El Ministerio de Educación, liderado por Nicolás Cataldo (PC), se encuentra bajo intensa crítica tras la revelación de un presunto sistema de cobro en la plataformaAnótate en la lista. Esta herramienta virtual fue presentada el 29 de diciembre de 2023 con el objetivo de facilitar a los apoderados la búsqueda de vacantes escolares tras el cierre del proceso regular del Sistema de Admisión Escolar (SAE). La plataforma, desarrollada por TetherEducation Chile Spa, habría ofrecido una versión pagada que proporcionaba funciones adicionales no incluidas en la versión gratuita, según denuncias de sostenedores de colegios. A cambio de una cuota mensual de UF 2,5 más IVA (alrededor de $109 mil), se prometía agilizar y automatizar el proceso de asignación de cupos, generando desigualdad entre los usuarios. El CEO de TetherEducation, Christopher Neilson, figura clave detrás de la empresa, fue previamente vinculado al Ministerio de Educación y al diseño del propio SAE en años anteriores. Además, se ha señalado que Neilson fundó TetherEd, una plataforma similar orientada a colegios privados y jardines infantiles, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Aunque el Ministerio de Educación inicialmente negó la existencia de un servicio premium en la plataforma, la ministra de la cartera, Camila Vallejo, calificó el sistema de cobro comograve y abusivo, instando a una investigación inmediata. Esta discrepancia ha exacerbado la polémica en torno a la transparencia y la equidad en el acceso a la educación. El ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, criticó la falta de coordinación y claridad en la gestión del Gobierno respecto a este asunto, destacando la necesidad de una solución urgente mientras los niños continúan esperando por vacantes escolares. Entre las incógnitas que persisten se encuentran si la empresa tuvo acceso a información confidencial del Ministerio y por qué se optó por un contrato directo en lugar de un proceso de licitación.
La bancada de diputados de Renovación Nacional levantó una solicitud a la Contraloría General de la República para que inicie una investigación en relación con una polémica charla sobre sexualidad impartida a niños de quinto básico en Arica. El evento, tituladoHigiene y Autocuidado, desató la indignación de padres y apoderados del colegio Adolfo Beyzaga Ovando de esa ciudad, quienes denunciaron su contenido explícito y la presunta falta de consentimiento informado. Ximena Ossandón y Hugo Rey, jefa y subjefe de la bancada respectivamente, junto a Marcia Raphael, tomaron la iniciativa de presentar esta solicitud ante la Contraloría, dirigida a la contralora (s) Dorothy Pérez. En su petición, los parlamentarios exigen que se fiscalice y garantice la preeminencia del principio de legalidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia y control al interior de la Administración del Estado. Los diputados denuncian que la charla, organizada por el Centro Comunitario Regional de Información, Prevención y Apoyo a la Consejería en VIH/SIDA (Cripac) de la comuna de Arica, traspasó los límites al abordar temas de sexualidad de forma inapropiada para la edad de los niños. Se informó a los niños sobre el uso de preservativos, enfermedades de transmisión sexual, e incluso se solicitó completar un formulario que incluía preguntas sobre identidad de género. En su solicitud, los parlamentarios subrayan la responsabilidad compartida entre los Ministerios de Educación y Salud en este asunto. Desde el punto de vista educativo, argumentan que la charla contradice los objetivos de aprendizaje establecidos en las bases curriculares y transgrede la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que reconoce el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Por otro lado, señalan la responsabilidad del Ministerio de Salud por la gestión de la charla a través de la Secretaría Regional Ministerial, lo que llevó incluso a la solicitud de renuncia del seremi a cargo y el inicio de un procedimiento administrativo. Los diputados Ossandón, Rey y Raphael solicitan una investigación sumaria en la Subsecretaría de Salud Pública para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes, así como una auditoría a los planes y protocolos del Ministerio de Salud en materia de educación sexual y prevención de enfermedades. En respuesta a esta situación, los apoderados del curso 5°A del colegio emitieron un comunicado oficial expresando su preocupación y reiterando su derecho a ser informados y consultados sobre la educación en sexualidad de sus hijos. Demandan que las medidas disciplinarias correspondientes sean aplicadas con la seriedad y la prontitud que el caso amerita.
