Este martes, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó suspender la audiencia donde se revisaría la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Esto, luego de que durante los últimos días se anticipara que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Pleno Extraordinario, pondría en tabla la petición que está pendiente desde septiembre de 2025. La fecha de la audiencia se confirmó durante este fin de semana, cuando el abogado del gobernado, Ciro Colombara, confirmó que el desafuero quedó programado para ser revisado a partir de las 08:30 horas de este jueves 12 de febrero. No obstante, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, solicitó al tribunal la suspensión de la vista de la audiencia fijada para el próximo 12 de febrero del corriente a las 08:30 horas para los efectos de conocer de la solicitud de desafuero del Gobernador Regional de la Región Metropolitana, señor Claudio Orrego Larraín, fijando nueva fecha. Y finalmente añadieron que: Por tanto, ruego a SSI: acceder a lo solicitado, fijando nueva fecha para la audiencia para conocer de la solicitud de desafuero antes señalada. En este escenario, si la Corte acoge la solicitud del Ministerio Público, se agendará una nueva fecha para la revisión de la petición de desafuero.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó hoy el recurso de hecho presentado por el Ministerio Público en contra de la resolución que declaró inadmisible la apelación deducida por la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía de la ciudad en el denominado caso Procultura que involucra al Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego. En un fallo unánime (causa rol 961-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada (i) Luisa Cortés Sánchez– desestimó la acción por considerarla improcedente. Ante esto, el tribunal fundamentó su decisión en el artículo 370 del Código Procesal Penal, que establece que las resoluciones del juez de garantía solo son apelables si ponen término al procedimiento, hacen imposible su prosecución o la suspenden por más de treinta días, o cuando la ley lo señale expresamente. Según la Corte, la declaración de incompetencia vía declinatoria –como ocurrió en este caso– no cumple con dichos presupuestos, ya que solo busca la abstención del tribunal y la remisión de la causa al órgano jurisdiccional competente, no poniendo término al proceso ni impidiendo su prosecución. La declaración de incompetencia por vía de declinatoria, no cesa el proceso, ni hará imposible su prosecución, sino solo modificará el tribunal que deberá conocer y resolver la causa con la capacidad legal de hacerlo, indica el fallo. Además, el tribunal de alzada rechazó las alegaciones del Ministerio Público de aplicar normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la competencia, ya que la incidencia se promovió por la vía de la declinatoria (ante el que se cree incompetente) y no de la inhibitoria (ante el que se cree competente), y la ley solo contempla apelación para la resolución que desecha la declinatoria, no para la que la acoge. En consecuencia, al haber sido interpuesta la apelación contra una resolución que no se ajusta a los supuestos normativos, la Corte concluyó que el recurso de hecho deducido por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, debía ser rechazado por improcedente.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió este jueves prorrogar la vista de la causa por la solicitud de desafuero del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín. La decisión se tomó a la espera de que se resuelva la competencia de la causa penal que investiga posibles delitos de fraude al fisco en la firma de convenios con la fundación Procultura. La audiencia, que estaba originalmente fijada para el lunes 6 de octubre a las 9:00 horas, no se realizará. El tribunal de alzada antofagastino determinó reagendar la diligencia una vez que se defina qué tribunal es el competente para llevar la investigación. Ante esto, la resolución se sustenta en que el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió una incidencia de incompetencia, remitiendo los antecedentes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, la Corte consignó que aún no existe constancia de que el tribunal santiaguino se haya pronunciado y aceptado la competencia. Resulta necesario modificar la resolución... reprogramando la audiencia de desafuero... la que será oportunamente reagendada conforme al mérito del proceso, una vez determinada la competencia y, en su caso, resueltas las eventuales impugnaciones que podrían formularse sobre la materia, señala el dictamen del Pleno. De esta manera, el proceso de desafuero queda en suspenso hasta que se aclare la disputa jurisdiccional en la causa penal que se le sigue al gobernador Orrego.
