A partir del próximo miércoles 17 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones de Fiestas Patrias, comienza oficialmente el periodo legal de propaganda electoral en todo el país. Esta etapa marcará un despliegue político intenso en medios de comunicación, redes sociales y la vía pública, con mensajes de los candidatos y candidatas que competirán en noviembre por un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la Región de Antofagasta, correspondiente al Distrito 3, serán más de treinta los postulantes que buscarán representar a la zona, según el Servel, donde sólo cinco deberán ser elegidos. Entre ellos, destacan nombres de diversos pactos y partidos políticos. Por el Pacto Cambio por Chile se presentan Yovana Ahumada Palma, Carolina Moscoso Carrasco, Leslie Moll Vera (PSC), Adriana Jiménez Retamal (PNL), Carlo Arqueros Pizarro y Silvana Ubillo Rojas (Partido Republicano). En el Pacto Izquierda Ecológica Popular Animalista y Humanista postulan Adela Pizarro Goncalvez (PH) y Dan Ibacache Paniagua (Igualdad). El Pacto Unidad por Chile lleva a Sebastián Videla Castillo (IND-PL), Jaime Araya Guerrero (IND-PPD), Paulina Lizana Martínez (PC), Marcela Hernando Pérez (PR), Margarita Montecino Cortez (DC) y Gabriela Carrasco Urquieta (FA). Por Chile Grande y Unido, competirán José Miguel Castro Bascuñán y Daniela Castro Araya (RN), Carolina Latorre Cruz y José Véliz Véliz (Demócratas), Jorge Olivares Puentes y Yantiel Calderón Valenzuela (Evópoli). El Pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas inscribió a Hernán Velásquez Núñez, Marión Tapia González y Danahe Rojas Mamani (FRVS), María Lazcano Torres, Eduardo Sotomayor Ortiz y Marco Ramo Paez (AH). Desde el Partido de la Gente (PDG) competirán Fabián Ossandón Briceño, Paola Debia González, Sergio Marmie Ibarrondo, Jessie González Bugueño, Vilma Esquivel Céspedes y Luis Ramos Bustos. En tanto, Popular lleva a Nelly Castillo Saravia, mientras que el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) tendrá como candidatos a Natalia Sánchez Muñoz, Daniel Vargas Downing, Daniela Avilés Honores y Néstor Vera Rojas. Con el inicio de la franja legal, se espera un escenario político marcado por la alta exposición pública de los candidatos y la competencia en terreno, donde los mensajes electorales convivirán con las celebraciones dieciocheras.
La Sala del Senado aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que establece una multa para quienes no concurran a votar en las elecciones. La medida, que busca reponer la obligatoriedad del sufragio con sanción, avanza así a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ante esto, la votación fue respaldada por casi la totalidad de los senadores, con la única excepción de Pedro Araya, quien ya se había manifestado en contra de la iniciativa. El proyecto llegó al Senado sin sanciones para los electores que se ausentaran, pero fue modificado por una indicación del Ejecutivo que reincorporó las multas. Asimismo, la normativa establece que los ciudadanos que no voten serán sancionados con una multa a beneficio municipal que oscila entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que equivale a un rango aproximado de entre $35.000 y $103.000. Finalmente, el proyecto contempla algunas excepciones para quienes no puedan votar, como enfermedad, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, o contar con una certificación de discapacidad. El monto de la sanción fue reducido en comparación con la propuesta inicial de la Cámara Baja, que podía superar los $200.000.
