Este jueves la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió la competencia de los tribunales en el denominado Caso ProCultura, concluyendo que la investigación por delitos de apropiación indebida debe continuar en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago. En el caso, el Ministerio Público imputa a Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz seis delitos consumados de apropiación indebida, por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. La Corte de Apelaciones declaró la competencia luego de que el tribunal de Antofagasta se declara incompetente en la causa y ordenara remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía de Santiago, no obstante, el tribunal de alzada de la región Metropolitana rechazó asumir la investigación. Debido a ello, la Corte debió resolver la disputa y en en su fallo, remarcó que de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde comenzó la ejecución del delito; lo que en este caso se habría gestado en la capital. Pese a que el Ministerio Público atribuye a los imputados la distracción de recursos públicos provenientes de convenios suscritos entre Fundación ProCultura y organismos públicos de Antofagasta, el tribunal concluyó que la celebración de los convenios y la transferencia de los recursos fueron actos lícitos y no constituyen el inicio de la ejecución del delito. Sino, que de acuerdo a la sentencia, las primeras conductas que podrían configurar la apropiación indebida corresponden a las operaciones bancarias que según quedó establecido en la formalización de la Fiscalía, fueron realizadas desde las cuentas de Fundación ProCultura administradas en la comuna de Las Condes. En este escenario, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió declarar competente al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenando remitir todos los antecedentes para que continúe la investigación.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que el Ministerio Público apelará al sobreseimiento del gobernador metropolitano Claudio Orrego y a la condena en costas que recibió tanto la Fiscalía de Antofagasta, como el fiscal regional Juan Castro Bekios, en el marco del caso ProCultura. Esto, tras la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó el sobreseimiento definitivo de Orrego, quien estaba imputado por el delito de fraude al fisco. Además, el tribunal resolvió que tanto la Fiscalía Regional como el persecutor regional de manera personal, deberá pagar los gastos del juicio y el proceso judicial. En este escenario, el Fiscal Nacional Angel Valencia, analizó la resolución en conversación con ADN y adelantó que ambas medidas serán revisadas. Tanto la resolución que decreta el sobreseimiento como la que le impone, incluso personalmente al fiscal regional Juan Castro Bekios están pendientes. Es altamente probable que el Ministerio Público apele a la Corte de Apelaciones, que va a tener que revisar, señaló Y luego agregó que: Es una resolución de primera instancia. Es definitivo porque se llama sobreseimiento definitivo, pero no está firme. Todavía es una resolución que es posible apelar, que es altamente problema que la fiscalía apele. Tras ello, la máxima autoridad del Ministerio Público se refirió a la medida contra el persecutor regional, calificándola de injusta y asegurando que también será apelada. Respecto del caso particular del fiscal Castro, es una norma legal el poder imponer personalmente un fiscal. La ley señala expresamente que es excepcional. En principio me parece injusto personalmente con él y esperamos que la corte lo revierta, sostuvo. Y remarcó que: Es incluso posible que se exima al fiscal del pago de las costas.
Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura, investigado por la Fiscalía de Antofagasta. El tribunal resolvió que la resolvió que la Fiscalía de Antofagasta no logró acreditar el delito imputado al gobernador metropolitano, quien era investigado por el delito de fraude al fisco. En este escenario, es que el juzgado condenó al Ministerio Público a pagar las costas, por lo que la Fiscalía deberá pagar los gastos del juicio y el proceso judicial. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día 1: nosotros fuimos víctimas de un delito, no parte de él. Lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador, señaló el propio Claudio Orrego tras el sobreseimiento. No obstante, no sólo la Fiscalía deberá pagar, sino que también deberá pagar de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios, de acuerdo a la solicitud de la defensa de Orrego. Así lo señaló el abogado a cargo, Ciro Colombara. “En una decisión que pocas veces se ha visto, fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios, por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho de la conducción de la investigación“. Y luego agregó que: Fue condenado en costas el Ministerio Público, institucionalmente, por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación respecto del señor Claudio Orrego. Cabe mencionar que en febrero la Fiscalía sufrió otro revés en el mismo caso, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta.
Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente para seguir con el caso Procultura, luego de acoger el incidente de incompetencia planteada por las defensas de los imputados Alberto Larrín y María Gómez, quienes fueron formalizados por delitos de apropiación indebida desde este lunes. En la instancia, el Ministerio Público imputa a ambos, seis delitos consumados de apropiación indebida, por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. Tal como ocurrió con Democracia Viva, las defensas de los imputados cuestionó el origen de los hechos y argumentaron que el caso inicia con la forma de convenios en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana. Considerando que los hechos por los que han sido encausados sus representados tuvieron siempre su origen en la ciudad de Santiago, en la comuna de Las Condes, que es el lugar desde donde se suscribieron todos los contratos por los que está siendo cursada la investigación respecto de la fundación, argumentaron. En este escenario, el tribunal acogió los argumentos de la defensa y en la resolución, se ordenó que la totalidad de los antecedentes del caso fueran remitidos de forma inmediata al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, debido a que dicho tribunal de la Región Metropolitana, es el tribunal territorialmente competente para conocer de los hechos materia de la investigación, por encontrarse el lugar donde se inició la ejecución de los ilícitos; de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales.
A partir de las 8:30 horas de este lunes se desarrollará una nueva audiencia de formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez, en el marco de la arista Antofagasta del denominado caso ProCultura. La diligencia se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y estará encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, integrante del equipo liderado por el fiscal regional Juan Castro Bekios. En la instancia, el Ministerio Público imputará a ambos profesionales seis delitos consumados de apropiación indebida, apuntando a presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. Según la investigación, Larraín, en calidad de director ejecutivo de la ONG, y Gómez, como representante legal, habrían tenido responsabilidad directa en el manejo de recursos públicos transferidos a la entidad privada. Uno de los focos de la indagatoria corresponde al convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, mediante el cual el Gore transfirió más de $629 millones a la fundación durante la administración del gobernador Ricardo Díaz. A ello se suman al menos cuatro convenios firmados con la Seremi de Vivienda, que implicaron traspasos superiores a los $500 millones. La Contraloría observó en su momento que estos recursos fueron adjudicados sin concurso público y que no existió una adecuada fiscalización respecto al uso de los fondos y el cumplimiento de los objetivos comprometidos. Esta arista fue una de las primeras investigaciones que dieron origen al denominado caso Convenios. Además, será la segunda vez que Larraín y Gómez enfrenten una formalización, luego de la causa vinculada a la Gobernación Metropolitana. El abogado de Larraín, Cristián Arias, cuestionó la estrategia de la Fiscalía y sostuvo que la tesis del Ministerio Público “fracasó estrepitosamente” en Santiago, tanto en el Juzgado de Garantía como en la Corte de Apelaciones.
Este jueves la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió la competencia de los tribunales en el denominado Caso ProCultura, concluyendo que la investigación por delitos de apropiación indebida debe continuar en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago. En el caso, el Ministerio Público imputa a Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz seis delitos consumados de apropiación indebida, por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. La Corte de Apelaciones declaró la competencia luego de que el tribunal de Antofagasta se declara incompetente en la causa y ordenara remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía de Santiago, no obstante, el tribunal de alzada de la región Metropolitana rechazó asumir la investigación. Debido a ello, la Corte debió resolver la disputa y en en su fallo, remarcó que de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde comenzó la ejecución del delito; lo que en este caso se habría gestado en la capital. Pese a que el Ministerio Público atribuye a los imputados la distracción de recursos públicos provenientes de convenios suscritos entre Fundación ProCultura y organismos públicos de Antofagasta, el tribunal concluyó que la celebración de los convenios y la transferencia de los recursos fueron actos lícitos y no constituyen el inicio de la ejecución del delito. Sino, que de acuerdo a la sentencia, las primeras conductas que podrían configurar la apropiación indebida corresponden a las operaciones bancarias que según quedó establecido en la formalización de la Fiscalía, fueron realizadas desde las cuentas de Fundación ProCultura administradas en la comuna de Las Condes. En este escenario, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió declarar competente al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenando remitir todos los antecedentes para que continúe la investigación.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que el Ministerio Público apelará al sobreseimiento del gobernador metropolitano Claudio Orrego y a la condena en costas que recibió tanto la Fiscalía de Antofagasta, como el fiscal regional Juan Castro Bekios, en el marco del caso ProCultura. Esto, tras la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó el sobreseimiento definitivo de Orrego, quien estaba imputado por el delito de fraude al fisco. Además, el tribunal resolvió que tanto la Fiscalía Regional como el persecutor regional de manera personal, deberá pagar los gastos del juicio y el proceso judicial. En este escenario, el Fiscal Nacional Angel Valencia, analizó la resolución en conversación con ADN y adelantó que ambas medidas serán revisadas. Tanto la resolución que decreta el sobreseimiento como la que le impone, incluso personalmente al fiscal regional Juan Castro Bekios están pendientes. Es altamente probable que el Ministerio Público apele a la Corte de Apelaciones, que va a tener que revisar, señaló Y luego agregó que: Es una resolución de primera instancia. Es definitivo porque se llama sobreseimiento definitivo, pero no está firme. Todavía es una resolución que es posible apelar, que es altamente problema que la fiscalía apele. Tras ello, la máxima autoridad del Ministerio Público se refirió a la medida contra el persecutor regional, calificándola de injusta y asegurando que también será apelada. Respecto del caso particular del fiscal Castro, es una norma legal el poder imponer personalmente un fiscal. La ley señala expresamente que es excepcional. En principio me parece injusto personalmente con él y esperamos que la corte lo revierta, sostuvo. Y remarcó que: Es incluso posible que se exima al fiscal del pago de las costas.
Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura, investigado por la Fiscalía de Antofagasta. El tribunal resolvió que la resolvió que la Fiscalía de Antofagasta no logró acreditar el delito imputado al gobernador metropolitano, quien era investigado por el delito de fraude al fisco. En este escenario, es que el juzgado condenó al Ministerio Público a pagar las costas, por lo que la Fiscalía deberá pagar los gastos del juicio y el proceso judicial. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día 1: nosotros fuimos víctimas de un delito, no parte de él. Lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador, señaló el propio Claudio Orrego tras el sobreseimiento. No obstante, no sólo la Fiscalía deberá pagar, sino que también deberá pagar de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios, de acuerdo a la solicitud de la defensa de Orrego. Así lo señaló el abogado a cargo, Ciro Colombara. “En una decisión que pocas veces se ha visto, fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios, por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho de la conducción de la investigación“. Y luego agregó que: Fue condenado en costas el Ministerio Público, institucionalmente, por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación respecto del señor Claudio Orrego. Cabe mencionar que en febrero la Fiscalía sufrió otro revés en el mismo caso, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta.
Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente para seguir con el caso Procultura, luego de acoger el incidente de incompetencia planteada por las defensas de los imputados Alberto Larrín y María Gómez, quienes fueron formalizados por delitos de apropiación indebida desde este lunes. En la instancia, el Ministerio Público imputa a ambos, seis delitos consumados de apropiación indebida, por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. Tal como ocurrió con Democracia Viva, las defensas de los imputados cuestionó el origen de los hechos y argumentaron que el caso inicia con la forma de convenios en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana. Considerando que los hechos por los que han sido encausados sus representados tuvieron siempre su origen en la ciudad de Santiago, en la comuna de Las Condes, que es el lugar desde donde se suscribieron todos los contratos por los que está siendo cursada la investigación respecto de la fundación, argumentaron. En este escenario, el tribunal acogió los argumentos de la defensa y en la resolución, se ordenó que la totalidad de los antecedentes del caso fueran remitidos de forma inmediata al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, debido a que dicho tribunal de la Región Metropolitana, es el tribunal territorialmente competente para conocer de los hechos materia de la investigación, por encontrarse el lugar donde se inició la ejecución de los ilícitos; de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales.
A partir de las 8:30 horas de este lunes se desarrollará una nueva audiencia de formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez, en el marco de la arista Antofagasta del denominado caso ProCultura. La diligencia se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y estará encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, integrante del equipo liderado por el fiscal regional Juan Castro Bekios. En la instancia, el Ministerio Público imputará a ambos profesionales seis delitos consumados de apropiación indebida, apuntando a presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. Según la investigación, Larraín, en calidad de director ejecutivo de la ONG, y Gómez, como representante legal, habrían tenido responsabilidad directa en el manejo de recursos públicos transferidos a la entidad privada. Uno de los focos de la indagatoria corresponde al convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, mediante el cual el Gore transfirió más de $629 millones a la fundación durante la administración del gobernador Ricardo Díaz. A ello se suman al menos cuatro convenios firmados con la Seremi de Vivienda, que implicaron traspasos superiores a los $500 millones. La Contraloría observó en su momento que estos recursos fueron adjudicados sin concurso público y que no existió una adecuada fiscalización respecto al uso de los fondos y el cumplimiento de los objetivos comprometidos. Esta arista fue una de las primeras investigaciones que dieron origen al denominado caso Convenios. Además, será la segunda vez que Larraín y Gómez enfrenten una formalización, luego de la causa vinculada a la Gobernación Metropolitana. El abogado de Larraín, Cristián Arias, cuestionó la estrategia de la Fiscalía y sostuvo que la tesis del Ministerio Público “fracasó estrepitosamente” en Santiago, tanto en el Juzgado de Garantía como en la Corte de Apelaciones.
