La solicitud fue presentada por la defensa de Andrade ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, buscando que se realicen nuevas diligencias en el marco del caso Democracia Viva. Esta acción se produce poco después de que la Fiscalía solicitara 10 años de cárcel para Andrade y otros tres involucrados, incluida su expareja, la diputada Catalina Pérez. Según la defensa, las acusaciones del Ministerio Público sonsuperficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio. En su escrito, los abogados señalaron que una de las principales controversias se centra en un antecedente que la Fiscalía habría sumado el mismo día del cierre de la indagatoria: la supuesta firma de un contrato de arriendo falso entre la ONG y la dueña de una propiedad en Ñuñoa. Ante esto, el equipo legal de Andrade insistió en que su cliente es inocente y que las acusaciones en su contra no tienen sustento fáctico y jurídico. Además, cuestionaron la forma en que se llevó a cabo el proceso, afirmando queresulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos. Finalmente, la petición de la defensa de Daniel Andrade marca un nuevo capítulo en el mediático caso que investiga los convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y ahora está en manos del tribunal decidir si se reabren las diligencias.
La Fiscalía de Antofagasta obtuvo una prórroga de 20 días para continuar la investigación del caso Democracia Viva, con el objetivo de concretar diligencias clave, como el análisis del computador de Daniel Andrade y antecedentes tributarios de Paz Fuica. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó el 12 de agosto como fecha de cierre de la investigación. Ante esto, el fiscal regional, Cristian Aguilar, solicitó la ampliación argumentando la necesidad de realizardiligencias relevantes aún pendientes. Entre ellas, destacan un requerimiento al Servicio de Impuestos Internos (SII) relacionado con la exconcejala Paz Fuica, la revisión de los antecedentes del sumario instruido por Contraloría en la Seremi de Vivienda, y el peritaje de la información extraída del computador personal de Daniel Andrade, exrepresentante legal de la cuestionada fundación. Finalmente, Aguilar calificó el plazo de 20 días comorazonable, haciendo hincapié en que los imputados no están sujetos a medidas cautelares de privación de libertad. La investigación, que se inició en junio de 2023, ha enfrentado la oposición de la Defensoría Penal Pública, la única parte que se opuso a la solicitud de prórroga, cuestionando la extensión del proceso. El cierre de la investigación quedó programado para el 12 de agosto a las 10:00 horas.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta modificó este martes la medida cautelar que pesaba sobre Daniel Andrade, creador de la Fundación Democracia Viva. En el marco del Caso Convenios, el tribunal de alzada revocó el arresto domiciliario total que mantenía, dictaminando en su lugar el arresto domiciliario nocturno. Ante esto, la decisión del tribunal se dio a conocer luego de revisar la resolución anterior, que mantenía a Andrade bajo una restricción más severa. Con esta nueva medida, el exdirector de la fundación deberá permanecer en su domicilio solo durante las horas de la noche, lo que le permite desplazarse libremente durante el día. Finalmente, Daniel Andrade es investigado por su presunta participación en el denominado Caso Convenios, una trama que indaga posibles irregularidades en la asignación de fondos públicos a fundaciones en la región de Antofagasta. La modificación de su cautelar se produce en un momento clave del proceso judicial, generando diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano. La investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que ha generado gran expectación pública.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
La solicitud fue presentada por la defensa de Andrade ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, buscando que se realicen nuevas diligencias en el marco del caso Democracia Viva. Esta acción se produce poco después de que la Fiscalía solicitara 10 años de cárcel para Andrade y otros tres involucrados, incluida su expareja, la diputada Catalina Pérez. Según la defensa, las acusaciones del Ministerio Público sonsuperficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio. En su escrito, los abogados señalaron que una de las principales controversias se centra en un antecedente que la Fiscalía habría sumado el mismo día del cierre de la indagatoria: la supuesta firma de un contrato de arriendo falso entre la ONG y la dueña de una propiedad en Ñuñoa. Ante esto, el equipo legal de Andrade insistió en que su cliente es inocente y que las acusaciones en su contra no tienen sustento fáctico y jurídico. Además, cuestionaron la forma en que se llevó a cabo el proceso, afirmando queresulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos. Finalmente, la petición de la defensa de Daniel Andrade marca un nuevo capítulo en el mediático caso que investiga los convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y ahora está en manos del tribunal decidir si se reabren las diligencias.
La Fiscalía de Antofagasta obtuvo una prórroga de 20 días para continuar la investigación del caso Democracia Viva, con el objetivo de concretar diligencias clave, como el análisis del computador de Daniel Andrade y antecedentes tributarios de Paz Fuica. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó el 12 de agosto como fecha de cierre de la investigación. Ante esto, el fiscal regional, Cristian Aguilar, solicitó la ampliación argumentando la necesidad de realizardiligencias relevantes aún pendientes. Entre ellas, destacan un requerimiento al Servicio de Impuestos Internos (SII) relacionado con la exconcejala Paz Fuica, la revisión de los antecedentes del sumario instruido por Contraloría en la Seremi de Vivienda, y el peritaje de la información extraída del computador personal de Daniel Andrade, exrepresentante legal de la cuestionada fundación. Finalmente, Aguilar calificó el plazo de 20 días comorazonable, haciendo hincapié en que los imputados no están sujetos a medidas cautelares de privación de libertad. La investigación, que se inició en junio de 2023, ha enfrentado la oposición de la Defensoría Penal Pública, la única parte que se opuso a la solicitud de prórroga, cuestionando la extensión del proceso. El cierre de la investigación quedó programado para el 12 de agosto a las 10:00 horas.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta modificó este martes la medida cautelar que pesaba sobre Daniel Andrade, creador de la Fundación Democracia Viva. En el marco del Caso Convenios, el tribunal de alzada revocó el arresto domiciliario total que mantenía, dictaminando en su lugar el arresto domiciliario nocturno. Ante esto, la decisión del tribunal se dio a conocer luego de revisar la resolución anterior, que mantenía a Andrade bajo una restricción más severa. Con esta nueva medida, el exdirector de la fundación deberá permanecer en su domicilio solo durante las horas de la noche, lo que le permite desplazarse libremente durante el día. Finalmente, Daniel Andrade es investigado por su presunta participación en el denominado Caso Convenios, una trama que indaga posibles irregularidades en la asignación de fondos públicos a fundaciones en la región de Antofagasta. La modificación de su cautelar se produce en un momento clave del proceso judicial, generando diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano. La investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que ha generado gran expectación pública.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