Con el plazo de inscripción cerrado, la región de Antofagasta se prepara para una intensa carrera parlamentaria. Un total de 34 postulantes competirán por los cinco escaños del Distrito 3, en las elecciones programadas para el 16 de noviembre. Las listas, que se definieron tras negociaciones de último minuto, incluyen a cuatro de los actuales diputados: Yovana Ahumada (PSC), José Miguel Castro (RN), Jaime Araya (IND-PPD) y Sebastián Videla (IND-PL), quienes buscarán renovar sus mandatos. La única ausente en la nómina es Catalina Pérez (ex FA), quien no se inscribió tras ser desaforada y formalizada en mayo pasado. Los seis pactos y partidos que presentaron candidaturas son: Unidad por Chile: con Sebastián Videla (IND-PL), Jaime Araya (IND-PPD), Gabriela Carrasco (FA), Marcela Hernando (PR), Paulina Lizana (PC) y Margarita Montecino (DC). Cambio por Chile: con Yovana Ahumada (PSC), Leslie Moll (PSC), Carolina Moscoso (PSC), Adriana Jiménez (PNL), Carlo Arqueros (Partido Republicano) y Silvana Ubillo (Partido Republicano). Partido de la Gente: con Paola Debia, Fabián Ossandón, Sergio Marmie, Jessie González, Vilma Esquivel y Luis Ramos. Partido de Trabajadores Revolucionarios: con Natalia Sánchez, Daniela Avilés, Daniel Vargas y Néstor Vera. Verdes, Regionalistas y Humanistas: con Hernán Velásquez (FRVS), Mario Tapia (FRVS), Danahe Rojas (FRVS), María Lazcano (AH), Eduardo Sotomayor (AH) y Marco Ramo (AH). Chile Grande y Unido: con José Miguel Castro (RN), Daniela Castro (RN), Yantiel Calderón (Evópoli), Jorge Olivares (Evópoli), Carolina Latorre (Demócratas) y José Véliz (Demócratas).
Las elecciones presidenciales de este domingo en Bolivia marcaron un punto de quiebre histórico: por primera vez en dos décadas el Movimiento al Socialismo (MAS) quedó fuera del protagonismo electoral. El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se convirtieron en los dos candidatos más votados y disputarán la segunda vuelta. De acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con más del 90% de las actas escrutadas, Paz —del Partido Demócrata Cristiano— alcanzó 1.561.000 votos, equivalentes al 32,08%. Quiroga, abanderado de la alianza opositora Alianza Libre, obtuvo 1.311.000 sufragios, con un 26,94%. El MAS sufrió un desplome histórico: apenas logró un 3,14%, cayendo al sexto lugar, lo que simboliza el fin del ciclo político iniciado con Evo Morales en 2005. Más atrás quedaron el empresario Samuel Doria Medina, quien partía como favorito según las encuestas, con un 19,93%, y el joven dirigente de izquierda Andrónico Rodríguez, con un 8,15%. La participación fue alta: un 78,55% de los 7,5 millones de electores habilitados acudieron a las urnas. El pase a segunda vuelta evidencia la fuerte fragmentación opositora. Pese a intentos previos de converger en una sola candidatura, las diferencias internas llevaron a competir con múltiples cartas, favoreciendo la dispersión de votos. Rodrigo Paz, de 54 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ha construido su carrera en el Congreso y como alcalde de Tarija. Su candidatura se consolidó en las últimas semanas con un discurso de renovación y moderación, respaldado por su compañero de fórmula, Edman Lara, un expolicía con perfil anticorrupción. Jorge Quiroga, de 65 años, ya ejerció la presidencia entre 2001 y 2002. Su campaña se apoya en la experiencia y en un tono duro contra el MAS, lo que le asegura respaldo en sectores opositores más radicales, aunque limita su llegada a votantes moderados. De este modo, la segunda vuelta enfrentará dos estilos distintos: Paz, como opción de recambio y moderación, y Quiroga, como figura de experiencia y discurso ideológico más marcado. Ambos buscarán encarnar el fin de la era del MAS y ofrecer respuestas a una ciudadanía que exige soluciones urgentes ante la crisis económica.
