Fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas lograron la incautación de una granada de fragmentación que era transportada al interior de un bus interprovincial en la avanzada fronteriza de Quillagua, en la región de Tarapacá. El peligroso explosivo fue detectado en el equipaje de un ciudadano boliviano que viajaba desde Iquique con destino a Calama. El detenido confesó a los funcionarios de Aduana que su misión era trasladar el armamento hasta el terminal de buses de la ciudad minera a cambio de $100.000 (cien mil pesos) chilenos. Tras el hallazgo, la fiscal jefa de Pozo Almonte, Karem Gómez, recibió la alerta e instruyó de inmediato la presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros en el lugar. Según detalló Ricardo Aceituno, jefe de Fiscalización de la Aduana de Iquique, el operativo se inició durante la revisión de rutina de la máquina de transporte. La entrevista a dos pasajeros condujo a la identificación del imputado, quien reconoció haber recibido el explosivo en el centro de Iquique. La situación generó una paralización del tránsito y obligó a aislar tanto al bus como a sus pasajeros, quienes debieron esperar en el lugar desde las 13:00 hasta las 17:30 horas, mientras el GOPE se constituía y aseguraba el área. Finalmente, la granada, el imputado y los medios de prueba fueron entregados por el personal de Aduana, mediante cadena de custodia, al personal policial para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.
El hallazgo, que parece sacado de una película, corresponde a dos cajas con 30 extremidades inferiores, importadas por el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA desde Estados Unidos. Su objetivo era ser utilizadas por universidades chilenas para la enseñanza de la medicina, una práctica cada vez más común debido a la escasez de donaciones de cuerpos para estudios. La empresa buscaba proveer una alternativa a la falta de material biológico para que los estudiantes pudieran realizar prácticas y avanzar en su formación. Sin embargo, en septiembre de 2024, la Subsecretaría de Salud Pública advirtió que la normativa chilena no permite la importación demuestras de cadáveres para fines educacionales, argumentando que la obtención de este material solo es posible a través de donaciones. Esta interpretación legal llevó a Aduanas a rechazar el ingreso del cargamento, dejándolo en un limbo burocrático. La empresa, defendiendo su posición, presentó un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que las extremidades fueron adquiridas en el extranjero cumpliendo con todas las regulaciones sanitarias. A pesar de su defensa, el tribunal rechazó el recurso en diciembre pasado. Ahora, la resolución del conflicto depende de la Corte Suprema, que deberá determinar si el comercio de partes humanas para la educación médica es legal en el país. El caso, que ha llamado la atención de la opinión pública, subraya el complejo debate entre las necesidades de la educación médica y las regulaciones legales y éticas sobre la manipulación de restos humanos.
El director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina Silva, confirmó que, gracias al uso de tecnología de rayos X y el perfilamiento de riesgo, se logró la intercepción de dos mujeres y un hombre de nacionalidad boliviana, todos procedentes de la ciudad de Oruro. Los contrabandistas transportaban un total de US$ 498.400 dólares americanos ocultos en su ropa y equipaje. Entre los detenidos, M.V.R.G. fue sorprendido con la mayor cantidad, llevando US$ 408.000 escondidos. Los otros dos involucrados, S.A.H. y G.M.P., portaban montos menores que también fueron confiscados, además de pesos chilenos y bolivianos. Los casos fueron inmediatamente informados a la fiscalía del Ministerio Público, y los imputados y las evidencias fueron entregados a Carabineros para el control de detención. En un operativo separado, Aduanas interceptó a un ciudadano peruano con residencia en Antofagasta que regresaba al país tras asistir a una fiesta religiosa. Al revisar su equipaje, los fiscalizadores encontraron una gran cantidad de billetes falsificados. En total, se incautaron 2.861 billetes fraudulentos, incluyendo 998 copias de billetes de US$ 100 dólares, además de 1.863 copias de billetes chilenos de $20.000, $10.000 y $5.000 pesos. Finalmente, Molina Silva destacó la pericia de los funcionarios para detectar el papel moneda, tanto real como falsificado.Todos los casos fueron informados a la fiscalía del Ministerio Público y los imputados junto a los medios de prueba fueron entregados a Carabineros para el respectivo control de detención, finalizó el director regional.
