La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Una investigación interna de 90 días realizada por la Cámara de Diputados concluyó que ningún parlamentario ha hecho mal uso de licencias médicas para salir del país. La indagatoria, que se inició en mayo a raíz de un informe de la Contraloría sobre más de 25 mil funcionarios públicos con licencias fraudulentas, fue liderada por el secretario general, Miguel Landeros. Ante esto, Landeros informó que se cruzó la información de todos los viajes realizados por los 155 parlamentarios en ejercicio con sus licencias médicas. “No hemos encontrado coincidencias”, afirmó. La revisión cubrió el periodo desde marzo de 2022 hasta mayo de 2025. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), manifestó su satisfacción con los resultados y aseguró que la presidencia cumplió con su compromiso de investigar. Landeros, sin embargo, evitó dar detalles sobre el estado de la investigación de los funcionarios de la Cámara, donde sí se han detectado casos bajo pesquisa, pero están en etapas de apelación que podrían extenderse hasta los tribunales. “Hay casos que se están investigando, los hay, están en un proceso bastante avanzado”, advirtió. Finalmente, Castro respaldó a Landeros, señalando que no se puede entregar una cifra de funcionarios involucrados para no entorpecer el proceso. No obstante, se comprometió a informar los resultados cuando finalice la investigación.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego en Chile mientras se encontraban con licencia médica durante 2023 y 2024. El análisis, que cruza datos de licencias con los registros de 25 casinos, contabilizó un total de 14.923 visitas a estos establecimientos. Ante esto, el estudio señala que los casinos de las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentraron la mayor cantidad de ingresos. O’Higgins lideró con 3.376 registros (23%), seguido por Biobío con 2.180 (15%) y Valparaíso con 2.162 (14%). Otras regiones con alta incidencia fueron Los Lagos (10%) y La Araucanía (7%). Asimismo, las instituciones con más casos de funcionarios involucrados fueron las municipalidades, con un 30% de los registros, y los hospitales y servicios de salud, con un 29%. Entre las entidades específicas con mayor número de licencias médicas que se usaron para ir a casinos, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516), Fundación Integra (480), y el Servicio de Salud de Concepción (332). Además, el informe encontró que 1.486 de estos funcionarios también aparecieron en un listado anterior de la Contraloría, que los identificaba por haber viajado fuera del país mientras estaban con licencia médica. Este consolidado, el 15° emitido por el ente fiscalizador, subraya una práctica recurrente de mal uso de los permisos de reposo médico en el sector público.
En medio de la controversia nacional por el uso indebido de licencias médicas en el sector público, la exseremi de Minería de la región de Antofagasta, Macarena Barramuño, salió al paso de las recientes declaraciones de la ministra Aurora Williams, emitiendo un Comunicado Público para desvincularse de la investigación y denunciar las circunstancias de su salida. Ante esto, Barramuño enfatizó que su desvinculación no guarda relación alguna con los denominados casos de 'licencias médicas irregulares' ni con las licencias identificadas como 'viajeras' . En su comunicado, la exseremi desmiente haber presentado una renuncia voluntaria, asegurando que fue el propio Ministerio de Minería quien solicitó su dimisión. Ante su negativa, el cargo fue declarado vacante, amparándose en los artículos 142 y 144 del Estatuto Administrativo. Asimismo, la exautoridad regional sostiene que esta solicitud de renuncia se produjo bajo presiones sostenidas por los altos mandos del Ministerio . Además, Barramuño reveló que esta situación se dio en un contexto en el que ya existía una denuncia formal interpuesta ante la Contraloría General de la República por acoso laboral. Respecto a las licencias médicas que justificaron sus ausencias, Barramuño afirmó que todas fueron debidamente extendidas por un profesional médico especialista en salud mental, imparcial y sin ningún interés político o económico. Así también, la exseremi calificó de falsas y profundamente lesivas para mi honra y trayectoria profesional cualquier insinuación o asociación que la vincule a hechos de corrupción o fraude en el uso de licencias. Ante esta situación, Macarena Barramuño advirtió que, de confirmarse que las declaraciones de la ministra Williams tuvieron como objetivo asociarla a una investigación de la cual no forma parte, se reserva el derecho a iniciar acciones legales. Estas acciones podrían incluir una querella por injurias y calumnias, así como la presentación de un recurso de protección. El objetivo de estas medidas, según Barramuño, es restituir mi honra pública, obtener la aclaración de los hechos y exigir la eliminación de cualquier contenido difamatorio tanto por parte de la autoridad como de los medios de comunicación que reproduzcan o amplifiquen tales afirmaciones sin fundamento. Barramuño lamentó que algunas autoridades recurran a estrategias de desinformación y daño público para justificar decisiones que no se atreven a transparentar, en lugar de garantizar espacios laborales seguros y respetuosos. Reafirmó su compromiso con la probidad, el trabajo territorial y el respeto a la salud mental de los funcionarios públicos. Cabe mencionar que, este lunes a las 21 horas nuestro noticiero +NOTICIAS NOCHE de Antofagasta Televisión ampliará la información en conversación con la abogada de la exseremi Barramuño, Susan Garate.