El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, que contempla un aumento de 1,7% en el gasto público respecto de 2025, alcanzando un total de $86,2 billones (equivalente a US$90 mil millones). El documento subraya que se trata de un presupuesto diseñado en un escenario de mayor estabilidad macroeconómica tras los años de bajo crecimiento y alta inflación que siguieron a la pandemia del COVID-19. Según la proyección oficial, la economía crecerá 2,5% en 2026, en línea con lo previsto para 2025, mientras que la inflación se mantendrá controlada en torno al 3,1% anual, ajustada a la meta del Banco Central. Este entorno permitirá un balance cíclicamente ajustado (BCA) de -1,1% del PIB, lo que, según el Ejecutivo, confirma el compromiso con la convergencia fiscal sin necesidad de incrementar la deuda pública. El proyecto enfatiza que el país heredará unas finanzas públicas más ordenadas y estables, entregando mayor autonomía a las futuras administraciones para utilizar el presupuesto como herramienta de transformación social. En esa línea, se plantea un fortalecimiento del gasto en áreas clave como salud, educación, seguridad, pensiones, inversión pública y protección social, buscando garantizar más derechos y mejorar la calidad de vida de las personas. En materia de endeudamiento, el proyecto solicita autorización para que el Presidente de la República pueda contraer obligaciones internas o externas hasta por US$17.400 millones, además de un monto adicional de US$600 millones. Asimismo, se incluye una disposición que limita la reposición de personal en el sector público: durante 2026 solo se podrá reponer un cargo por cada tres vacantes generadas por jubilación, retiro o pensión. Con estas medidas, el Gobierno subraya que este último presupuesto de la administración busca consolidar un legado de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, al mismo tiempo que prioriza las urgencias sociales más relevantes para la ciudadanía. AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se dirige al país desde el Palacio de La Moneda, para presentar el Proyecto de Ley #Presupuesto2026. https://t.co/omDOLULqWG — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) October 1, 2025
El dispositivo conocido comercialmente como “taser” corresponde a un arma de menor letalidad diseñada para inmovilizar temporalmente a una persona mediante la descarga eléctrica que transmiten los dardos que dispara. Su incorporación al equipamiento de Carabineros comienza finalmente a materializarse luego de que en agosto el Gobierno entregara la autorización oficial, tras meses de retrasos marcados por trámites administrativos y la reorganización institucional asociada a la creación del Ministerio de Seguridad. El modelo escogido corresponde a pistolas DATE, de última generación, con un costo cercano a los $5 millones cada una. El plan contempla además una etapa de capacitación previa para el personal, buscando garantizar un uso adecuado. El piloto tendría como foco principal la atención de casos de violencia intrafamiliar (VIF) y podría implementarse antes de fin de 2025. La cronología del proceso indica que el 18 de agosto Carabineros ingresó una solicitud formal a la Subsecretaría de Seguridad Pública para usar Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT). La respuesta positiva llegó al viernes siguiente, lo que dio paso a iniciar gestiones de compra y preparación operativa. Cabe recordar que la institución ya contaba con un protocolo desde febrero, firmado por el general inspector Enrique Monrás, que establece normas de porte, uso y mantenimiento. El tema también ha sido debatido en la Unidad Consultiva para la reforma de Carabineros, donde incluso se adelantó que su utilización no se restringirá solo a VIF, sino que podrá aplicarse en el plan cuadrante y otras tareas preventivas. Con esta autorización, el proceso de implementación avanza a su etapa decisiva.
El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, que contempla un aumento de 1,7% en el gasto público respecto de 2025, alcanzando un total de $86,2 billones (equivalente a US$90 mil millones). El documento subraya que se trata de un presupuesto diseñado en un escenario de mayor estabilidad macroeconómica tras los años de bajo crecimiento y alta inflación que siguieron a la pandemia del COVID-19. Según la proyección oficial, la economía crecerá 2,5% en 2026, en línea con lo previsto para 2025, mientras que la inflación se mantendrá controlada en torno al 3,1% anual, ajustada a la meta del Banco Central. Este entorno permitirá un balance cíclicamente ajustado (BCA) de -1,1% del PIB, lo que, según el Ejecutivo, confirma el compromiso con la convergencia fiscal sin necesidad de incrementar la deuda pública. El proyecto enfatiza que el país heredará unas finanzas públicas más ordenadas y estables, entregando mayor autonomía a las futuras administraciones para utilizar el presupuesto como herramienta de transformación social. En esa línea, se plantea un fortalecimiento del gasto en áreas clave como salud, educación, seguridad, pensiones, inversión pública y protección social, buscando garantizar más derechos y mejorar la calidad de vida de las personas. En materia de endeudamiento, el proyecto solicita autorización para que el Presidente de la República pueda contraer obligaciones internas o externas hasta por US$17.400 millones, además de un monto adicional de US$600 millones. Asimismo, se incluye una disposición que limita la reposición de personal en el sector público: durante 2026 solo se podrá reponer un cargo por cada tres vacantes generadas por jubilación, retiro o pensión. Con estas medidas, el Gobierno subraya que este último presupuesto de la administración busca consolidar un legado de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, al mismo tiempo que prioriza las urgencias sociales más relevantes para la ciudadanía. AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se dirige al país desde el Palacio de La Moneda, para presentar el Proyecto de Ley #Presupuesto2026. https://t.co/omDOLULqWG — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) October 1, 2025
El dispositivo conocido comercialmente como “taser” corresponde a un arma de menor letalidad diseñada para inmovilizar temporalmente a una persona mediante la descarga eléctrica que transmiten los dardos que dispara. Su incorporación al equipamiento de Carabineros comienza finalmente a materializarse luego de que en agosto el Gobierno entregara la autorización oficial, tras meses de retrasos marcados por trámites administrativos y la reorganización institucional asociada a la creación del Ministerio de Seguridad. El modelo escogido corresponde a pistolas DATE, de última generación, con un costo cercano a los $5 millones cada una. El plan contempla además una etapa de capacitación previa para el personal, buscando garantizar un uso adecuado. El piloto tendría como foco principal la atención de casos de violencia intrafamiliar (VIF) y podría implementarse antes de fin de 2025. La cronología del proceso indica que el 18 de agosto Carabineros ingresó una solicitud formal a la Subsecretaría de Seguridad Pública para usar Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT). La respuesta positiva llegó al viernes siguiente, lo que dio paso a iniciar gestiones de compra y preparación operativa. Cabe recordar que la institución ya contaba con un protocolo desde febrero, firmado por el general inspector Enrique Monrás, que establece normas de porte, uso y mantenimiento. El tema también ha sido debatido en la Unidad Consultiva para la reforma de Carabineros, donde incluso se adelantó que su utilización no se restringirá solo a VIF, sino que podrá aplicarse en el plan cuadrante y otras tareas preventivas. Con esta autorización, el proceso de implementación avanza a su etapa decisiva.
