El Ministerio Público señaló en un comunicado que considera fundamental que el procedimiento de desafuero continúe sin más demoras. Su objetivo es determinar si existen o no los antecedentes necesarios para formalizar la investigación contra el gobernador, un proceso que la Fiscalía califica comoautónomo y que ya ha sido iniciado. Ante esto, la Fiscalía de Antofagasta, consciente de la connotación pública del caso, reafirmó su compromiso con la objetividad, la legalidad y la probidad. Subrayó que, a pesar del impacto en la opinión pública, su actuación se rige por la ley y busca evitar dilaciones, avanzando con la celeridad que el caso merece y entregando respuestas oportunas. Con esta medida, la Fiscalía busca mantener la transparencia y el ágil desarrollo del proceso en defensa del interés público.
La decisión del tribunal se tomó en un pleno extraordinario tras la presentación del equipo de abogados de Orrego, compuesto por Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego. La estrategia legal busca que el caso sea visto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que el delito imputado se materializó en esa ciudad al firmarse el convenio entre la Fundación ProCultura y el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano. Como parte de su resolución, la Corte de Antofagasta solicitó al juzgado de la misma ciudad que informe sobre el estado actual de la causa contra Orrego. Mientras no se resuelva qué jurisdicción es la competente para revisar la solicitud de desafuero del Ministerio Público, la discusión del fondo del caso quedará en suspenso. Finalmente, el abogado Ciro Colombara enfatizó quela solicitud de desafuero... corresponde que sea discutida y resuelta donde el caso se inició, es decir, en Santiago. El defensor también cuestionó la facultad del Ministerio Público para elegir el lugar de litigio y reafirmó la inocencia de su representado.El Gobernador Orrego es inocente de los cargos que se le imputan. Tenemos la confianza y la tranquilidad de que, en definitiva, el desafuero debiera ser rechazado, concluyó.
La Fiscalía de Antofagasta presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en el marco de su eventual participación en el caso ProCultura, donde se le investiga por los delitos de fraude al fisco y cohecho. Según información de 24 Horas, el Ministerio Público habría requerido el desafuero de Orrego en la causa en que la fundación se adjudicó un convenio por más de $1.800 millones para el programa de prevención del suicidio “Quédate”, de los cuales más de mil millones no fueron rendidos ni devueltos. Este hecho representa un nuevo golpe contra la autoridad metropolitana, sobre quien también recae un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que busca su destitución, presentado por consejeros regionales de oposición.
Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
El Ministerio Público señaló en un comunicado que considera fundamental que el procedimiento de desafuero continúe sin más demoras. Su objetivo es determinar si existen o no los antecedentes necesarios para formalizar la investigación contra el gobernador, un proceso que la Fiscalía califica comoautónomo y que ya ha sido iniciado. Ante esto, la Fiscalía de Antofagasta, consciente de la connotación pública del caso, reafirmó su compromiso con la objetividad, la legalidad y la probidad. Subrayó que, a pesar del impacto en la opinión pública, su actuación se rige por la ley y busca evitar dilaciones, avanzando con la celeridad que el caso merece y entregando respuestas oportunas. Con esta medida, la Fiscalía busca mantener la transparencia y el ágil desarrollo del proceso en defensa del interés público.
La decisión del tribunal se tomó en un pleno extraordinario tras la presentación del equipo de abogados de Orrego, compuesto por Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego. La estrategia legal busca que el caso sea visto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que el delito imputado se materializó en esa ciudad al firmarse el convenio entre la Fundación ProCultura y el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano. Como parte de su resolución, la Corte de Antofagasta solicitó al juzgado de la misma ciudad que informe sobre el estado actual de la causa contra Orrego. Mientras no se resuelva qué jurisdicción es la competente para revisar la solicitud de desafuero del Ministerio Público, la discusión del fondo del caso quedará en suspenso. Finalmente, el abogado Ciro Colombara enfatizó quela solicitud de desafuero... corresponde que sea discutida y resuelta donde el caso se inició, es decir, en Santiago. El defensor también cuestionó la facultad del Ministerio Público para elegir el lugar de litigio y reafirmó la inocencia de su representado.El Gobernador Orrego es inocente de los cargos que se le imputan. Tenemos la confianza y la tranquilidad de que, en definitiva, el desafuero debiera ser rechazado, concluyó.
La Fiscalía de Antofagasta presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en el marco de su eventual participación en el caso ProCultura, donde se le investiga por los delitos de fraude al fisco y cohecho. Según información de 24 Horas, el Ministerio Público habría requerido el desafuero de Orrego en la causa en que la fundación se adjudicó un convenio por más de $1.800 millones para el programa de prevención del suicidio “Quédate”, de los cuales más de mil millones no fueron rendidos ni devueltos. Este hecho representa un nuevo golpe contra la autoridad metropolitana, sobre quien también recae un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que busca su destitución, presentado por consejeros regionales de oposición.
Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
