La Universidad de Antofagasta inició la implementación de un plan de ajuste fiscal para enfrentar un déficit de $3.279 millones. La casa de estudios, que ya había tomado algunas iniciativas previas, ha adoptado ahora las recomendaciones de la Superintendencia de Educación Superior (SES), con el fin de equilibrar sus cuentas antes de que finalice el año 2025. Entre las medidas más destacadas, la institución educacional busca reducir los gastos a través de la reorganización de la carga docente. Según lo establecido, se incrementarán las horas de docencia de los académicos de planta, quienes ahora deberán cumplir hasta 44 horas cronológicas de clase, con el objetivo de disminuir el número de profesores a honorarios. Este ajuste, una de las principales directrices de la SES, ya ha comenzado a aplicarse con el inicio del segundo semestre. Además de los recortes en el personal académico, el plan de la SES incluye otros ejes cruciales. Se reducirán las asignaciones de mercado y los gastos de representación, así como los incentivos por publicaciones académicas. Estas medidas, formalizadas en el decreto N° 585 del 17 de julio, se mantendrán vigentes hasta que la situación financiera de la institución mejore de manera significativa. La universidad ha señalado que trabajará en conjunto con el órgano fiscalizador para asegurar que el plan se implemente de forma efectiva y transparente.
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda presentada por una estudiante de Derecho en contra de la Universidad de Antofagasta, tras acreditarse que la casa de estudios le impidió acceder al título de abogada, pese a haberle otorgado el grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas. El tribunal condenó a la universidad al pago de $60.000.000 por concepto de daño moral, debido al incumplimiento de su propio reglamento de pregrado en lo relativo a la homologación de asignaturas. Según señala CNC Chile, la sentencia, la afectada, Olga Zlatar, se matriculó en 2017 con el fin de concluir sus estudios de Derecho. No obstante, en 2020, la Corte Suprema determinó que no podía optar al título profesional, ya que la universidad no respetó su reglamento interno al homologar el 79,4% de su plan de estudios con asignaturas cursadas previamente en la Universidad de Chile, contraviniendo el artículo 48 del reglamento. El fallo sostiene que la universidad incurrió en negligencia grave al aceptar la matrícula de la demandante sin cumplir con sus propias normas y obligaciones contractuales. El haber permitido su inscripción como alumna regular constituye una infracción que atenta contra la buena fe contractual, indica la resolución. Además, se argumenta que la institución no realizó acciones correctivas para validar los grados académicos otorgados ni asumió sus errores administrativos, afectando el legítimo derecho de la demandante a obtener su título profesional. La sentencia condena a la Universidad de Antofagasta a pagar la indemnización con reajustes conforme al IPC y con intereses corrientes hasta la fecha de pago efectivo.
La Superintendencia de Educación Superior emitió un oficio formal al rector de la Universidad de Antofagasta (UA), Marcos Cikutovic, en el que advierte sobre una posible insolvencia económica hacia fines de 2025. El documento, firmado por el superintendente José Miguel Salazar y publicado por El Mercurio de Antofagasta, detalla una compleja situación financiera que mantiene en alerta a la autoridad fiscalizadora. Según el análisis presupuestario del año en curso, la UA arrastra un déficit estructural que la deja con un saldo de caja proyectado de apenas $48 millones a fines de 2025, habiendo iniciado el periodo con $6.620 millones. Esta situación implica que los gastos superan con creces a los ingresos y pone en riesgo la continuidad financiera de la institución, lo que en el peor escenario podría derivar en una insolvencia total hacia 2026. La Superintendencia estima el déficit de la casa de estudios en $8.279 millones para este año. Si bien reconoce que la universidad ha evaluado una serie de medidas para reducir ese déficit, advierte que los planes actuales sólo mitigarían $5.000 millones, dejando un saldo sin resolver de más de $3.200 millones. Entre las estrategias propuestas se encuentran el aumento de la carga docente, la reducción de pagos por honorarios y recortes en asignaciones de mercado, incentivos académicos, becas internas y gastos por viáticos y pasajes. Pese a estos esfuerzos, el organismo considera que las acciones planteadas son insuficientes y llama a iniciar de inmediato un proceso de reestructuración económica y financiera más profundo, que garantice liquidez, optimización de procesos y sostenibilidad institucional. También se plantea la necesidad de racionalizar gastos y revisar beneficios que no estén alineados con criterios de equidad. Desde la dirección superior de la UA respondieron que asumen con carácter prioritario las recomendaciones del oficio, y que ya se han iniciado reuniones con los cuerpos colegiados