Este miércoles, el Hospital Regional de Antofagasta emitió un comunicado como respuesta a la denuncia del diputado Jaime Araya, quien alertó sobre la falta de cirugías en el recinto de salud, donde aseguraron que la situación está controlada. En concreto, el parlamentario alertó que la Unidad de Cardiología del recinto hospitalario llevaba más de 15 días sin realizar cirugías, lo que mantiene en riesgo a decenas de pacientes que continúan a la espera de sus respectivas intervenciones. No obstante, desde el hospital hicieron un llamado a la calma e informaron que no existen pacientes en riesgo vital, pues todos los usuarios están recibiendo atenciones, procedimientos y cuidados especializados de acuerdo a los protocolos clínicos. Pese a que reconocieron que el sistema necesita mejoras, aseguraron que mientras se implementan las medidas definitivas, los pacientes que necesitan procedimientos de mayor complejidad están siendo derivados a otros centros a nivel nacional para resguardar su oportuna atención. Si bien la situación actual de la Unidad de Cardiocirugía requiere mejoras, las que se aplicarán en el menor plazo posible, se hace un llamado a la comunidad a tener tranquilidad, ya que se estántomando las medidas y resguardos necesarios para asegurar su funcionamiento, con un monitoreopermanente y un estricto apego a los protocolos de calidad y seguridad del paciente, señalaron.
Los diputados de la Región de Antofagasta —Yovana Ahumada, Jaime Araya, José Miguel Castro y Sebastián Videla— destinaron entre $34 millones y $41 millones en gastos operacionales durante el primer semestre de 2025, según antecedentes obtenidos por SoyAntofagasta.cl a través del portal de transparencia activa de la Cámara de Diputados. El parlamentario que más recursos utilizó fue Sebastián Videla, con un total de $41.194.706. Sus principales ítems corresponden a arriendo de inmueble, traslados y difusión. En marzo registró su mayor gasto mensual ($8.930.028), destacando un desembolso de $1.887.000 en difusión y la compra de equipamiento para oficina. En conjunto, las categorías más relevantes fueron Traslado, con $56.155.170, y el Traspaso desde Gastos Operacionales a Asignación de Personal de Apoyo, con $40.264.385. El concepto de gastos parlamentarios incluye alimentación y alojamiento, tanto para el legislador como para su personal de apoyo. También considera traslados en distintos medios de transporte, arriendo de vehículos, combustible, peajes, estacionamientos y mantenciones preventivas en caso de usar un vehículo propio. Además, se incluye una amortización mensual de $212.207 para compensar el desgaste de vehículos personales y un viático de $78.621 por asistencia a sala o comisiones, con un tope de 12 o 16 días según el mes. Con excepción de la mantención, la amortización y el viático, los demás ítems pueden ser utilizados tanto por el parlamentario como por sus equipos. En este ámbito, Jaime Araya presentó el mayor gasto en traslación de un solo mes ($4.187.801 en marzo), mientras que tanto él como Videla destinaron más de $2,7 millones en algunos meses a personal de apoyo. En detalle, Araya sumó $37.932.318, sin registrar gastos en arriendo ni telefonía, aunque mantuvo pagos fijos en servicios menores ($639.000 mensuales) y más de $3 millones en traslación durante cuatro meses. Por su parte, José Miguel Castro totalizó $37.928.743, siendo el único en financiar actividades comunitarias ($339.964) y con gastos constantes en difusión, alcanzando un peak de $1.610.320 en junio. En telefonía presentó un monto inusual en marzo ($622.197). Finalmente, Yovana Ahumada reportó el gasto más bajo, con $34.718.054. Su mayor desembolso se concentró en difusión ($2.437.500 en junio), además de un arriendo fijo de $700.000 y gastos mínimos en telefonía ($53.332 mensuales). En común, los cuatro parlamentarios reportaron cero gasto en mantención de oficinas parlamentarias, reparaciones de inmuebles, seguros, oficinas móviles y servicios web.
La seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta respondieron a las recientes declaraciones del diputado Jaime Araya, quien acusó la existencia de una supuesta red de corrupción que permite a personas en el extranjero adquirir viviendas sociales en la región. Las autoridades instaron al parlamentario a entregar los antecedentes que sustenten sus dichos para iniciar una investigación formal. En un comunicado, las autoridades del Minvu y el Serviu de Antofagasta calificaron las declaraciones del diputado Araya de “graves”, ya que sugieren la comisión de un delito y afectan la dignidad de los funcionarios públicos de la institución. Los dichos del parlamentario se originaron a raíz de la difusión de un audio anónimo en el que una persona, supuestamente funcionaria del Serviu, da instrucciones para que un tercero represente a una beneficiaria de un subsidio de vivienda que se encontraría fuera del país. Invitamos al diputado a entregar los antecedentes para iniciar los procedimientos administrativos respectivos, señalaron las autoridades, recalcando que hasta la fecha no se ha recibido ninguna denuncia formal que identifique a la supuesta funcionaria. Finalmente, las autoridades del Minvu y Serviu enfatizaron que los procedimientos para la asignación de viviendas sociales están establecidos por ley y no obedecen a criterios arbitrarios, desmintiendo que se privilegie a un sector de la población sobre otro. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales del ministerio y a denunciar cualquier hecho constitutivo de delito para que sea investigado y sancionado.