Este martes 6 de agosto, Bolivia conmemora los 200 años de su independencia con una serie de actos protocolares encabezados por el presidente Luis Arce en la ciudad de Sucre, cuna histórica del país. En la Casa de la Libertad, donde en 1825 se firmó el Acta de Independencia, se desarrollará la ceremonia central del Bicentenario, marcada no solo por la solemnidad, sino también por un contexto nacional complejo, atravesado por una aguda crisis económica, tensiones políticas internas y creciente malestar social. Un país en crisis económica estructural Desde 2014, Bolivia ha experimentado un sostenido declive en los ingresos por exportación de hidrocarburos, recurso que durante buena parte del siglo XXI sostuvo el modelo económico del país. Tras años de bonanza impulsados por altos precios internacionales y una fuerte demanda externa, la caída de la producción y la falta de nuevas inversiones estratégicas provocaron una fuerte reducción de los ingresos fiscales en dólares. La consecuencia ha sido una severa escasez de divisas, que ha obligado a aplicar restricciones bancarias al acceso a dólares, afectando importaciones clave y alimentando un mercado informal de divisas donde la cotización duplica al tipo de cambio oficial. Esta distorsión ha encarecido el costo de vida, disparado la inflación y provocado dificultades para garantizar el abastecimiento de combustibles, especialmente diésel y gasolina. De hecho, Bolivia ha pasado de ser exportador de gas natural a importador de carburantes, los que además son fuertemente subsidiados por el Estado, lo que representa uno de los mayores gastos en moneda extranjera junto al pago de la deuda externa. En junio, el presidente Luis Arce advirtió públicamente que el país enfrentaba riesgos de default y reconoció que el suministro de combustibles no estaba asegurado. Disputas políticas y ausencia de responsabilidades A pesar de la gravedad de la crisis, ningún actor político ha asumido plena responsabilidad. El presidente Arce ha atribuido parte de la situación al deterioro de la industria petrolera durante el gobierno de su antecesor, Evo Morales, a pesar de que él mismo fue ministro de Economía durante más de una década en ese mismo período. Asimismo, ha responsabilizado a la Asamblea Legislativa por no aprobar créditos externos que podrían entregar liquidez en dólares, aunque estén destinados a proyectos de inversión pública. Desde la oposición y sectores críticos del oficialismo, se cuestiona el modelo económico vigente y se apunta directamente a la mala gestión del actual gobierno. En ese marco, el expresidente Evo Morales ha profundizado su distanciamiento con Arce, acusándolo de conducir al país a una crisis sin precedentes, en un conflicto de poder que ha polarizado aún más el escenario político. Malestar social y demandas institucionales Las tensiones políticas se suman a un creciente descontento social frente al deterioro económico, la inseguridad, y la falta de respuestas desde el Estado. Bolivia es una sociedad marcada por la desigualdad y la desconfianza institucional, donde los ciudadanos exigen mayor transparencia, un sistema judicial independiente y reformas estructurales que renueven el pacto social. La falta de independencia de los poderes públicos, el estancamiento del aparato judicial y las constantes pugnas entre oficialismo y oposición han generado un clima de incertidumbre, que permea incluso en el desarrollo de los actos del Bicentenario. Celebraciones con tono solemne y mirada al futuro Pese al complejo escenario, Bolivia ha desplegado un calendario de actividades para conmemorar los 200 años de su independencia. Esta semana se presentaron tres monedas conmemorativas: una de curso legal y dos de colección, junto con un monumento dedicado a Juana Azurduy de Padilla, heroína de las guerras de independencia en el Alto Perú. Además, se realizaron desfiles cívicos y se decretaron dos días de feriado nacional para permitir a la población participar de los actos conmemorativos. Uno de los momentos más esperados será el discurso del presidente Luis Arce ante la Asamblea Legislativa, en una sesión solemne en la histórica ciudad de Sucre. Visitas internacionales y cancelaciones Para esta fecha simbólica, se espera la presencia de diversas delegaciones extranjeras y líderes de la región. Entre las visitas confirmadas están la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto. El presidente chileno Gabriel Boric había confirmado su participación, pero canceló su viaje debido a la tragedia ocurrida recientemente en Chile, tras la muerte de seis trabajadores en un accidente en la mina El Teniente de Codelco. Elecciones y expectativas de cambio La conmemoración del Bicentenario se produce a solo días de las elecciones nacionales, programadas para el 17 de agosto. En ese contexto, el llamado a una renovación política y económica resuena con fuerza en el país. Las encuestas de intención de voto muestran una ventaja de los candidatos de oposición, que proponen cambios profundos al actual modelo económico. No obstante, el porcentaje de indecisos sigue siendo significativo, por lo que el escenario electoral permanece abierto. El clima social y político que rodea al Bicentenario podría influir directamente en los resultados electorales y en el rumbo que adopte Bolivia en los próximos años.