y organizaciones internas para socializar los cambios. Informaron que las visitas a las distintas facultades comenzarán en la segunda quincena de junio y que los cambios comenzarán a aplicarse durante el segundo semestre. Asimismo, la universidad aseguró que las medidas no afectarán la calidad del proyecto educativo ni comprometerán la formación estudiantil. Respecto al proyecto de sede en Calama, indicaron que el financiamiento proviene de fondos externos y que su ejecución depende del cumplimiento de requisitos técnicos ya definidos. En paralelo, el diputado Stephan Schubert (IND-Republicano), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, ofició al rector Cikutovic para obtener información detallada sobre el cumplimiento de las medidas sugeridas por la Superintendencia, los efectos del déficit y las proyecciones de viabilidad financiera. El parlamentario también solicitó antecedentes sobre el futuro del proyecto educativo en caso de mantenerse la crisis, especialmente considerando informes internos que advierten que sólo hay fondos para pagar sueldos hasta agosto de este año. Schubert expresó su preocupación por la situación de las universidades públicas, señalando que casos como los de la Universidad de La Frontera muestran señales de mala administración y fiscalización deficiente, y advirtió que situaciones similares podrían estarse repitiendo en otras instituciones del país. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer los controles internos y externos, para evitar el despilfarro de recursos públicos y asegurar la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal. En resumen, la Universidad de Antofagasta enfrenta una de sus mayores crisis financieras, con un déficit estructural que amenaza su operación y viabilidad. La advertencia de la Superintendencia exige medidas inmediatas, mientras desde el Congreso se incrementa la presión por mayor transparencia y control en el manejo de los fondos públicos.
La Universidad de Antofagasta inició la implementación de un plan de ajuste fiscal para enfrentar un déficit de $3.279 millones. La casa de estudios, que ya había tomado algunas iniciativas previas, ha adoptado ahora las recomendaciones de la Superintendencia de Educación Superior (SES), con el fin de equilibrar sus cuentas antes de que finalice el año 2025. Entre las medidas más destacadas, la institución educacional busca reducir los gastos a través de la reorganización de la carga docente. Según lo establecido, se incrementarán las horas de docencia de los académicos de planta, quienes ahora deberán cumplir hasta 44 horas cronológicas de clase, con el objetivo de disminuir el número de profesores a honorarios. Este ajuste, una de las principales directrices de la SES, ya ha comenzado a aplicarse con el inicio del segundo semestre. Además de los recortes en el personal académico, el plan de la SES incluye otros ejes cruciales. Se reducirán las asignaciones de mercado y los gastos de representación, así como los incentivos por publicaciones académicas. Estas medidas, formalizadas en el decreto N° 585 del 17 de julio, se mantendrán vigentes hasta que la situación financiera de la institución mejore de manera significativa. La universidad ha señalado que trabajará en conjunto con el órgano fiscalizador para asegurar que el plan se implemente de forma efectiva y transparente.
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda presentada por una estudiante de Derecho en contra de la Universidad de Antofagasta, tras acreditarse que la casa de estudios le impidió acceder al título de abogada, pese a haberle otorgado el grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas. El tribunal condenó a la universidad al pago de $60.000.000 por concepto de daño moral, debido al incumplimiento de su propio reglamento de pregrado en lo relativo a la homologación de asignaturas. Según señala CNC Chile, la sentencia, la afectada, Olga Zlatar, se matriculó en 2017 con el fin de concluir sus estudios de Derecho. No obstante, en 2020, la Corte Suprema determinó que no podía optar al título profesional, ya que la universidad no respetó su reglamento interno al homologar el 79,4% de su plan de estudios con asignaturas cursadas previamente en la Universidad de Chile, contraviniendo el artículo 48 del reglamento. El fallo sostiene que la universidad incurrió en negligencia grave al aceptar la matrícula de la demandante sin cumplir con sus propias normas y obligaciones contractuales. El haber permitido su inscripción como alumna regular constituye una infracción que atenta contra la buena fe contractual, indica la resolución. Además, se argumenta que la institución no realizó acciones correctivas para validar los grados académicos otorgados ni asumió sus errores administrativos, afectando el legítimo derecho de la demandante a obtener su título profesional. La sentencia condena a la Universidad de Antofagasta a pagar la indemnización con reajustes conforme al IPC y con intereses corrientes hasta la fecha de pago efectivo.
