La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta presentó el Informe de Vivienda Pública 2024, elaborado por su Comité de Vivienda y la Unidad de Estudios, que analiza la evolución habitacional regional entre 2014 y 2024, evidenciando brechas estructurales y proponiendo soluciones para reducir el déficit. Según el documento, la Región de Antofagasta enfrenta un déficit total de 50.847 viviendas, compuesto por 37.123 unidades faltantes —entre familias allegadas, viviendas irrecuperables y casos de hacinamiento—, 12.824 familias en campamentos y 900 personas en situación de calle. El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, enfatizó que “pese a los esfuerzos del Plan de Emergencia Habitacional, aún queda mucho por hacer”, destacando la necesidad de adaptar las políticas a la realidad regional, fortalecer alianzas público-privadas y explorar nuevos modelos de acceso como el arriendo con subsidio, cooperativas y microcondominios. El informe también detalla que solo el 44% de los subsidios otorgados entre 2014 y 2024 fueron efectivamente pagados. En los sectores vulnerables, de 14.128 subsidios se concretaron 8.544, mientras que en los sectores medios solo se materializó el 26%, evidenciando la escasez de proyectos de integración social (DS19). Asimismo, se constata que la mayoría de los proyectos DS49 y DS19 se concentran en el norte alto de la ciudad, zonas con escasa conectividad, áreas verdes y servicios, lo que contradice los objetivos de integración territorial del programa. Müller recalcó la urgencia de “identificar terrenos pericentrales para nuevos desarrollos habitacionales y regenerar áreas urbanas deterioradas”. Respecto al Plan de Emergencia Habitacional, de la meta de 17.400 viviendas a 2026, se ha completado un 32% (5.641), mientras otro 22% está en ejecución. Sin embargo, persisten nudos críticos como la burocracia estatal, la falta de planificación intersectorial, el alto valor del suelo y la baja inversión privada. El informe también advierte que la vivienda en la región no es asequible : una familia promedio debe destinar sus ingresos completos durante 10,9 años para adquirir una vivienda, según el índice Price Income Ratio. Solo el 10% de los hogares cumple los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, lo que excluye al 90% de la población del mercado formal. En cuanto al subsidio de arriendo (DS52), el estudio revela que de 1.998 subsidios otorgados, solo 649 (32%) se han pagado, reflejando un bajo impacto y la necesidad de un nuevo modelo que permita acceder a viviendas bien localizadas. La CChC plantea propuestas clave: promover un crecimiento urbano equilibrado, planificar con enfoque territorial y adaptar las políticas habitacionales a las necesidades reales de la población. “El desafío es trabajar unidos para que la vivienda deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho accesible en Antofagasta”, concluyó Müller.
En entrevista televisiva, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta, Jorge Maturana, advirtió sobre la falta de liderazgo y coordinación entre autoridades para enfrentar los principales problemas urbanos de la ciudad: movilidad, conectividad y déficit habitacional. Maturana sostuvo que la capital regional “arrastra desde hace dos décadas diagnósticos y estudios que no se traducen en obras”, ejemplificando con los proyectos de transporte masivo –como tranvías o corredores de buses– que nunca se han concretado pese a sucesivos anuncios. En ese sentido, planteó que existe una oportunidad clave con la reconversión de terrenos del Ferrocarril de Antofagasta (FCAB), que permitiría habilitar un eje de transporte de norte a sur, conectando áreas habitacionales en desarrollo, el Hospital Regional y futuros polos urbanos. “El ferrocarril tiene la llave maestra para mejorar la ciudad. La conectividad debe pasar por los patios ferroviarios, integrando proyectos habitacionales y de infraestructura”, subrayó. Respecto a la crisis habitacional y proliferación de campamentos, el dirigente afirmó que el problema radica en la falta de terrenos bien ubicados y de vivienda accesible. “Hoy en Antofagasta el promedio de una vivienda bordea las 4.200 UF, lo que la hace inalcanzable para profesionales jóvenes y familias emergentes. Necesitamos repensar la política habitacional y construir ciudad, no solo casas aisladas junto a vertederos o barrios industriales”, agregó. Maturana llamó a las autoridades regionales, particularmente al Gobierno Regional y al Ministerio de Vivienda, a encabezar un plan maestro que permita integrar movilidad, vivienda y desarrollo urbano sostenible. “Lo que falta no son recursos, sino voluntad y liderazgo técnico. Antofagasta debe dejar de ser solo la ‘capital minera’ y proyectarse como una ciudad amable, verde y habitable”, concluyó.
