En un nuevo capítulo del emblemático caso por daño ambiental en el acuífero Lagunillas de Tarapacá, comunidades altoandinas han presentado un recurso de nulidad contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. El recurso, interpuesto por Carlos Farhan, de la Estancia Cancosa, cuestiona la aprobación de un acuerdo de transacción entre el demandante original y Minera Cerro Colorado (BHP), tras la sobreexplotación hídrica que por casi tres décadas afectó gravemente el ecosistema de bofedales y a comunidades como la de Cancosa. Ante esto, la acción judicial alega irregularidades fundamentales en el proceso, comenzando por la omisión de un informe técnico de indemnidad. Según la defensa de Farhan, este informe -habitualmente elaborado por funcionarios del Tribunal Ambiental- era crucial para evaluar si las medidas compensatorias propuestas por la minera garantizaban la restauración del ecosistema dañado. La justicia ambiental chilena no tiene por objeto compensar económicamente a las empresas, sino garantizar la restauración de los ecosistemas. Aquí eso no ocurrió, enfatizó Farhan. Otro punto central de la denuncia radica en la integración del tribunal que emitió el fallo. Se argumenta que la sentencia fue dictada por ministros suplentes, incluyendo a Alamiro Alfaro, quien no participó en la vista de la causa ni en la rendición de pruebas, contraviniendo el Código Orgánico de Tribunales. Esta integración irregular cuestiona la legitimidad de la decisión, ya que los ministros titulares que tramitaron el proceso completo fueron excluidos de la votación final. Asimismo, la controversia se agudiza ante la posibilidad de que uno de los jueces suplentes que aprobó la transacción objetada, Alamiro Alfaro, sea nombrado hoy ministro titular del Primer Tribunal Ambiental en la votación que se realizará en el Senado. Esta situación ha generado profunda preocupación entre las comunidades, quienes ven en este posible nombramiento una señal de impunidad. Del mismo modo, Carlos Farhan, en su calidad de miembro de la Estancia Cancosa, fue enfático en señalar la falta de rigor y legitimidad del fallo: Los jueces que firmaron la sentencia no escucharon los alegatos, no evaluaron la prueba, no vivieron el juicio. ¿Cómo pueden comprender la profundidad del daño y su real impacto?. Finalmente, ante estas irregularidades, el recurso de nulidad exige retrotraer el procedimiento y dictar una nueva sentencia fundada por ministros válidamente designados, que asegure la reparación real del ecosistema afectado y la justicia para las comunidades altoandinas. Este caso emblemático pone nuevamente en el centro del debate la protección de los recursos hídricos y la integridad de los procesos judiciales ambientales en Chile. Es importante dejar constancia de que el abogado patrocinante de la acción de nulidad recursiva presentada en este caso es el abogado Antonio Rojas, quien representa jurídicamente al Sr. Farhan ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
En un nuevo capítulo del emblemático caso por daño ambiental en el acuífero Lagunillas de Tarapacá, comunidades altoandinas han presentado un recurso de nulidad contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. El recurso, interpuesto por Carlos Farhan, de la Estancia Cancosa, cuestiona la aprobación de un acuerdo de transacción entre el demandante original y Minera Cerro Colorado (BHP), tras la sobreexplotación hídrica que por casi tres décadas afectó gravemente el ecosistema de bofedales y a comunidades como la de Cancosa. Ante esto, la acción judicial alega irregularidades fundamentales en el proceso, comenzando por la omisión de un informe técnico de indemnidad. Según la defensa de Farhan, este informe -habitualmente elaborado por funcionarios del Tribunal Ambiental- era crucial para evaluar si las medidas compensatorias propuestas por la minera garantizaban la restauración del ecosistema dañado. La justicia ambiental chilena no tiene por objeto compensar económicamente a las empresas, sino garantizar la restauración de los ecosistemas. Aquí eso no ocurrió, enfatizó Farhan. Otro punto central de la denuncia radica en la integración del tribunal que emitió el fallo. Se argumenta que la sentencia fue dictada por ministros suplentes, incluyendo a Alamiro Alfaro, quien no participó en la vista de la causa ni en la rendición de pruebas, contraviniendo el Código Orgánico de Tribunales. Esta integración irregular cuestiona la legitimidad de la decisión, ya que los ministros titulares que tramitaron el proceso completo fueron excluidos de la votación final. Asimismo, la controversia se agudiza ante la posibilidad de que uno de los jueces suplentes que aprobó la transacción objetada, Alamiro Alfaro, sea nombrado hoy ministro titular del Primer Tribunal Ambiental en la votación que se realizará en el Senado. Esta situación ha generado profunda preocupación entre las comunidades, quienes ven en este posible nombramiento una señal de impunidad. Del mismo modo, Carlos Farhan, en su calidad de miembro de la Estancia Cancosa, fue enfático en señalar la falta de rigor y legitimidad del fallo: Los jueces que firmaron la sentencia no escucharon los alegatos, no evaluaron la prueba, no vivieron el juicio. ¿Cómo pueden comprender la profundidad del daño y su real impacto?. Finalmente, ante estas irregularidades, el recurso de nulidad exige retrotraer el procedimiento y dictar una nueva sentencia fundada por ministros válidamente designados, que asegure la reparación real del ecosistema afectado y la justicia para las comunidades altoandinas. Este caso emblemático pone nuevamente en el centro del debate la protección de los recursos hídricos y la integridad de los procesos judiciales ambientales en Chile. Es importante dejar constancia de que el abogado patrocinante de la acción de nulidad recursiva presentada en este caso es el abogado Antonio Rojas, quien representa jurídicamente al Sr. Farhan ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