Durante esta semana, un taller de “Higiene y Autocuidado” en el Colegio Adolfo Beyzaga Ovando, en Arica, desató una ola de polémica. Niños de quinto básico, con edades aproximadas de 10 años, se vieron involucrados en la lectura de folletos y la respuesta a preguntas con un contenido sexual que ha alarmado a padres y madres. Las denuncias no se hicieron esperar. Apoderados y apoderadas llevaron el caso ante la Superintendencia de Educación y la Fiscalía, quienes han comenzado una investigación al respecto. La Defensoría de la Niñez también se involucró, anunciando acciones formales hacia el establecimiento educativo, la Superintendencia de Educación y la Seremi de Salud correspondiente, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar responsables y entender los criterios que guiaron esta actividad. El colegio emitió un comunicado en el cual defendió la inclusión de todas las temáticas en el protocolo de sexualidad, afectividad y género, asegurando que estas están en consonancia con los planes y programas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Calificaron las denuncias como una “funa”, pero desde el Ministerio de Salud, la postura fue distinta. El Ministerio de Salud se desvinculó de la actividad, indicando que no se ajustó a los protocolos establecidos. Se detectaron presuntos incumplimientos de los lineamientos del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades. La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, expresó su preocupación, señalando que con los antecedentes que yo tengo ahora a la vista de cómo se llevó a cabo esta actividad en particular, puedo decir dos cosas. Lo primero, es que no sigue los protocolos del Ministerio de Salud, y lo segundo, es que nos parece que efectivamente se ha dado una situación que es indebida en el trato de los menores en el colegio. Asimismo agregó que por eso vamos a estar recabando más información para poder entender con mayor detalle lo ocurrido y desde ahí tomar todas las acciones administrativas que correspondan. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido declaraciones sobre el caso, argumentando que es una actividad que corresponde regular a la autoridad sanitaria.
En medio de una crisis educativa que afecta a unas 3 mil familias en Chile, el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) advirtió durante una sesión en la Cámara de Diputados el miércoles pasado sobre la posibilidad de que el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sea acusado constitucionalmente. El diputado Mulet destacó la gravedad de la situación que ha llevado a manifestaciones de apoderados en la ciudad de Copiapó, donde cientos de niños y adolescentes se encuentran sin cupos escolares para el año académico en curso. Según Mulet, dejar a tantos estudiantes sin educación constituye una clara inejecución de la ley y de la Constitución chilena, que garantizan el derecho a la educación básica y media. El problema de la escasez de matrículas no es nuevo en el país, con antecedentes de una crisis educativa durante el año 2023 en la región de Atacama. Mulet criticó la falta de acción por parte de las autoridades pertinentes para abordar esta situación, considerando inaudito que se proponga que los estudiantes estudien en sus hogares o que realicen exámenes libres como alternativas. El Gobierno, a través de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, señaló que aproximadamente 3 mil estudiantes en todo el país se encuentran sin matrículas. Se han mencionado razones demográficas y de planificación como causantes de esta situación, incluyendo el aumento de la demanda de cupos debido a la inmigración. El Ministerio de Educación implementó un Plan de Fortalecimiento a la Matrícula Escolar desde el 2022, que busca abordar la demanda de estudiantes sin matrículas mediante diversas medidas, como la ampliación de cupos, la creación de sobrecupos, la rehabilitación de escuelas cerradas, la implementación de clases en doble jornada, entre otras. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, la falta de cupos se concentra en comunas específicas y en ciertos niveles educativos, especialmente en los primeros medios. La subsecretaria Arratia enfatizó que el proceso de matrícula aún está en curso y se cerrará durante el mes de marzo, momento en el que se consolidará la información oficial sobre las matrículas y se resolverán las duplicidades. Según un reporte preliminar, más de 1.700 estudiantes figuran con al menos dos matrículas, lo que deberá ser resuelto en los próximos días. Se espera que, con los retiros generados por el sistema, se liberen vacantes que podrán ser asignadas siguiendo el orden de solicitud de “Anótate en la lista”.