A partir del próximo miércoles 17 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones de Fiestas Patrias, comienza oficialmente el periodo legal de propaganda electoral en todo el país. Esta etapa marcará un despliegue político intenso en medios de comunicación, redes sociales y la vía pública, con mensajes de los candidatos y candidatas que competirán en noviembre por un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la Región de Antofagasta, correspondiente al Distrito 3, serán más de treinta los postulantes que buscarán representar a la zona, según el Servel, donde sólo cinco deberán ser elegidos. Entre ellos, destacan nombres de diversos pactos y partidos políticos. Por el Pacto Cambio por Chile se presentan Yovana Ahumada Palma, Carolina Moscoso Carrasco, Leslie Moll Vera (PSC), Adriana Jiménez Retamal (PNL), Carlo Arqueros Pizarro y Silvana Ubillo Rojas (Partido Republicano). En el Pacto Izquierda Ecológica Popular Animalista y Humanista postulan Adela Pizarro Goncalvez (PH) y Dan Ibacache Paniagua (Igualdad). El Pacto Unidad por Chile lleva a Sebastián Videla Castillo (IND-PL), Jaime Araya Guerrero (IND-PPD), Paulina Lizana Martínez (PC), Marcela Hernando Pérez (PR), Margarita Montecino Cortez (DC) y Gabriela Carrasco Urquieta (FA). Por Chile Grande y Unido, competirán José Miguel Castro Bascuñán y Daniela Castro Araya (RN), Carolina Latorre Cruz y José Véliz Véliz (Demócratas), Jorge Olivares Puentes y Yantiel Calderón Valenzuela (Evópoli). El Pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas inscribió a Hernán Velásquez Núñez, Marión Tapia González y Danahe Rojas Mamani (FRVS), María Lazcano Torres, Eduardo Sotomayor Ortiz y Marco Ramo Paez (AH). Desde el Partido de la Gente (PDG) competirán Fabián Ossandón Briceño, Paola Debia González, Sergio Marmie Ibarrondo, Jessie González Bugueño, Vilma Esquivel Céspedes y Luis Ramos Bustos. En tanto, Popular lleva a Nelly Castillo Saravia, mientras que el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) tendrá como candidatos a Natalia Sánchez Muñoz, Daniel Vargas Downing, Daniela Avilés Honores y Néstor Vera Rojas. Con el inicio de la franja legal, se espera un escenario político marcado por la alta exposición pública de los candidatos y la competencia en terreno, donde los mensajes electorales convivirán con las celebraciones dieciocheras.
La Sala del Senado aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que establece una multa para quienes no concurran a votar en las elecciones. La medida, que busca reponer la obligatoriedad del sufragio con sanción, avanza así a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ante esto, la votación fue respaldada por casi la totalidad de los senadores, con la única excepción de Pedro Araya, quien ya se había manifestado en contra de la iniciativa. El proyecto llegó al Senado sin sanciones para los electores que se ausentaran, pero fue modificado por una indicación del Ejecutivo que reincorporó las multas. Asimismo, la normativa establece que los ciudadanos que no voten serán sancionados con una multa a beneficio municipal que oscila entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que equivale a un rango aproximado de entre $35.000 y $103.000. Finalmente, el proyecto contempla algunas excepciones para quienes no puedan votar, como enfermedad, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, o contar con una certificación de discapacidad. El monto de la sanción fue reducido en comparación con la propuesta inicial de la Cámara Baja, que podía superar los $200.000.