La resolución se dio a conocer este martes en la audiencia donde se discutía la competencia territorial del tribunal para el proceso que enfrenta Orrego. La defensa argumentó con éxito que la sede natural para el enjuiciamiento de los hechos debía ser la capital, por lo que el juzgado de Antofagasta decidió remitir el expediente completo a Santiago. Esta decisión implica un revés para la Fiscalía, que había impulsado la causa en la región. El dictamen que obliga al Ministerio Público a cubrir los gastos procesales de la audiencia añade un elemento significativo al resultado judicial. El caso, que ha generado considerable atención pública, involucra acusaciones relacionadas con la gestión de la exautoridad en la región de Antofagasta. Con el traslado de la causa a Santiago, se espera que el Séptimo Juzgado de Garantía fije una nueva fecha para continuar con el proceso judicial en las próximas semanas.
La decisión del tribunal se tomó en un pleno extraordinario tras la presentación del equipo de abogados de Orrego, compuesto por Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego. La estrategia legal busca que el caso sea visto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que el delito imputado se materializó en esa ciudad al firmarse el convenio entre la Fundación ProCultura y el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano. Como parte de su resolución, la Corte de Antofagasta solicitó al juzgado de la misma ciudad que informe sobre el estado actual de la causa contra Orrego. Mientras no se resuelva qué jurisdicción es la competente para revisar la solicitud de desafuero del Ministerio Público, la discusión del fondo del caso quedará en suspenso. Finalmente, el abogado Ciro Colombara enfatizó quela solicitud de desafuero... corresponde que sea discutida y resuelta donde el caso se inició, es decir, en Santiago. El defensor también cuestionó la facultad del Ministerio Público para elegir el lugar de litigio y reafirmó la inocencia de su representado.El Gobernador Orrego es inocente de los cargos que se le imputan. Tenemos la confianza y la tranquilidad de que, en definitiva, el desafuero debiera ser rechazado, concluyó.
Este martes, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó suspender la audiencia donde se revisaría la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Esto, luego de que durante los últimos días se anticipara que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Pleno Extraordinario, pondría en tabla la petición que está pendiente desde septiembre de 2025. La fecha de la audiencia se confirmó durante este fin de semana, cuando el abogado del gobernado, Ciro Colombara, confirmó que el desafuero quedó programado para ser revisado a partir de las 08:30 horas de este jueves 12 de febrero. No obstante, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, solicitó al tribunal la suspensión de la vista de la audiencia fijada para el próximo 12 de febrero del corriente a las 08:30 horas para los efectos de conocer de la solicitud de desafuero del Gobernador Regional de la Región Metropolitana, señor Claudio Orrego Larraín, fijando nueva fecha. Y finalmente añadieron que: Por tanto, ruego a SSI: acceder a lo solicitado, fijando nueva fecha para la audiencia para conocer de la solicitud de desafuero antes señalada. En este escenario, si la Corte acoge la solicitud del Ministerio Público, se agendará una nueva fecha para la revisión de la petición de desafuero.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó hoy el recurso de hecho presentado por el Ministerio Público en contra de la resolución que declaró inadmisible la apelación deducida por la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía de la ciudad en el denominado caso Procultura que involucra al Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego. En un fallo unánime (causa rol 961-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada (i) Luisa Cortés Sánchez– desestimó la acción por considerarla improcedente. Ante esto, el tribunal fundamentó su decisión en el artículo 370 del Código Procesal Penal, que establece que las resoluciones del juez de garantía solo son apelables si ponen término al procedimiento, hacen imposible su prosecución o la suspenden por más de treinta días, o cuando la ley lo señale expresamente. Según la Corte, la declaración de incompetencia vía declinatoria –como ocurrió en este caso– no cumple con dichos presupuestos, ya que solo busca la abstención del tribunal y la remisión de la causa al órgano jurisdiccional competente, no poniendo término al proceso ni