El fiscal nacional, Ángel Valencia, a través de un comunicado, decidió transferir la investigación relacionada con la Fundación Procultura al fiscal Patricio Cooper Monti, quien lidera la Fiscalía Regional de Coquimbo. Esta decisión representa un cambio significativo en la dirección de la investigación que involucra a la ONG, la cual tenía un acuerdo para pintar las fachadas de edificios históricos en Antofagasta. Hasta diciembre pasado, las indagaciones sobre esta fundación en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes estaban a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, bajo la supervisión del fiscal regional Carlos Palma. El nuevo fiscal a cargo, Patricio Cooper Monti, continuará con la gestión de la investigación, contando con el apoyo de los fiscales adjuntos que considere necesarios en cada región.
Por más de una hora, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, declaró ante la nueva comisión investigadora del Caso Convenios, específicamente sobre la arista que involucra a la fundación ProCultura. La sesión tuvo por objetivo esclarecer dudas en cuanto al rol de la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo) en el Programa Puesta en Valor del Patrimonio, ligado al Ministerio de las Cuturas, las Artes y el Patrimonio y los gobiernos regionales.
Por medio de un comunicado, el Gobierno Regional de Antofagasta expresó su conformidad con el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Fundación Procultura , en el marco del término anticipado del programa Recuperación de fachadas zona de conservación histórica. Según señalan, el Tribunal indicó que los actos administrativos del Gobierno Regional no fueron arbitrarios y estuvieron debidamente fundados, reafirmando así la capacidad de poner término anticipado al convenio, una vez que las circunstancias no hicieron posible su cumplimiento. Añaden que, de acuerdo al fallo se cumplió una causal objetiva de término anticipado contenida en la cláusula décima, la cual indica que el Gobierno Regional podrá darle término anticipado, sin derecho a indemnización para la fundación, Al respecto el gobernador regional, Ricardo Díaz, expresó queremos manifestar nuestra satisfacción por haber conseguido que este recurso de ilegalidad que la Fundación Procultura había puesto contra el Gobierno Regional no haya tenido cabida. Hemos actuado con tranquilidad, con calma y con la certeza de que estamos haciendo bien las cosas y no sometidos a las presiones políticas que en algún momento se nos plantearon frente a Procultura, sostiene Díaz. Por su parte, el jefe de la Unidad Jurídica del Gobierno Regional, Bryan Romo, indica esto despeja el camino para continuar la persecución civil y penal de las responsabilidades de los representantes de la fundación, que el Gobierno Regional emprenderá con la máxima urgencia para la tranquilidad de toda la comunidad.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, a través de un comunicado, decidió transferir la investigación relacionada con la Fundación Procultura al fiscal Patricio Cooper Monti, quien lidera la Fiscalía Regional de Coquimbo. Esta decisión representa un cambio significativo en la dirección de la investigación que involucra a la ONG, la cual tenía un acuerdo para pintar las fachadas de edificios históricos en Antofagasta. Hasta diciembre pasado, las indagaciones sobre esta fundación en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes estaban a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, bajo la supervisión del fiscal regional Carlos Palma. El nuevo fiscal a cargo, Patricio Cooper Monti, continuará con la gestión de la investigación, contando con el apoyo de los fiscales adjuntos que considere necesarios en cada región.
Por más de una hora, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, declaró ante la nueva comisión investigadora del Caso Convenios, específicamente sobre la arista que involucra a la fundación ProCultura. La sesión tuvo por objetivo esclarecer dudas en cuanto al rol de la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo) en el Programa Puesta en Valor del Patrimonio, ligado al Ministerio de las Cuturas, las Artes y el Patrimonio y los gobiernos regionales.
Por medio de un comunicado, el Gobierno Regional de Antofagasta expresó su conformidad con el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Fundación Procultura , en el marco del término anticipado del programa Recuperación de fachadas zona de conservación histórica. Según señalan, el Tribunal indicó que los actos administrativos del Gobierno Regional no fueron arbitrarios y estuvieron debidamente fundados, reafirmando así la capacidad de poner término anticipado al convenio, una vez que las circunstancias no hicieron posible su cumplimiento. Añaden que, de acuerdo al fallo se cumplió una causal objetiva de término anticipado contenida en la cláusula décima, la cual indica que el Gobierno Regional podrá darle término anticipado, sin derecho a indemnización para la fundación, Al respecto el gobernador regional, Ricardo Díaz, expresó queremos manifestar nuestra satisfacción por haber conseguido que este recurso de ilegalidad que la Fundación Procultura había puesto contra el Gobierno Regional no haya tenido cabida. Hemos actuado con tranquilidad, con calma y con la certeza de que estamos haciendo bien las cosas y no sometidos a las presiones políticas que en algún momento se nos plantearon frente a Procultura, sostiene Díaz. Por su parte, el jefe de la Unidad Jurídica del Gobierno Regional, Bryan Romo, indica esto despeja el camino para continuar la persecución civil y penal de las responsabilidades de los representantes de la fundación, que el Gobierno Regional emprenderá con la máxima urgencia para la tranquilidad de toda la comunidad.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
