Un análisis del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que 1.734 funcionarios públicos de la Región de Antofagasta presentan registros laborales múltiples, ya sea dentro de una misma institución o en distintos organismos del Estado. El estudio, basado en una fiscalización extraordinaria realizada a septiembre de 2023, plantea desafíos relevantes en materia de control y uso eficiente de los recursos públicos. Según el informe, el 75% de los casos corresponde a funcionarios con dos registros laborales, mientras que el 25% restante presenta tres o más. En la mitad de los casos, la multiplicidad ocurre dentro de una misma institución, especialmente en organismos de la Administración Central. El resto combina vínculos entre distintas entidades, destacando los cruces entre ministerios y corporaciones municipales. Respecto a las modalidades de contratación, un 23% mantiene solo contratos a honorarios, un 18% posee más de un contrato bajo la modalidad de contrata, y un 16% combina ambas figuras. Si bien el CPLT aclara que la existencia de registros múltiples no implica necesariamente irregularidades —pudiendo deberse a errores de carga o funciones compatibles—, advierte la necesidad de mayor rigurosidad y fiscalización. La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó que estos hallazgos “no siempre son ilegales, pero sí demandan explicaciones claras sobre compatibilidades horarias y modalidades de contratación”. El informe enfatiza que los equipos de auditoría interna y los organismos fiscalizadores deben revisar y aclarar estos casos para asegurar transparencia, eficiencia y correcta gestión del servicio público.
Los diputados de la Región de Antofagasta —Yovana Ahumada, Jaime Araya, José Miguel Castro y Sebastián Videla— destinaron entre $34 millones y $41 millones en gastos operacionales durante el primer semestre de 2025, según antecedentes obtenidos por SoyAntofagasta.cl a través del portal de transparencia activa de la Cámara de Diputados. El parlamentario que más recursos utilizó fue Sebastián Videla, con un total de $41.194.706. Sus principales ítems corresponden a arriendo de inmueble, traslados y difusión. En marzo registró su mayor gasto mensual ($8.930.028), destacando un desembolso de $1.887.000 en difusión y la compra de equipamiento para oficina. En conjunto, las categorías más relevantes fueron Traslado, con $56.155.170, y el Traspaso desde Gastos Operacionales a Asignación de Personal de Apoyo, con $40.264.385. El concepto de gastos parlamentarios incluye alimentación y alojamiento, tanto para el legislador como para su personal de apoyo. También considera traslados en distintos medios de transporte, arriendo de vehículos, combustible, peajes, estacionamientos y mantenciones preventivas en caso de usar un vehículo propio. Además, se incluye una amortización mensual de $212.207 para compensar el desgaste de vehículos personales y un viático de $78.621 por asistencia a sala o comisiones, con un tope de 12 o 16 días según el mes. Con excepción de la mantención, la amortización y el viático, los demás ítems pueden ser utilizados tanto por el parlamentario como por sus equipos. En este ámbito, Jaime Araya presentó el mayor gasto en traslación de un solo mes ($4.187.801 en marzo), mientras que tanto él como Videla destinaron más de $2,7 millones en algunos meses a personal de apoyo. En detalle, Araya sumó $37.932.318, sin registrar gastos en arriendo ni telefonía, aunque mantuvo pagos fijos en servicios menores ($639.000 mensuales) y más de $3 millones en traslación durante cuatro meses. Por su parte, José Miguel Castro totalizó $37.928.743, siendo el único en financiar actividades comunitarias ($339.964) y con gastos constantes en difusión, alcanzando un peak de $1.610.320 en junio. En telefonía presentó un monto inusual en marzo ($622.197). Finalmente, Yovana Ahumada reportó el gasto más bajo, con $34.718.054. Su mayor desembolso se concentró en difusión ($2.437.500 en junio), además de un arriendo fijo de $700.000 y gastos mínimos en telefonía ($53.332 mensuales). En común, los cuatro parlamentarios reportaron cero gasto en mantención de oficinas parlamentarias, reparaciones de inmuebles, seguros, oficinas móviles y servicios web.