impidiendo su prosecución. La declaración de incompetencia por vía de declinatoria, no cesa el proceso, ni hará imposible su prosecución, sino solo modificará el tribunal que deberá conocer y resolver la causa con la capacidad legal de hacerlo, indica el fallo. Además, el tribunal de alzada rechazó las alegaciones del Ministerio Público de aplicar normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la competencia, ya que la incidencia se promovió por la vía de la declinatoria (ante el que se cree incompetente) y no de la inhibitoria (ante el que se cree competente), y la ley solo contempla apelación para la resolución que desecha la declinatoria, no para la que la acoge. En consecuencia, al haber sido interpuesta la apelación contra una resolución que no se ajusta a los supuestos normativos, la Corte concluyó que el recurso de hecho deducido por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, debía ser rechazado por improcedente.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió este jueves prorrogar la vista de la causa por la solicitud de desafuero del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín. La decisión se tomó a la espera de que se resuelva la competencia de la causa penal que investiga posibles delitos de fraude al fisco en la firma de convenios con la fundación Procultura. La audiencia, que estaba originalmente fijada para el lunes 6 de octubre a las 9:00 horas, no se realizará. El tribunal de alzada antofagastino determinó reagendar la diligencia una vez que se defina qué tribunal es el competente para llevar la investigación. Ante esto, la resolución se sustenta en que el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió una incidencia de incompetencia, remitiendo los antecedentes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, la Corte consignó que aún no existe constancia de que el tribunal santiaguino se haya pronunciado y aceptado la competencia. Resulta necesario modificar la resolución... reprogramando la audiencia de desafuero... la que será oportunamente reagendada conforme al mérito del proceso, una vez determinada la competencia y, en su caso, resueltas las eventuales impugnaciones que podrían formularse sobre la materia, señala el dictamen del Pleno. De esta manera, el proceso de desafuero queda en suspenso hasta que se aclare la disputa jurisdiccional en la causa penal que se le sigue al gobernador Orrego.
La resolución se dio a conocer este martes en la audiencia donde se discutía la competencia territorial del tribunal para el proceso que enfrenta Orrego. La defensa argumentó con éxito que la sede natural para el enjuiciamiento de los hechos debía ser la capital, por lo que el juzgado de Antofagasta decidió remitir el expediente completo a Santiago. Esta decisión implica un revés para la Fiscalía, que había impulsado la causa en la región. El dictamen que obliga al Ministerio Público a cubrir los gastos procesales de la audiencia añade un elemento significativo al resultado judicial. El caso, que ha generado considerable atención pública, involucra acusaciones relacionadas con la gestión de la exautoridad en la región de Antofagasta. Con el traslado de la causa a Santiago, se espera que el Séptimo Juzgado de Garantía fije una nueva fecha para continuar con el proceso judicial en las próximas semanas.
La decisión del tribunal se tomó en un pleno extraordinario tras la presentación del equipo de abogados de Orrego, compuesto por Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego. La estrategia legal busca que el caso sea visto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que el delito imputado se materializó en esa ciudad al firmarse el convenio entre la Fundación ProCultura y el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano. Como parte de su resolución, la Corte de Antofagasta solicitó al juzgado de la misma ciudad que informe sobre el estado actual de la causa contra Orrego. Mientras no se resuelva qué jurisdicción es la competente para revisar la solicitud de desafuero del Ministerio Público, la discusión del fondo del caso quedará en suspenso. Finalmente, el abogado Ciro Colombara enfatizó quela solicitud de desafuero... corresponde que sea discutida y resuelta donde el caso se inició, es decir, en Santiago. El defensor también cuestionó la facultad del Ministerio Público para elegir el lugar de litigio y reafirmó la inocencia de su representado.El Gobernador Orrego es inocente de los cargos que se le imputan. Tenemos la confianza y la tranquilidad de que, en definitiva, el desafuero debiera ser rechazado, concluyó.
