de Sala cuna universal, con implementación gradual y financiamiento sostenible. Para fomentar la natalidad en Chile, fue anunciado el Plan Chile Renace, que contempla la creación de una secretaría enfocada al problema de la natalidad y la elaboración de políticas que apoyen a la formación de familias. Por otra parte, también se implementará el plan Chile Crecer en Familia, que busca potenciar a las familias de acogida para los los menores de 3 años. Además, se anunció la implementación del programa Eriazo Cero, que busca impulsar a los municipios tque ransformen sitios abandonados en espacios comunitarios como plazas, canchas y sedes sociales.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