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de una fiscalización extraordinaria que evaluó el uso, reporte y destino de los recursos entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios del Royalty Minero durante 2024 y una muestra correspondiente a 2025. El análisis se centró en el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos, específicamente en el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, conocidos como “Fondos Puente”. La investigación advirtió que, en el período 2024, varias municipalidades de la Región de Antofagasta no cumplieron plenamente con la obligación de publicar sus reportes en los portales de transparencia activa. Entre ellas, figuran Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Ollagüe, que presentaron incumplimientos al no publicar información, hacerlo de manera incompleta o en ítems erróneos. El informe resaltó además que Ollagüe, una de las 20 municipalidades con mayor aumento proporcional en su presupuesto por el Royalty, respondió fuera de plazo una solicitud de información. En ella reconoció la transferencia de $24 millones al área de educación municipal, aunque en 2025 no publicó voluntariamente antecedentes sobre el uso de estos recursos. En cuanto a los montos, Calama se ubicó como la segunda municipalidad con mayores aportes en 2024, con $2.164 millones, mientras que Antofagasta alcanzó el décimo lugar con $993 millones. Sin embargo, se detectó que Sierra Gorda y San Pedro de Atacama no reportaron a la SUBDERE el uso del Fondo de Equidad Territorial, y que Antofagasta, Taltal y San Pedro tampoco cumplieron con reportar oportunamente los recursos provenientes del Fondo de Comunas Mineras. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó que “la Región de Antofagasta recibe sumas muy considerables del Royalty, y es indispensable que los gobiernos locales cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia, para que los ciudadanos puedan ejercer control social y exigir que estos fondos se traduzcan en mejoras concretas para su calidad de vida”. A nivel nacional, el CPLT advirtió que un 61% de las municipalidades beneficiadas por los Fondos Puente no cumplió de manera íntegra con la publicación de reportes sobre el uso de estos recursos en sus plataformas de transparencia activa.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización realizada a los municipios que reciben ingresos por concepto de royalty minero, revelando que un 61% de ellos incumplió con la obligación de consignar en sus sitios de transparencia activa el uso de dichos recursos. El organismo revisó la gestión de los Fondos Puente —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— correspondientes a 2024 y parte de 2025, evaluando el nivel de rendición de cuentas y cumplimiento normativo. El análisis se enmarca en la Ley N°21.591, que obliga a las municipalidades a informar a la Subdere sobre el uso de estos fondos. Cabe señalar que, mientras la Ley de Presupuestos 2024 establecía la obligación de publicación en portales de transparencia, la Ley 2025 eliminó esta exigencia, dificultando el control ciudadano. Los hallazgos fueron contundentes: de las 307 comunas beneficiarias, 187 no cumplieron plenamente con la normativa. Las faltas detectadas incluyen no habilitar el subítem específico de royalty, subir reportes incompletos o publicar la información en secciones erróneas. Además, de las 38 comunas que no recibieron fondos y debían informar esa condición, un 24% tampoco lo hizo. En términos de ejecución, el CPLT constató que el 97% de los municipios reportó gastos con cargo a estos recursos : un 37% se destinó a iniciativas de inversión, 23% a bienes y servicios, 18% a transferencias corrientes, 12% a activos no financieros y 8% a personal. Entre los principales receptores se encuentran Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Destacan gastos como la transferencia de $1.670 millones de Maipú a la CODEDUC, $1.332 millones de La Pintana para recarpeteo de calles y $732 millones de La Granja en aseo domiciliario. Para 2025, pese a la eliminación de la obligación de publicación, el CPLT revisó los portales de los 20 municipios que más recursos reciben, constatando que solo un 20% entrega información voluntaria sobre la ejecución de los fondos. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó la importancia de la rendición de cuentas: “Se trata de cuantiosas sumas de dinero público cuyo destino debe ser conocido por la ciudadanía. Los resultados evidencian que aún existen brechas importantes de transparencia en los gobiernos locales, y nuestro compromiso es trabajar para acortarlas con todas las herramientas que la ley otorga”.