El Ministerio de Educación decidió suspender temporalmente el traspaso de colegios municipales en dos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que estaban programados para asumir la administración a partir del 1 de enero de 2024. La medida fue anunciada por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, durante la última jornada, quien comunicó la decisión a la Comisión de Educación del Senado. De los seis SLEP inicialmente contemplados para la transición, cuatro continuarán con el proceso según lo programado. Estos son Punilla Cordillera, Iquique, Aysén y Magallanes, que abarcan un total de 28 comunas en todo el país. Sin embargo, los SLEP de Licancabur y Maule Costa se verán afectados por la pausa, debiendo postergar su instalación por un año completo. Licancabur, que incluye las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena, gestionaría 70 establecimientos y alrededor de 29 mil alumnos. Por otro lado, Maule Costa, que abarca Constitución, Empedrado, Cauquenes, Chanco y Pelluhue, manejaría 88 establecimientos con aproximadamente 14 mil estudiantes. El ministro Cataldo explicó que la decisión de postergar estos dos SLEP se tomó después de una r evisión detallada de 14 parámetros críticos, que incluyen aspectos como contrataciones, apertura de cuentas corrientes, instalación de oficinas, nombramientos, sistema de remuneraciones, compras críticas y transporte escolar, entre otros. La determinación de la pausa se basó en el acuerdo entre senadores y el Ejecutivo en el marco de la Ley de Presupuestos 2024. Según lo establecido en el protocolo de acuerdo, la pausa sería la norma general, salvo para aquellos SLEP que el Ministerio de Educación considerara en condiciones de continuar con el proceso de desmunicipalización escolar. El informe fundado, en el cual trabajó el Mineduc, tuvo en cuenta la información proporcionada por la Dirección de Educación Pública (DEP), los equipos de los seis SLEP, las recomendaciones del Consejo de Evaluación del sistema y actores territoriales de las 38 comunas involucradas. Actualmente, hay 11 Servicios Locales de Educación Pública instalados, y se espera que para el año 2029 haya un total de 70 SLEP en todo el país. En la Comisión de Educación del Senado, como Ministerio de Educación presentamos los antecedentes y argumentos que sostienen la decisión de traspasar a partir del primero de enero de 2024 el servicio educativo de 4 SLEP. pic.twitter.com/z0uiVrynnC — Ministerio de Educación (@Mineduc) December 18, 2023
El Ministerio de Educación, liderado por Nicolás Cataldo (PC), se encuentra bajo intensa crítica tras la revelación de un presunto sistema de cobro en la plataformaAnótate en la lista. Esta herramienta virtual fue presentada el 29 de diciembre de 2023 con el objetivo de facilitar a los apoderados la búsqueda de vacantes escolares tras el cierre del proceso regular del Sistema de Admisión Escolar (SAE). La plataforma, desarrollada por TetherEducation Chile Spa, habría ofrecido una versión pagada que proporcionaba funciones adicionales no incluidas en la versión gratuita, según denuncias de sostenedores de colegios. A cambio de una cuota mensual de UF 2,5 más IVA (alrededor de $109 mil), se prometía agilizar y automatizar el proceso de asignación de cupos, generando desigualdad entre los usuarios. El CEO de TetherEducation, Christopher Neilson, figura clave detrás de la empresa, fue previamente vinculado al Ministerio de Educación y al diseño del propio SAE en años anteriores. Además, se ha señalado que Neilson fundó TetherEd, una plataforma similar orientada a colegios privados y jardines infantiles, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Aunque el Ministerio de Educación inicialmente negó la existencia de un servicio premium en la plataforma, la ministra de la cartera, Camila Vallejo, calificó el sistema de cobro comograve y abusivo, instando a una investigación inmediata. Esta discrepancia ha exacerbado la polémica en torno a la transparencia y la equidad en el acceso a la educación. El ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, criticó la falta de coordinación y claridad en la gestión del Gobierno respecto a este asunto, destacando la necesidad de una solución urgente mientras los niños continúan esperando por vacantes escolares. Entre las incógnitas que persisten se encuentran si la empresa tuvo acceso a información confidencial del Ministerio y por qué se optó por un contrato directo en lugar de un proceso de licitación.