Con el plazo de inscripción cerrado, la región de Antofagasta se prepara para una intensa carrera parlamentaria. Un total de 34 postulantes competirán por los cinco escaños del Distrito 3, en las elecciones programadas para el 16 de noviembre. Las listas, que se definieron tras negociaciones de último minuto, incluyen a cuatro de los actuales diputados: Yovana Ahumada (PSC), José Miguel Castro (RN), Jaime Araya (IND-PPD) y Sebastián Videla (IND-PL), quienes buscarán renovar sus mandatos. La única ausente en la nómina es Catalina Pérez (ex FA), quien no se inscribió tras ser desaforada y formalizada en mayo pasado. Los seis pactos y partidos que presentaron candidaturas son: Unidad por Chile: con Sebastián Videla (IND-PL), Jaime Araya (IND-PPD), Gabriela Carrasco (FA), Marcela Hernando (PR), Paulina Lizana (PC) y Margarita Montecino (DC). Cambio por Chile: con Yovana Ahumada (PSC), Leslie Moll (PSC), Carolina Moscoso (PSC), Adriana Jiménez (PNL), Carlo Arqueros (Partido Republicano) y Silvana Ubillo (Partido Republicano). Partido de la Gente: con Paola Debia, Fabián Ossandón, Sergio Marmie, Jessie González, Vilma Esquivel y Luis Ramos. Partido de Trabajadores Revolucionarios: con Natalia Sánchez, Daniela Avilés, Daniel Vargas y Néstor Vera. Verdes, Regionalistas y Humanistas: con Hernán Velásquez (FRVS), Mario Tapia (FRVS), Danahe Rojas (FRVS), María Lazcano (AH), Eduardo Sotomayor (AH) y Marco Ramo (AH). Chile Grande y Unido: con José Miguel Castro (RN), Daniela Castro (RN), Yantiel Calderón (Evópoli), Jorge Olivares (Evópoli), Carolina Latorre (Demócratas) y José Véliz (Demócratas).
Las elecciones presidenciales de este domingo en Bolivia marcaron un punto de quiebre histórico: por primera vez en dos décadas el Movimiento al Socialismo (MAS) quedó fuera del protagonismo electoral. El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se convirtieron en los dos candidatos más votados y disputarán la segunda vuelta. De acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con más del 90% de las actas escrutadas, Paz —del Partido Demócrata Cristiano— alcanzó 1.561.000 votos, equivalentes al 32,08%. Quiroga, abanderado de la alianza opositora Alianza Libre, obtuvo 1.311.000 sufragios, con un 26,94%. El MAS sufrió un desplome histórico: apenas logró un 3,14%, cayendo al sexto lugar, lo que simboliza el fin del ciclo político iniciado con Evo Morales en 2005. Más atrás quedaron el empresario Samuel Doria Medina, quien partía como favorito según las encuestas, con un 19,93%, y el joven dirigente de izquierda Andrónico Rodríguez, con un 8,15%. La participación fue alta: un 78,55% de los 7,5 millones de electores habilitados acudieron a las urnas. El pase a segunda vuelta evidencia la fuerte fragmentación opositora. Pese a intentos previos de converger en una sola candidatura, las diferencias internas llevaron a competir con múltiples cartas, favoreciendo la dispersión de votos. Rodrigo Paz, de 54 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ha construido su carrera en el Congreso y como alcalde de Tarija. Su candidatura se consolidó en las últimas semanas con un discurso de renovación y moderación, respaldado por su compañero de fórmula, Edman Lara, un expolicía con perfil anticorrupción. Jorge Quiroga, de 65 años, ya ejerció la presidencia entre 2001 y 2002. Su campaña se apoya en la experiencia y en un tono duro contra el MAS, lo que le asegura respaldo en sectores opositores más radicales, aunque limita su llegada a votantes moderados. De este modo, la segunda vuelta enfrentará dos estilos distintos: Paz, como opción de recambio y moderación, y Quiroga, como figura de experiencia y discurso ideológico más marcado. Ambos buscarán encarnar el fin de la era del MAS y ofrecer respuestas a una ciudadanía que exige soluciones urgentes ante la crisis económica.
