En el marco de la investigación por delitos de fraude al Fisco, la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de Democracia Viva, de que se declare incompetente al Juzgado de Garantía de Antofagasta y que los antecedentes del caso sean remitidos a Santiago, fue rechazada. Según consignó La Tercera, los abogados de la ex pareja de la exdiputada Catalina Pérez, buscaban que el caso sea remitido al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, debido a que los delitos que se le imputan a Andrade, se habrían iniciado en la Región Metropolitana, específicamente en Ñuñoa. La petición fue hecha en la audiencia de preparación de juicio oral, donde entre los argumentos, los abogados apuntaron a la suscripción de un contrato de arriendo falso en julio de 2022, justamente en un inmueble ubicado en Ñuñoa, además de la iniciación de actividades en el SII y la firma electrónica de los convenios. En la instancia, también abordó la situación de la exdiputada Catalina Pérez, donde la defensa aseguró que no es posible atribuirle coautoría a la otrora parlamentaria por Antofagasta, debido a que no existiría intervención directa en los hechos que imputa la Fiscalía. En este escenario, se fijó una nueva audiencia de preparación de juicio oral para el 30 de junio.
Pese a que se encontraba fijada para este lunes 19 de enero, el Juzgado de Garantía de Antofagasta volvió a reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral por Democracia Viva, principal arista del denominado Caso Convenios. Esto, luego de que el juzgado acogiera previamente la solicitud de las defensas de los imputados para reagendarla, puesto que necesitaban más tiempo para analizar antecedentes presentados por Fiscalía. Además de la petición del defensor que la semana pasada asumió la representación de Mery Donoso. En este escenario, la audiencia fue reprogramada por segunda vez, luego de ser pospuesta durante noviembre de 2025 para este lunes 19 de enero. Finalmente, la audiencia quedó fijada para el próximo 6 de abril, a las 08:30 horas. No obstante, también fue revisada la medida cautelar de Lorena Cisternas, quien seguirá con arresto domiciliario nocturno luego de que el tribunal rechazara la solicitud de cambio. El juicio revisará la existencia de 1 2 delitos de fraude al Fisco y dos de lavado de activos, donde se revisarán las sanciones para integrantes de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo.
El caso Democracia Viva experimentó un giro significativo luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolviera excluir a los querellantes de carácter político que participaban en la causa. Entre ellos se encontraban el representante de los diputados del Partido Republicano, Sergio Rodríguez; el abogado Pablo Toloza, en representación de parlamentarios de la UDI; el senador socialista Fidel Espinoza; y el partido Revolución Democrática. El tribunal declaró el abandono de las querellas por diversas razones, principalmente por incumplimientos procesales como no asistir a audiencias, no impulsar las causas o no realizar gestiones dentro de los plazos legales. Según señaló BioBio, En el caso de los diputados republicanos, su abogado explicó que la exclusión se debió a que la parte querellante no contaba con un domicilio válido en Antofagasta, requisito esencial para continuar en el proceso. La resolución también incluyó un fuerte reproche al Ministerio Público, ya que el magistrado acogió los reclamos de las defensas por inconsistencias en la acusación y por la entrega incompleta de antecedentes. En consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Regional entregar copia íntegra de toda la investigación en un plazo de cinco días, además de corregir y organizar la acusación en seis días, clasificando con precisión la prueba ofrecida. El tribunal estableció que, si las defensas detectan información faltante, deberán informarlo antes del 19 de enero para evitar nuevos retrasos en la audiencia de preparación del juicio oral. Desde la defensa de Daniel Andrade, el abogado José Ignacio Figueroa valoró la decisión y destacó que la Fiscalía no imputa apropiación de dinero en su acusación.
En el marco de la investigación por delitos de fraude al Fisco, la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de Democracia Viva, de que se declare incompetente al Juzgado de Garantía de Antofagasta y que los antecedentes del caso sean remitidos a Santiago, fue rechazada. Según consignó La Tercera, los abogados de la ex pareja de la exdiputada Catalina Pérez, buscaban que el caso sea remitido al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, debido a que los delitos que se le imputan a Andrade, se habrían iniciado en la Región Metropolitana, específicamente en Ñuñoa. La petición fue hecha en la audiencia de preparación de juicio oral, donde entre los argumentos, los abogados apuntaron a la suscripción de un contrato de arriendo falso en julio de 2022, justamente en un inmueble ubicado en Ñuñoa, además de la iniciación de actividades en el SII y la firma electrónica de los convenios. En la instancia, también abordó la situación de la exdiputada Catalina Pérez, donde la defensa aseguró que no es posible atribuirle coautoría a la otrora parlamentaria por Antofagasta, debido a que no existiría intervención directa en los hechos que imputa la Fiscalía. En este escenario, se fijó una nueva audiencia de preparación de juicio oral para el 30 de junio.
Pese a que se encontraba fijada para este lunes 19 de enero, el Juzgado de Garantía de Antofagasta volvió a reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral por Democracia Viva, principal arista del denominado Caso Convenios. Esto, luego de que el juzgado acogiera previamente la solicitud de las defensas de los imputados para reagendarla, puesto que necesitaban más tiempo para analizar antecedentes presentados por Fiscalía. Además de la petición del defensor que la semana pasada asumió la representación de Mery Donoso. En este escenario, la audiencia fue reprogramada por segunda vez, luego de ser pospuesta durante noviembre de 2025 para este lunes 19 de enero. Finalmente, la audiencia quedó fijada para el próximo 6 de abril, a las 08:30 horas. No obstante, también fue revisada la medida cautelar de Lorena Cisternas, quien seguirá con arresto domiciliario nocturno luego de que el tribunal rechazara la solicitud de cambio. El juicio revisará la existencia de 1 2 delitos de fraude al Fisco y dos de lavado de activos, donde se revisarán las sanciones para integrantes de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo.
El caso Democracia Viva experimentó un giro significativo luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolviera excluir a los querellantes de carácter político que participaban en la causa. Entre ellos se encontraban el representante de los diputados del Partido Republicano, Sergio Rodríguez; el abogado Pablo Toloza, en representación de parlamentarios de la UDI; el senador socialista Fidel Espinoza; y el partido Revolución Democrática. El tribunal declaró el abandono de las querellas por diversas razones, principalmente por incumplimientos procesales como no asistir a audiencias, no impulsar las causas o no realizar gestiones dentro de los plazos legales. Según señaló BioBio, En el caso de los diputados republicanos, su abogado explicó que la exclusión se debió a que la parte querellante no contaba con un domicilio válido en Antofagasta, requisito esencial para continuar en el proceso. La resolución también incluyó un fuerte reproche al Ministerio Público, ya que el magistrado acogió los reclamos de las defensas por inconsistencias en la acusación y por la entrega incompleta de antecedentes. En consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Regional entregar copia íntegra de toda la investigación en un plazo de cinco días, además de corregir y organizar la acusación en seis días, clasificando con precisión la prueba ofrecida. El tribunal estableció que, si las defensas detectan información faltante, deberán informarlo antes del 19 de enero para evitar nuevos retrasos en la audiencia de preparación del juicio oral. Desde la defensa de Daniel Andrade, el abogado José Ignacio Figueroa valoró la decisión y destacó que la Fiscalía no imputa apropiación de dinero en su acusación.