La bancada de diputados de Renovación Nacional levantó una solicitud a la Contraloría General de la República para que inicie una investigación en relación con una polémica charla sobre sexualidad impartida a niños de quinto básico en Arica. El evento, tituladoHigiene y Autocuidado, desató la indignación de padres y apoderados del colegio Adolfo Beyzaga Ovando de esa ciudad, quienes denunciaron su contenido explícito y la presunta falta de consentimiento informado. Ximena Ossandón y Hugo Rey, jefa y subjefe de la bancada respectivamente, junto a Marcia Raphael, tomaron la iniciativa de presentar esta solicitud ante la Contraloría, dirigida a la contralora (s) Dorothy Pérez. En su petición, los parlamentarios exigen que se fiscalice y garantice la preeminencia del principio de legalidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia y control al interior de la Administración del Estado. Los diputados denuncian que la charla, organizada por el Centro Comunitario Regional de Información, Prevención y Apoyo a la Consejería en VIH/SIDA (Cripac) de la comuna de Arica, traspasó los límites al abordar temas de sexualidad de forma inapropiada para la edad de los niños. Se informó a los niños sobre el uso de preservativos, enfermedades de transmisión sexual, e incluso se solicitó completar un formulario que incluía preguntas sobre identidad de género. En su solicitud, los parlamentarios subrayan la responsabilidad compartida entre los Ministerios de Educación y Salud en este asunto. Desde el punto de vista educativo, argumentan que la charla contradice los objetivos de aprendizaje establecidos en las bases curriculares y transgrede la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que reconoce el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Por otro lado, señalan la responsabilidad del Ministerio de Salud por la gestión de la charla a través de la Secretaría Regional Ministerial, lo que llevó incluso a la solicitud de renuncia del seremi a cargo y el inicio de un procedimiento administrativo. Los diputados Ossandón, Rey y Raphael solicitan una investigación sumaria en la Subsecretaría de Salud Pública para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes, así como una auditoría a los planes y protocolos del Ministerio de Salud en materia de educación sexual y prevención de enfermedades. En respuesta a esta situación, los apoderados del curso 5°A del colegio emitieron un comunicado oficial expresando su preocupación y reiterando su derecho a ser informados y consultados sobre la educación en sexualidad de sus hijos. Demandan que las medidas disciplinarias correspondientes sean aplicadas con la seriedad y la prontitud que el caso amerita.
Durante esta semana, un taller de “Higiene y Autocuidado” en el Colegio Adolfo Beyzaga Ovando, en Arica, desató una ola de polémica. Niños de quinto básico, con edades aproximadas de 10 años, se vieron involucrados en la lectura de folletos y la respuesta a preguntas con un contenido sexual que ha alarmado a padres y madres. Las denuncias no se hicieron esperar. Apoderados y apoderadas llevaron el caso ante la Superintendencia de Educación y la Fiscalía, quienes han comenzado una investigación al respecto. La Defensoría de la Niñez también se involucró, anunciando acciones formales hacia el establecimiento educativo, la Superintendencia de Educación y la Seremi de Salud correspondiente, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar responsables y entender los criterios que guiaron esta actividad. El colegio emitió un comunicado en el cual defendió la inclusión de todas las temáticas en el protocolo de sexualidad, afectividad y género, asegurando que estas están en consonancia con los planes y programas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Calificaron las denuncias como una “funa”, pero desde el Ministerio de Salud, la postura fue distinta. El Ministerio de Salud se desvinculó de la actividad, indicando que no se ajustó a los protocolos establecidos. Se detectaron presuntos incumplimientos de los lineamientos del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades. La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, expresó su preocupación, señalando que con los antecedentes que yo tengo ahora a la vista de cómo se llevó a cabo esta actividad en particular, puedo decir dos cosas. Lo primero, es que no sigue los protocolos del Ministerio de Salud, y lo segundo, es que nos parece que efectivamente se ha dado una situación que es indebida en el trato de los menores en el colegio. Asimismo agregó que por eso vamos a estar recabando más información para poder entender con mayor detalle lo ocurrido y desde ahí tomar todas las acciones administrativas que correspondan. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido declaraciones sobre el caso, argumentando que es una actividad que corresponde regular a la autoridad sanitaria.