Con el objetivo de reforzar la seguridad y el control en los puntos de acceso de la región, el seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, se reunió con el Director Regional de Aduanas, Francisco Romero Papasideris. El encuentro buscó fortalecer las estrategias de fiscalización para combatir el ingreso de productos y mercancías de contrabando. Durante la reunión, las autoridades abordaron el rol de los controles aduaneros en áreas clave como puertos, aeropuertos, zonas fronterizas y áreas urbanas. Se enfatizó la necesidad de una coordinación más estrecha con otras instituciones y las fuerzas policiales para enfrentar el comercio ilícito. También se discutieron medidas para mejorar el control de personas que ingresan al país y el manejo de la mercancía ilícita incautada. Ante esto, el seremi Cortés-Monroy subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional, señalando quela colaboración con Aduanas es fundamental para seguir enfrentando el crimen organizado y el ingreso de mercancías ilegales que afectan la seguridad de nuestra región y del país. En la misma línea, el Director de Aduanas, Francisco Romero, valoró el trabajo conjunto como una herramienta clave para enfrentar los desafíos actuales. Finalmente, este encuentro representa un avance significativo en las políticas de seguridad y control aduanero en la región, reafirmando el compromiso de ambas entidades con la protección de la ciudadanía y la seguridad nacional.
Un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas fue detenido y puesto en prisión preventiva por intentar autorizar el ingreso de un camión que transportaba un millonario cargamento de contrabando. La Fiscalía del Tamarugal formalizó al imputado por los delitos de fraude al Fisco y contrabando. Según los antecedentes del caso, el sujeto es acusado de facilitar la entrada de un vehículo con destino a Santiago. Sin embargo, gracias a la alerta de otros funcionarios, se interceptó el camión y se descubrió en su interior 260 cajas repletas de productos falsificados de marcas de lujo como Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Gucci. El valor total de la mercancía ilícita se estima en US$ 1.074.492, equivalente a unos $990.000.000. Tras la formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el funcionario aduanero. Los dos conductores del camión, un chileno y un boliviano, también quedaron privados de libertad. Paralelamente a la investigación penal, Aduanas anunció la apertura de un sumario administrativo y una investigación interna para esclarecer los hechos.
Fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas lograron la incautación de una granada de fragmentación que era transportada al interior de un bus interprovincial en la avanzada fronteriza de Quillagua, en la región de Tarapacá. El peligroso explosivo fue detectado en el equipaje de un ciudadano boliviano que viajaba desde Iquique con destino a Calama. El detenido confesó a los funcionarios de Aduana que su misión era trasladar el armamento hasta el terminal de buses de la ciudad minera a cambio de $100.000 (cien mil pesos) chilenos. Tras el hallazgo, la fiscal jefa de Pozo Almonte, Karem Gómez, recibió la alerta e instruyó de inmediato la presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros en el lugar. Según detalló Ricardo Aceituno, jefe de Fiscalización de la Aduana de Iquique, el operativo se inició durante la revisión de rutina de la máquina de transporte. La entrevista a dos pasajeros condujo a la identificación del imputado, quien reconoció haber recibido el explosivo en el centro de Iquique. La situación generó una paralización del tránsito y obligó a aislar tanto al bus como a sus pasajeros, quienes debieron esperar en el lugar desde las 13:00 hasta las 17:30 horas, mientras el GOPE se constituía y aseguraba el área. Finalmente, la granada, el imputado y los medios de prueba fueron entregados por el personal de Aduana, mediante cadena de custodia, al personal policial para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.
El hallazgo, que parece sacado de una película, corresponde a dos cajas con 30 extremidades inferiores, importadas por el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA desde Estados Unidos. Su objetivo era ser utilizadas por universidades chilenas para la enseñanza de la medicina, una práctica cada vez más común debido a la escasez de donaciones de cuerpos para estudios. La empresa buscaba proveer una alternativa a la falta de material biológico para que los estudiantes pudieran realizar prácticas y avanzar en su formación. Sin embargo, en septiembre de 2024, la Subsecretaría de Salud Pública advirtió que la normativa chilena no permite la importación demuestras de cadáveres para fines educacionales, argumentando que la obtención de este material solo es posible a través de donaciones. Esta interpretación legal llevó a Aduanas a rechazar el ingreso del cargamento, dejándolo en un limbo burocrático. La empresa, defendiendo su posición, presentó un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que las extremidades fueron adquiridas en el extranjero cumpliendo con todas las regulaciones sanitarias. A pesar de su defensa, el tribunal rechazó el recurso en diciembre pasado. Ahora, la resolución del conflicto depende de la Corte Suprema, que deberá determinar si el comercio de partes humanas para la educación médica es legal en el país. El caso, que ha llamado la atención de la opinión pública, subraya el complejo debate entre las necesidades de la educación médica y las regulaciones legales y éticas sobre la manipulación de restos humanos.
