Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
La implementación de la Ley de 40 horas continúa avanzando en Chile y durante 2026 marcará un nuevo hito en el proceso de reducción de la jornada laboral. A partir del 26 de abril de este año, el límite semanal de trabajo disminuirá de 44 a 42 horas, como parte del calendario progresivo que culminará en 2028 con una jornada máxima de 40 horas semanales. La normativa, establecida en la Ley 21.561, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiendo mayor tiempo de descanso y conciliación entre la vida laboral y personal, sin afectar las remuneraciones. El proceso comenzó en 2024 con la reducción inicial desde 45 a 44 horas semanales, y continuará aplicándose de manera gradual hasta completar el objetivo final dentro de dos años. Sin embargo, la disminución de la jornada no será automática para todos los trabajadores del país. De acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del Trabajo, existen ciertos grupos que quedan excluidos de esta reducción. Entre ellos se encuentran los altos cargos dentro de las empresas, como gerentes, administradores o directores, quienes ejercen funciones de confianza y toma de decisiones estratégicas. En estos casos, la naturaleza de sus responsabilidades implica una mayor flexibilidad en la organización de sus horarios laborales. Asimismo, la ley tampoco se aplica a trabajadores que no cuentan con fiscalización superior directa, es decir, aquellos cuyas funciones no están sujetas a un control horario tradicional debido a la autonomía con la que desarrollan sus labores. A estas excepciones se suman otros grupos que, por el tipo de vínculo laboral que mantienen, quedan fuera del alcance de la normativa. La ley de 40 horas rige exclusivamente para trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, lo que significa que funcionarios públicos y personas que prestan servicios a honorarios no se verán beneficiados con esta reducción. En el caso de los trabajadores del sector público, sus condiciones laborales se regulan a través del Estatuto Administrativo, mientras que quienes trabajan a honorarios no cuentan con un contrato laboral tradicional que los vincule bajo las normas del Código del Trabajo. De esta forma, la implementación de la ley continuará su avance durante los próximos años, aunque con ajustes que buscan adaptarla a las distintas realidades laborales existentes en el país. Las autoridades han reiterado que el objetivo principal de esta reforma es avanzar hacia una jornada laboral más equilibrada, que permita mejorar el bienestar de los trabajadores sin afectar el funcionamiento de las empresas ni la productividad del país.
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
La implementación de la Ley de 40 horas continúa avanzando en Chile y durante 2026 marcará un nuevo hito en el proceso de reducción de la jornada laboral. A partir del 26 de abril de este año, el límite semanal de trabajo disminuirá de 44 a 42 horas, como parte del calendario progresivo que culminará en 2028 con una jornada máxima de 40 horas semanales. La normativa, establecida en la Ley 21.561, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiendo mayor tiempo de descanso y conciliación entre la vida laboral y personal, sin afectar las remuneraciones. El proceso comenzó en 2024 con la reducción inicial desde 45 a 44 horas semanales, y continuará aplicándose de manera gradual hasta completar el objetivo final dentro de dos años. Sin embargo, la disminución de la jornada no será automática para todos los trabajadores del país. De acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del Trabajo, existen ciertos grupos que quedan excluidos de esta reducción. Entre ellos se encuentran los altos cargos dentro de las empresas, como gerentes, administradores o directores, quienes ejercen funciones de confianza y toma de decisiones estratégicas. En estos casos, la naturaleza de sus responsabilidades implica una mayor flexibilidad en la organización de sus horarios laborales. Asimismo, la ley tampoco se aplica a trabajadores que no cuentan con fiscalización superior directa, es decir, aquellos cuyas funciones no están sujetas a un control horario tradicional debido a la autonomía con la que desarrollan sus labores. A estas excepciones se suman otros grupos que, por el tipo de vínculo laboral que mantienen, quedan fuera del alcance de la normativa. La ley de 40 horas rige exclusivamente para trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, lo que significa que funcionarios públicos y personas que prestan servicios a honorarios no se verán beneficiados con esta reducción. En el caso de los trabajadores del sector público, sus condiciones laborales se regulan a través del Estatuto Administrativo, mientras que quienes trabajan a honorarios no cuentan con un contrato laboral tradicional que los vincule bajo las normas del Código del Trabajo. De esta forma, la implementación de la ley continuará su avance durante los próximos años, aunque con ajustes que buscan adaptarla a las distintas realidades laborales existentes en el país. Las autoridades han reiterado que el objetivo principal de esta reforma es avanzar hacia una jornada laboral más equilibrada, que permita mejorar el bienestar de los trabajadores sin afectar el funcionamiento de las empresas ni la productividad del país.