En medio de una crisis educativa que afecta a unas 3 mil familias en Chile, el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) advirtió durante una sesión en la Cámara de Diputados el miércoles pasado sobre la posibilidad de que el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sea acusado constitucionalmente. El diputado Mulet destacó la gravedad de la situación que ha llevado a manifestaciones de apoderados en la ciudad de Copiapó, donde cientos de niños y adolescentes se encuentran sin cupos escolares para el año académico en curso. Según Mulet, dejar a tantos estudiantes sin educación constituye una clara inejecución de la ley y de la Constitución chilena, que garantizan el derecho a la educación básica y media. El problema de la escasez de matrículas no es nuevo en el país, con antecedentes de una crisis educativa durante el año 2023 en la región de Atacama. Mulet criticó la falta de acción por parte de las autoridades pertinentes para abordar esta situación, considerando inaudito que se proponga que los estudiantes estudien en sus hogares o que realicen exámenes libres como alternativas. El Gobierno, a través de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, señaló que aproximadamente 3 mil estudiantes en todo el país se encuentran sin matrículas. Se han mencionado razones demográficas y de planificación como causantes de esta situación, incluyendo el aumento de la demanda de cupos debido a la inmigración. El Ministerio de Educación implementó un Plan de Fortalecimiento a la Matrícula Escolar desde el 2022, que busca abordar la demanda de estudiantes sin matrículas mediante diversas medidas, como la ampliación de cupos, la creación de sobrecupos, la rehabilitación de escuelas cerradas, la implementación de clases en doble jornada, entre otras. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, la falta de cupos se concentra en comunas específicas y en ciertos niveles educativos, especialmente en los primeros medios. La subsecretaria Arratia enfatizó que el proceso de matrícula aún está en curso y se cerrará durante el mes de marzo, momento en el que se consolidará la información oficial sobre las matrículas y se resolverán las duplicidades. Según un reporte preliminar, más de 1.700 estudiantes figuran con al menos dos matrículas, lo que deberá ser resuelto en los próximos días. Se espera que, con los retiros generados por el sistema, se liberen vacantes que podrán ser asignadas siguiendo el orden de solicitud de “Anótate en la lista”.
El Ministerio de Educación decidió suspender temporalmente el traspaso de colegios municipales en dos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que estaban programados para asumir la administración a partir del 1 de enero de 2024. La medida fue anunciada por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, durante la última jornada, quien comunicó la decisión a la Comisión de Educación del Senado. De los seis SLEP inicialmente contemplados para la transición, cuatro continuarán con el proceso según lo programado. Estos son Punilla Cordillera, Iquique, Aysén y Magallanes, que abarcan un total de 28 comunas en todo el país. Sin embargo, los SLEP de Licancabur y Maule Costa se verán afectados por la pausa, debiendo postergar su instalación por un año completo. Licancabur, que incluye las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena, gestionaría 70 establecimientos y alrededor de 29 mil alumnos. Por otro lado, Maule Costa, que abarca Constitución, Empedrado, Cauquenes, Chanco y Pelluhue, manejaría 88 establecimientos con aproximadamente 14 mil estudiantes. El ministro Cataldo explicó que la decisión de postergar estos dos SLEP se tomó después de una r evisión detallada de 14 parámetros críticos, que incluyen aspectos como contrataciones, apertura de cuentas corrientes, instalación de oficinas, nombramientos, sistema de remuneraciones, compras críticas y transporte escolar, entre otros. La determinación de la pausa se basó en el acuerdo entre senadores y el Ejecutivo en el marco de la Ley de Presupuestos 2024. Según lo establecido en el protocolo de acuerdo, la pausa sería la norma general, salvo para aquellos SLEP que el Ministerio de Educación considerara en condiciones de continuar con el proceso de desmunicipalización escolar. El informe fundado, en el cual trabajó el Mineduc, tuvo en cuenta la información proporcionada por la Dirección de Educación Pública (DEP), los equipos de los seis SLEP, las recomendaciones del Consejo de Evaluación del sistema y actores territoriales de las 38 comunas involucradas. Actualmente, hay 11 Servicios Locales de Educación Pública instalados, y se espera que para el año 2029 haya un total de 70 SLEP en todo el país. En la Comisión de Educación del Senado, como Ministerio de Educación presentamos los antecedentes y argumentos que sostienen la decisión de traspasar a partir del primero de enero de 2024 el servicio educativo de 4 SLEP. pic.twitter.com/z0uiVrynnC — Ministerio de Educación (@Mineduc) December 18, 2023
