El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama emitió una sentencia favorable para un dirigente sindical de la División Chuquicamata de Codelco, tras acoger la denuncia presentada por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales. El fallo, correspondiente a la causa rol 8-2023, determinó que la empresa incurrió en actos de vigilancia y seguimiento ilegales contra el dirigente Miguel Veliz Fernández, afectando su privacidad y derechos laborales. Ante esto, la Corte ordenó a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) el pago de una multa de 300 UTM (aproximadamente $20 millones de pesos) y el cese inmediato de toda práctica de monitoreo o seguimiento a los dirigentes sindicales, especialmente al denunciante. Además, el tribunal exigió a la empresa emitir una disculpa pública a través de tres publicaciones en un diario de circulación comunal, en un plazo máximo de cinco días. Asimismo, el fallo destaca que los actos de vigilancia fueron ejecutados por personal de seguridad de una empresa contratista, siguiendo instrucciones del administrador del contrato de Codelco, y tenían el objetivo de obtener información indebida sobre las actividades sindicales. Los actos fueron descubiertos por los propios afectados, quienes formalizaron su denuncia por la violación de sus derechos. Dado lo anterior, el juez Juan Pablo Flores Menéndez concluyó que las acciones de la empresa representaban una intervención ilegítima en el funcionamiento del sindicato, generando una atmósfera de inseguridad y temor tanto para los dirigentes como para sus familias. Esta situación, según el fallo, constituye una grave amenaza contra la libertad sindical, un derecho fundamental consagrado en la legislación laboral. Por último, el tribunal acogió la demanda por daño moral presentada por el denunciante, condenando a Codelco al pago de 20 millones de pesos por el acoso laboral y la afectación de sus derechos fundamentales, en un claro respaldo a la protección de los derechos de los trabajadores y dirigentes sindicales.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama falló a favor de una funcionaria que denunció acoso laboral y sexual en 2019, declarando que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de la comuna vulneró sus derechos fundamentales. Ante esto, el magistrado Juan Pablo Flores determinó que el sumario administrativo, iniciado tres años después de la denuncia, evidenció indolencia, negligencia y abandono por parte de la institución, agravando el daño emocional de la denunciante. Según el fallo, la funcionaria sufrió un trastorno mixto de ansiedad y depresión debido no solo a los actos de acoso, sino también a la revictimización causada por la tardanza y omisiones en la tramitación del caso. Asimismo, el tribunal ordenó a Comdes concluir el sumario en un plazo de 15 días, dar disculpas públicas en sus plataformas digitales por al menos 60 días y pagar $20 millones por concepto de daño moral. Además, destacó que, de forma espeluznante, el denunciado fue designado como director interino en el mismo establecimiento donde laboraba la afectada. Finalmente, el fallo subraya la obligación de las instituciones de actuar con diligencia frente a denuncias de acoso y resguardar la integridad de sus trabajadores.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama emitió una sentencia favorable para un dirigente sindical de la División Chuquicamata de Codelco, tras acoger la denuncia presentada por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales. El fallo, correspondiente a la causa rol 8-2023, determinó que la empresa incurrió en actos de vigilancia y seguimiento ilegales contra el dirigente Miguel Veliz Fernández, afectando su privacidad y derechos laborales. Ante esto, la Corte ordenó a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) el pago de una multa de 300 UTM (aproximadamente $20 millones de pesos) y el cese inmediato de toda práctica de monitoreo o seguimiento a los dirigentes sindicales, especialmente al denunciante. Además, el tribunal exigió a la empresa emitir una disculpa pública a través de tres publicaciones en un diario de circulación comunal, en un plazo máximo de cinco días. Asimismo, el fallo destaca que los actos de vigilancia fueron ejecutados por personal de seguridad de una empresa contratista, siguiendo instrucciones del administrador del contrato de Codelco, y tenían el objetivo de obtener información indebida sobre las actividades sindicales. Los actos fueron descubiertos por los propios afectados, quienes formalizaron su denuncia por la violación de sus derechos. Dado lo anterior, el juez Juan Pablo Flores Menéndez concluyó que las acciones de la empresa representaban una intervención ilegítima en el funcionamiento del sindicato, generando una atmósfera de inseguridad y temor tanto para los dirigentes como para sus familias. Esta situación, según el fallo, constituye una grave amenaza contra la libertad sindical, un derecho fundamental consagrado en la legislación laboral. Por último, el tribunal acogió la demanda por daño moral presentada por el denunciante, condenando a Codelco al pago de 20 millones de pesos por el acoso laboral y la afectación de sus derechos fundamentales, en un claro respaldo a la protección de los derechos de los trabajadores y dirigentes sindicales.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama falló a favor de una funcionaria que denunció acoso laboral y sexual en 2019, declarando que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de la comuna vulneró sus derechos fundamentales. Ante esto, el magistrado Juan Pablo Flores determinó que el sumario administrativo, iniciado tres años después de la denuncia, evidenció indolencia, negligencia y abandono por parte de la institución, agravando el daño emocional de la denunciante. Según el fallo, la funcionaria sufrió un trastorno mixto de ansiedad y depresión debido no solo a los actos de acoso, sino también a la revictimización causada por la tardanza y omisiones en la tramitación del caso. Asimismo, el tribunal ordenó a Comdes concluir el sumario en un plazo de 15 días, dar disculpas públicas en sus plataformas digitales por al menos 60 días y pagar $20 millones por concepto de daño moral. Además, destacó que, de forma espeluznante, el denunciado fue designado como director interino en el mismo establecimiento donde laboraba la afectada. Finalmente, el fallo subraya la obligación de las instituciones de actuar con diligencia frente a denuncias de acoso y resguardar la integridad de sus trabajadores.
