Este jueves, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, iniciar una investigación administrativa sobre el proceder de la Fiscalía Regional de Antofagasta, luego del rechazo unánime a su desafuero. En conversación con Cooperativa, la autoridad señaló que su petición busca revisar la investigación liderada por el Ministerio Público de la región, la que no ha tenido buenos resultados. Lo que le hemos pedido al fiscal nacional es que haga una investigación de cómo pudo ser posible que después de dos años de investigación se terminara formulando un caso falso en contra de una persona inocente y no se haya perseguido lo que nosotros como querellantes en esta causa pedimos: que se investigara qué pasó con los 1.000 millones de pesos de que se apropió indebidamente ProCultura, sostuvo. Tras ello, acusó al ente persecutor de fraude, Ese debió haber sido el foco y no inventar este fraude que no solamente no existió, sino que además ha ido acompañado de dos años de campaña de filtraciones para destruir la imagen mía y, por supuesto, predisponer al sistema judicial en nuestra contra, cosa que al final no le resultó a la Fiscalía. En este escenario, Orrego acusó a la fiscalía de montaje. Tengo un profundo respeto por el Ministerio Público —afirmó el gobernador—. Me ha tocado trabajar con las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana y tengo la mejor opinión de sus fiscales. O sea, este no es un juicio al Ministerio Público. Aquí hay una Fiscalía en particular que no solamente montó un caso falso; inventó pruebas, presentó pruebas erróneas, inventó conceptos jurídicos.
El Pleno de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime el desafuero contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, solicitado por la Fiscalía de Antofagasta en el marco de la investigación del caso Procultura. Luego de la solicitud del Ministerio Público de suspender la instancia durante la semana pasada, la audiencia se llevó a cabo este martes, donde tanto el ente persecutor como la defensa del gobernador emitieron sus alegatos, para luego pasar a la deliberación del tribunal. Así, es que el presidente de la Corte, Fernando Carreño, anunció que: El Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín. Cabe destacar, que esta instancia correspondía al último recurso de la Fiscalía para formalizar a Orrego por el presunto delito de fraude al fisco; donde la teoría del persecutor sostiene que la autoridad fue parte de la asignación irregular de $1.600 millones a la fundación Procultura. En este escenario, la resolución significa un nuevo revés para el Ministerio Público, tras el rechazo de la prisión preventiva para cuatro imputados por la misma causa.
Este martes, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó suspender la audiencia donde se revisaría la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Esto, luego de que durante los últimos días se anticipara que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Pleno Extraordinario, pondría en tabla la petición que está pendiente desde septiembre de 2025. La fecha de la audiencia se confirmó durante este fin de semana, cuando el abogado del gobernado, Ciro Colombara, confirmó que el desafuero quedó programado para ser revisado a partir de las 08:30 horas de este jueves 12 de febrero. No obstante, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, solicitó al tribunal la suspensión de la vista de la audiencia fijada para el próximo 12 de febrero del corriente a las 08:30 horas para los efectos de conocer de la solicitud de desafuero del Gobernador Regional de la Región Metropolitana, señor Claudio Orrego Larraín, fijando nueva fecha. Y finalmente añadieron que: Por tanto, ruego a SSI: acceder a lo solicitado, fijando nueva fecha para la audiencia para conocer de la solicitud de desafuero antes señalada. En este escenario, si la Corte acoge la solicitud del Ministerio Público, se agendará una nueva fecha para la revisión de la petición de desafuero.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó hoy el recurso de hecho presentado por el Ministerio Público en contra de la resolución que declaró inadmisible la apelación deducida por la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía de la ciudad en el denominado caso Procultura que involucra al Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego. En un fallo unánime (causa rol 961-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada (i) Luisa Cortés Sánchez– desestimó la acción por considerarla improcedente. Ante esto, el tribunal fundamentó su decisión en el artículo 370 del Código Procesal Penal, que establece que las resoluciones del juez de garantía solo son apelables si ponen término al procedimiento, hacen imposible su prosecución o la suspenden por más de treinta días, o cuando la ley lo señale expresamente. Según la Corte, la declaración de incompetencia vía declinatoria –como ocurrió en este caso– no cumple con dichos presupuestos, ya que solo busca la abstención del tribunal y la remisión de la causa al órgano jurisdiccional competente, no poniendo término al proceso ni impidiendo su prosecución. La declaración de incompetencia por vía de declinatoria, no cesa el proceso, ni hará imposible su prosecución, sino solo modificará el tribunal que deberá conocer y resolver la causa con la capacidad legal de hacerlo, indica el fallo. Además, el tribunal de alzada rechazó las alegaciones del Ministerio Público de aplicar normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la competencia, ya que la incidencia se promovió por la vía de la declinatoria (ante el que se cree incompetente) y no de la inhibitoria (ante el que se cree competente), y la ley solo contempla apelación para la resolución que desecha la declinatoria, no para la que la acoge. En consecuencia, al haber sido interpuesta la apelación contra una resolución que no se ajusta a los supuestos normativos, la Corte concluyó que el recurso de hecho deducido por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, debía ser rechazado por improcedente.
