Por medio de un comunicado, el Gobierno Regional de Antofagasta expresó su conformidad con el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Fundación Procultura , en el marco del término anticipado del programa Recuperación de fachadas zona de conservación histórica. Según señalan, el Tribunal indicó que los actos administrativos del Gobierno Regional no fueron arbitrarios y estuvieron debidamente fundados, reafirmando así la capacidad de poner término anticipado al convenio, una vez que las circunstancias no hicieron posible su cumplimiento. Añaden que, de acuerdo al fallo se cumplió una causal objetiva de término anticipado contenida en la cláusula décima, la cual indica que el Gobierno Regional podrá darle término anticipado, sin derecho a indemnización para la fundación, Al respecto el gobernador regional, Ricardo Díaz, expresó queremos manifestar nuestra satisfacción por haber conseguido que este recurso de ilegalidad que la Fundación Procultura había puesto contra el Gobierno Regional no haya tenido cabida. Hemos actuado con tranquilidad, con calma y con la certeza de que estamos haciendo bien las cosas y no sometidos a las presiones políticas que en algún momento se nos plantearon frente a Procultura, sostiene Díaz. Por su parte, el jefe de la Unidad Jurídica del Gobierno Regional, Bryan Romo, indica esto despeja el camino para continuar la persecución civil y penal de las responsabilidades de los representantes de la fundación, que el Gobierno Regional emprenderá con la máxima urgencia para la tranquilidad de toda la comunidad.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
Este lunes se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Ministerio Público cuatro diligencias, en relación a la investigación de convenios que involucran el traspaso de dinero desde organismoas estatales a la Fundación Procultura. En total $873.002.500 en Antofagasta, dineros que el organismo debería devolver pero no se ha concretado. Según LaTercera, el CDE solicitó a organismos especilizados averiguar la ruta de los dineros de la entidad investigada por fraude y malversación de caudales públicos en varias regiones del país, ya que no existen fondos en las cuentas que mantenía la fundación. En específico, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debería realizar un lavantamiento patrimonial de Procultura y su directiva compuesta por Allan George Mix Vidal, María Eugenia Sabbagh Vidal e Ingrid Christine Koch. Esto de acuerdo a un escrito enviado por el CDE al fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar. También habrían requerido información al Servicio de Impuestos Internos (SII), tanto sobre la fundación como de los integrantes del directorio, diligencia que debería repetirse en la Comisión para el Mercado Financiero y en otras entidades. Con esta acción buscarían determinar si la fundación mantiene otro tipo de cuentas o productos. Por lo tanto, solicitan una acción judicial para levantar el secreto bancario desde el 29 de diciembre de 2022. Cabe recordar que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puso término anticipado a los convenios que mantenía con Procultura. Mientras que el CDE intentó retener los fondos -pero no fue posible- ya que no había dinero en la cuenta corriente de la organización.
Por medio de un comunicado, el Gobierno Regional de Antofagasta expresó su conformidad con el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Fundación Procultura , en el marco del término anticipado del programa Recuperación de fachadas zona de conservación histórica. Según señalan, el Tribunal indicó que los actos administrativos del Gobierno Regional no fueron arbitrarios y estuvieron debidamente fundados, reafirmando así la capacidad de poner término anticipado al convenio, una vez que las circunstancias no hicieron posible su cumplimiento. Añaden que, de acuerdo al fallo se cumplió una causal objetiva de término anticipado contenida en la cláusula décima, la cual indica que el Gobierno Regional podrá darle término anticipado, sin derecho a indemnización para la fundación, Al respecto el gobernador regional, Ricardo Díaz, expresó queremos manifestar nuestra satisfacción por haber conseguido que este recurso de ilegalidad que la Fundación Procultura había puesto contra el Gobierno Regional no haya tenido cabida. Hemos actuado con tranquilidad, con calma y con la certeza de que estamos haciendo bien las cosas y no sometidos a las presiones políticas que en algún momento se nos plantearon frente a Procultura, sostiene Díaz. Por su parte, el jefe de la Unidad Jurídica del Gobierno Regional, Bryan Romo, indica esto despeja el camino para continuar la persecución civil y penal de las responsabilidades de los representantes de la fundación, que el Gobierno Regional emprenderá con la máxima urgencia para la tranquilidad de toda la comunidad.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
Este lunes se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Ministerio Público cuatro diligencias, en relación a la investigación de convenios que involucran el traspaso de dinero desde organismoas estatales a la Fundación Procultura. En total $873.002.500 en Antofagasta, dineros que el organismo debería devolver pero no se ha concretado. Según LaTercera, el CDE solicitó a organismos especilizados averiguar la ruta de los dineros de la entidad investigada por fraude y malversación de caudales públicos en varias regiones del país, ya que no existen fondos en las cuentas que mantenía la fundación. En específico, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debería realizar un lavantamiento patrimonial de Procultura y su directiva compuesta por Allan George Mix Vidal, María Eugenia Sabbagh Vidal e Ingrid Christine Koch. Esto de acuerdo a un escrito enviado por el CDE al fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar. También habrían requerido información al Servicio de Impuestos Internos (SII), tanto sobre la fundación como de los integrantes del directorio, diligencia que debería repetirse en la Comisión para el Mercado Financiero y en otras entidades. Con esta acción buscarían determinar si la fundación mantiene otro tipo de cuentas o productos. Por lo tanto, solicitan una acción judicial para levantar el secreto bancario desde el 29 de diciembre de 2022. Cabe recordar que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puso término anticipado a los convenios que mantenía con Procultura. Mientras que el CDE intentó retener los fondos -pero no fue posible- ya que no había dinero en la cuenta corriente de la organización.
