El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, que contempla un aumento de 1,7% en el gasto público respecto de 2025, alcanzando un total de $86,2 billones (equivalente a US$90 mil millones). El documento subraya que se trata de un presupuesto diseñado en un escenario de mayor estabilidad macroeconómica tras los años de bajo crecimiento y alta inflación que siguieron a la pandemia del COVID-19. Según la proyección oficial, la economía crecerá 2,5% en 2026, en línea con lo previsto para 2025, mientras que la inflación se mantendrá controlada en torno al 3,1% anual, ajustada a la meta del Banco Central. Este entorno permitirá un balance cíclicamente ajustado (BCA) de -1,1% del PIB, lo que, según el Ejecutivo, confirma el compromiso con la convergencia fiscal sin necesidad de incrementar la deuda pública. El proyecto enfatiza que el país heredará unas finanzas públicas más ordenadas y estables, entregando mayor autonomía a las futuras administraciones para utilizar el presupuesto como herramienta de transformación social. En esa línea, se plantea un fortalecimiento del gasto en áreas clave como salud, educación, seguridad, pensiones, inversión pública y protección social, buscando garantizar más derechos y mejorar la calidad de vida de las personas. En materia de endeudamiento, el proyecto solicita autorización para que el Presidente de la República pueda contraer obligaciones internas o externas hasta por US$17.400 millones, además de un monto adicional de US$600 millones. Asimismo, se incluye una disposición que limita la reposición de personal en el sector público: durante 2026 solo se podrá reponer un cargo por cada tres vacantes generadas por jubilación, retiro o pensión. Con estas medidas, el Gobierno subraya que este último presupuesto de la administración busca consolidar un legado de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, al mismo tiempo que prioriza las urgencias sociales más relevantes para la ciudadanía. AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se dirige al país desde el Palacio de La Moneda, para presentar el Proyecto de Ley #Presupuesto2026. https://t.co/omDOLULqWG — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) October 1, 2025
Un reciente informe sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta advierte un desempeño con más gestos comunicacionales que resultados concretos. La región, epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, enfrenta desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas de mayor impacto. El análisis revisa el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Entre sus principales hitos se cuentan la participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. A nivel de proyectos, destaca la reforma constitucional impulsada por Catalina Pérez para habilitar un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la coautoría de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el patrocinio de iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, el informe señala que gran parte de estas acciones no han tenido repercusión tangible en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha insistido en vincular la minería con la seguridad pública y pidió una “cumbre de seguridad” por el avance del crimen organizado. Videla, por su parte, se ha apoyado en redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, hoy presidente de la Cámara, ha puesto énfasis en seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, dejó como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es categórica: la agenda minera regional ha avanzado poco en cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones de corto alcance. De cara al próximo período legislativo, se recomienda construir una agenda de “tercera generación”, que aborde de manera integrada seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en “territorializar” los beneficios de la minería. Solo así, plantea, la región podrá transformar su peso económico en mejoras visibles para sus comunidades. Revice acá el informe completo:
El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, que contempla un aumento de 1,7% en el gasto público respecto de 2025, alcanzando un total de $86,2 billones (equivalente a US$90 mil millones). El documento subraya que se trata de un presupuesto diseñado en un escenario de mayor estabilidad macroeconómica tras los años de bajo crecimiento y alta inflación que siguieron a la pandemia del COVID-19. Según la proyección oficial, la economía crecerá 2,5% en 2026, en línea con lo previsto para 2025, mientras que la inflación se mantendrá controlada en torno al 3,1% anual, ajustada a la meta del Banco Central. Este entorno permitirá un balance cíclicamente ajustado (BCA) de -1,1% del PIB, lo que, según el Ejecutivo, confirma el compromiso con la convergencia fiscal sin necesidad de incrementar la deuda pública. El proyecto enfatiza que el país heredará unas finanzas públicas más ordenadas y estables, entregando mayor autonomía a las futuras administraciones para utilizar el presupuesto como herramienta de transformación social. En esa línea, se plantea un fortalecimiento del gasto en áreas clave como salud, educación, seguridad, pensiones, inversión pública y protección social, buscando garantizar más derechos y mejorar la calidad de vida de las personas. En materia de endeudamiento, el proyecto solicita autorización para que el Presidente de la República pueda contraer obligaciones internas o externas hasta por US$17.400 millones, además de un monto adicional de US$600 millones. Asimismo, se incluye una disposición que limita la reposición de personal en el sector público: durante 2026 solo se podrá reponer un cargo por cada tres vacantes generadas por jubilación, retiro o pensión. Con estas medidas, el Gobierno subraya que este último presupuesto de la administración busca consolidar un legado de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, al mismo tiempo que prioriza las urgencias sociales más relevantes para la ciudadanía. AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se dirige al país desde el Palacio de La Moneda, para presentar el Proyecto de Ley #Presupuesto2026. https://t.co/omDOLULqWG — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) October 1, 2025
Un reciente informe sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta advierte un desempeño con más gestos comunicacionales que resultados concretos. La región, epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, enfrenta desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas de mayor impacto. El análisis revisa el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Entre sus principales hitos se cuentan la participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. A nivel de proyectos, destaca la reforma constitucional impulsada por Catalina Pérez para habilitar un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la coautoría de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el patrocinio de iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, el informe señala que gran parte de estas acciones no han tenido repercusión tangible en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha insistido en vincular la minería con la seguridad pública y pidió una “cumbre de seguridad” por el avance del crimen organizado. Videla, por su parte, se ha apoyado en redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, hoy presidente de la Cámara, ha puesto énfasis en seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, dejó como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es categórica: la agenda minera regional ha avanzado poco en cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones de corto alcance. De cara al próximo período legislativo, se recomienda construir una agenda de “tercera generación”, que aborde de manera integrada seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en “territorializar” los beneficios de la minería. Solo así, plantea, la región podrá transformar su peso económico en mejoras visibles para sus comunidades. Revice acá el informe completo:
