Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en las rendiciones de gastos del año 2023 del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), vinculadas a 11 convenios con entidades privadas. El informe final reveló la aprobación de gastos sin respaldo documental, falta de recepción conforme de bienes o servicios, y la existencia de documentos ilegibles, lo que dificulta verificar el uso correcto de los recursos públicos. Entre los principales hallazgos, la Contraloría observó un total de $395.802.720 en gastos que carecen de respaldo suficiente. Ante esto, el GORE deberá presentar la documentación faltante o devolver dichos fondos en un plazo de 30 días hábiles. El informe también destacó el caso del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Región de Antofagasta (Cicitem), que rindió gastos no incluidos en el presupuesto aprobado, por un monto de $4.342.565. La Contraloría solicitó que el GORE acredite la devolución de estos fondos en el mismo plazo. Otra observación relevante fue en los convenios con la fundación Procultura. Según el informe, el GORE aprobó gastos por $86.997.500, aunque la fundación solo rindió $72.200.000, lo que generó una diferencia de $14.797.500. Además, se detectó un exceso de $4.616.900 en pagos aprobados por montos superiores a los rendidos. La falta de supervisión en la ejecución de proyectos fue otro punto crítico. En ocho proyectos no se realizaron visitas en terreno para verificar su cumplimiento, mientras que en otros cuatro la supervisión solo ocurrió al inicio o al final del proceso. Ante estas situaciones, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para establecer responsabilidades y remitió el informe a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para que adopten las medidas pertinentes. Respuesta del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Antofagasta respondió a las observaciones a través de una declaración pública, refiriéndose al Informe de Auditoría N°417 de 2024, el cual auditó el proceso de revisión de rendiciones de gastos hasta el 31 de diciembre de 2023. Según el GORE, el documento evaluó 1.098 proyectos adjudicados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2023, que suman más de 48 mil millones de pesos. De ellos, las observaciones de la Contraloría afectan a menos de 10 organizaciones, lo que, a juicio del GORE, refleja un adecuado manejo financiero en la mayoría de los casos. Frente a las observaciones, el GORE informó que se han iniciado las investigaciones sumarias exigidas para establecer responsabilidades de los funcionarios y jefaturas involucrados. Además, aseguraron haber cumplido con “la totalidad de los plazos establecidos” para subsanar las observaciones. Indicaron que han entregado la documentación solicitada a través de la plataforma de seguimiento de la Contraloría y que, hasta la fecha, no han recibido nuevas observaciones sobre los puntos cuestionados. Respecto a los $400 millones observados, señalaron que el plazo para aportar los antecedentes concluyó el 28 de enero, fecha en la que enviaron la documentación complementaria requerida. “A la fecha no hay nuevas observaciones a ese punto específico”, aclararon. El GORE también destacó que las observaciones de la Contraloría no corresponden a un uso indebido de los recursos, sino a exigencias formales que cambiaron tras la firma de algunos convenios. “En varios casos, la Contraloría solicita documentación en formato físico cuando fue entregada de manera digital, o el original de una factura cuando se entregó la copia. Se trata de cuestionamientos de forma, no de fondo”, explicaron. Por último, respecto a la Fundación Procultura, el GORE informó que ya envió los antecedentes a la Fiscalía y presentó acciones judiciales para exigir la devolución de los montos no ejecutados. Este proceso se encuentra en curso y deberá ser consultado directamente con la Fiscalía para conocer su avance.
Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en las rendiciones de gastos del año 2023 del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), vinculadas a 11 convenios con entidades privadas. El informe final reveló la aprobación de gastos sin respaldo documental, falta de recepción conforme de bienes o servicios, y la existencia de documentos ilegibles, lo que dificulta verificar el uso correcto de los recursos públicos. Entre los principales hallazgos, la Contraloría observó un total de $395.802.720 en gastos que carecen de respaldo suficiente. Ante esto, el GORE deberá presentar la documentación faltante o devolver dichos fondos en un plazo de 30 días hábiles. El informe también destacó el caso del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Región de Antofagasta (Cicitem), que rindió gastos no incluidos en el presupuesto aprobado, por un monto de $4.342.565. La Contraloría solicitó que el GORE acredite la devolución de estos fondos en el mismo plazo. Otra observación relevante fue en los convenios con la fundación Procultura. Según el informe, el GORE aprobó gastos por $86.997.500, aunque la fundación solo rindió $72.200.000, lo que generó una diferencia de $14.797.500. Además, se detectó un exceso de $4.616.900 en pagos aprobados por montos superiores a los rendidos. La falta de supervisión en la ejecución de proyectos fue otro punto crítico. En ocho proyectos no se realizaron visitas en terreno para verificar su cumplimiento, mientras que en otros cuatro la supervisión solo ocurrió al inicio o al final del proceso. Ante estas situaciones, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para establecer responsabilidades y remitió el informe a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para que adopten las medidas pertinentes. Respuesta del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Antofagasta respondió a las observaciones a través de una declaración pública, refiriéndose al Informe de Auditoría N°417 de 2024, el cual auditó el proceso de revisión de rendiciones de gastos hasta el 31 de diciembre de 2023. Según el GORE, el documento evaluó 1.098 proyectos adjudicados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2023, que suman más de 48 mil millones de pesos. De ellos, las observaciones de la Contraloría afectan a menos de 10 organizaciones, lo que, a juicio del GORE, refleja un adecuado manejo financiero en la mayoría de los casos. Frente a las observaciones, el GORE informó que se han iniciado las investigaciones sumarias exigidas para establecer responsabilidades de los funcionarios y jefaturas involucrados. Además, aseguraron haber cumplido con “la totalidad de los plazos establecidos” para subsanar las observaciones. Indicaron que han entregado la documentación solicitada a través de la plataforma de seguimiento de la Contraloría y que, hasta la fecha, no han recibido nuevas observaciones sobre los puntos cuestionados. Respecto a los $400 millones observados, señalaron que el plazo para aportar los antecedentes concluyó el 28 de enero, fecha en la que enviaron la documentación complementaria requerida. “A la fecha no hay nuevas observaciones a ese punto específico”, aclararon. El GORE también destacó que las observaciones de la Contraloría no corresponden a un uso indebido de los recursos, sino a exigencias formales que cambiaron tras la firma de algunos convenios. “En varios casos, la Contraloría solicita documentación en formato físico cuando fue entregada de manera digital, o el original de una factura cuando se entregó la copia. Se trata de cuestionamientos de forma, no de fondo”, explicaron. Por último, respecto a la Fundación Procultura, el GORE informó que ya envió los antecedentes a la Fiscalía y presentó acciones judiciales para exigir la devolución de los montos no ejecutados. Este proceso se encuentra en curso y deberá ser consultado directamente con la Fiscalía para conocer su avance.
