Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.