Desde Antofagasta se observa con preocupación la notificación que el Consejo para la Transparencia (CPLT) cursó este lunes al Gobierno Regional, al abrirle un sumario por presuntas infracciones a la Ley de Transparencia. El organismo detectó falencias en la publicidad, actualización y completitud de la información que el GORE sube a su portal, particularmente en transferencias de fondos, modificaciones presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana. La medida forma parte de una fiscalización nacional aplicada en marzo, cuyos resultados dejaron al conjunto de los gobiernos regionales con un promedio de cumplimiento de 76,06 %, el peor índice desde 2010. Antofagasta, junto a Arica, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, quedó bajo ese umbral, mientras que la Región Metropolitana alcanzó un 99,89 %. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la transparencia no es optativa, es un mandato legal” y anunció el uso de todas las herramientas sancionatorias disponibles. Para Antofagasta, las eventuales multas o medidas correctivas llegan en un momento delicado, marcado por cuestionamientos al uso de recursos del FNDR y a la publicación de convenios con fundaciones. Voces locales de la sociedad civil, insisten en que la falta de datos históricos y la lenta actualización de los registros presupuestarios “limita el control ciudadano” sobre los millonarios proyectos de inversión que se ejecutan en la región. La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
Un análisis del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que 1.734 funcionarios públicos de la Región de Antofagasta presentan registros laborales múltiples, ya sea dentro de una misma institución o en distintos organismos del Estado. El estudio, basado en una fiscalización extraordinaria realizada a septiembre de 2023, plantea desafíos relevantes en materia de control y uso eficiente de los recursos públicos. Según el informe, el 75% de los casos corresponde a funcionarios con dos registros laborales, mientras que el 25% restante presenta tres o más. En la mitad de los casos, la multiplicidad ocurre dentro de una misma institución, especialmente en organismos de la Administración Central. El resto combina vínculos entre distintas entidades, destacando los cruces entre ministerios y corporaciones municipales. Respecto a las modalidades de contratación, un 23% mantiene solo contratos a honorarios, un 18% posee más de un contrato bajo la modalidad de contrata, y un 16% combina ambas figuras. Si bien el CPLT aclara que la existencia de registros múltiples no implica necesariamente irregularidades —pudiendo deberse a errores de carga o funciones compatibles—, advierte la necesidad de mayor rigurosidad y fiscalización. La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó que estos hallazgos “no siempre son ilegales, pero sí demandan explicaciones claras sobre compatibilidades horarias y modalidades de contratación”. El informe enfatiza que los equipos de auditoría interna y los organismos fiscalizadores deben revisar y aclarar estos casos para asegurar transparencia, eficiencia y correcta gestión del servicio público.
Los diputados de la Región de Antofagasta —Yovana Ahumada, Jaime Araya, José Miguel Castro y Sebastián Videla— destinaron entre $34 millones y $41 millones en gastos operacionales durante el primer semestre de 2025, según antecedentes obtenidos por SoyAntofagasta.cl a través del portal de transparencia activa de la Cámara de Diputados. El parlamentario que más recursos utilizó fue Sebastián Videla, con un total de $41.194.706. Sus principales ítems corresponden a arriendo de inmueble, traslados y difusión. En marzo registró su mayor gasto mensual ($8.930.028), destacando un desembolso de $1.887.000 en difusión y la compra de equipamiento para oficina. En conjunto, las categorías más relevantes fueron Traslado, con $56.155.170, y el Traspaso desde Gastos Operacionales a Asignación de Personal de Apoyo, con $40.264.385. El concepto de gastos parlamentarios incluye alimentación y alojamiento, tanto para el legislador como para su personal de apoyo. También considera traslados en distintos medios de transporte, arriendo de vehículos, combustible, peajes, estacionamientos y mantenciones preventivas en caso de usar un vehículo propio. Además, se incluye una amortización mensual de $212.207 para compensar el desgaste de vehículos personales y un viático de $78.621 por asistencia a sala o comisiones, con un tope de 12 o 16 días según el mes. Con excepción de la mantención, la amortización y el viático, los demás ítems pueden ser utilizados tanto por el parlamentario como por sus equipos. En este ámbito, Jaime Araya presentó el mayor gasto en traslación de un solo mes ($4.187.801 en marzo), mientras que tanto él como Videla destinaron más de $2,7 millones en algunos meses a personal de apoyo. En detalle, Araya sumó $37.932.318, sin registrar gastos en arriendo ni telefonía, aunque mantuvo pagos fijos en servicios menores ($639.000 mensuales) y más de $3 millones en traslación durante cuatro meses. Por su parte, José Miguel Castro totalizó $37.928.743, siendo el único en financiar actividades comunitarias ($339.964) y con gastos constantes en difusión, alcanzando un peak de $1.610.320 en junio. En telefonía presentó un monto inusual en marzo ($622.197). Finalmente, Yovana Ahumada reportó el gasto más bajo, con $34.718.054. Su mayor desembolso se concentró en difusión ($2.437.500 en junio), además de un arriendo fijo de $700.000 y gastos mínimos en telefonía ($53.332 mensuales). En común, los cuatro parlamentarios reportaron cero gasto en mantención de oficinas parlamentarias, reparaciones de inmuebles, seguros, oficinas móviles y servicios web.