El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
El exmilitante de Revolución Democrática y protagonista del caso Democracia Viva, Daniel Andrade, anunció su regreso laboral para el último cuatrimestre de 2025, esta vez como profesor auxiliar en la fundación Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), institución cofundada por el abogado comunista Manuel Riesco. Andrade, ingeniero civil, dictará el curso Introducción a la Economía Política Clásica, que se desarrollará de septiembre a diciembre de manera telemática, con clases los sábados. El programa incluye lecturas de El Capital de Karl Marx y estudios de teorías de Adam Smith y David Ricardo. El valor del curso será de $40 mil mensuales para público general y $20 mil para estudiantes. El retorno de Andrade se da mientras la Fiscalía de Antofagasta solicitó en agosto 10 años de cárcel para él y su expareja, la exdiputada Catalina Pérez, por presunto fraude al fisco de $426 millones. La acusación también involucra al exseremi y exjefe de gabinete Carlos Contreras, para quien se pidieron 35 años de presidio. La causa fue reabierta por 45 días este mes, luego de que la defensa de Andrade alegara diligencias pendientes. En redes sociales, Andrade expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento de compartirles que este semestre participaré como profesor auxiliar”, señaló en Instagram.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta reabrió la investigación del denominado Caso Convenios, otorgando un plazo de 45 días para la realización de nuevas diligencias. La medida fue solicitada por la defensa de Daniel Andrade tras la reciente reformalización de la causa, ocurrida en agosto pasado. Ante esto, la magistrada del tribunal decidió reabrir el caso tras acoger la solicitud, la cual argumentó la necesidad de llevar a cabo diversas diligencias que consideran relevantes a la luz de la última reformalización de la investigación. Este nuevo plazo de 45 días permitirá a las partes recabar más antecedentes y profundizar en ciertos aspectos del caso, que involucra a diversas figuras y organizaciones en la región de Antofagasta. La decisión busca asegurar que todas las partes cuenten con el tiempo suficiente para presentar la información necesaria antes de que el proceso judicial continúe.
La solicitud fue presentada por la defensa de Andrade ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, buscando que se realicen nuevas diligencias en el marco del caso Democracia Viva. Esta acción se produce poco después de que la Fiscalía solicitara 10 años de cárcel para Andrade y otros tres involucrados, incluida su expareja, la diputada Catalina Pérez. Según la defensa, las acusaciones del Ministerio Público sonsuperficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio. En su escrito, los abogados señalaron que una de las principales controversias se centra en un antecedente que la Fiscalía habría sumado el mismo día del cierre de la indagatoria: la supuesta firma de un contrato de arriendo falso entre la ONG y la dueña de una propiedad en Ñuñoa. Ante esto, el equipo legal de Andrade insistió en que su cliente es inocente y que las acusaciones en su contra no tienen sustento fáctico y jurídico. Además, cuestionaron la forma en que se llevó a cabo el proceso, afirmando queresulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos. Finalmente, la petición de la defensa de Daniel Andrade marca un nuevo capítulo en el mediático caso que investiga los convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y ahora está en manos del tribunal decidir si se reabren las diligencias.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
El exmilitante de Revolución Democrática y protagonista del caso Democracia Viva, Daniel Andrade, anunció su regreso laboral para el último cuatrimestre de 2025, esta vez como profesor auxiliar en la fundación Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), institución cofundada por el abogado comunista Manuel Riesco. Andrade, ingeniero civil, dictará el curso Introducción a la Economía Política Clásica, que se desarrollará de septiembre a diciembre de manera telemática, con clases los sábados. El programa incluye lecturas de El Capital de Karl Marx y estudios de teorías de Adam Smith y David Ricardo. El valor del curso será de $40 mil mensuales para público general y $20 mil para estudiantes. El retorno de Andrade se da mientras la Fiscalía de Antofagasta solicitó en agosto 10 años de cárcel para él y su expareja, la exdiputada Catalina Pérez, por presunto fraude al fisco de $426 millones. La acusación también involucra al exseremi y exjefe de gabinete Carlos Contreras, para quien se pidieron 35 años de presidio. La causa fue reabierta por 45 días este mes, luego de que la defensa de Andrade alegara diligencias pendientes. En redes sociales, Andrade expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento de compartirles que este semestre participaré como profesor auxiliar”, señaló en Instagram.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta reabrió la investigación del denominado Caso Convenios, otorgando un plazo de 45 días para la realización de nuevas diligencias. La medida fue solicitada por la defensa de Daniel Andrade tras la reciente reformalización de la causa, ocurrida en agosto pasado. Ante esto, la magistrada del tribunal decidió reabrir el caso tras acoger la solicitud, la cual argumentó la necesidad de llevar a cabo diversas diligencias que consideran relevantes a la luz de la última reformalización de la investigación. Este nuevo plazo de 45 días permitirá a las partes recabar más antecedentes y profundizar en ciertos aspectos del caso, que involucra a diversas figuras y organizaciones en la región de Antofagasta. La decisión busca asegurar que todas las partes cuenten con el tiempo suficiente para presentar la información necesaria antes de que el proceso judicial continúe.
La solicitud fue presentada por la defensa de Andrade ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, buscando que se realicen nuevas diligencias en el marco del caso Democracia Viva. Esta acción se produce poco después de que la Fiscalía solicitara 10 años de cárcel para Andrade y otros tres involucrados, incluida su expareja, la diputada Catalina Pérez. Según la defensa, las acusaciones del Ministerio Público sonsuperficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio. En su escrito, los abogados señalaron que una de las principales controversias se centra en un antecedente que la Fiscalía habría sumado el mismo día del cierre de la indagatoria: la supuesta firma de un contrato de arriendo falso entre la ONG y la dueña de una propiedad en Ñuñoa. Ante esto, el equipo legal de Andrade insistió en que su cliente es inocente y que las acusaciones en su contra no tienen sustento fáctico y jurídico. Además, cuestionaron la forma en que se llevó a cabo el proceso, afirmando queresulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos. Finalmente, la petición de la defensa de Daniel Andrade marca un nuevo capítulo en el mediático caso que investiga los convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y ahora está en manos del tribunal decidir si se reabren las diligencias.