Este jueves, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, iniciar una investigación administrativa sobre el proceder de la Fiscalía Regional de Antofagasta, luego del rechazo unánime a su desafuero. En conversación con Cooperativa, la autoridad señaló que su petición busca revisar la investigación liderada por el Ministerio Público de la región, la que no ha tenido buenos resultados. Lo que le hemos pedido al fiscal nacional es que haga una investigación de cómo pudo ser posible que después de dos años de investigación se terminara formulando un caso falso en contra de una persona inocente y no se haya perseguido lo que nosotros como querellantes en esta causa pedimos: que se investigara qué pasó con los 1.000 millones de pesos de que se apropió indebidamente ProCultura, sostuvo. Tras ello, acusó al ente persecutor de fraude, Ese debió haber sido el foco y no inventar este fraude que no solamente no existió, sino que además ha ido acompañado de dos años de campaña de filtraciones para destruir la imagen mía y, por supuesto, predisponer al sistema judicial en nuestra contra, cosa que al final no le resultó a la Fiscalía. En este escenario, Orrego acusó a la fiscalía de montaje. Tengo un profundo respeto por el Ministerio Público —afirmó el gobernador—. Me ha tocado trabajar con las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana y tengo la mejor opinión de sus fiscales. O sea, este no es un juicio al Ministerio Público. Aquí hay una Fiscalía en particular que no solamente montó un caso falso; inventó pruebas, presentó pruebas erróneas, inventó conceptos jurídicos.
El Pleno de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime el desafuero contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, solicitado por la Fiscalía de Antofagasta en el marco de la investigación del caso Procultura. Luego de la solicitud del Ministerio Público de suspender la instancia durante la semana pasada, la audiencia se llevó a cabo este martes, donde tanto el ente persecutor como la defensa del gobernador emitieron sus alegatos, para luego pasar a la deliberación del tribunal. Así, es que el presidente de la Corte, Fernando Carreño, anunció que: El Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín. Cabe destacar, que esta instancia correspondía al último recurso de la Fiscalía para formalizar a Orrego por el presunto delito de fraude al fisco; donde la teoría del persecutor sostiene que la autoridad fue parte de la asignación irregular de $1.600 millones a la fundación Procultura. En este escenario, la resolución significa un nuevo revés para el Ministerio Público, tras el rechazo de la prisión preventiva para cuatro imputados por la misma causa.
Este martes, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó suspender la audiencia donde se revisaría la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Esto, luego de que durante los últimos días se anticipara que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Pleno Extraordinario, pondría en tabla la petición que está pendiente desde septiembre de 2025. La fecha de la audiencia se confirmó durante este fin de semana, cuando el abogado del gobernado, Ciro Colombara, confirmó que el desafuero quedó programado para ser revisado a partir de las 08:30 horas de este jueves 12 de febrero. No obstante, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, solicitó al tribunal la suspensión de la vista de la audiencia fijada para el próximo 12 de febrero del corriente a las 08:30 horas para los efectos de conocer de la solicitud de desafuero del Gobernador Regional de la Región Metropolitana, señor Claudio Orrego Larraín, fijando nueva fecha. Y finalmente añadieron que: Por tanto, ruego a SSI: acceder a lo solicitado, fijando nueva fecha para la audiencia para conocer de la solicitud de desafuero antes señalada. En este escenario, si la Corte acoge la solicitud del Ministerio Público, se agendará una nueva fecha para la revisión de la petición de desafuero.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó hoy el recurso de hecho presentado por el Ministerio Público en contra de la resolución que declaró inadmisible la apelación deducida por la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía de la ciudad en el denominado caso Procultura que involucra al Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego. En un fallo unánime (causa rol 961-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada (i) Luisa Cortés Sánchez– desestimó la acción por considerarla improcedente. Ante esto, el tribunal fundamentó su decisión en el artículo 370 del Código Procesal Penal, que establece que las resoluciones del juez de garantía solo son apelables si ponen término al procedimiento, hacen imposible su prosecución o la suspenden por más de treinta días, o cuando la ley lo señale expresamente. Según la Corte, la declaración de incompetencia vía declinatoria –como ocurrió en este caso– no cumple con dichos presupuestos, ya que solo busca la abstención del tribunal y la remisión de la causa al órgano jurisdiccional competente, no poniendo término al proceso ni impidiendo su prosecución. La declaración de incompetencia por vía de declinatoria, no cesa el proceso, ni hará imposible su prosecución, sino solo modificará el tribunal que deberá conocer y resolver la causa con la capacidad legal de hacerlo, indica el fallo. Además, el tribunal de alzada rechazó las alegaciones del Ministerio Público de aplicar normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la competencia, ya que la incidencia se promovió por la vía de la declinatoria (ante el que se cree incompetente) y no de la inhibitoria (ante el que se cree competente), y la ley solo contempla apelación para la resolución que desecha la declinatoria, no para la que la acoge. En consecuencia, al haber sido interpuesta la apelación contra una resolución que no se ajusta a los supuestos normativos, la Corte concluyó que el recurso de hecho deducido por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, debía ser rechazado por improcedente.