El Observatorio Niñez de la Fundación Colunga, en conjunto con Déficit Cero, presentó la agenda “Niñez y Vivienda”, un estudio que analiza las condiciones habitacionales que enfrentan niñas y niños en Chile. Basado en datos como la Encuesta Casen 2022, el informe reveló cifras alarmantes: el 40% de los niños y niñas del país (1.808.439) vive con al menos una carencia habitacional que afecta directamente su salud, desarrollo emocional, aprendizaje y relaciones de cuidado. Dentro de este grupo, el 44% está en etapa de primera infancia, el 40% en infancia media y el 37% son adolescentes. El informe también mostró una brecha preocupante entre población extranjera e infantil nacida en Chile: el 70% de los niños migrantes enfrenta alguna deficiencia habitacional, frente al 39% de los nacionales. Un dato especialmente crítico es que más de 84 mil niños (2%) viven en campamentos, concentrándose mayormente en las regiones de Valparaíso (21.752), Antofagasta (16.101), Tarapacá (10.332), Biobío (7.674) y Arica (3.386). En cuanto a la calidad de las viviendas, el 9% de la infancia habita hogares con materialidad deficiente en muros, techos o suelos. Un 3% vive en casas con un solo componente recuperable, un 6% con dos, y cerca de 11.000 niños en viviendas irrecuperables. Respecto a acceso a cama propia, el 26% de niños en nivel parvulario no tiene una cama exclusiva; en primero medio la cifra baja al 6%. El informe también aborda la disponibilidad de espacio para estudiar, jugar o guardar pertenencias. Un 8% de los niños nunca tiene estos espacios y un 20% los habilita de forma ocasional. En el ámbito de los servicios básicos, un 2% vive en hogares con origen o distribución de agua deficitario y un 3% con sistemas de eliminación de excretas inadecuados. Las regiones con mayores carencias son Tarapacá y Los Lagos, donde un 13% de los niños está afectado por problemas de acceso a servicios básicos. Respecto a la asequibilidad habitacional, el 24% de los niños vive en hogares donde más del 30% de los ingresos se destina a pagar arriendo o dividendo, quedando bajo la línea de la pobreza. Esta cifra ha aumentado desde el 19% registrado en 2017, evidenciando un deterioro en el acceso a viviendas dignas. Ante este panorama, el informe propone cuatro ejes de política pública: Establecer un sistema de acceso a la vivienda más flexible y adaptado a las realidades familiares. Crear programas de arriendo público asequible para familias migrantes o jóvenes con hijos. Impulsar mejoras habitacionales con enfoque en la niñez. Reforzar el monitoreo y uso de datos para guiar la acción pública. Trinidad Vidal, directora de Incidencia y Políticas Públicas de Déficit Cero, enfatizó que se requiere un enfoque sensible a la diversidad familiar y a los efectos del hacinamiento en la salud mental infantil. “Los programas del Estado deben tener en cuenta los riesgos al interior de los hogares para niños y niñas”, señaló, añadiendo que se deben generar soluciones comunitarias para crear espacios de estudio y cuidado dentro de las viviendas o barrios. Finalmente, Vidal subrayó que el entorno inseguro, la precariedad habitacional y la dificultad de los padres para acceder a una vivienda también inciden negativamente en la salud mental y el desarrollo integral de la niñez chilena.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta presentó el Informe de Vivienda Pública 2024, elaborado por su Comité de Vivienda y la Unidad de Estudios, que analiza la evolución habitacional regional entre 2014 y 2024, evidenciando brechas estructurales y proponiendo soluciones para reducir el déficit. Según el documento, la Región de Antofagasta enfrenta un déficit total de 50.847 viviendas, compuesto por 37.123 unidades faltantes —entre familias allegadas, viviendas irrecuperables y casos de hacinamiento—, 12.824 familias en campamentos y 900 personas en situación de calle. El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, enfatizó que “pese a los esfuerzos del Plan de Emergencia Habitacional, aún queda mucho por hacer”, destacando