La llegada del año 2026 traerá consigo un nuevo reajuste al sueldo mínimo en Chile. A partir del 1 de enero, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 ascenderá a $539.000, según lo establece la Ley N°21.751, vigente desde junio de este año. Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en $529.000, monto que rige desde el pasado 1 de mayo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el nuevo ingreso mínimo mensual será de $402.082, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Este ajuste corresponde al último aumento del salario mínimo durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el mandatario asumió su periodo presidencial con un sueldo mínimo de $350.000, comprometiéndose durante su campaña a elevarlo al menos a $500.000 al final de su mandato, meta que se cumplió anticipadamente con los reajustes sucesivos aprobados por el Congreso. El aumento del sueldo mínimo no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene efectos colaterales en otras obligaciones legales. Uno de ellos es el monto mínimo de la pensión alimenticia, que con este reajuste se incrementará a $215.600. No obstante, este cambio no se aplica de manera automática, por lo que debe ser solicitado ante el respectivo tribunal de familia. Desde el Gobierno han señalado que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de las familias y enfrentar el alza del costo de la vida, especialmente en un contexto económico aún marcado por la inflación y la recuperación postpandemia. Con esta nueva alza, el salario mínimo en Chile consolida una de las mayores variaciones de los últimos años, transformándose en un eje central de la agenda laboral y social del actual periodo presidencial.
Un análisis del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que 1.734 funcionarios públicos de la Región de Antofagasta presentan registros laborales múltiples, ya sea dentro de una misma institución o en distintos organismos del Estado. El estudio, basado en una fiscalización extraordinaria realizada a septiembre de 2023, plantea desafíos relevantes en materia de control y uso eficiente de los recursos públicos. Según el informe, el 75% de los casos corresponde a funcionarios con dos registros laborales, mientras que el 25% restante presenta tres o más. En la mitad de los casos, la multiplicidad ocurre dentro de una misma institución, especialmente en organismos de la Administración Central. El resto combina vínculos entre distintas entidades, destacando los cruces entre ministerios y corporaciones municipales. Respecto a las modalidades de contratación, un 23% mantiene solo contratos a honorarios, un 18% posee más de un contrato bajo la modalidad de contrata, y un 16% combina ambas figuras. Si bien el CPLT aclara que la existencia de registros múltiples no implica necesariamente irregularidades —pudiendo deberse a errores de carga o funciones compatibles—, advierte la necesidad de mayor rigurosidad y fiscalización. La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó que estos hallazgos “no siempre son ilegales, pero sí demandan explicaciones claras sobre compatibilidades horarias y modalidades de contratación”. El informe enfatiza que los equipos de auditoría interna y los organismos fiscalizadores deben revisar y aclarar estos casos para asegurar transparencia, eficiencia y correcta gestión del servicio público.
La Federación de Trabajadores de Correos de Chile denunció que la empresa estatal despidió a 600 funcionarios, equivalentes al 15% de su dotación total. El presidente del gremio, Juan Riquelme, calificó la medida como “una barbaridad” y sostuvo que Correos es una compañía estratégica que debe mantenerse operativa. El dirigente, acompañado de otros representantes sindicales, sostuvo una reunión con el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y asesores de la cartera, para solicitar que se explore una fórmula que permita revertir los despidos. También participó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, en el marco de una gestión que busca la instalación de una mesa de trabajo para revisar caso a caso las desvinculaciones. Riquelme pidió la intervención de los ministerios de Hacienda, Transporte, Trabajo y del Sistema de Empresas Públicas (SEP). La crisis se produce en un contexto financiero complejo. En el primer semestre de 2025, Correos de Chile registró pérdidas por $692.235 millones, más del triple del déficit del mismo período de 2024, cuando llegó a $201.941 millones. Sus ingresos también cayeron, pasando de $75.122 millones a $66.743 millones. En contraste, durante el segundo trimestre la estatal mostró una leve recuperación al anotar ganancias por $466,2 millones, luego de haber registrado pérdidas por $562.839 millones en igual lapso del año anterior. No obstante, los ingresos trimestrales descendieron de $38.881 millones a $34.988 millones, evidenciando que la situación sigue siendo delicada.