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Una investigación interna de 90 días realizada por la Cámara de Diputados concluyó que ningún parlamentario ha hecho mal uso de licencias médicas para salir del país. La indagatoria, que se inició en mayo a raíz de un informe de la Contraloría sobre más de 25 mil funcionarios públicos con licencias fraudulentas, fue liderada por el secretario general, Miguel Landeros. Ante esto, Landeros informó que se cruzó la información de todos los viajes realizados por los 155 parlamentarios en ejercicio con sus licencias médicas. “No hemos encontrado coincidencias”, afirmó. La revisión cubrió el periodo desde marzo de 2022 hasta mayo de 2025. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), manifestó su satisfacción con los resultados y aseguró que la presidencia cumplió con su compromiso de investigar. Landeros, sin embargo, evitó dar detalles sobre el estado de la investigación de los funcionarios de la Cámara, donde sí se han detectado casos bajo pesquisa, pero están en etapas de apelación que podrían extenderse hasta los tribunales. “Hay casos que se están investigando, los hay, están en un proceso bastante avanzado”, advirtió. Finalmente, Castro respaldó a Landeros, señalando que no se puede entregar una cifra de funcionarios involucrados para no entorpecer el proceso. No obstante, se comprometió a informar los resultados cuando finalice la investigación.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego en Chile mientras se encontraban con licencia médica durante 2023 y 2024. El análisis, que cruza datos de licencias con los registros de 25 casinos, contabilizó un total de 14.923 visitas a estos establecimientos. Ante esto, el estudio señala que los casinos de las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentraron la mayor cantidad de ingresos. O’Higgins lideró con 3.376 registros (23%), seguido por Biobío con 2.180 (15%) y Valparaíso con 2.162 (14%). Otras regiones con alta incidencia fueron Los Lagos (10%) y La Araucanía (7%). Asimismo, las instituciones con más casos de funcionarios involucrados fueron las municipalidades, con un 30% de los registros, y los hospitales y servicios de salud, con un 29%. Entre las entidades específicas con mayor número de licencias médicas que se usaron para ir a casinos, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516), Fundación Integra (480), y el Servicio de Salud de Concepción (332). Además, el informe encontró que 1.486 de estos funcionarios también aparecieron en un listado anterior de la Contraloría, que los identificaba por haber viajado fuera del país mientras estaban con licencia médica. Este consolidado, el 15° emitido por el ente fiscalizador, subraya una práctica recurrente de mal uso de los permisos de reposo médico en el sector público.
En medio de la controversia nacional por el uso indebido de licencias médicas en el sector público, la exseremi de Minería de la región de Antofagasta, Macarena Barramuño, salió al paso de las recientes declaraciones de la ministra Aurora Williams, emitiendo un Comunicado Público para desvincularse de la investigación y denunciar las circunstancias de su salida. Ante esto, Barramuño enfatizó que su desvinculación no guarda relación alguna con los denominados casos de 'licencias médicas irregulares' ni con las licencias identificadas como 'viajeras' . En su comunicado, la exseremi desmiente haber presentado una renuncia voluntaria, asegurando que fue el propio Ministerio de Minería quien solicitó su dimisión. Ante su negativa, el cargo fue declarado vacante, amparándose en los artículos 142 y 144 del Estatuto Administrativo. Asimismo, la exautoridad regional sostiene que esta solicitud de renuncia se produjo bajo presiones sostenidas por los altos mandos del Ministerio . Además, Barramuño reveló que esta situación se dio en un contexto en el que ya existía una denuncia formal interpuesta ante la Contraloría General de la República por acoso laboral. Respecto a las licencias médicas que justificaron sus ausencias, Barramuño afirmó que todas fueron debidamente extendidas por un profesional médico especialista en salud mental, imparcial y sin ningún interés político o económico. Así también, la exseremi calificó de falsas y profundamente lesivas para mi honra y trayectoria profesional cualquier insinuación o asociación que la vincule a hechos de corrupción o fraude en el uso de licencias. Ante esta situación, Macarena Barramuño advirtió que, de confirmarse que las declaraciones de la ministra Williams tuvieron como objetivo asociarla a una investigación de la cual no forma parte, se reserva el derecho a iniciar acciones legales. Estas acciones podrían incluir una querella por injurias y calumnias, así como la presentación de un recurso de protección. El objetivo de estas medidas, según Barramuño, es restituir mi honra pública, obtener la aclaración de los hechos y exigir la eliminación de cualquier contenido difamatorio tanto por parte de la autoridad como de los medios de comunicación que reproduzcan o amplifiquen tales afirmaciones sin fundamento. Barramuño lamentó que algunas autoridades recurran a estrategias de desinformación y daño público para justificar decisiones que no se atreven a transparentar, en lugar de garantizar espacios laborales seguros y respetuosos. Reafirmó su compromiso con la probidad, el trabajo territorial y el respeto a la salud mental de los funcionarios públicos. Cabe mencionar que, este lunes a las 21 horas nuestro noticiero +NOTICIAS NOCHE de Antofagasta Televisión ampliará la información en conversación con la abogada de la exseremi Barramuño, Susan Garate.