la necesidad de adaptar las políticas a la realidad regional, fortalecer alianzas público-privadas y explorar nuevos modelos de acceso como el arriendo con subsidio, cooperativas y microcondominios. El informe también detalla que solo el 44% de los subsidios otorgados entre 2014 y 2024 fueron efectivamente pagados. En los sectores vulnerables, de 14.128 subsidios se concretaron 8.544, mientras que en los sectores medios solo se materializó el 26%, evidenciando la escasez de proyectos de integración social (DS19). Asimismo, se constata que la mayoría de los proyectos DS49 y DS19 se concentran en el norte alto de la ciudad, zonas con escasa conectividad, áreas verdes y servicios, lo que contradice los objetivos de integración territorial del programa. Müller recalcó la urgencia de “identificar terrenos pericentrales para nuevos desarrollos habitacionales y regenerar áreas urbanas deterioradas”. Respecto al Plan de Emergencia Habitacional, de la meta de 17.400 viviendas a 2026, se ha completado un 32% (5.641), mientras otro 22% está en ejecución. Sin embargo, persisten nudos críticos como la burocracia estatal, la falta de planificación intersectorial, el alto valor del suelo y la baja inversión privada. El informe también advierte que la vivienda en la región no es asequible : una familia promedio debe destinar sus ingresos completos durante 10,9 años para adquirir una vivienda, según el índice Price Income Ratio. Solo el 10% de los hogares cumple los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, lo que excluye al 90% de la población del mercado formal. En cuanto al subsidio de arriendo (DS52), el estudio revela que de 1.998 subsidios otorgados, solo 649 (32%) se han pagado, reflejando un bajo impacto y la necesidad de un nuevo modelo que permita acceder a viviendas bien localizadas. La CChC plantea propuestas clave: promover un crecimiento urbano equilibrado, planificar con enfoque territorial y adaptar las políticas habitacionales a las necesidades reales de la población. “El desafío es trabajar unidos para que la vivienda deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho accesible en Antofagasta”, concluyó Müller.
En entrevista televisiva, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta, Jorge Maturana, advirtió sobre la falta de liderazgo y coordinación entre autoridades para enfrentar los principales problemas urbanos de la ciudad: movilidad, conectividad y déficit habitacional. Maturana sostuvo que la capital regional “arrastra desde hace dos décadas diagnósticos y estudios que no se traducen en obras”, ejemplificando con los proyectos de transporte masivo –como tranvías o corredores de buses– que nunca se han concretado pese a sucesivos anuncios. En ese sentido, planteó que existe una oportunidad clave con la reconversión de terrenos del Ferrocarril de Antofagasta (FCAB), que permitiría habilitar un eje de transporte de norte a sur, conectando áreas habitacionales en desarrollo, el Hospital Regional y futuros polos urbanos. “El ferrocarril tiene la llave maestra para mejorar la ciudad. La conectividad debe pasar por los patios ferroviarios, integrando proyectos habitacionales y de infraestructura”, subrayó. Respecto a la crisis habitacional y proliferación de campamentos, el dirigente afirmó que el problema radica en la falta de terrenos bien ubicados y de vivienda accesible. “Hoy en Antofagasta el promedio de una vivienda bordea las 4.200 UF, lo que la hace inalcanzable para profesionales jóvenes y familias emergentes. Necesitamos repensar la política habitacional y construir ciudad, no solo casas aisladas junto a vertederos o barrios industriales”, agregó. Maturana llamó a las autoridades regionales, particularmente al Gobierno Regional y al Ministerio de Vivienda, a encabezar un plan maestro que permita integrar movilidad, vivienda y desarrollo urbano sostenible. “Lo que falta no son recursos, sino voluntad y liderazgo técnico. Antofagasta debe dejar de ser solo la ‘capital minera’ y proyectarse como una ciudad amable, verde y habitable”, concluyó.
