La Corte de Apelaciones de Antofagasta desestimó este lunes el recurso de protección presentado por la comunidad atacameña de Coyo, que se oponía al acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM para avanzar en la Estrategia Nacional del Litio. Según el tribunal, el pacto no constituye una acción administrativa que permita, por el momento, la explotación de litio en el Salar de Atacama ni la tramitación de los permisos ambientales necesarios, ni la consulta a las comunidades indígenas. Ante esto, en un fallo unánime (causa rol 1.626-2024), la Segunda Sala de la Corte explicó que el acuerdo solo establece las bases para una posible asociación entre las dos empresas, y que aún se requieren otros trámites, como la firma de contratos y la obtención de los permisos correspondientes. El tribunal subrayó que la futura explotación del litio depende de una serie de condiciones previas, incluyendo la consulta indígena, tal como lo estipula la normativa vigente. Asimismo, la comunidad atacameña de Coyo había argumentado que el acuerdo entre Codelco y SQM vulneraba sus derechos, al no someterse a un proceso de licitación pública y al no realizarse una consulta indígena previa. Sin embargo, la Corte señaló que no existía una obligación de licitar, dado el marco legal que rige a Codelco, y que el acuerdo en cuestión no implicaba una intervención que justificara la consulta inmediata. Finalmente, la resolución del tribunal concluye que no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales de la comunidad, ya que el acuerdo firmado es solo un paso inicial en el proceso de desarrollo de la futura sociedad minera y no una autorización definitiva para la explotación de recursos en el Salar de Atacama.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha ordenado a la empresa SQM Salar S.A. la implementación de medidas urgentes para mitigar el impacto ambiental de su proyecto de expansión en la planta de carbonato de litio, ubicada en el Salar del Carmen, comuna de Antofagasta. La medida responde a preocupaciones sobre la afectación a la fauna silvestre en el área. El proyecto, que busca aumentar la capacidad de producción de la planta, incluye la construcción de grandes piscinas industriales que generan espejos de agua. Estas piscinas han provocado confusión entre las aves locales, que podrían verse atraídas hacia estos espejos de agua y quedar en peligro. En su resolución de calificación ambiental, la SMA había establecido que SQM Salar debía implementar varias medidas de protección. Estas incluían la instalación de cercos perimetrales alrededor de las piscinas, la prohibición de perros y otros animales domésticos en el área, el uso de dispositivos ahuyentadores de aves y el manejo adecuado de los residuos domésticos. Sin embargo, durante una reciente fiscalización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se encontró que los cercos no estaban instalados correctamente y que los sistemas de sonido ahuyentadores sólo cubrían un 42,1% de la superficie de las pozas. Además, se observó la presencia de aves en áreas supuestamente protegidas por estos dispositivos. El informe del SAG también reveló que, en lo que va del año 2024, se han registrado 45 incidentes de afectación a avifauna, incluyendo 25 golondrinas de mar de collar (Oceanodroma hornbyi), una especie en estado de conservación vulnerable. Asimismo, se encontraron indicios de presencia de perros domésticos en la zona. En respuesta, la SMA ha ordenado a SQM Salar que cierre todos los perímetros de las piscinas de manera continua y efectiva para evitar la entrada de fauna. Este trabajo deberá estar completado en los próximos 30 días. Además, la empresa debe capacitar a su personal sobre la prohibición de animales domésticos y garantizar la disposición adecuada de residuos en contenedores herméticos. La implementación de estas medidas también debe ser reportada dentro de los próximos 15 días. Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente, enfatizó la importancia de cumplir con las exigencias ambientales: El objetivo de las medidas ordenadas es el resguardo de las especies involucradas. Es un imperativo que las empresas no sólo cuenten con una RCA para el funcionamiento de sus operaciones, sino que también deban velar por el correcto cumplimiento de las exigencias que aquello conlleva y que están claramente descritas en el permiso ambiental.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta desestimó este lunes el recurso de protección presentado por la comunidad atacameña de Coyo, que se oponía al acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM para avanzar en la Estrategia Nacional del Litio. Según el tribunal, el pacto no constituye una acción administrativa que permita, por el momento, la explotación de litio en el Salar de Atacama ni la tramitación de los permisos ambientales necesarios, ni la consulta a las comunidades indígenas. Ante esto, en un fallo unánime (causa rol 1.626-2024), la Segunda Sala de la Corte explicó que el acuerdo solo establece las bases para una posible asociación entre las dos empresas, y que aún se requieren otros trámites, como la firma de contratos y la obtención de los permisos correspondientes. El tribunal subrayó que la futura explotación del litio depende de una serie de condiciones previas, incluyendo la consulta indígena, tal como lo estipula la normativa vigente. Asimismo, la comunidad atacameña de Coyo había argumentado que el acuerdo entre Codelco y SQM vulneraba sus derechos, al no someterse a un proceso de licitación pública y al no realizarse una consulta indígena previa. Sin embargo, la Corte señaló que no existía una obligación de licitar, dado el marco legal que rige a Codelco, y que el acuerdo en cuestión no implicaba una intervención que justificara la consulta inmediata. Finalmente, la resolución del tribunal concluye que no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales de la comunidad, ya que el acuerdo firmado es solo un paso inicial en el proceso de desarrollo de la futura sociedad minera y no una autorización definitiva para la explotación de recursos en el Salar de Atacama.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha ordenado a la empresa SQM Salar S.A. la implementación de medidas urgentes para mitigar el impacto ambiental de su proyecto de expansión en la planta de carbonato de litio, ubicada en el Salar del Carmen, comuna de Antofagasta. La medida responde a preocupaciones sobre la afectación a la fauna silvestre en el área. El proyecto, que busca aumentar la capacidad de producción de la planta, incluye la construcción de grandes piscinas industriales que generan espejos de agua. Estas piscinas han provocado confusión entre las aves locales, que podrían verse atraídas hacia estos espejos de agua y quedar en peligro. En su resolución de calificación ambiental, la SMA había establecido que SQM Salar debía implementar varias medidas de protección. Estas incluían la instalación de cercos perimetrales alrededor de las piscinas, la prohibición de perros y otros animales domésticos en el área, el uso de dispositivos ahuyentadores de aves y el manejo adecuado de los residuos domésticos. Sin embargo, durante una reciente fiscalización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se encontró que los cercos no estaban instalados correctamente y que los sistemas de sonido ahuyentadores sólo cubrían un 42,1% de la superficie de las pozas. Además, se observó la presencia de aves en áreas supuestamente protegidas por estos dispositivos. El informe del SAG también reveló que, en lo que va del año 2024, se han registrado 45 incidentes de afectación a avifauna, incluyendo 25 golondrinas de mar de collar (Oceanodroma hornbyi), una especie en estado de conservación vulnerable. Asimismo, se encontraron indicios de presencia de perros domésticos en la zona. En respuesta, la SMA ha ordenado a SQM Salar que cierre todos los perímetros de las piscinas de manera continua y efectiva para evitar la entrada de fauna. Este trabajo deberá estar completado en los próximos 30 días. Además, la empresa debe capacitar a su personal sobre la prohibición de animales domésticos y garantizar la disposición adecuada de residuos en contenedores herméticos. La implementación de estas medidas también debe ser reportada dentro de los próximos 15 días. Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente, enfatizó la importancia de cumplir con las exigencias ambientales: El objetivo de las medidas ordenadas es el resguardo de las especies involucradas. Es un imperativo que las empresas no sólo cuenten con una RCA para el funcionamiento de sus operaciones, sino que también deban velar por el correcto cumplimiento de las exigencias que aquello conlleva y que están claramente descritas en el permiso ambiental.