La Superintendencia de Educación Superior emitió un oficio formal al rector de la Universidad de Antofagasta (UA), Marcos Cikutovic, en el que advierte sobre una posible insolvencia económica hacia fines de 2025. El documento, firmado por el superintendente José Miguel Salazar y publicado por El Mercurio de Antofagasta, detalla una compleja situación financiera que mantiene en alerta a la autoridad fiscalizadora. Según el análisis presupuestario del año en curso, la UA arrastra un déficit estructural que la deja con un saldo de caja proyectado de apenas $48 millones a fines de 2025, habiendo iniciado el periodo con $6.620 millones. Esta situación implica que los gastos superan con creces a los ingresos y pone en riesgo la continuidad financiera de la institución, lo que en el peor escenario podría derivar en una insolvencia total hacia 2026. La Superintendencia estima el déficit de la casa de estudios en $8.279 millones para este año. Si bien reconoce que la universidad ha evaluado una serie de medidas para reducir ese déficit, advierte que los planes actuales sólo mitigarían $5.000 millones, dejando un saldo sin resolver de más de $3.200 millones. Entre las estrategias propuestas se encuentran el aumento de la carga docente, la reducción de pagos por honorarios y recortes en asignaciones de mercado, incentivos académicos, becas internas y gastos por viáticos y pasajes. Pese a estos esfuerzos, el organismo considera que las acciones planteadas son insuficientes y llama a iniciar de inmediato un proceso de reestructuración económica y financiera más profundo, que garantice liquidez, optimización de procesos y sostenibilidad institucional. También se plantea la necesidad de racionalizar gastos y revisar beneficios que no estén alineados con criterios de equidad. Desde la dirección superior de la UA respondieron que asumen con carácter prioritario las recomendaciones del oficio, y que ya se han iniciado reuniones con los cuerpos colegiados y organizaciones internas para socializar los cambios. Informaron que las visitas a las distintas facultades comenzarán en la segunda quincena de junio y que los cambios comenzarán a aplicarse durante el segundo semestre. Asimismo, la universidad aseguró que las medidas no afectarán la calidad del proyecto educativo ni comprometerán la formación estudiantil. Respecto al proyecto de sede en Calama, indicaron que el financiamiento proviene de fondos externos y que su ejecución depende del cumplimiento de requisitos técnicos ya definidos. En paralelo, el diputado Stephan Schubert (IND-Republicano), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, ofició al rector Cikutovic para obtener información detallada sobre el cumplimiento de las medidas sugeridas por la Superintendencia, los efectos del déficit y las proyecciones de viabilidad financiera. El parlamentario también solicitó antecedentes sobre el futuro del proyecto educativo en caso de mantenerse la crisis, especialmente considerando informes internos que advierten que sólo hay fondos para pagar sueldos hasta agosto de este año. Schubert expresó su preocupación por la situación de las universidades públicas, señalando que casos como los de la Universidad de La Frontera muestran señales de mala administración y fiscalización deficiente, y advirtió que situaciones similares podrían estarse repitiendo en otras instituciones del país. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer los controles internos y externos, para evitar el despilfarro de recursos públicos y asegurar la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal. En resumen, la Universidad de Antofagasta enfrenta una de sus mayores crisis financieras, con un déficit estructural que amenaza su operación y viabilidad. La advertencia de la Superintendencia exige medidas inmediatas, mientras desde el Congreso se incrementa la presión por mayor transparencia y control en el manejo de los fondos públicos.