El Observatorio Niñez de la Fundación Colunga, en conjunto con Déficit Cero, presentó la agenda “Niñez y Vivienda”, un estudio que analiza las condiciones habitacionales que enfrentan niñas y niños en Chile. Basado en datos como la Encuesta Casen 2022, el informe reveló cifras alarmantes: el 40% de los niños y niñas del país (1.808.439) vive con al menos una carencia habitacional que afecta directamente su salud, desarrollo emocional, aprendizaje y relaciones de cuidado. Dentro de este grupo, el 44% está en etapa de primera infancia, el 40% en infancia media y el 37% son adolescentes. El informe también mostró una brecha preocupante entre población extranjera e infantil nacida en Chile: el 70% de los niños migrantes enfrenta alguna deficiencia habitacional, frente al 39% de los nacionales. Un dato especialmente crítico es que más de 84 mil niños (2%) viven en campamentos, concentrándose mayormente en las regiones de Valparaíso (21.752), Antofagasta (16.101), Tarapacá (10.332), Biobío (7.674) y Arica (3.386). En cuanto a la calidad de las viviendas, el 9% de la infancia habita hogares con materialidad deficiente en muros, techos o suelos. Un 3% vive en casas con un solo componente recuperable, un 6% con dos, y cerca de 11.000 niños en viviendas irrecuperables. Respecto a acceso a cama propia, el 26% de niños en nivel parvulario no tiene una cama exclusiva; en primero medio la cifra baja al 6%. El informe también aborda la disponibilidad de espacio para estudiar, jugar o guardar pertenencias. Un 8% de los niños nunca tiene estos espacios y un 20% los habilita de forma ocasional. En el ámbito de los servicios básicos, un 2% vive en hogares con origen o distribución de agua deficitario y un 3% con sistemas de eliminación de excretas inadecuados. Las regiones con mayores carencias son Tarapacá y Los Lagos, donde un 13% de los niños está afectado por problemas de acceso a servicios básicos. Respecto a la asequibilidad habitacional, el 24% de los niños vive en hogares donde más del 30% de los ingresos se destina a pagar arriendo o dividendo, quedando bajo la línea de la pobreza. Esta cifra ha aumentado desde el 19% registrado en 2017, evidenciando un deterioro en el acceso a viviendas dignas. Ante este panorama, el informe propone cuatro ejes de política pública: Establecer un sistema de acceso a la vivienda más flexible y adaptado a las realidades familiares. Crear programas de arriendo público asequible para familias migrantes o jóvenes con hijos. Impulsar mejoras habitacionales con enfoque en la niñez. Reforzar el monitoreo y uso de datos para guiar la acción pública. Trinidad Vidal, directora de Incidencia y Políticas Públicas de Déficit Cero, enfatizó que se requiere un enfoque sensible a la diversidad familiar y a los efectos del hacinamiento en la salud mental infantil. “Los programas del Estado deben tener en cuenta los riesgos al interior de los hogares para niños y niñas”, señaló, añadiendo que se deben generar soluciones comunitarias para crear espacios de estudio y cuidado dentro de las viviendas o barrios. Finalmente, Vidal subrayó que el entorno inseguro, la precariedad habitacional y la dificultad de los padres para acceder a una vivienda también inciden negativamente en la salud mental y el desarrollo integral de la niñez chilena.