El director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina Silva, confirmó que, gracias al uso de tecnología de rayos X y el perfilamiento de riesgo, se logró la intercepción de dos mujeres y un hombre de nacionalidad boliviana, todos procedentes de la ciudad de Oruro. Los contrabandistas transportaban un total de US$ 498.400 dólares americanos ocultos en su ropa y equipaje. Entre los detenidos, M.V.R.G. fue sorprendido con la mayor cantidad, llevando US$ 408.000 escondidos. Los otros dos involucrados, S.A.H. y G.M.P., portaban montos menores que también fueron confiscados, además de pesos chilenos y bolivianos. Los casos fueron inmediatamente informados a la fiscalía del Ministerio Público, y los imputados y las evidencias fueron entregados a Carabineros para el control de detención. En un operativo separado, Aduanas interceptó a un ciudadano peruano con residencia en Antofagasta que regresaba al país tras asistir a una fiesta religiosa. Al revisar su equipaje, los fiscalizadores encontraron una gran cantidad de billetes falsificados. En total, se incautaron 2.861 billetes fraudulentos, incluyendo 998 copias de billetes de US$ 100 dólares, además de 1.863 copias de billetes chilenos de $20.000, $10.000 y $5.000 pesos. Finalmente, Molina Silva destacó la pericia de los funcionarios para detectar el papel moneda, tanto real como falsificado.Todos los casos fueron informados a la fiscalía del Ministerio Público y los imputados junto a los medios de prueba fueron entregados a Carabineros para el respectivo control de detención, finalizó el director regional.
Con el objetivo de reforzar la seguridad y el control en los puntos de acceso de la región, el seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, se reunió con el Director Regional de Aduanas, Francisco Romero Papasideris. El encuentro buscó fortalecer las estrategias de fiscalización para combatir el ingreso de productos y mercancías de contrabando. Durante la reunión, las autoridades abordaron el rol de los controles aduaneros en áreas clave como puertos, aeropuertos, zonas fronterizas y áreas urbanas. Se enfatizó la necesidad de una coordinación más estrecha con otras instituciones y las fuerzas policiales para enfrentar el comercio ilícito. También se discutieron medidas para mejorar el control de personas que ingresan al país y el manejo de la mercancía ilícita incautada. Ante esto, el seremi Cortés-Monroy subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional, señalando quela colaboración con Aduanas es fundamental para seguir enfrentando el crimen organizado y el ingreso de mercancías ilegales que afectan la seguridad de nuestra región y del país. En la misma línea, el Director de Aduanas, Francisco Romero, valoró el trabajo conjunto como una herramienta clave para enfrentar los desafíos actuales. Finalmente, este encuentro representa un avance significativo en las políticas de seguridad y control aduanero en la región, reafirmando el compromiso de ambas entidades con la protección de la ciudadanía y la seguridad nacional.
Un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas fue detenido y puesto en prisión preventiva por intentar autorizar el ingreso de un camión que transportaba un millonario cargamento de contrabando. La Fiscalía del Tamarugal formalizó al imputado por los delitos de fraude al Fisco y contrabando. Según los antecedentes del caso, el sujeto es acusado de facilitar la entrada de un vehículo con destino a Santiago. Sin embargo, gracias a la alerta de otros funcionarios, se interceptó el camión y se descubrió en su interior 260 cajas repletas de productos falsificados de marcas de lujo como Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Gucci. El valor total de la mercancía ilícita se estima en US$ 1.074.492, equivalente a unos $990.000.000. Tras la formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el funcionario aduanero. Los dos conductores del camión, un chileno y un boliviano, también quedaron privados de libertad. Paralelamente a la investigación penal, Aduanas anunció la apertura de un sumario administrativo y una investigación interna para esclarecer los hechos.