La llegada del año 2026 traerá consigo un nuevo reajuste al sueldo mínimo en Chile. A partir del 1 de enero, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 ascenderá a $539.000, según lo establece la Ley N°21.751, vigente desde junio de este año. Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en $529.000, monto que rige desde el pasado 1 de mayo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el nuevo ingreso mínimo mensual será de $402.082, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Este ajuste corresponde al último aumento del salario mínimo durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el mandatario asumió su periodo presidencial con un sueldo mínimo de $350.000, comprometiéndose durante su campaña a elevarlo al menos a $500.000 al final de su mandato, meta que se cumplió anticipadamente con los reajustes sucesivos aprobados por el Congreso. El aumento del sueldo mínimo no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene efectos colaterales en otras obligaciones legales. Uno de ellos es el monto mínimo de la pensión alimenticia, que con este reajuste se incrementará a $215.600. No obstante, este cambio no se aplica de manera automática, por lo que debe ser solicitado ante el respectivo tribunal de familia. Desde el Gobierno han señalado que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de las familias y enfrentar el alza del costo de la vida, especialmente en un contexto económico aún marcado por la inflación y la recuperación postpandemia. Con esta nueva alza, el salario mínimo en Chile consolida una de las mayores variaciones de los últimos años, transformándose en un eje central de la agenda laboral y social del actual periodo presidencial.
Un análisis del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que 1.734 funcionarios públicos de la Región de Antofagasta presentan registros laborales múltiples, ya sea dentro de una misma institución o en distintos organismos del Estado. El estudio, basado en una fiscalización extraordinaria realizada a septiembre de 2023, plantea desafíos relevantes en materia de control y uso eficiente de los recursos públicos. Según el informe, el 75% de los casos corresponde a funcionarios con dos registros laborales, mientras que el 25% restante presenta tres o más. En la mitad de los casos, la multiplicidad ocurre dentro de una misma institución, especialmente en organismos de la Administración Central. El resto combina vínculos entre distintas entidades, destacando los cruces entre ministerios y corporaciones municipales. Respecto a las modalidades de contratación, un 23% mantiene solo contratos a honorarios, un 18% posee más de un contrato bajo la modalidad de contrata, y un 16% combina ambas figuras. Si bien el CPLT aclara que la existencia de registros múltiples no implica necesariamente irregularidades —pudiendo deberse a errores de carga o funciones compatibles—, advierte la necesidad de mayor rigurosidad y fiscalización. La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó que estos hallazgos “no siempre son ilegales, pero sí demandan explicaciones claras sobre compatibilidades horarias y modalidades de contratación”. El informe enfatiza que los equipos de auditoría interna y los organismos fiscalizadores deben revisar y aclarar estos casos para asegurar transparencia, eficiencia y correcta gestión del servicio público.
La Federación de Trabajadores de Correos de Chile denunció que la empresa estatal despidió a 600 funcionarios, equivalentes al 15% de su dotación total. El presidente del gremio, Juan Riquelme, calificó la medida como “una barbaridad” y sostuvo que Correos es una compañía estratégica que debe mantenerse operativa. El dirigente, acompañado de otros representantes sindicales, sostuvo una reunión con el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y asesores de la cartera, para solicitar que se explore una fórmula que permita revertir los despidos. También participó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, en el marco de una gestión que busca la instalación de una mesa de trabajo para revisar caso a caso las desvinculaciones. Riquelme pidió la intervención de los ministerios de Hacienda, Transporte, Trabajo y del Sistema de Empresas Públicas (SEP). La crisis se produce en un contexto financiero complejo. En el primer semestre de 2025, Correos de Chile registró pérdidas por $692.235 millones, más del triple del déficit del mismo período de 2024, cuando llegó a $201.941 millones. Sus ingresos también cayeron, pasando de $75.122 millones a $66.743 millones. En contraste, durante el segundo trimestre la estatal mostró una leve recuperación al anotar ganancias por $466,2 millones, luego de haber registrado pérdidas por $562.839 millones en igual lapso del año anterior. No obstante, los ingresos trimestrales descendieron de $38.881 millones a $34.988 millones, evidenciando que la situación sigue siendo delicada.