Este martes 6 de agosto, Bolivia conmemora los 200 años de su independencia con una serie de actos protocolares encabezados por el presidente Luis Arce en la ciudad de Sucre, cuna histórica del país. En la Casa de la Libertad, donde en 1825 se firmó el Acta de Independencia, se desarrollará la ceremonia central del Bicentenario, marcada no solo por la solemnidad, sino también por un contexto nacional complejo, atravesado por una aguda crisis económica, tensiones políticas internas y creciente malestar social. Un país en crisis económica estructural Desde 2014, Bolivia ha experimentado un sostenido declive en los ingresos por exportación de hidrocarburos, recurso que durante buena parte del siglo XXI sostuvo el modelo económico del país. Tras años de bonanza impulsados por altos precios internacionales y una fuerte demanda externa, la caída de la producción y la falta de nuevas inversiones estratégicas provocaron una fuerte reducción de los ingresos fiscales en dólares. La consecuencia ha sido una severa escasez de divisas, que ha obligado a aplicar restricciones bancarias al acceso a dólares, afectando importaciones clave y alimentando un mercado informal de divisas donde la cotización duplica al tipo de cambio oficial. Esta distorsión ha encarecido el costo de vida, disparado la inflación y provocado dificultades para garantizar el abastecimiento de combustibles, especialmente diésel y gasolina. De hecho, Bolivia ha pasado de ser exportador de gas natural a importador de carburantes, los que además son fuertemente subsidiados por el Estado, lo que representa uno de los mayores gastos en moneda extranjera junto al pago de la deuda externa. En junio, el presidente Luis Arce advirtió públicamente que el país enfrentaba riesgos de default y reconoció que el suministro de combustibles no estaba asegurado. Disputas políticas y ausencia de responsabilidades A pesar de la gravedad de la crisis, ningún actor político ha asumido plena responsabilidad. El presidente Arce ha atribuido parte de la situación al deterioro de la industria petrolera durante el gobierno de su antecesor, Evo Morales, a pesar de que él mismo fue ministro de Economía durante más de una década en ese mismo período. Asimismo, ha responsabilizado a la Asamblea Legislativa por no aprobar créditos externos que podrían entregar liquidez en dólares, aunque estén destinados a proyectos de inversión pública. Desde la oposición y sectores críticos del oficialismo, se cuestiona el modelo económico vigente y se apunta directamente a la mala gestión del actual gobierno. En ese marco, el expresidente Evo Morales ha profundizado su distanciamiento con Arce, acusándolo de conducir al país a una crisis sin precedentes, en un conflicto de poder que ha polarizado aún más el escenario político. Malestar social y demandas institucionales Las tensiones políticas se suman a un creciente descontento social frente al deterioro económico, la inseguridad, y la falta de respuestas desde el Estado. Bolivia es una sociedad marcada por la desigualdad y la desconfianza institucional, donde los ciudadanos exigen mayor transparencia, un sistema judicial independiente y reformas estructurales que renueven el pacto social. La falta de independencia de los poderes públicos, el estancamiento del aparato judicial y las constantes pugnas entre oficialismo y oposición han generado un clima de incertidumbre, que permea incluso en el desarrollo de los actos del Bicentenario. Celebraciones con tono solemne y mirada al futuro Pese al complejo escenario, Bolivia ha desplegado un calendario de actividades para conmemorar los 200 años de su independencia. Esta semana se presentaron tres monedas conmemorativas: una de curso legal y dos de colección, junto con un monumento dedicado a Juana Azurduy de Padilla, heroína de las guerras de independencia en el Alto Perú. Además, se realizaron desfiles cívicos y se decretaron dos días de feriado nacional para permitir a la población participar de los actos conmemorativos. Uno de los momentos más esperados será el discurso del presidente Luis Arce ante la Asamblea Legislativa, en una sesión solemne en la histórica ciudad de Sucre. Visitas internacionales y cancelaciones Para esta fecha simbólica, se espera la presencia de diversas delegaciones extranjeras y líderes de la región. Entre las visitas confirmadas están la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto. El presidente chileno Gabriel Boric había confirmado su participación, pero canceló su viaje debido a la tragedia ocurrida recientemente en Chile, tras la muerte de seis trabajadores en un accidente en la mina El Teniente de Codelco. Elecciones y expectativas de cambio La conmemoración del Bicentenario se produce a solo días de las elecciones nacionales, programadas para el 17 de agosto. En ese contexto, el llamado a una renovación política y económica resuena con fuerza en el país. Las encuestas de intención de voto muestran una ventaja de los candidatos de oposición, que proponen cambios profundos al actual modelo económico. No obstante, el porcentaje de indecisos sigue siendo significativo, por lo que el escenario electoral permanece abierto. El clima social y político que rodea al Bicentenario podría influir directamente en los resultados electorales y en el rumbo que adopte Bolivia en los próximos años.