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de una fiscalización extraordinaria que evaluó el uso, reporte y destino de los recursos entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios del Royalty Minero durante 2024 y una muestra correspondiente a 2025. El análisis se centró en el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos, específicamente en el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, conocidos como “Fondos Puente”. La investigación advirtió que, en el período 2024, varias municipalidades de la Región de Antofagasta no cumplieron plenamente con la obligación de publicar sus reportes en los portales de transparencia activa. Entre ellas, figuran Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Ollagüe, que presentaron incumplimientos al no publicar información, hacerlo de manera incompleta o en ítems erróneos. El informe resaltó además que Ollagüe, una de las 20 municipalidades con mayor aumento proporcional en su presupuesto por el Royalty, respondió fuera de plazo una solicitud de información. En ella reconoció la transferencia de $24 millones al área de educación municipal, aunque en 2025 no publicó voluntariamente antecedentes sobre el uso de estos recursos. En cuanto a los montos, Calama se ubicó como la segunda municipalidad con mayores aportes en 2024, con $2.164 millones, mientras que Antofagasta alcanzó el décimo lugar con $993 millones. Sin embargo, se detectó que Sierra Gorda y San Pedro de Atacama no reportaron a la SUBDERE el uso del Fondo de Equidad Territorial, y que Antofagasta, Taltal y San Pedro tampoco cumplieron con reportar oportunamente los recursos provenientes del Fondo de Comunas Mineras. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó que “la Región de Antofagasta recibe sumas muy considerables del Royalty, y es indispensable que los gobiernos locales cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia, para que los ciudadanos puedan ejercer control social y exigir que estos fondos se traduzcan en mejoras concretas para su calidad de vida”. A nivel nacional, el CPLT advirtió que un 61% de las municipalidades beneficiadas por los Fondos Puente no cumplió de manera íntegra con la publicación de reportes sobre el uso de estos recursos en sus plataformas de transparencia activa.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización realizada a los municipios que reciben ingresos por concepto de royalty minero, revelando que un 61% de ellos incumplió con la obligación de consignar en sus sitios de transparencia activa el uso de dichos recursos. El organismo revisó la gestión de los Fondos Puente —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— correspondientes a 2024 y parte de 2025, evaluando el nivel de rendición de cuentas y cumplimiento normativo. El análisis se enmarca en la Ley N°21.591, que obliga a las municipalidades a informar a la Subdere sobre el uso de estos fondos. Cabe señalar que, mientras la Ley de Presupuestos 2024 establecía la obligación de publicación en portales de transparencia, la Ley 2025 eliminó esta exigencia, dificultando el control ciudadano. Los hallazgos fueron contundentes: de las 307 comunas beneficiarias, 187 no cumplieron plenamente con la normativa. Las faltas detectadas incluyen no habilitar el subítem específico de royalty, subir reportes incompletos o publicar la información en secciones erróneas. Además, de las 38 comunas que no recibieron fondos y debían informar esa condición, un 24% tampoco lo hizo. En términos de ejecución, el CPLT constató que el 97% de los municipios reportó gastos con cargo a estos recursos : un 37% se destinó a iniciativas de inversión, 23% a bienes y servicios, 18% a transferencias corrientes, 12% a activos no financieros y 8% a personal. Entre los principales receptores se encuentran Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Destacan gastos como la transferencia de $1.670 millones de Maipú a la CODEDUC, $1.332 millones de La Pintana para recarpeteo de calles y $732 millones de La Granja en aseo domiciliario. Para 2025, pese a la eliminación de la obligación de publicación, el CPLT revisó los portales de los 20 municipios que más recursos reciben, constatando que solo un 20% entrega información voluntaria sobre la ejecución de los fondos. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó la importancia de la rendición de cuentas: “Se trata de cuantiosas sumas de dinero público cuyo destino debe ser conocido por la ciudadanía. Los resultados evidencian que aún existen brechas importantes de transparencia en los gobiernos locales, y nuestro compromiso es trabajar para acortarlas con todas las herramientas que la ley otorga”.
Desde Antofagasta se observa con preocupación la notificación que el Consejo para la Transparencia (CPLT) cursó este lunes al Gobierno Regional, al abrirle un sumario por presuntas infracciones a la Ley de Transparencia. El organismo detectó falencias en la publicidad, actualización y completitud de la información que el GORE sube a su portal, particularmente en transferencias de fondos, modificaciones presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana. La medida forma parte de una fiscalización nacional aplicada en marzo, cuyos resultados dejaron al conjunto de los gobiernos regionales con un promedio de cumplimiento de 76,06 %, el peor índice desde 2010. Antofagasta, junto a Arica, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, quedó bajo ese umbral, mientras que la Región Metropolitana alcanzó un 99,89 %. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la transparencia no es optativa, es un mandato legal” y anunció el uso de todas las herramientas sancionatorias disponibles. Para Antofagasta, las eventuales multas o medidas correctivas llegan en un momento delicado, marcado por cuestionamientos al uso de recursos del FNDR y a la publicación de convenios con fundaciones. Voces locales de la sociedad civil, insisten en que la falta de datos históricos y la lenta actualización de los registros presupuestarios “limita el control ciudadano” sobre los millonarios proyectos de inversión que se ejecutan en la región. La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