Este miércoles, el Hospital Regional de Antofagasta emitió un comunicado como respuesta a la denuncia del diputado Jaime Araya, quien alertó sobre la falta de cirugías en el recinto de salud, donde aseguraron que la situación está controlada. En concreto, el parlamentario alertó que la Unidad de Cardiología del recinto hospitalario llevaba más de 15 días sin realizar cirugías, lo que mantiene en riesgo a decenas de pacientes que continúan a la espera de sus respectivas intervenciones. No obstante, desde el hospital hicieron un llamado a la calma e informaron que no existen pacientes en riesgo vital, pues todos los usuarios están recibiendo atenciones, procedimientos y cuidados especializados de acuerdo a los protocolos clínicos. Pese a que reconocieron que el sistema necesita mejoras, aseguraron que mientras se implementan las medidas definitivas, los pacientes que necesitan procedimientos de mayor complejidad están siendo derivados a otros centros a nivel nacional para resguardar su oportuna atención. Si bien la situación actual de la Unidad de Cardiocirugía requiere mejoras, las que se aplicarán en el menor plazo posible, se hace un llamado a la comunidad a tener tranquilidad, ya que se estántomando las medidas y resguardos necesarios para asegurar su funcionamiento, con un monitoreopermanente y un estricto apego a los protocolos de calidad y seguridad del paciente, señalaron.
Los diputados de la Región de Antofagasta —Yovana Ahumada, Jaime Araya, José Miguel Castro y Sebastián Videla— destinaron entre $34 millones y $41 millones en gastos operacionales durante el primer semestre de 2025, según antecedentes obtenidos por SoyAntofagasta.cl a través del portal de transparencia activa de la Cámara de Diputados. El parlamentario que más recursos utilizó fue Sebastián Videla, con un total de $41.194.706. Sus principales ítems corresponden a arriendo de inmueble, traslados y difusión. En marzo registró su mayor gasto mensual ($8.930.028), destacando un desembolso de $1.887.000 en difusión y la compra de equipamiento para oficina. En conjunto, las categorías más relevantes fueron Traslado, con $56.155.170, y el Traspaso desde Gastos Operacionales a Asignación de Personal de Apoyo, con $40.264.385. El concepto de gastos parlamentarios incluye alimentación y alojamiento, tanto para el legislador como para su personal de apoyo. También considera traslados en distintos medios de transporte, arriendo de vehículos, combustible, peajes, estacionamientos y mantenciones preventivas en caso de usar un vehículo propio. Además, se incluye una amortización mensual de $212.207 para compensar el desgaste de vehículos personales y un viático de $78.621 por asistencia a sala o comisiones, con un tope de 12 o 16 días según el mes. Con excepción de la mantención, la amortización y el viático, los demás ítems pueden ser utilizados tanto por el parlamentario como por sus equipos. En este ámbito, Jaime Araya presentó el mayor gasto en traslación de un solo mes ($4.187.801 en marzo), mientras que tanto él como Videla destinaron más de $2,7 millones en algunos meses a personal de apoyo. En detalle, Araya sumó $37.932.318, sin registrar gastos en arriendo ni telefonía, aunque mantuvo pagos fijos en servicios menores ($639.000 mensuales) y más de $3 millones en traslación durante cuatro meses. Por su parte, José Miguel Castro totalizó $37.928.743, siendo el único en financiar actividades comunitarias ($339.964) y con gastos constantes en difusión, alcanzando un peak de $1.610.320 en junio. En telefonía presentó un monto inusual en marzo ($622.197). Finalmente, Yovana Ahumada reportó el gasto más bajo, con $34.718.054. Su mayor desembolso se concentró en difusión ($2.437.500 en junio), además de un arriendo fijo de $700.000 y gastos mínimos en telefonía ($53.332 mensuales). En común, los cuatro parlamentarios reportaron cero gasto en mantención de oficinas parlamentarias, reparaciones de inmuebles, seguros, oficinas móviles y servicios web.
La seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta respondieron a las recientes declaraciones del diputado Jaime Araya, quien acusó la existencia de una supuesta red de corrupción que permite a personas en el extranjero adquirir viviendas sociales en la región. Las autoridades instaron al parlamentario a entregar los antecedentes que sustenten sus dichos para iniciar una investigación formal. En un comunicado, las autoridades del Minvu y el Serviu de Antofagasta calificaron las declaraciones del diputado Araya de “graves”, ya que sugieren la comisión de un delito y afectan la dignidad de los funcionarios públicos de la institución. Los dichos del parlamentario se originaron a raíz de la difusión de un audio anónimo en el que una persona, supuestamente funcionaria del Serviu, da instrucciones para que un tercero represente a una beneficiaria de un subsidio de vivienda que se encontraría fuera del país. Invitamos al diputado a entregar los antecedentes para iniciar los procedimientos administrativos respectivos, señalaron las autoridades, recalcando que hasta la fecha no se ha recibido ninguna denuncia formal que identifique a la supuesta funcionaria. Finalmente, las autoridades del Minvu y Serviu enfatizaron que los procedimientos para la asignación de viviendas sociales están establecidos por ley y no obedecen a criterios arbitrarios, desmintiendo que se privilegie a un sector de la población sobre otro. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales del ministerio y a denunciar cualquier hecho constitutivo de delito para que sea investigado y sancionado.
